Francesc Bayo

Pasado y presente del estallido social en Cuba

Para entender el contexto de las protestas generalizadas que se produjeron en Cuba el pasado mes de julio, es preciso explicar en primer lugar unos antecedentes que se gestaron en las transformaciones limitadas y en los desafíos persistentes que vivió el país entre los años noventa y principios del siglo XXI, que permitieron consolidar una frágil estabilidad económica tras el colapso de la URSS, consiguieron una reafirmación del poder político y procuraron una reestructuración más o menos favorable de las relaciones internacionales [1]. En segundo lugar, está la evolución de los años recientes, que parecía inmersa en una especie de presente continuo sin alteraciones, aunque con un contrato social averiado, que ha acabado desembocando en una situación que muchos han coincidido en calificar como una tormenta perfecta, en la que se han combinado varias crisis que han sumido de nuevo a Cuba en una encrucijada que tiene muy difícil solución.

I. La neutralización del impacto del colapso soviético

1. Una reforma económica limitada y controlada

El desarrollo de la economía cubana históricamente se ha visto afectado por una serie de limitaciones estructurales, siendo la más significativa la restringida variedad de la producción, que además está fundamentalmente asociada a la explotación de recursos naturales y a menudo en condiciones de monocultivo económico. Históricamente el recurso primordial fue la caña de azúcar y en mucha menor medida el tabaco, pero tras la reestructuración internacional de la producción y del comercio del azúcar, el eje básico de acumulación de la economía cubana en los últimos tiempos ha sido primordialmente el turismo, y en un nivel más secundario la extracción de níquel. Otros rubros importantes han sido las remesas de los emigrantes y luego la exportación de servicios profesionales, predominantemente maestros y médicos, bajo un régimen especial de acuerdos bilaterales (donde destaca fundamentalmente Venezuela).

En contrapartida, esa estructura económica requiere importar en grandes cantidades bienes estratégicos que el país no dispone, como materias primas y energía, pero también otros que hasta el momento no ha sido capaz de producir, desde alimentos y otros bienes de consumo de primera necesidad a bienes de equipo en general. En ese contexto de asimetría productiva continuada, con una escasa variedad de productos exportados y poca capacidad para aumentar los ingresos externos, junto a una necesidad de importar y por tanto incrementar los gastos, los desequilibrios en la balanza externa han sido estructurales y los ciclos de endeudamiento se han sucedido constantemente.

En cuanto a la política económica aplicada después del triunfo de la revolución, el debate ha girado en torno a dos perspectivas diferenciadas. Algunos autores argumentan que la evolución presenta frecuentes oscilaciones dentro del contexto de planificación centralizada, donde prima la lógica política por encima de la económica en aras de la defensa del régimen político. En cambio, según otra perspectiva, dado que no ha existido un consenso claro y explícito sobre el modelo de desarrollo, la evolución ha sido más continuista y con ajustes graduales para asegurar la reproducción del sistema, en particular las políticas de bienestar.

De todos modos, para que funcionara la capacidad distributiva igualitaria que el Gobierno cubano ha querido asegurar a su población, habitualmente ha tenido que derivar hacia el consumo una cantidad de recursos considerable que ha mermado las posibilidades de inversión. Además, para contar con recursos adecuados para esa distribución y también para cubrir el déficit de inversiones, Cuba ha requerido usualmente de una relación especial con un socio privilegiado que le proveyera de ayuda exterior. Esta característica es propia de una estructura económica dependiente que durante el siglo XX no logró superar del todo la herencia colonial, pues antes de la revolución la relación con Estados Unidos mantuvo en buena medida un cariz subsidiario. Pero a partir de 1959 este aspecto se exacerbó mediante la relación tan favorable que se estableció con la URSS y los países de la Europa del Este, mientras que tras el colapso de la URSS en 1991 esa dependencia se ha estado reproduciendo en cierta medida con Venezuela.

En definitiva, en Cuba ha perdurado la condición de economía periférica, con un modelo de desarrollo de carácter extensivo y poco diversificado, y dependiente de otras economías más dinámicas y desarrolladas. Con estos antecedentes, el proceso de desarrollo seguido desde 1959 ha sido difícilmente sustentable y el nivel de bienestar del pueblo cubano ha estado sometido a serios vaivenes, debido principalmente a las limitaciones internas del propio modelo económico, y también a los frecuentes choques externos a los que está expuesto.

El colapso soviético supuso un choque externo brutal, con una caída del PIB cercana al 40% entre 1989 y 1993, y por ello el Gobierno cubano realizó a lo largo de los años noventa una profunda transformación del aparato productivo como se ha mencionado anteriormente, mediante una acción que fue denominada “Período Especial” y que apelaba al sacrificio colectivo en aras de superar la tragedia que se les vino encima. Por un lado, promovió el desarrollo de bienes y servicios exportables —como el turismo, el níquel o el tabaco—, facilitando así la entrada de capital extranjero mediante empresas mixtas asociadas a unos pocos grandes grupos empresariales estatales (en los que la presencia de miembros de las fuerzas armadas en su gestión es muy notable), que operan en unas condiciones muy estrictas y subordinadas en términos de poder de decisión, fiscalidad y política laboral. Por otro lado, el Gobierno organizó un entramado dedicado a captar las remesas que podrían enviar los familiares desde el exterior. Paralelamente, para recuperar la estabilidad monetaria y para que la estrategia de captación de divisas del turismo y de las remesas de los emigrantes en el exterior fuese más efectiva, se despenalizó la tenencia y el uso del dólar.

En cuanto al ámbito productivo interno se hicieron cambios en la estructura agraria, entre los que destacó la creación de cooperativas para aumentar la producción. También se liberalizaron parcialmente los mercados agropecuarios a los productores privados y a las cooperativas, para incrementar el acceso al consumo y asegurar una variedad y cantidad de producción que el Estado no podía cubrir. A la vez, se fomentó el trabajo por cuenta propia a pequeña escala, mediante la liberalización de actividades en pequeños restaurantes, comercio minorista, producción artesanal, alquiler de habitaciones, taxis, reparaciones caseras, etc., con la intención de aliviar la subocupación, y de paso también para regularizar la economía informal.

