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Albert Recio Andreu

¿Pacto de rentas?

El presente texto no es un artículo convencional. Se trata de un material para el debate ante la exigencia de negociar un pacto de rentas. Parte del supuesto de que una inflación sin control puede generar respuestas sociales enormemente peligrosas, de las que ya hemos tenido un aperitivo con la huelga de transportistas. Se trata más bien de evitar que una situación relativamente caótica derive en un escenario político y social altamente peligroso. No es una respuesta rupturista, pues parto del supuesto de que en el momento actual no hay, ni objetiva ni subjetivamente, fuerzas para un cambio radical. Las propuestas pueden considerarse posibilistas, pero incluyen ideas de transformación que van más allá de lo que ofrece el marco actual. El objetivo es generar un debate colectivo que ayude a afinar propuestas para la lucha social, en primer lugar para los sindicatos, a los que ya se ha emplazado a negociar un pacto de rentas, pero también al resto de los movimientos sociales y activistas, que volvemos a estar confrontados a una situación muy difícil. Por eso este texto ya ha circulado entre algunos amigos y compañeros de aventuras, y en su versión actual se ha enriquecido con los comentarios, formales y de fondo, de Alfons Barceló, Óscar Carpintero y Jordi Roca, a los que agradezco su detallada lectura.

1. Problemas asociados a la inflación

La inflación constituye uno de los fenómenos económicos que mayor preocupación genera por razones diversas:

  • afecta a la distribución de la renta dada la desigual posibilidad de empresas y trabajadores de indexar precios y salarios. Ganan los que imponen precios y pierden los que no consiguen que sus rentas aumenten a un ritmo suficiente;
  • para una economía nacional la inflación se plantea como un problema de competitividad exterior: se argumenta que si los precios de sus productos suben más que los de otros países, la demanda internacional se desplazará. Esto es particularmente cierto cuando la inflación es desigual entre países que tienen la misma moneda;
  • aumenta la incertidumbre sobre el futuro, lo cual afecta especialmente a las decisiones de inversión (una cuestión ya de por sí sujeta a la incertidumbre);
  • genera una devaluación del poder adquisitivo de las rentas fijas y de los ahorros que se mantienen en dinero;
  • provoca tensiones sociales en los sectores que se ven afectados por las alzas de precios.

No todos los efectos son igual de importantes ni tienen los mismos perjudicados. Tampoco es lo mismo su impacto en función del nivel de inflación. Ni siempre el contexto es el mismo: no es igual una inflación cuando ocurre en un solo país (donde el efecto comercial puede ser elevado) que cuando tiene lugar simultáneamente en casi todos.

En la situación actual, la inflación ha reaparecido tras años de estabilidad de precios (y algunos de deflación). Al principio se consideró un mero proceso transitorio ligado a la recuperación de la actividad después de la “corta crisis de la covid”, pero sucesos posteriores invitan a pensar que estamos ante una situación más sostenida y peligrosa.

Desde una perspectiva de izquierdas, hay tres cuestiones preocupantes: 1) el impacto en la distribución de la renta y especialmente en el nivel de vida de los sectores populares; 2) el tipo de tensiones sociales que pueden producirse como respuesta a la inflación (ya visibles en las movilizaciones de camioneros y agricultores), y 3) la posible adopción de una política monetaria antiinflacionaria de impacto devastador.

2. El origen de la inflación

Los aumentos de precios pueden estar asociados a causas diversas. La más obvia es que un determinado sector económico impone nuevas relaciones de intercambio al resto, como ocurrió en la década de los setenta, cuando aumentó el poder de la OPEP (en un contexto, además, de conflictos bélicos), o puede haber ocurrido en determinados momentos en que un auge de las luchas sindicales plantea cambios sustanciales en el reparto de la riqueza. Puede también ocurrir que las alzas de precios formen parte de procesos especulativos habituales en economías con mercados financieros muy desarrollados. La especulación inmobiliaria tiene bastante que ver en esta dinámica, pero no es el único mercado donde esto se produce. Una tercera fuente de posible inflación puede tener que ver con estrangulamientos del proceso productivo derivados de una inadecuada estructura productiva que genera tensiones en determinados mercados. Una economía descentralizada siempre está abierta a este tipo de problemas, y a menudo este hecho se combina con la existencia de oligopolios que son los causantes de estos estrangulamientos. En cuarto lugar, una variante de la anterior la podemos encontrar en las materias primas básicas cuya oferta no alcanza la demanda por razones coyunturales (por ejemplo, malas cosechas), estructurales (sería el caso de los minerales con una producción declinante y costes de explotación crecientes) o por el control que ejerce un oligopolio. Es incluso posible que esta escasez la provoque un país exportador que decida restringir sus ventas por razones estratégicas, provocando una falta de suministros en otros países y la consiguiente inflación. Esta panoplia no agota los agentes que pueden causar un alza de precios, pero creo que es suficiente para discutir la situación actual.

