Este verano se han cumplido cien años del Desastre de Annual, acaecido entre el 22 de julio y el 8 de agosto de 1921.

El ejército español en el norte de África combatía a los rifeños encabezados por Abd el-Krim contra el protectorado. Pésimamente dirigido en una guerra en realidad endémica, el general al mando de las operaciones, Silvestre, obedeció la instrucción que le dio Alfonso XIII de atacar al enemigo a pesar de que no se daban las condiciones de preparación necesarias.

La cumbre política del Estado español estaba dividida en dos: por un lado el gobierno, una institución considerado en aquellos tiempos democrática, aunque según los estándares actuales eso sería dudoso, por una parte; y por otra el Rey y su camarilla, el cuarto del rey, que llevaba la voz cantante en asuntos militares, sobreponiéndose al gobierno y al ministro de la guerra.

El general Silvestre, pues, inició el ataque y sufrió una calamitosa derrota, la mayor que haya sufrido el ejército español en una batalla. Murieron 9.000 soldados españoles y 2.500 soldados rifeños encuadrados en el ejército de España. El cuerpo del general Silvestre nunca fue encontrado; se ha dicho que se suicidó. Parte de las tropas rifeñas españolas abandonaron y se pasaron al enemigo. La derrota fue total; pocos escaparon al desastre.

Los soldados españoles eran de leva entre quienes no podían pagar una cuota que les eximiera del servicio obligatorio. En España, pues las gentes corrientes estaban hartas de ser carne de cañón en unas guerras en las que no participaban los ricos aunque se beneficiaban de ellas.

Recuperada la situación en Melilla, el gobierno ordenó al general Juan Picasso (tío abuelo del pintor) la apertura de un expediente para determinar las responsabilidades en aquel desastre. Pero se le privó del acceso que solicitó a los planes de operaciones de campaña, el meollo de la cuestión. El expediente apuntaba a la responsabilidad directa de Alfonso XIII, y el rumor se extendía. Finalmente se atribuyeron responsabilidades a oficiales y jefes secundarios, así como de rebote al general Berenguer, gobernador de Ceuta. El Congreso, a iniciativa de Prieto, pidió el expediente y sólo lo consiguió poco antes de que, finalmente, Primo de Rivera diera su golpe de estado con aquiescencia del rey y para cubrir a éste. Convencido de que el expediente sería destruido, un diputado lo escondió en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, donde permaneció hasta el advenimiento de la II República. Se publicó un resumen elaborado por el propio general D. Juan Picasso. Durante la dictadura no se habló del expediente. Finalmente en 1990 fue recuperado completo y enviado al Archivo Histórico Nacional [1].

Curiosamente, el centenario del Desastre de Annual ha pasado inadvertido. Pero los 11.500 soldados de España muertos por una instrucción ilegal y disparatada merecen ser recordados, en primer lugar. También merecen recuerdo los combatientes bereberes que murieron o sufrieron por causa de las tropas coloniales españolas y francesas.

Y debería esta conmemoración apagar los últimos rescoldos del papel desempeñado por la alta oficialidad del Ejército en la política española: desde los golpes de estado o de palacio del siglo XIX, pasando por las guerras de África y sus generales africanistas, por el Desastre de Annual, por el golpe de Primo de Rivera y el rey, por el golpe de estado de julio de 1936 que dividió al Ejército, hasta la última dictadura militar, el siglo pasado.

Esos rescoldos son la atribución al Rey del mando supremo de las Fuerzas Armadas por el art. 62, h) de la Constitución, mando que debe pasar, como es norma en los regímenes democráticos europeos, al presidente del Gobierno o al ministro de defensa, y la poco clara redacción del artículo 8 de la misma Constitución, en cuanto atribuye al Ejército la defensa del ordenamiento constitucional.

Con un Tribunal Constitucional como el que tenemos, muy necesitado de relegitimarse, ambas normas pueden hacer que cualquier cosa democráticamente inadmisible goce de una apariencia de legitimidad.

Nota