Estas mínimas reformas, aunque fueron muy limitadas y no estaban concebidas para establecer unas condiciones plenas de mercado, ayudaron coyunturalmente a recuperar la economía y facilitaron una tímida apertura externa, con acceso a nuevos mercados y productos, entrada de capitales, transferencia de tecnología, reorganización y aprendizaje empresarial, etc. De la misma forma, se diversificó la producción y el consumo interno, se extendió un cierto grado de autonomía entre los gestores de la administración y de las empresas públicas, y también se produjo algún tipo de emancipación económica en algunos segmentos de la población. Pero las reformas aplicadas tuvieron otros aspectos restrictivos porque se mantuvieron fragmentados los diferentes espacios económicos generados, de manera que los actores que operaban en cada segmento —economía tradicional, economía mixta, economía por cuenta propia y economía sumergida— raramente se podían relacionar formalmente entre sí, mientras que se conservaba la discrecionalidad del poder de decisión centralizado en el Estado.

Tanta limitación tuvo consecuencias poco favorables para asegurar que el crecimiento y la estabilidad económica abarcara a toda la población por igual. En primer lugar, se agravó la extensión de una economía dual, donde prevalecía un sector público muy amplio y mayoritariamente estancado, que operaba en pesos cubanos, junto a un sector ligado al exterior más dinámico y eficiente, donde el dólar era la moneda de referencia. Además, con las liberalizaciones internas parciales se había producido una segmentación de mercados que se reforzaba con la dualidad monetaria. En segundo lugar, la reforma generó oligopolios en la estructura empresarial, tanto en la estatal como en la mixta con participación extranjera, lo que provocó el control de unos pocos en la captura del beneficio, y propició un espacio donde pudieron crecer las prácticas corruptas, a la vez que limitaba las posibilidades de mejorar la eficiencia que se podría derivar de una mayor competencia. Finalmente, ante la necesidad de supervivencia cotidiana y también por la falta de otras perspectivas para la iniciativa privada y para el establecimiento de pequeñas y medianas empresas, siguió operando una economía sumergida que escapa al control de la hacienda pública, que por su naturaleza es difícil de cuantificar. Ésta se nutre tanto de la comercialización de bienes y servicios sustraídos al Estado, como de la producción y comercialización de bienes generados por actores privados.

Al mismo tiempo, hubo otras consecuencias que fueron consideradas indeseables y amenazadoras para el mantenimiento de la cohesión social, que era la base de la legitimación de un modelo de planificación económica y social controlado por el Estado. Entre ellas destacan especialmente el aumento de las desigualdades sociales, que se plasmaron primordialmente en las diferentes posibilidades de acceder al dólar, y también la brecha de los desequilibrios territoriales, con especial incidencia negativa en la población rural y en las provincias orientales. Mientras tanto, continuaron agravándose otros problemas sociales estructurales derivados de la situación demográfica en Cuba, con la persistencia de la baja natalidad y el progresivo envejecimiento de la población, que a su vez empeoraron por el crecimiento constante de la emigración de los jóvenes.

Pero en vez de revisar los mecanismos deficientes y profundizar más en las reformas necesarias, que habrían podido tener otro recorrido tanto en la política monetaria como en la economía productiva de algunos sectores estratégicos, ya fuera la agricultura o los sectores vinculados al exterior, éstas fueron paralizadas a finales de la década de los noventa. De ese modo, se volvió a reforzar la centralización de la gestión económica, lo que afectó también a las empresas mixtas por el aumento de la presión mediante la discrecionalidad estatal en el ordenamiento de sus actividades. Asimismo, se restringieron paulatinamente las liberalizaciones en la producción y en la comercialización agrícola, además de las actividades por cuenta propia. Más adelante, a medida que los acuerdos económicos con el Gobierno de Venezuela se fueron consolidando, a partir de 2004 se volvió a suspender el uso del dólar en las transacciones internas, y se sustituyó por el peso convertible, para controlar la masa monetaria en circulación y también, de alguna forma, para tratar de frenar el espacio económico autónomo que había ido creciendo al margen del Estado y fuera de su control.

En definitiva, el Gobierno cubano escogió, entre las alternativas que aparecieron, la que consideró mejor para la continuidad de la estabilidad del régimen. Para afrontar las consecuencias de las reformas, con el resultado de unos grupos ganadores y otros perdedores que evidenciaban unas desigualdades en el corto plazo, algunas alternativas proponían una apertura más amplia y profunda que tal vez habría podido generar más riqueza. Así cobró fuerza la idea de avanzar en la liberalización de las relaciones de producción y de propiedad con mayor apertura al mercado y menos omnipresencia del Estado, poniendo el énfasis para este último más en la regulación que en la planificación centralizada, y asegurando luego una adecuada política de redistribución para reducir las diferencias sociales. Pero por este camino posiblemente también hubiese aumentado y consolidado el grado de autonomía económica en algunos grupos sociales de la población, que probablemente hubiesen cuestionado el control centralizado del poder, forzando así la negociación de un nuevo pacto político y social. Otra alternativa posible, como una rápida liberalización con privatizaciones y transición a un capitalismo abierto, semejante a la que se llevó a cabo en algunos países de la Europa del Este, ni siquiera se planteó. La cuestión es que el núcleo de poder cubano optó por reforzar el control estatal de la producción y la distribución de los recursos, manteniendo las políticas igualitarias para sostener la cohesión social en que asentaba en gran medida su legitimidad, pero a costa de limitar el potencial crecimiento de los niveles de producción y de bienestar.