La inflación actual tiene todas las características propias de la combinación de varios de estos procesos facilitados por las estructuras de la economía globalizada neoliberal. Más allá de la cuestión secundaria de la recuperación económica, que puede haber generado un rebote de los precios tras una importante caída en 2020 (que sobre todo puede explicar la evolución de los precios en la cadena del turismo), subyacen aspectos más estructurales. El más importante es el de la crisis energética asociada al problema del peak oil y el encarecimiento de la extracción de petróleo (con el fracking y otros petróleos “no convencionales”), y que tendría una enorme capacidad de difusión al conjunto de la economía debido al papel de bien básico (en el sentido de que entra directa o indirectamente en todos los procesos productivos) del petróleo y sus derivados (y también del gas natural). Está por ver si estamos ante una caída sustancial y un encarecimiento del suministro, o si los mercados de futuros han desempeñado un papel catalizador del alza de precios, al exagerar sus previsiones de crecimiento futuro de los precios. No tengo claro si lo mismo ha ocurrido en otros mercados de productos metálicos y aún menos en la producción agraria. Lo cierto es que la guerra de Ucrania refuerza unas dinámicas que ya estaban presentes desde el verano pasado.

Cabe también la posibilidad de que los aumentos de precios puedan estar alimentados por el cuasi monopolio chino (o de otros países en el campo de los chips) en la producción de muchos bienes y la posibilidad de que efectivamente hayan surgido cuellos de botella, por subinversión en algunos procesos (no sólo productivos, sino también en la logística). Y sin duda, en el caso de la electricidad, los aumentos en la UE tienen mucho que ver con un diseño del mercado que multiplica los efectos de la subida del precio del gas y que parece concebido en beneficio del oligopolio eléctrico.

Analizar detalladamente estos procesos debería constituir una base de cualquier política racional. Ello es así dado que el tipo de respuestas que se requieren son diferentes si el factor clave es la guerra en Ucrania, si se trata realmente de la crisis energética (y de materiales) que llevamos tiempo presagiando, si es una crisis agraria provocada por el cambio climático, si se trata de un inadecuado proceso de inversión productiva o si simplemente estamos ante una muestra más de los abusos monopolísticos y de los procesos especulativos propiciados por los mercados financieros. Mi punto de vista es que hay de todo en el proceso actual, pero ni todo tiene la misma importancia ni la solución a adoptar es la misma. La inflación se desencadenó antes de la guerra y parece obedecer a cuestiones estructurales, pero puede haberla reforzado un proceso de acaparamiento de gas y petróleo por temor a cortes del suministro y por el papel que juegan Ucrania y Rusia en la oferta mundial de cereales.

En concreto, si estamos ante un efecto de la crisis energética, el aumento de costes (y posiblemente una gran inestabilidad) va a ser persistente y el problema no se podrá abordar con una mera política macroeconómica convencional, ya sea en la versión autoritaria de la política monetaria o en la negociada de la política de rentas. La racionalidad de esta última estriba en tratar de adaptarse ante una situación coyuntural, para impedir una sucesión de alzas de precios que acaben generando una situación que quede fuera de control. Pero en sí misma es completamente inadecuada para resolver los problemas clave de la crisis energética y de provisión de otras materias primas, que exigen respuestas radicales de organización de la producción y el consumo. En todo caso, la forma en que se conforme esta política de rentas puede ayudar a avanzar en esta dirección o, simplemente, constituir un divertimento que no haga sino agravar los males generados por las políticas neoliberales. En lo que sigue me limitaré a discutir la política de rentas.

