Se acaba de publicar un interesante libro del profesor Ignacio Sánchez-Cuenca titulado El desorden político. Parte de un hecho relevante: la crisis de representación política y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, llamadas populistas, y que él prefiere definirlas como antiestablishment. Explica la idea acertada de que la economía no puede explicar este fenómeno; supera una simple interpretación economicista, bastante usual en otros medios y tradiciones teóricas, y profundiza en otros factores políticos. Así, pone el acento en la crisis de los mecanismos de la doble ‘intermediación’ en las democracias: de las demandas populares a través de los partidos políticos, y de la formación de la opinión pública con los medios de comunicación como mediadores.

Según el CIS se ha ido ampliado el grado de desconfianza en los partidos políticos y, en general, en la política institucional, en un clima de incertidumbre vital. Es un problema grave y, aunque no llega al cuestionamiento de la democracia, sí convive con significativas tendencias autoritarias y desafecciones institucionales. Por tanto, es imprescindible analizar este problema, llámese malestar cívico, desorden político, indiferencia pública o descohesión social, vinculado a un proceso sociopolítico más general: la desintermediación, la falta de capacidad político-mediática de esas instituciones mediadoras en una democracia para articular las demandas sociales, conformar la legitimación cívica del poder político y gestionar el bien público.

Es un buen punto de partida para profundizar en este tema crucial de la mediación sociopolítica y mediática, en crisis y transformación más acelerada desde hace una década, con ejemplos actuales como el conflicto del transporte o la pluralidad y emergencia partidistas, y cuya evolución futura no está clara. Es un asunto relevante para definir el sentido de las políticas públicas y la calidad democrática de nuestro sistema institucional y representativo. Como contribución a este debate, señalo algunas reflexiones iniciadas en el libro Perspectivas del cambio progresista.

Desconfianza política y frustración socioeconómica y vital

Primero, hay que interrelacionar los problemas sociales y económicos de la gente con la política institucional y representativa, para no caer en la dicotomía de la separación entre ambos campos, ni en la unilateralidad de privilegiar el uno sobre el otro; es necesario un enfoque multidimensional, realista e interactivo. Ante la grave problemática socioeconómica, la gestión política dominante liberal-conservadora ha empeorado, no mejorado, las relaciones de desigualdad y precarización de amplias mayorías sociales con el refuerzo del enriquecimiento y el poder de las élites poderosas y una mayor subordinación popular. Ello acumula descontento social e indignación moral en amplios sectores de la ciudadanía.

Segundo, la crisis de la representación político-institucional expresa la amplia desafección y la profunda desconfianza popular en las élites gobernantes dominantes en los países de la Unión Europea (y otros países) en una doble dimensión. Por un lado, por su gestión austeritaria (antisocial) y prepotente (autoritaria) de la crisis económica y social iniciada en 2008, cuyos efectos perduran. Por otro lado, por la ausencia de suficientes garantías públicas y societales de seguridad y bienestar ante los cambios relacionales y estructurales de todo tipo, junto con dinámicas subjetivas de incertidumbre ante los descensos sociales, las desventajas comparativas y los nuevos riesgos vitales.

Tercero, y a un nivel de responsabilidad diferente, se encuentra la relativa impotencia transformadora progresiva de las instituciones públicas, condicionadas por el poder establecido y la autonomía del mundo económico, aunque sin llegar al cuestionamiento de los sistemas democráticos-electorales, como sí ocurrió en entreguerras con el nazi-fascismo. No obstante, hay un ascenso de opciones autoritarias y de derecha extrema, con cierto vaciamiento de la calidad democrática de las instituciones, junto con dinámicas regresivas y tendencias reaccionarias en diversos campos sociales y culturales, en particular sobre el feminismo, la inmigración y la convivencia intercultural.

Cuarto, existe una inadecuación política y orgánica de las formaciones progresistas para dar satisfacción plena a las demandas populares de bienestar y seguridad y conectar con el arraigo popular y asociativo. Es causa de cierto alejamiento y pasividad hacia las izquierdas. Quedan lejos las experiencias (socialdemócratas y eurocomunistas) de grandes partidos de ‘masas’, con amplia militancia de base y fuertes vínculos con los potentes sindicatos y movimientos sociales. Los grandes partidos tradicionales son maquinarias para la gestión del poder institucional y sus procesos legitimadores y selectivos, que son los que están cuestionados.

El modelo partido-movimiento no se ha consolidado y la esfera de la acción y los movimientos sociales (sindicalismo, feminismo…) es autónoma, positivamente, de la representación político-institucional. Ahora, las nuevas formaciones políticas también son plataformas electorales, especializadas en la gestión institucional y su legitimación, y con débiles lazos con la labor asociativa de base, los grupos sociales o la sociedad civil. Lo nuevo es el sobredimensionamiento de la acción comunicativa, el otro mecanismo de mediación fragmentado, en disputa y bajo los intentos hegemonistas de las derechas y el poder económico.