2. La reafirmación del poder político

Desde el triunfo de la revolución en 1959, la configuración del sistema político en Cuba pasó por un largo proceso de consolidación e institucionalización, que a finales de los años ochenta se consideraba bastante asentado después del establecimiento de la Constitución de 1976. En una apretada síntesis de definición, vemos que la organización y la estabilidad del régimen político cubano en ese momento se sostenía en la combinación de cinco rasgos destacables: 1) una importante dosis de nacionalismo, que satisface los deseos de autodeterminación de los cubanos y construye una forma de identidad nacional; 2) una economía de planificación central ampliamente estatalizada y con una extensión de políticas igualitarias para asegurar la cohesión social; 3) una movilización popular canalizada a través de varias organizaciones sociales, regidas por un disciplinado esquema de participación vertical que convergía en el Partido Comunista de Cuba (PCC), donde quedaba excluido cualquier espacio de oposición alternativo; 4) unas Fuerzas Armadas institucionalizadas, legitimadas socialmente y con efectividad demostrada; y 5) un liderazgo incuestionable en la figura de Fidel Castro, que además ostentaba todos los cargos de máximo nivel en el Estado, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el PCC.

Con esas premisas se erigieron los fundamentos de la revolución como un sistema donde se establecía un contrato social entre una élite política cohesionada y con una estructura jerárquica muy definida, que se ampliaba luego a una sociedad bien encuadrada orgánicamente, con escasos espacios establecidos para los contactos horizontales y con unas limitaciones estructurales para ejercitar su capacidad de discrepancia. La legitimidad del sistema radicaba en la seguridad de la independencia nacional, por un lado, y por otro en un proyecto modernizador que procuraba una continuidad más o menos garantizada de la movilidad social y del bienestar proporcionado por el Estado a todos los ciudadanos cubanos. Así se construyó un sistema político con gran capacidad de movilización y una amplia adhesión popular a las orientaciones emanadas de la cúpula dirigente.

Con esos antecedentes, los efectos de la crisis económica y la pérdida de bienestar de la ciudadanía tuvieron consecuencias políticas internas, que obligaron a tomar decisiones que permitieron la adaptación y la supervivencia del régimen político. Dentro de la coalición de poder, concretamente en las élites organizadas en el PCC bajo el liderazgo de Fidel Castro, a la hora de articular soluciones se produjo una división entre dos alternativas más o menos discernibles, con los tecnócratas y reformistas partidarios de una búsqueda de vías de apertura en el sistema, por un lado, y por otro los más ortodoxos que propugnaban su continuidad mediante un cierre de filas.

Las Fuerzas Armadas, que habían vivido una experiencia traumática con las depuraciones que se produjeron durante la causa abierta por conspiración contra el general Ochoa y otros altos mandos militares en 1989, no participaron como institución en el debate y continuaron en su papel subordinado al poder civil. Posteriormente, en las Fuerzas Armadas se produjo una de las transformaciones más profundas, que consistió en una drástica reducción de los efectivos y en una remodelación de sus funciones. Entre estas últimas, una novedad importante fue la colaboración en la organización y gestión del conglomerado empresarial que surgió con las reformas y la apertura limitada al capital exterior.

Mientras tanto, el resto de la sociedad permaneció atenta y más al margen, esperando soluciones para superar la crítica situación económica. De todos modos, si el deterioro del nivel de vida seguía cayendo podía ocurrir que la población manifestara su descontento públicamente e incluso acabara protagonizando disturbios. Un ejemplo de ello ocurrió al poco tiempo con la explosión popular de agosto del año 1994, cuyo corolario fue la aplicación por el Gobierno de una fórmula habitual de descompresión social mediante la salida de los descontentos del país, que condujo a la dramática crisis migratoria protagonizada por los balseros.

Dicha crisis se acabó resolviendo con la reanudación de los acuerdos migratorios entre los gobiernos de Cuba y EEUU, en los que Washington proporcionaba hasta un cupo anual de 20.000 visas, y desde entonces también se multiplicaron los ingresos por las remesas de los emigrantes, que contribuyeron a equilibrar la precaria balanza externa cubana.

Pero el impacto de la crisis económica actuó como un detonante que propició una ventana de oportunidades políticas y en el debate también acabó participando en esos años una gama variada y difusa de actores de la sociedad cubana, que incluía desde los sectores intelectuales, los centros de estudio o las organizaciones comunitarias, hasta las nacientes ONG que florecieron con el apoyo de la solidaridad internacional. Al hilo de las transformaciones que se estaban produciendo en el país, estos actores emergentes acabaron generando propuestas públicas más abiertas en un contexto político que ha sido denominado de “tolerancia por omisión”.

Sin embargo, aunque debido a las transformaciones ya mencionadas se produjeron algunos cambios sociales y una cierta flexibilidad, la esencia del sistema político permaneció prácticamente intacta y el control desde la cúpula del régimen continuó inalterable, borrando cualquier ilusión de una reforma aperturista. De todas formas, con la nueva diversificación social, que se acrecentó con la crisis y el tipo de reformas implementadas para tratar de resolverla, ante la rigidez gubernamental se fraguó una progresiva desafección de la sociedad respecto a la dirigencia. Esa animosidad provocó algunas fracturas entre el poder y la ciudadanía, que se pusieron de manifiesto con el aumento de la disconformidad dentro del aparato político y también en otros organismos. Pero la falta de unos canales de expresión y participación más abiertos, junto a la capacidad represora del régimen, no permitieron que esas discrepancias fueran más allá del desencanto ante la política oficial. Por otro lado, una parte de esa brecha se hizo notoria públicamente en forma de disidencia abierta, que tuvo que afrontar la persecución y la cárcel.