3. Política de rentas

Una política de rentas se basa en alcanzar un pacto de contención de la inflación a base de renunciar a indexar precios (en este sentido, el salario es un precio más), aceptando una pérdida del poder adquisitivo respecto a las subidas anteriores de precios.

Habitualmente, una política de rentas incluye un acuerdo sobre aumentos salariales en el que se acepta, como mínimo, que las alzas salariales serán inferiores a la inflación pasada. En definitiva, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Se trata de una medida relativamente fácil de aplicar una vez acordada debido al importante papel de los sindicatos en la negociación colectiva, pues los sindicatos garantes del pacto se comprometen a aceptar lo acordado en los diferentes convenios colectivos.

No está clara la contrapartida empresarial. Hay una oferta que es un mero juego de trileros, consistente en equiparar la congelación y/o limitación de salarios a la congelación y limitación de dividendos. Los salarios que dejan de aumentar se traducen (a menos que en el acuerdo se haya explicitado un compromiso de compensación futura que hasta ahora ningún pacto ha incluido, y que es sumamente problemático) en una reducción del poder adquisitivo, en una pérdida real. No repartir dividendos es otra cosa. Simplemente se renuncia a transformar parte de los beneficios acumulados en renta monetaria para los accionistas, pero los beneficios no repartidos se acumulan en la empresa y se pueden convertir en inversiones o mantenerse en activos financieros y repartirse en el futuro en forma de generosos dividendos (es lo que están haciendo este año muchas grandes empresas). No hay pérdida real para los accionistas, simplemente se posterga el reparto.

Una cosa más seria sería que las empresas redujeran los márgenes (como ha propugnado el director del Banco de España) y, con ello, los beneficios. Ello parece difícil de mantener porque exigiría una capacidad de control sobre cada uno de los mercados y empresas que supera la que posee la Administración. Se corre el riesgo de que se trate de una mera cortina de humo para forzar una caída salarial. Así como el poder sobre los salarios sólo se puede ejercer mediante la acción colectiva (y se puede limitar en un acuerdo), el poder sobre los precios y sobre las inversiones lo ejercen individualmente las empresas.

Es prácticamente imposible un control absoluto de todas las rentas. Pero una política de rentas creíble debería, cuando menos, incluir mecanismos de control sobre actividades estratégicas, atacar en serio las rentas parasitarias, establecer mecanismos de limitación en los mercados financieros, en los alquileres y en las pensiones. En vista de los antecedentes del control de los alquileres, parece obvio que semejante política es poco probable y que, en definitiva, hay más posibilidades de que la política de rentas se traduzca sólo en la enésima devaluación salarial.

Hay que destacar, además, que venimos de una importante devaluación salarial provocada por las políticas de ajuste de la crisis anterior, en la que el peso de los salarios en la renta se redujo entre 4 y 6 puntos (a pesar de que en el mismo período aumentó el porcentaje de asalariados en la población ocupada). Y que un porcentaje importante de los asalariados se sitúa en situaciones de pobreza relativa (no sólo por los bajos salarios hora, sino porque un porcentaje importante trabaja sólo una parte del año o en jornada parcial, lo que explica que las estadísticas de la Agencia Tributaria muestren de forma sistemática que en torno a un 25% de los asalariados tienen ingresos salariales inferiores al salario mínimo anual). Una nueva devaluación salarial supondrá, una vez más, un aumento de la pobreza y de las desigualdades.

La política de rentas nos sitúa ante el dilema de aceptar una nueva devaluación salarial o dejar que el mercado funcione tal cual, lo que implica abrir la caja de Pandora de una respuesta caótica como la que ha prefigurado la huelga de transportistas. O bien dar paso al retorno de las políticas de ajuste monetario, que generan un enorme coste social. Es el terreno más favorable a la emergencia de soluciones reaccionarias y de “orden”.

4. Alternativas a explorar

En las anteriores políticas de rentas en España, empezando por el Pacto de la Moncloa, hubo una evidente devaluación salarial en el contexto de una profunda crisis económica. Se aceptó a cambio de consolidar la democracia y, en el plano económico, de introducir un sistema fiscal que garantizara un Estado de bienestar inexistente. Un Estado de bienestar insuficiente en muchos aspectos, pero importante si se compara con el pasado franquista, con efectos tanto en la provisión de servicios públicos como en la generación de empleo, sobre todo para las personas con estudios.

