Como ya era previsible, las mayores tensiones de la política gubernamental se van a producir en los aspectos socio-económicos. Y con la promesa de aplicar la cláusula de revisión a los salarios mínimos ha saltado la primera llamarada. La CEOE lo ha planteado como casus belli y el ministro Solbes ha corrido como buen tecnócrata neoliberal a darles la razón con el argumento que dicha actualización se convierte en sí misma en un peligro inflacionario. Una reacción donde la caradura y la estulticia van de la mano.

Sabido es que el salario mínimo español es, en términos de paridad de poder adquisitivo y de salario relativo (tal como se mide la pobreza a escala internacional) el segundo más bajo de la Unión Europea y que ha sido sometido a una pérdida de poder real por sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. No sólo como un medio de abaratar costes salariales como, especialmente, para reducir prestaciones sociales puesto que una gran parte de las mismas están directa o indirectamente ligadas a su cuantía: como las pensiones no contributivas, el subsidio asistencial o los requisitos para acceder a muchas ayudas públicas (habitualmente limitadas a personas o familias con unos ingresos dos o tres veces el salario mínimo). Y también es sabido que como salario sólo cubre los ingresos de un reducido número de empleos, no cubiertos por convenios colectivos.

Plantear que un mecanismo de mantenimiento del salario mínimo puede ser una causa de inflación supone bastante ignorancia. No sólo porque su incidencia directa en el mercado laboral es limitada, sino porque hay bastantes estudios en sesudas revistas que muestran que su aumento no genera efectos en otros sectores (también está por demostrar que aumente el desempleo como predicen los manuales de economía para adoctrinamiento de profesionales). Que el argumento lo utilice la CEOE es entendible, porque de lo que se trata para ellos es de marcar al Gobierno y cerrar todas las puertas a cualquier veleidad reformista que reduzca su poder de control sobre el mercado laboral. Que lo jalee Solbes es una muestra de incompetencia. Si le preocupa tanto la inflación (un campo donde la frivolidad en el debate es también notoria) debería preocuparse por ir a la raíz, a analizar y actuar en los sectores que generan más problemas -el de la hostelería y la restauración (a pesar de vivir de bajos salarios), el de la distribución alimentaria, el del petróleo (donde no hay otra vía que cambiar el modelo) o el de la vivienda. Aunque este último no le preocupa, porque el precio de la vivienda de compra no se incluye en el IPC. Y contar con asesores solventes que le informaran de lo que realmente se sabe del salario mínimo. Quizás si el salario del ministro y sus asesores se fijara en esta cuantía tendrían incentivos para aprender. Mientras ésta no sea la situación y la formación de nuestros técnicos sea la que es, la mayoría de la población seguirá como el obrero del chiste del Roto: apaleada porque un economista le tiene agarrado en beneficio del patrón

Por una vez los sindicatos respondieron con presteza. Pero duró poco, les salió la vena negociadora a la que están tan enganchados que son incapaces de intervenir de otra manera. Y el tema del salario mínimo era una buena ocasión para abrir un intenso debate social sobre la naturaleza de las desigualdades y los análisis que las justifican. Algo en lo que nuestros sindicalistas se muestran particularmente incompetentes. Quizás porque han sido agarrados tantas veces por los economistas que han perdido la capacidad de pensar de otra manera.