La clave para poder seguir manteniendo el control desde la cúpula del régimen sobre la economía, la política y la sociedad fue retener discrecionalmente el nivel máximo de decisión sobre el acceso de la población a cualquier actividad económica y a cualquier servicio público, incluidos los sectores más dinámicos y el trabajo por cuenta propia, lo que consiguió renovar las lealtades mediante este poderoso mecanismo de premio o castigo. Las expectativas de autonomía política se redujeron absolutamente por la escasa autonomía económica y la baja intensidad de la flexibilidad social. El espacio de mercado quedó reducido a un mero capitalismo de enclave bajo el control de la élite interna que negociaba las condiciones de intercambio con los oligopolios externos, o a actividades de autoempleo muy limitadas, mientras que el cooperativismo siguió estando muy instrumentalizado por el Estado. Además, seguía en pie la enorme administración del Estado y el amplio sector público, que permanecieron en las mismas condiciones del pasado y continuaron siendo casi los únicos proveedores de bienes y servicios de toda índole.

Con las nuevas regulaciones se continuó incentivando el clientelismo político y la cooptación por parte del núcleo de poder, y de esta manera se dejó solamente margen para la aceptación, más o menos resignada, y se penalizó a la población que pretendiera actuar fuera de las directrices del régimen. De ese modo, Fidel Castro y el sector más ortodoxo no tuvieron muchas dificultades para controlar a los disconformes dentro del aparato político y de otros organismos, ni tampoco para perseguir y encarcelar a los opositores. De hecho, las purgas en los diferentes niveles del poder, de la Administración e incluso en la universidad y los centros de estudio continuaron siendo frecuentes, mientras que los ataques preventivos contra los disidentes siguieron estando a la orden del día, que en ocasiones se produjeron de forma masiva.

3. La reestructuración de las relaciones exteriores

Ante la desaparición del aliado soviético y de la estructura de inserción internacional que propiciaba el campo socialista, el Gobierno de Cuba se vio obligado a reconstruir las relaciones exteriores y a adaptar una nueva estrategia de política exterior y de seguridad para tratar de superar el cerco aislacionista impuesto por Estados Unidos. El resultado muestra que se lograron los apoyos necesarios para la defensa de los objetivos citados, mediante una estrategia que combinó el neorrealismo y el institucionalismo en la práctica de la política exterior cubana. Para ello Cuba desplegó una amplia actividad en organismos internacionales y procuró una relación diversificada con varios países de América y Europa, consiguiendo así mantener un espacio internacional y a la vez el objetivo fundamental de supervivencia del régimen político.

La relativa apertura económica de Cuba en los años noventa facilitó la ampliación de las relaciones con los países latinoamericanos (especialmente con México), con Canadá y con Europa (particularmente con España). Con el tiempo también se incrementaron las relaciones con China y se recuperaron los contactos con la Federación Rusa, pero nunca alcanzaron el nivel de décadas anteriores con los soviéticos. De ese modo, Cuba consiguió una mayor diversificación y limitó la anterior dependencia de socios privilegiados, y a finales de la década de los noventa ya no había ningún país con el que Cuba tuviera una cuota de dependencia que superara el 25% en cualquier rango de relación económica (ya sean exportaciones, importaciones, turismo, inversiones o deuda).

Pero esa apertura económica fue defensiva y muy controlada, y una consecuencia fue la generación de enclaves económicos operados por empresas extranjeras en condiciones de oligopolio. Tampoco fue posible una mayor profundización en la relación comercial con la mayoría de países, debido a una estructura económica que tiene una baja capacidad de compra externa, y luego a las dificultades de financiamiento del país. Ya vimos que una de las características estructurales de la economía cubana era la generación de desequilibrios externos por la dificultad de cubrir sus importaciones con las ventas al exterior. Por esta vía Cuba había acumulado una gran cantidad de deuda externa impagada que desde entonces estuvo limitando las posibilidades de financiamiento.

Sin embargo, después de la aproximación al Gobierno de Hugo Chávez a partir de 1998, Cuba acabó consolidando una relación ideológica y estratégica con Venezuela, que le ha reportado notables beneficios económicos para asegurar su supervivencia, aunque a costa de reproducir en cierta forma el modelo dependiente que históricamente ha imperado. Esa alianza estratégica también permitió recomponer los equilibrios de poder y la posición internacional de Cuba, combinando los objetivos y principios tradicionales, como el socialismo, el nacionalismo y el antiimperialismo, bajo una nueva formulación. Además, Cuba procuró una conexión con los movimientos internacionales de oposición a la globalización y al neoliberalismo, con la intención de reactivar la legitimidad internacional de su régimen político y un cierto liderazgo entre la izquierda mundial.

De todos modos, el empecinamiento en las políticas unilaterales de presión por parte de todas las administraciones de Estados Unidos ha sido a la par el incentivo y la excusa más habitual que el Gobierno cubano ha utilizado para enrocarse en una política exterior de defensa de su soberanía nacional y a la vez de su régimen político. Esta presión ha sido variable y se ha ido modulando a lo largo de los años dependiendo de múltiples factores —entre ellos quién presidía la Casa Blanca— y del contexto bilateral e internacional de cada momento.

También algunas de esas políticas son resultado de la demanda de una parte de la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, que tiene unos grupos de presión que se han aplicado a hacer lobby en los diferentes centros de poder en Washington. Las gestiones de estos grupos fueron especialmente exitosas en la década de los noventa, cuando consideraron que con la debacle producida por la caída del Muro de Berlín había llegado el momento de darle el golpe de gracia al régimen cubano. Fruto de ello fueron la aprobación de la Ley Torricelli en 1992 y la Ley Helms-Burton en 1996, ambas destinadas a promover un cambio de régimen con una transición sin los hermanos Castro, y de paso también a frenar la entrada de empresas e inversiones extranjeras en Cuba.

Paradójicamente, todas esas políticas de presión no consiguieron derrumbar al Gobierno cubano y en cambio se volvieron en contra de los intereses generales de Estados Unidos. Si desde principios de los años sesenta el Gobierno de Washington había aplicado originariamente el embargo económico como respuesta a las confiscaciones por las nacionalizaciones de bienes norteamericanos en Cuba y por el alineamiento cubano con la URSS, con el tiempo añadió una escalada de injerencias que reafirmó las posiciones nacionalistas y antiimperialistas de Cuba.

