La derecha, y especialmente Isabel Díaz Ayuso, actúa como la gallinita de la Pampa que da las voces en un sitio y pone los huevos en otro. Es lo que está haciendo con la llamada «ley maestra». Establece falsos debates (supuestos ataques de la LOMLOE a la concertada, al castellano como lengua vehicular o la supresión de colegios de educación especial); pero amarra lo principal: los privilegios de una Iglesia que adoctrina en un espacio que tendría que ser laico por su propia naturaleza y la existencia de un sector privado que hace negocio con una educación segregadora que pagamos con fondos públicos. Hacen ruido y, de paso, buscan la enésima confrontación con el Gobierno central, aunque sus falacias nada tengan que ver con la realidad. Veamos.

La LOMLOE es muy moderada. Solo intenta evitar actos ilegales como cobrar cuotas en la concertada a las familias, ilegalidad que tolera la administración educativa en Madrid mirando hacia otro lado. O que no se financie la separación de los niños de las niñas por grupos y sectas ultracatólicas, no por razones pedagógicas, sino por la reproducción del modelo patriarcal sin fisuras. Y que se impida regalar suelo público a los negocios educativos privados, por los que altos dirigentes del PP cobraban hasta 900.000 € por colegio, tal y como se descubrió con la Operación Púnica.

Todos deberíamos coincidir en garantizar la educación inclusiva. En priorizar la inclusión en centros ordinarios, reforzando los recursos, y con modificaciones pedagógicas y organizativas para ello; siempre atendiendo al interés superior del menor y con la participación de las madres, padres o tutores legales. Es poco ético falsear la realidad sobre la educación especial para alarmar a las familias.

En la Comunidad Autónoma de Madrid el único ataque al castellano es el programa bilingüe. Programa nunca evaluado, que ha servido para aumentar la segregación escolar, y donde el alumnado no aprende suficientemente inglés, ni Ciencias, ni Historia de España.

Le llaman a la ley, «maestra», para despistar. Pero una palabra tan hermosa y digna no se la merece esta chapuza de ley. Es la Ley Ayuso de segregación educativa y reestructuración de la educación madrileña. Una ley LASER, porque nos ciega en relación a los problemas reales de la educación madrileña y pretende seguir destruyendo la educación pública. Hay que recordar que toda segregación siempre pretende que no lleguen todos a la misma meta y dejar a gente por el camino. Es la manera de convertir la igualdad de oportunidades en un espejismo. Por ello, la segregación es injusta, ineficaz y un riesgo para la cohesión social.

Injusta, porque es social, aunque se disfrace de académica ¿Cómo se puede financiar con recursos públicos la separación del alumnado por sus ingresos y clase social? Como dicen numerosos estudios, Madrid está a la cabeza de Europa en falta de equidad, solo por detrás de Turquía. No es admisible que el éxito o el fracaso de un alumno esté determinado por su origen, el nivel socioeconómico, la familia y la zona donde vive. Si en vez de escuelas habláramos de aviones, y hubiera aviones para ricos y aviones para pobres, no tengan ninguna duda sobre cuáles se caerían más.

Ineficaz porque desperdicia el potencial de la educación. Decía Philippe Aghion, Premio Fronteras del Conocimiento, que en las aulas hay muchos Einstein de familias humildes sin descubrir. Una educación desde la equidad, la diversidad y en grupos heterogéneos beneficia a todos. Al alumnado con dificultades, porque se beneficie de sentarse junto a estudiantes con altas capacidades, y a éstos, porque les aporta crecimiento personal y moral.

Es contraria a la cohesión social, porque al ser abiertamente clasista, produce desagregación, dificulta la integración de la población inmigrante y crea guetos. Es muy difícil pretender luego que conceptos como el de nación y patria sean entendidos como un espacio común asumido por todos cuando no se ha compartido ni la escuela. Esto lo saben en Europa, y en todos los grandes países y con mejores resultados educativos, la educación pública es muy mayoritaria.

La ley Ayuso de segregación define un modelo de adoctrinamiento en las aulas que va en contra de las convenciones internacionales sobre derechos de la infancia; hay que recordar que el 80% de los colegios concertados son religiosos. Es un modelo de negocio que busca el beneficio empresarial sobre el derecho humano a la educación; están aterrizando fondos buitres en la FP, cuando se mantiene un alto déficit de oferta de plazas públicas que facilita esta privatización. Es un modelo anacrónico al no existir en toda Europa la privada-concertada, siendo la pública de entre el 80-90%; mientras que aquí, la derecha ha reducido el alumnado escolarizado en la pública en la ciudad de Madrid a tan solo el 42%. Es un modelo educativo mediocre, menos democrático y más caro; las familias tienen menos capacidad de participación en los colegios de sus hijos e hijas, y gastan más en educación: Madrid está a la cabeza con 1.649 €/alumno/año.

Esta ley no se plantea abordar los problemas de fondo de la educación madrileña. No tiene una memoria económica para doblar una inversión educativa miserable del 2,2% del PIB frente al 4,2 de media en España y a la recomendación del 5% de la LOMLOE, a pesar de ser la comunidad más rica de España. No dice nada para reducir unas ratios desorbitadas (de 25 en infantil y primaria, y de hasta 33 y 38 alumnos por aula en Secundaria); mantiene un gran déficit de profesorado (han contratado 8.000 profesores menos que el curso pasado) y una alta precariedad del 21.15%; no mejora las duras condiciones de trabajo del profesorado, manteniendo las 20 lectivas en Secundaria, en aulas saturadas, sin tiempo para coordinarse y atender a la diversidad del alumnado; abunda en un déficit estructural de plazas públicas de FP que ha alcanzado las 30.000 para el curso 2021-22; y por si fuera poco, consolida un estilo de gestión autoritaria que no informa, no negocia, ni acuerda nada con los agentes sociales (sindicatos del profesorado, AMPAS y organizaciones estudiantiles).

En resumen, la LASER no aporta nada a la calidad educativa. Apuesta por un sistema mediocre (como revelan las últimas evaluaciones del informe PISA) y por la segregación clasista como santo y seña. Cuando Madrid es la comunidad que más discrimina por razones socioeconómicas; cuando siendo la comunidad más rica, sus niños y jóvenes tienen menos oportunidades educativas que otras CCAA, esta ley solo se puede calificar de provocación. Por eso hemos pedimos que se retire: una ley educativa tendrá éxito si es acordada y si aborda los problemas reales.

Parafraseando a Francisco Giner de los Ríos, aunque él se refería a España, «a Madrid la salvación ha de venirle por la Educación». Esto lo dijo hace más de un siglo y así seguimos, dada la actitud y los intereses de la Iglesia católica, del sector privado y del pensamiento reaccionario español. Pero más temprano que tarde, la razón acabará prevaleciendo en una sociedad madura y democrática.

[Fuente: Público]