Hace pocos días se publicaron los últimos datos sobre el «Barómetro general sobre la corrupción» en el que los partidos políticos aparecían en todas partes como las instituciones más corruptas. Esta evaluación parte de la persistente evidencia de los múltiples casos de corrupción que ha salpicado la historia financiera de muchos grandes partidos y el reconocimiento por parte de la ciudadanía de la escasa defensa que se hace de los intereses generales en aras a satisfacer las exigencias de los grupos de interés que ayudan a su financiación.

Se trata por tanto de una crítica que debería servir para replantear la actuación de los partidos, especialmente los de izquierdas, su relación con el electorado. Pero que entraña también una trampa bastante habitual en los tiempos presentes de cuestionamiento de la democracia en beneficio del capital. Lo curioso de la encuesta es lo bien paradas que salen las empresas, cuando es patente que los políticos corruptos suelen trabajar a sueldo de las mismas, o que en materia fiscal son las empresas las grandes evasoras que socavan los presupuestos públicos. Y es que un signo de los tiempos lo constituye el blindaje de la empresa privada a toda crítica sustancial. Algo que se advierte no sólo en los medios de comunicación (financiados en gran parte por la publicidad), sino también en la actuación de muchos movimientos sociales que apelan a los políticos para solventar mil y un problema, pero ignoran actuaciones que democraticen las grandes empresas y reduzcan su poder (lo que suele estar en el origen de muchos de los problemas que queremos que solvente el sector público: desigualdades, paro, marginación, impactos territoriales…). Una cultura que a diario se fomenta de mil y una formas.

Esta crítica asimétrica a unos y a otros nace posiblemente de la doble forma de medir su actuación. A los políticos se les evalúa desde una óptica democrática, de su actuación de servicio (y por tanto todo el mundo se considera con derecho a juzgarlos). A los empresarios en cambio se les acepta su motivación egoísta en busca de beneficios, una actividad en la que todo el mundo está de acuerdo que todo vale. Por esto es tan importante desarrollar un discurso y una política que rompa con esta doble moral, que incluya tanto la crítica a la corrupción política como al inmoderado poder y corrupción empresariales, y que apueste por una ética del bienestar colectivo como medida para enjuiciar comportamientos individuales.

No va a ser tarea fácil. Y obliga a la izquierda a tomar nota de dos cuestiones clave. La primera y más obvia es que los grupos políticos que pretenden ser alternativos necesitan hacer un notable esfuerzo de comportamiento honesto y creíble, no sólo en términos lucrativos, también en la coherencia de sus intervenciones (¡cómo se puede apalizar a los pacíficos campistas en exigencia del 0,7 en Barcelona, cuando hace pocos meses el mismo gobierno municipal permitió acampadas contra la guerra de Iraq!). La segunda, quizás más discutible, es que los partidos han dejado de ser el centro desde el que impulsar transformaciones sociales. Y que si realmente se quieren cambiar las cosas hay que empezar a pensar qué formas de organización son más útiles, cómo encaja en este planteamiento la presencia de partidos que actúan en las instituciones en lugar de pelearse por el mero control de lo existente y limitarse a valorar resultados electorales.