Además, el desarrollo creciente de ese conflicto bilateral fomentó la solidaridad de otros países con Cuba, provocó el distanciamiento de varios socios de EEUU que no compartían esas políticas extremas y en general dificultó las demandas internacionales para la mejora de los derechos humanos en Cuba. En ese sentido, las políticas de presión de EEUU perdieron soporte y no sólo fueron neutralizadas por los apoyos de los aliados de Cuba, sino también por las políticas de compromiso constructivo seguidas por Canadá, México o los países europeos. El resultado final fue que se reforzó aún más la actitud inmovilista del Gobierno cubano, que habitualmente ha apelado a la excepcionalidad y a la resistencia cuando se maneja en situaciones adversas en el contexto internacional.

II. El presente continuo con un contrato social averiado

1. La situación en los años anteriores a la tormenta

Como ya hemos visto, la relativa estabilidad económica cubana de los años recientes seguía lastrada por unos desafíos latentes internos y externos no resueltos, con un proceso reformista que permanecía encallado porque la dirigencia política no se sentía impelida a hacerlo avanzar más rápidamente, y tampoco en otra dirección que escapara a su control. Además, Cuba tampoco había dejado de estar expuesta a los sucesivos choques externos producidos tanto por las crisis generales de la globalización, como por las políticas de los países más influyentes en su devenir [2].

En ese sentido, la economía cubana también notó el impacto de la crisis mundial del 2008, con secuelas que tuvieron consecuencias en el aumento de las dificultades económicas en los años sucesivos. Salvo algunos repuntes puntuales, desde el año 2009 la economía cubana mostraba signos de fatiga y en la década siguiente el promedio del crecimiento estuvo muy contenido en torno al 2%. En todos los sectores productivos el desempeño fue muy modesto, en particular la agricultura (que sigue sin conseguir un mínimo de capacidades para el autoabastecimiento), pero tampoco fueron buenos los resultados en la industria o en la minería.

En el balance exterior el saldo de bienes continuó siendo negativo, y se pudo compensar por el mantenimiento de la relación especial con Venezuela, con un ingreso por servicios profesionales (médicos y maestros) que en el promedio de la última década se situó en torno al 10% del PIB. También fueron creciendo las llegadas de turistas y el gasto promedio de los mismos, aunque el aporte siguió siendo un tercio de todos los ingresos por servicios y muy similar a los ingresos por las remesas de los emigrantes. Además, tanto en el ámbito turístico como en el envío de remesas hubo un momento álgido a partir del año 2015, debido a una relativa normalización de relaciones con EEUU bajo la administración Obama, pero esa perspectiva se truncó posteriormente con las medidas de refuerzo de la presión económica decretadas por Trump [3].

En el ámbito político, debido a una enfermedad surgida en el año 2006 que le llevó a la muerte una década después, Fidel Castro se vio obligado a delegar temporalmente el poder en su hermano Raúl, y de este modo se activaron por primera vez, aunque de forma provisional, los mecanismos sucesorios previstos constitucionalmente. Finalmente, tras las elecciones de enero del 2008, con partido y candidatos únicos, Raúl Castro asumió la presidencia del país, que juntó a los máximos cargos en el partido y en las Fuerzas Armadas que había obtenido con anterioridad.

Un signo relevante de la nueva era protagonizada por Raúl Castro fue la desactivación de los mecanismos anteriores generados en el gobierno personalista y voluntarista de Fidel Castro, que se apoyaba en un grupo de jóvenes a los que promocionaba y purgaba cíclicamente desde los años ochenta. Un último ejemplo de ese voluntarismo fue la denominada “batalla de ideas”, que todavía se pudo fraguar en los años del cambio de siglo al socaire de las nuevas expectativas que se crearon a raíz de la relación especial con Venezuela. En cambio, desde un principio las intenciones de Raúl Castro ya fueron establecer un modo más colegiado de gobierno y de paso asentar una nueva institucionalidad.

El mandato de Raúl Castro se prolongó una década, y durante ese tiempo se fueron fraguando las tímidas reformas constitucionales que se plasmaron en el año 2019 y que deberían dar paso al relevo de la siguiente generación, que ya estaba compuesta por dirigentes políticos más jóvenes y sin ninguna vinculación con el Movimiento 26 de Julio y los guerrilleros de Sierra Maestra. De todos modos, todos estos dirigentes estaban formados en la cantera del PCC y la mayoría había tenido que demostrar sus capacidades en la gestión de esferas territoriales y del Gobierno, con el objetivo de perpetuar el mando entre las elites dirigentes de siempre. Así ha ocurrido con Miguel Díaz-Canel, que había ejercido como primer secretario provincial en Villa Clara y en Holguín, luego fue incorporado al Buró Político del PCC, más tarde fue ministro de Educación y finalmente en el año 2013 fue ascendido a vicepresidente con los visos de suceder a Raúl Castro. Esto sucedió en abril de 2018, cuando asumió la presidencia de Cuba, y luego tras el VIII Congreso del PCC en abril del 2021 accedió a la secretaría general (aunque en este caso el propio Díaz-Canel anunció que “las decisiones estratégicas” serían consultadas con Raúl Castro).

En cualquier caso, a pesar de esa voluntad de perpetuación continuista, los dirigentes de esta nueva generación ya no contaban con el aura mística de los pioneros de la Revolución, y a partir de entonces estaban más expuestos a ser juzgados por sus resultados al frente del país. Pero esa misma situación novedosa generaba una profunda contradicción interna, porque en el caso de que la sociedad no estuviese conforme con el curso y los resultados de la acción de gobierno, no había unos mecanismos de ajuste político con amplia participación plural, salvo los procedimientos tradicionales a través de las estructuras del partido único, que continuadamente se mostraron burocratizados e inoperantes. De ese modo, el descontento social siguió siendo considerado como algo controlable y en aquellos casos en que las voces críticas podían elevarse y ejercer una disidencia activa, los mecanismos represores continuaron siendo los mismos de siempre [4].

