Una de las cuestiones más inaceptables de la presunta «constitución europea» es el capítulo económico. En gran medida se limita a introducir en bloque una gran parte del antiguo Tratado de Maastricht y con ello constitucionaliza una política neoliberal. De hecho toda constitución es hija de su tiempo, refleja los valores dominantes, la correlación de fuerzas sociales y políticas que le han dado vida. Por ejemplo las constituciones elaboradas tras la Segunda Guerra Mundial incorporaron el pleno empleo como un mandato constitucional (aunque sólo sea como muestra de buenas intenciones) como correspondía a un período de hegemonía de la economía keynesiana y de una relativa fuerza de la clase obrera. La propuesta actual nace lastrada por la amplia hegemonía del neoliberalismo (no sólo en los partidos de derechas, primera fuerza parlamentaria europea y presente en una mayoría de gobiernos, sino también en grandes sectores de la socialdemocracia y de los verdes, sin contar su influencia cultural sobre el movimiento sindical europeo o muchas ONG pretendidamente alternativas). Y nace también condicionada por los intereses de los países más poderosos para evitar ser los paganos de un proceso de integración más generoso respecto al Sur y al Este de Europa. Neoliberalismo y nacionalismo hegemónico van de la mano a la hora de configurar una política económica europea con pocos recursos y graves hipotecas.

Cuatro son a mi modo de ver los aspectos más críticos de estas políticas:

En primer lugar, el predominio de las políticas monetaristas sobre cualquier otra intervención estatal. Una política encarnada en el Banco Central Europeo que adolece de graves defectos. El más conocido es su estructura antidemocrática ya que sus gobernadores tienen plena autonomía, no son revocables y no deben rendir cuentas a ninguna institución democrática. Pero tan grave es que además el cometido del BCE se oriente exclusivamente al mantenimiento de la estabilidad de precios y no tenga ninguna responsabilidad (lo que sí ocurre con la Reserva Federal de Estados Unidos) sobre el desempleo. Hay bastantes pistas que sugieren que el desempleo se agravó en Europa a causa de los altos tipos de interés impuestos por el proceso de Maastricht a principios de los años noventa (y se sabe que una vez el desempleo es masivo tiende a persistir en el futuro) y es bastante posible que las dificultades económicas actuales estén agravadas por la persistente resistencia de bajar los tipos de interés y mantener el euro sobrevalorado.

En segundo lugar, la ausencia de una verdadera política fiscal europea que permita mediar en casos de crisis (como la que plantean los impactos territorialmente desiguales de la sobreevaluación del euro) y, sobre todo, que ayuden a paliar los enormes desequilibrios económicos y sociales existentes entre los diferentes países que integran la Unión Europea. Hace pocos años James K.Galbraith mostró que si se consideraba la Europa de los quince como una sola nación, el nivel de desigualdades de renta era mayor que la insoportable desigualdad de Estados Unidos. La entrada de diez nuevos miembros más pobres agrava aún más está situación. Y en este sentido las previsiones de la nueva norma empeoran la situación por cuanto a) plantean la reducción del peso del presupuesto comunitario del ridículo 1,27% del PIB al vergonzoso 1% (todo ya gastado en mantener funcionarios y políticas estructurales ya existentes) y b) obligan a que sea un presupuesto sin déficit (lo que supone la imposibilidad de usar la política presupuestaria como un medio de lucha contra las crisis).

En tercer lugar, mantiene una fe ciega en la defensa del mercado mítico de los libros de texto, propiciando la competencia como la panacea de la vida económica y forzando a nuevas privatizaciones. Una política que no toma en consideración ni el predominio de grandes estructuras oligopolistas (a pesar del «lavado de cara» de algunas medidas anticompetencia), ni el insoportable poder social de los grandes grupos (para muestra Berlusconi) ni especialmente los efectos reales de los procesos de privatización sobre la competencia real, la calidad de los servicios, etc Se trata además de una política que impide a regiones y estados el desarrollo de políticas industriales autónomas que impiden romper con algunas de las estructuras económicas actuales y que concede a la empresa privada una enorme primacía sobre la sociedad.

Por último, persiste una enorme asimetría en lo que respecta a la toma de decisiones entre aquellas de política económica que se podrán tomar por mayoría y aquellas que necesariamente deben adoptarse por unanimidad, entre las que se incluyen las de tipo social o fiscal. Un campo en el que se permite el permanente boicoteo de aquellos estados que se aprovechan de una baja fiscalidad (ello permite, por ejemplo, la presencia de un verdadero paraíso fiscal -Luxemburgo- como miembro de la unión) o que propician un mercado laboral sin reglas (como Reino Unido y varios de los nuevos miembros). Más que el embrión de un nuevo estado lo que se construye es un «imperio medieval», con enormes desigualdades territoriales en su seno y con un capital privado que por su poder y movilidad puede erosionar aún más normas y derechos sociales.

En definitiva, se eleva al carácter de constitución un modelo económico neoliberal que de hecho centraliza aspectos claves de la política económica (y ata la actuación de los poderes estatales y regionales), al tiempo que les deja encargados de hacer frente a todos los problemas que este mismo problema crea (destrucción de empleo, pobreza, servicios sociales…). Sorprende el apoyo entusiasta de los sindicatos europeos, y la mayoría de partidos socialdemócratas y verdes a una norma que impide en la práctica el desarrollo de políticas alternativas de tinte moderado (no les pidamos que impugnen el capitalismo, porque de ello se olvidaron hace ya demasiado tiempo).

Y no puede alegarse que no existen propuestas y alternativas, simplemente que éstas no son tenidas en cuenta por unos partidos e instituciones que hace años se nutren de la elaboración de políticas neoliberales que emana de organismos como la OCDE o los mismos servicios de estudio de los bancos centrales, mientras que se ignoran sistemáticamente las elaboraciones de colectivos como los «Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa» (www.memo-europe.uni-bremen.de), que anualmente elaboran propuestas y críticas razonadas frente a la actual situación. En la propuesta de este año, que incluye una detallada crítica de la constitución, proponen entre otras cosas el aumento de las políticas estructurales de la UE desde un 0,4 a un 1% del PIB comunitario, un gasto público del 1% del PIB orientado a relanzar la inversión, medidas democratizadoras de las instituciones comunitarias, el fortalecimiento del sector público y que el pleno empleo, el bienestar social, la igualdad de género y la sostenibilidad tengan igual consideración que el crecimiento económico, ese ídolo que parece justificar cualquier política. Unas propuestas y análisis que ayudan a tapar la boca de aquellos que quieren presentar a los críticos de la actual constitución como meros agentes de la no Europa.