En esta nueva situación, las propuestas deberían partir de otras hipótesis y considerar otros mecanismos.

Las cuestiones esenciales a sopesar son que el objetivo de las políticas debe hacer frente a cuatro cuestiones clave puestas en evidencia desde hace tiempo:

  • el aumento insoportable de las desigualdades y la pobreza;
  • la crisis ecológica en sus múltiples facetas, especialmente de cambio climático y crisis energética;
  • la vulnerabilidad extrema de la economía española debido a su especial posicionamiento en la división internacional del trabajo;
  • la insuficiente e inadecuada provisión pública de servicios y de rentas.

Además, contamos con la experiencia de los efectos nefastos de las políticas impuestas por la Unión Europea, especialmente a partir de 2010, en materia de deuda, gasto público, mercado laboral y financiero. Repetir estas políticas supondría apostar por generar una hecatombe social.

Hay dos cuestiones adicionales a considerar que tienen que ver con aspectos distributivos y medidas sintéticas. Por un lado, el crecimiento de los precios no afecta a todo el mundo por igual, puesto que el IPC es sólo un índice que trata de representar a un consumidor medio teórico. En la práctica, las estructuras de consumo son muy diversas en función de los niveles de renta y otras cuestiones (por ejemplo, la edad), y por tanto el impacto real puede ser muy desigual. En segundo lugar, una pérdida homogénea de poder adquisitivo (pongamos un 5%) tiene un impacto muy diferente según el nivel de renta de cada cual (no genera los mismos problemas un empobrecimiento del 5% en familias con capacidad de ahorro que en otras que viven en el umbral de la pobreza). Diferenciar por tipos de consumo (que sería justo) puede ser muy complicado (por ejemplo, el impacto del alza de los carburantes es muy probablemente menor para los jubilados que para las personas con vida laboral activa, y mayor para la gente que vive en zonas dispersas que para la que reside en núcleos urbanos). Quizá se podría actuar variando los tipos del IVA que castigaran más el consumo de las rentas altas, pero no está claro el margen de flexibilidad que permite la UE. Resulta más sencillo de explicar y aplicar garantías de renta a los sectores más desfavorecidos.

Vistas estas consideraciones, opino que un pacto de rentas, que puede ser inevitable, debería incorpora aspectos como:

a) Moderación salarial con garantía de rentas para los sectores de bajos ingresos, incluyendo, claro está, el mantenimiento del poder adquisitivo del salario mínimo legal. La garantía de ingresos reales (o incluso de recuperación salarial para las rentas bajas) puede implementarse mediante una aplicación más generosa de la renta mínima (en cantidad y en facilidad de acceso), así como incorporando una revisión del IPREM. Como hay que pagarlo vía impuestos, debería financiarse con un impuesto sobre los beneficios y las rentas del capital (no es sencillo, pero es más fácil de implementar que un control general de precios). Lo óptimo sería, además, incluir una cláusula de compensación salarial para períodos futuros, pero esto lo estimo difícil de alcanzar.

b) Otra opción más sofisticada de compensar a los salarios medios podría ser incluir un mecanismo de fondo de capital de asalariados (al estilo de los viejos fondos suecos) basado en que una parte de las ganancias no repartidas vayan a nutrir estos fondos (esta puede ser una alternativa frente a la propuesta de moderar salarios y no repartir dividendos). Esta parte de beneficios no repartidos podría servir para financiar un fondo público con control sindical, que eventualmente favoreciera la propiedad pública o incluso el pago de rentas a trabajadores. Se trata de convertir la moderación en un cambio del modelo de propiedad.

c) El que no sea factible un control general de los precios no implica que no se pueda actuar sobre algunos específicos. El de la electricidad es un caso obvio en la medida en que el modelo de aplicación actual promueve la extracción rentista, y, por otro lado, tampoco favorece el ahorro en los consumidores. El de los alquileres y la vivienda también, pues en gran medida estos incluyen inversiones rentistas y especulativas.