En cuanto al ámbito exterior, las relaciones estaban plenamente normalizadas con todos los países del mundo, salvo con EEUU [5], aunque la dependencia respecto a Venezuela cada vez se había hecho mayor y por tanto Cuba ha sufrido en mayor medida los vaivenes de las crisis venezolanas. Con estos antecedentes, y en un nuevo contexto de aproximación a los países latinoamericanos para recuperarlos hacia el área de influencia norteamericana, a la par que se pretendía neutralizar la mayor presencia de China en esa región, la administración Obama activó un acercamiento hacia Cuba que significó un punto de inflexión con signos esperanzadores hacia una mayor apertura en la relación bilateral, pero a la vez se reactivaron los mecanismos de rechazo hacia esa distensión (dentro y fuera de Cuba), y también aumentó el reclamo por parte del exilio radical de Miami, que quería una mayor injerencia para forzar los cambios de la forma que ellos deseaban en Cuba [6].

De todos modos, como ya se ha mencionado anteriormente, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no sólo dio al traste con las intenciones de ese breve acercamiento, sino que reforzó aún más los mecanismos de presión económica, ahuyentando aún más a las empresas de terceros países que se habían instalado en Cuba. En cualquier caso, estos nuevos condicionamientos se produjeron en un momento en que bastantes empresas se estaban planteando la retirada, en parte por cuestiones de reestructuración interna propia, y también porque las condiciones de negocio en Cuba tampoco estaban resultando tan boyantes como antes.

2. El estallido social en medio de una tormenta perfecta donde coincidieron múltiples crisis

En el año 2020 sobrevino la pandemia mundial del Covid-19, con consecuencias catastróficas para las economías de todos los países. Para Cuba supuso una caída del PIB del 10,9%, y aunque el Gobierno proyecta una recuperación en 2021, de momento en el primer semestre hubo una caída del 2%. Además, en el caso cubano la pandemia apareció en un momento en que estaban confluyendo los resultados negativos de otras crisis concurrentes, reforzándose de ese modo una tormenta perfecta que ha sumido al país en una encrucijada que tiene muy difícil solución.

Según el análisis de Carmelo Mesa-Lago, el decano de los economistas que lleva más de cinco décadas analizando la evolución de la economía cubana, la concurrencia de esas múltiples crisis se resumiría así [7]:

1) El ineficiente sistema económico de planificación central y amplio predominio de la propiedad estatal sobre el mercado y la propiedad no estatal, que ha fracasado en todo el mundo incluyendo a Cuba. En su década de gobierno, Raúl Castro intentó reformas estructurales orientadas hacia el mercado, pero muy lentas, plagadas de obstáculos, desincentivos, impuestos y vaivenes, por lo que no tuvieron efectos tangibles en la economía. El Gobierno ha rechazado seguir los lineamientos del modelo de “socialismo de mercado” que ha tenido éxito en China y Vietnam. El actual presidente Miguel Díaz-Canel decretó a comienzos de este año la unificación tributaria y cambiaria, pero, aunque necesaria, fue lanzada en el peor momento económico y, hasta ahora, sólo ha generado efectos adversos.

2) La grave crisis económica y humanitaria de Venezuela que ha reducido radicalmente su relación económica con Cuba: la compra de servicios profesionales cubanos (el primer ingreso en divisas de la isla), el suministro de petróleo con términos favorables (que cubre el 50% de las necesidades cubanas) y la inversión directa. Dicha relación alcanzó su cúspide en 2012-2013 con US$16.017 millones y disminuyó a la mitad en 2018, en relación al PIB se contrajo de un 22% a un 8% y dicho descenso continuó en 2019-2020. Los tres componentes se redujeron: la exportación de profesionales en 24%, el envío de petróleo en 62% (de 104.000 a 40.000 barriles diarios) y la inversión de US$ 8.000 millones se esfumó.

3) La relación económica con China alcanzó un cenit en 2015 y 2016, cuando se convirtió en el primer socio comercial cubano (superando brevemente a Venezuela); su intercambio comercial (importaciones más exportaciones) representó 17% y 20% respectivamente, pero disminuyó en 36% entre 2015 y 2019 a 14% del intercambio comercial. La razón clave fue una balanza comercial negativa contra China (las exportaciones cubanas son muy inferiores a las importaciones chinas) que ascendió a un déficit de US$ 2.000 millones en 2015, por lo cual China redujo sus exportaciones a Cuba a casi la mitad en 2015-2019. El valor total de las exportaciones cubanas se contrajo en 65% entre 1989 y 2019, mientras que las importaciones aumentaron y así también el déficit de mercancías. El problema fundamental de la economía cubana es su incapacidad de financiar las importaciones con sus propias exportaciones debido a la caída en la producción doméstica.

4) Las fuertes medidas impuestas por la administración de Donald Trump que revirtieron el proceso de acercamiento del presidente Barack Obama y reforzaron el embargo (“bloqueo” en Cuba): la aplicación del Título III de la ley del embargo que había sido suspendida cada seis meses por los anteriores presidentes (incluyendo a Trump) y que permite demandar a las compañías extranjeras que han “traficado” con bienes confiscados por el Gobierno cubano, lo cual ha paralizado la inversión; la restricción de vuelos a Cuba; la imposición de un límite a las remesas y la prohibición a Western Union de enviar dichas remesas a una agencia cubana manejada por los militares; el endurecimiento de las sanciones a los bancos internacionales que hacen transacciones con Cuba y la reinstalación de dicho país entre los que patrocinan el terrorismo.