Pero para las izquierdas son más fundamentales sus vínculos sociales y democráticos, así como su capacidad persuasiva para promover el cambio social y político. En ese sentido, deben resolver una mejor conexión con las capas populares y establecer una colaboración mutua junto con el tejido asociativo progresista y la acción sociocultural. Mientras tanto, las derechas se entrecruzan con todo el entramado económico-empresarial y burocrático-institucional y participan del control del poder mediático; no necesitan tanta democracia y participación cívica.

La recomposición de la mediación política

Esta interacción entre condiciones socioeconómicas estancadas o descendentes y gestión institucional regresiva o impotente, junto con la percepción ciudadana de su injusticia y unas perspectivas populares inciertas, es la que genera el amplio malestar cívico. Su traducción política está sujeta a fuerte pugna por los distintos actores y fuerzas fácticas. Es el desarreglo de la tarea de intermediación tradicional y la tensión por reajustar y controlar sus funciones gestoras y representativas.

La mediación institucional, sociopolítica y mediática, basada en el tradicional bipartidismo, la ordenación democrático-electoral y el Estado de derecho, junto con el complemento de la presión de los poderes económicos y movimientos sociales, se ha modificado a gran escala. El reparto de papeles públicos se ha modificado y el sistema representativo y mediático se ha ampliado, fragmentado y abierto con nuevas formaciones, dinámicas sociales y redes informativas. Se están cuestionando los sistemas políticos vigentes, incluido la Corona, el poder judicial y la articulación territorial, con su consabida estabilidad institucional, y se están modificando las relaciones sociales y nacionales, las costumbres y los estilos de vida.

Todo ello está sometido a la nueva polarización de intereses, procesos de legitimación y refuerzo de las posiciones de poder. Se trata de la suma e interacción de crisis social, globalización y gestión regresiva-neoliberal junto, en el mejor de los casos, con la relativa impotencia de la mediación político-institucional. Es una dinámica social y subjetiva que no garantiza seguridad y bienestar a mayorías sociales, con las tensiones que conllevan todas las crisis sociales entre dinámicas reaccionarias, nostalgias continuistas y deseos de cambio progresivo.

Su evolución depende de dos factores condicionantes del poder: la actitud de las mayorías cívicas, con su propia posición social, mentalidad y experiencia sociopolítica, y la conformación de sus representantes y mediadores ante los poderes establecidos y las instituciones públicas. Es decir, es clave la vertebración asociativa y su orientación y, específicamente, la capacidad articuladora de las formaciones políticas cuya función es insustituible en las democracias representativas.

El concepto populista es insuficiente. Su apelación al pueblo y sus demandas es positiva y conlleva cierto talante democratizador frente a las élites establecidas. Pero su uso es muy variado y su sentido político es polisémico; puede ser de izquierdas, de derechas y de centro, y más o menos democratizadores, autoritarios y nacionalistas. Puede ser útil el significante antiestablishment, como similar identificación de una opción enfrentada a las élites convencionales y su pugna por una nueva representación (o liderazgo) mediadora.

Pero para explicar los procesos concretos, así como los cambios globales y las grandes estrategias, es preciso asociar la pugna por construir nuevas representaciones y mecanismos mediadores, además de con sus funciones de intermediación, con el sentido de su proyecto o la orientación de sus propuestas en el contexto de la fuerte división social, económica y de poder de las sociedades europeas. Es decir, con los grandes valores de igualdad, libertad y solidaridad que, en gran medida, han articulado la acción pública en estos siglos. Sigue siendo fundamental el ideario político o proyecto de sociedad y su correspondencia con una actitud transformadora igualitario-emancipadora.

Por tanto, la respuesta alternativa debe ser multidimensional respecto de los tres ámbitos: socioeconómicos, con una orientación progresiva; político-institucionales, con una dinámica democratizadora y de recomposición mediadora frente al autoritarismo y la atomización individualista; y de participación cívica y revalorización de lo común y lo público, frente a las tendencias burocráticas y corporativistas de los grandes aparatos político-institucionales y corporaciones económicas y su complemento de apariencia liberal-individualizadora mediante el consumismo.

En definitiva, es imprescindible una política socioeconómica progresiva que, parcialmente y derivado de su deslegitimación anterior, se ha ensayado en esta crisis producida por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania, y que impulsa el actual gobierno de coalición, con políticas más expansivas y protectoras y a pesar de la fuerte oposición derechista. La respuesta estratégica tiene tres ejes fundamentales: protección pública, redistribución y regulación de los mercados; democratización político-institucional, con adecuación de los sistemas de representación y gestión pública, incluidos los partidos o plataformas políticas; una profunda renovación orgánica y programática de las izquierdas o fuerzas progresistas, con respeto al pluralismo y los equilibrios colectivos superadores de los hiperliderazgos, el corporativismo elitista y los sectarismos, junto con una articulación cívica democratizadora y participativa.