Creo que sobre los precios se podrían pensar medidas más ambiciosas en dos ámbitos. El primero es el del conocimiento general de cómo se forman los precios reales en los mercados, que tiene poco que ver con lo que explican los manuales de economía. En casi todos los sectores económicos, las llamadas “cadenas de valor” incluyen estructuras empresariales jerárquicas en las que existen poderes desiguales y posibilidades de ganancias inmoderadas. Pero esto no se estudia (el enfoque dominante en la ideología neoliberal, el que practica, en el mejor de los casos, la CNMC, se basa sólo en estudiar los oligopolios horizontales —si existe o no competencia en un mismo producto— e ignora los procesos verticales, mucho más importantes). Sin un conocimiento pleno de cómo funcionan los diferentes sectores es imposible saber dónde hay cuellos de botella, pantanos donde se embalsan ganancias inmoderadas, etc. Creo que una transformación de la CNMC o la creación de un nuevo modelo de control sería básico para detectar estos problemas. (La idea me la sugirió hace tiempo la lectura de los textos de Clark Kerr, en los que explica que durante la Segunda Guerra Mundial, a fin de controlar la inflación, el Gobierno norteamericano creó comisiones para analizar cómo se formaban los precios y salarios, y el autor refiere que esto le cambió su visión del funcionamiento real del mercado). En otro orden de cosas está la desfinanciarización de muchos mercados, donde a menudo los elementos especulativos exageran las fluctuaciones.

d) Un segundo nivel obvio de intervención es negociar una reforma fiscal que aumente la justicia impositiva y dote de recursos al sector público. Es un tema viejo pero que genera mucha resistencia. Parece obvio que el sistema fiscal es mejorable en términos de justicia y capacidad recaudatoria, y este es el momento en que el debate debe entrar de pleno.

e) Donde hay que ser beligerantes es en la fiscalidad ambiental. Reducir los impuestos a los combustibles fósiles (más allá de que hay que pensar en alguna salida para el transporte de mercancías) es un error estratégico en términos tanto de eficiencia como de igualdad: el uso del coche está asociado a la renta, al género (los hombres utilizan más el coche que las mujeres) y a modelos urbanos ineficientes. Según un documentado informe de Raúl Sánchez en elDiario.es del pasado 24 de marzo, los impuestos a la gasolina y el gasoil son los sextos más bajos de la Unión Europea. La propuesta del Gobierno de aplicar una rebaja generalizada del precio de la gasolina es socialmente injusta e incoherente con un necesario cambio de modelo de transporte. La crisis actual está en parte propiciada por los primeros coletazos de la crisis energética, que la guerra de Ucrania no ha hecho más que magnificar. Debe quedarles claro a todos los agentes que el problema energético no es coyuntural, ni por razones de disponibilidad ni por los efectos ambientales de la quema de combustibles. Y que lo que la actual crisis de precios demanda es avanzar en un modelo de menor consumo energético. Mejor utilizar la recaudación en financiar medidas de transformación —transporte público, reforma urbana, ahorro doméstico, eficiencia productiva— que en mantener bajos los precios a cuenta de los ingresos públicos. Luchar contra el alza de precios energéticos sólo tiene sentido promoviendo formas de consumo alternativas y el ahorro energético.

f) Debe discutirse la ineficacia del ajuste monetario como forma de lucha contra la inflación. Es algo parecido al modo en que la medicina primitiva trataba a los enfermos con sangrados que los debilitaban. Sus efectos negativos no lo son sólo porque combatan un mal con otro mayor, sino porque, además, difícilmente van al fondo de los problemas, que, como en el caso de la energía, deben abordarse con políticas específicas.

g) Por último, aunque no encaje en una política de rentas, la crisis de la covid ya mostró la enorme vulnerabilidad del modelo productivo español, la alta dependencia del turismo (que con altos precios del transporte nunca se recuperará del todo) y la incapacidad de garantizar suministros básicos. Ahora esto se vuelve a poner de manifiesto con la crisis ucraniana y sus derivadas. Es el momento de insistir en la necesidad de un cambio de modelo productivo por razones ecológicas y de mera sostenibilidad social. No es un cambio fácil ni rápido, pero precisamente llevamos mucho tiempo postergándolo y viviendo en una montaña rusa de crisis que se encadenan cada vez más.

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2022

La barbarie está inscrita en el concepto mismo de la cultura: como concepto de un patrimonio de valores que es considerado independiente no del proceso de producción en que los valores nacieron, sino de aquel en que perduran. De este modo, por bárbaro que pueda ser, sirven para la apoteosis de este último.

Walter Benjamin (1892-1940)

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