5) La pandemia, que ahora alcanza el mayor número de casos y de muertes en la Isla, a pesar de la inoculación de la población con dos vacunas producidas en Cuba que no han probado su eficiencia. El Covid-19 ha afectado severamente el turismo internacional, el Gobierno exige que los viajeros paguen de antemano un “paquete de aislamiento” para alojarse en hoteles durante un período de cuarentena. La pandemia también ha impedido el viaje de “mulas” que antes llevaban remesas, así como alimentos y otros bienes para familiares o para su venta informal en Cuba. La combinación de las medidas trumpistas y Covid-19 ha provocado la salida de compañías españolas de turismo como Meliá y Bankia.

6) La implantación a inicios de 2021 de la “unificación monetaria y cambiaria” que, aunque a largo plazo daría resultados positivos, a corto plazo ha agravado muchos de los problemas anteriores, como un enorme incremento de la inflación, presión para incrementar el desempleo, subida notable del precio de los bienes y una fuerte escasez de alimentos y medicinas.

Con todo ese cúmulo de circunstancias adversas se reprodujeron algunos de los peores momentos vividos por los cubanos durante los tiempos del denominado “Período Especial” de los años noventa, que marcó profundamente a los que lo vivieron directamente, y así se fue transmitiendo a las siguientes generaciones como un grave recordatorio de calamidades tales como la carencia de alimentos y medicinas, los apagones eléctricos de varias horas de duración, o la agudización de las diferencias sociales entre quienes tienen o no acceso al dólar por trabajo o por las remesas del exterior [8]. En este último aspecto, una vez más se ha podido comprobar cómo la población negra ha sido la mayormente perjudicada, porque tiene pocas posibilidades de emplearse en empresas extranjeras y también mayoritariamente carece de familiares en el exterior que les envíen remesas.

Por otro lado, además de la precariedad económica y vital, en la sociedad cubana estallaron otros conflictos políticos y sociales latentes que nunca se resolvieron, y tampoco hay visos de que así ocurra en el futuro inmediato. Entre ellos destaca la contradicción que se genera en una sociedad que cuenta con un sistema educativo que forma continuadamente a generaciones de jóvenes, y con frecuencia con un buen nivel académico, a las que luego no se les puede ofrecer ni una salida laboral digna ni un espacio de participación política alternativo al encorsetado proceso de toma de decisiones establecido por la elite dirigente para perpetuarse en el poder.

Otro ámbito donde se han manifestado inquietudes y frustraciones es el de los cuentapropistas y las micro pymes, que además de las dificultades que tienen para salir adelante con sus negocios por falta de crédito o insumos, se sienten postergados porque no pueden ejercer su voz para expresar sus demandas. También ha ocurrido algo similar en el campo cultural, donde en los últimos años han proliferado espacios de creación alternativos en todos los ámbitos de expresión artística, que han logrado sobrevivir por el impulso voluntario propio y muy a menudo sin ayudas públicas [9].

En definitiva, todo ello ha provocado que se expandieran de forma alternativa y en diferentes esferas de la sociedad cubana múltiples soluciones a los problemas cotidianos, dentro y fuera de la legalidad (algo que en el argot popular se conoce con el vocablo “resolver”), que a la larga ha redundado en un empoderamiento social que en cierta forma constituye un espacio intermedio entre los integrados (convencidos u oportunistas) y la anomia social. Pero como esas personas no tienen capacidad de incidir en la acción política que guía la vida pública, porque las vías participativas están esclerotizadas, al final acaban constituyendo un conglomerado de desobediencia generalizada que ya no confía en las soluciones gubernamentales [10].

En consecuencia, ese desfase participativo y la ausencia de movilidad social acaba provocando una extremada frustración entre los jóvenes y no tan jóvenes, que tradicionalmente se ha canalizado hacia la válvula de escape de la emigración exterior. Pero la crisis global de la pandemia y las medidas mucho más restrictivas que había impuesto Donald Trump cegaron totalmente esa vía. No obstante, hay que recordar que el camino de las restricciones de la vía migratoria ya lo había iniciado antes Obama, porque en su esquema de normalización bilateral entendía que no cabía seguir considerando a los cubanos como un colectivo que merecía un tratamiento diferencial respecto al resto de inmigrantes que llamaban a las puertas de EEUU, como había estado ocurriendo hasta el momento [11].

Por otro lado, desde tiempos recientes muchos ciudadanos cubanos, se comunican por las redes sociales, y a través de ese espacio “fuera del control” gubernamental se han ido canalizando tanto los debates y las ideas que han ido transmitiendo algunos grupos críticos y opositores más o menos organizados, como el descontento social que implosionó de forma generalizada por todo el país en fechas recientes [12], y que Leonardo Padura ha calificado como un alarido [13]. Es importante retener que esas críticas no sólo se han alimentado del discurso de derrocamiento del régimen, que patrocina la derecha más extremista del exilio miamense, y que constituye la versión oficial que difunde el Gobierno cubano para considerar esas protestas como actos organizados por elementos contrarios a la patria. La realidad es que entre esos colectivos que alzaron la voz y salieron a la calle también hay gente que no es radicalmente antisistema y apoyaría otro modelo de socialismo, según lo han expresado en espacios críticos “tolerados” como Espacio Laical, el Observatorio Crítico o La Joven Cuba [14].

De hecho, antes de esta implosión social que muchos quieren calificar como un momento de inflexión que producirá un antes y un después en la realidad cubana, ya existía una variedad de grupos críticos y opositores que por lo menos ha tenido la virtud de poner en la agenda pública las carencias del sistema y la falta de solución de las mismas. Desde grupos críticos como los mencionados anteriormente, que no cuestionan abiertamente el sistema en su totalidad, se propaga un reformismo que es a la vez una especie de vía de “aggiornamento sistémico” (según la feliz expresión del sociólogo Haroldo Dilla), cuya intención primordial es conseguir mejoras y si no por lo menos manifestar las fallas del sistema para reclamar soluciones. Aunque estos grupos no han sido reprimidos con la misma contundencia que la oposición antisistema, también han padecido el acoso oficial y a menudo son desprestigiados por el Gobierno (salvo cuando la dirigencia ha querido emplearlos a modo de blanqueamiento político, en particular en el aparador internacional). Y luego está la oposición que propugna un cambio de gobierno y de sistema, y por ello también han sido condenados a la misma exclusión política y la represión que ya vivieron los históricos opositores de décadas anteriores, y esta situación no tiene visos de solución en el futuro inmediato [15].

Lamentablemente, este factor crucial del enquistamiento autoritario del poder y sin espacio reconocido para la oposición, junto a la ausencia de prácticas participativas reales que asuman la pluralidad social existente, constituyen uno de los conflictos políticos peor resueltos en todas las sociedades del llamado socialismo real, y la evolución en Cuba no parece que lleve un camino diferente. Aparte de la represión de las protestas, el Gobierno cubano no ha mostrado una mínima capacidad de reacción para solventar el problema de una forma diferente al cierre de filas de siempre, pero puede que en esta ocasión la lealtad inquebrantable no llegue a taponar una vez más las grietas que en otras ocasiones surgieron en los diferentes niveles de las estructuras de poder en los momentos de crisis, por lo que el resultado podría ser imprevisible en un futuro no lejano.

Para finalizar, el contexto internacional de la actual crisis tampoco tiene visos de contribuir a una solución pronta de la situación, en particular porque parece que desde la derecha más extrema del exilio cubano se ha querido reanimar el fantasma de la solución externa mediante el derrocamiento del régimen. Entretanto, para ayudar a paliar el momento crítico actual, las voces más sensatas dentro de EEUU están llamando a una revocación de la actual política hacia la isla, o al menos al inicio de una vía próxima a la apertura bilateral que promovió Obama unos años atrás [16]. También, a la vez que la mayoría de países han manifestado quejas al Gobierno cubano por la represión de las protestas, también ha habido un clamor internacional reclamando una mayor distensión por parte de la Casa Blanca, que se ha canalizado de diferentes formas, y entre ellas destaca un llamamiento de organizaciones y notables intelectuales de todo el mundo, que se publicó el 23 de julio en el New York Times en forma de carta abierta al presidente Biden [17].

Sin embargo, todos los indicios auguran que la derecha del exilio cubano continúa apostando por acorralar al régimen (aunque el “socialismo tropical” aún sigue resistiendo después de más de treinta años de la caída del Muro de Berlín), y el núcleo más duro de Miami seguirá insistiendo ante la administración Biden para favorecer sus propósitos de derribo. Mientras tanto, el presidente Biden se muestra paralizado por el temor a las repercusiones políticas en el estado de Florida, donde el senador republicano Marco Rubio sigue marcando la línea radical del exilio cubanoamericano, y además en ese estado los demócratas recibieron una paliza en las elecciones presidenciales de 2020. Y por muchas otras cuestiones de la política exterior norteamericana, el presidente Biden se encuentra atrapado en la necesidad de no incomodar al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menendez, otro firme detractor del régimen cubano, que para colmo es un demócrata de la circunscripción de New Jersey (el otro estado donde la comunidad cubano americana es numerosa e influyente).

Notas:

[1] Para una explicación más detallada y las referencias bibliográficas de este apartado, remito a la lectura de un balance histórico más amplio publicado anteriormente. Francesc Bayo, Transformaciones limitadas y desafíos persistentes en Cuba, Documentos CIDOB América Latina, n.º 33, Barcelona, 2010.

[2] Carmelo Mesa-Lago y Pavel Vidal Alejandro, El impacto en la economía cubana de la crisis venezolana y de las políticas de Donald Trump, Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano, n.º 19, Madrid, mayo de 2019.

[3] Carmelo Mesa-Lago, El “enfriamiento” de la economía cubana, Nueva Sociedad, Caracas, enero-febrero, 2019.

[4] Rafael Rojas, El cambio generacional en Cuba, Letras Libres, México, 19.04.2018. Armando Chaguaceda y Eloy Viera Cañive, El destino de Sisifo. Régimen político y nueva Constitución en Cuba, Polis. Revista Latinoamericana, nº 58, 2021.

[5] Carlos Alzugaray, La política exterior de Cuba en la era Trump, Pensamiento Propio, n.º 45, Buenos Aires, enero-junio de 2017.

[6] Tullo Vigevani y Fernanda Magnotta, Os atores externos: Agendas e estratégias dos Estados Unidos para a América Latina, Pensamiento Propio, n.º 44, julio-diciembre de 2016.

[7] Carmelo Mesa-Lago, ¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?, Le Monde Diplomatique, 15.07.2021.

[8] Mayra Espina, Reforma y emergencia de capas medias en Cuba, Nueva Sociedad, enero-febrero de 2020.

[9] Iván de la Nuez, Cuba, de la Guerra Fría a la guerra cultural, El País Babelia, 31.07.2021.

[10] Louis Thiemann y Claudia Mare, Economías múltiples y resistencia cotidiana en Cuba: una transición desde abajo, Foro Europa Cuba, Working Paper 15/2020.

[11] Ailyn Torres Santana, Sobre derechos, política y migración cubana hacia Estados Unidos: a propósito de la derogación de la política “Pies secos/Pies mojados”, Cuba Posible, 17.01.2017.

[12] Entre la abundancia de análisis de urgencia ante la explosión social del pasado julio se puede ver Armando Chaguaceda y Melisa Cordero Novo, Cuba: radiografía de una emergencia, Letras Libres, 13.7.2021. Rafael Rojas, El estallido social cubano, El País, 13.07.2021. Javier Corrales, El día en que los cubanos perdieron el miedo, The New York Times (versión en español), 14.07.2021. Carlos Alzugaray, El 11-J en Cuba: contextos, circunstancias y escenarios, Inter Press Service en Cuba, 20.7.2021.

[13] Leonardo Padura, Un alarido, La Joven Cuba, 16.07.2021.

[14] Alina Bárbara López Hernández, Cuba: el partido único ante la crisis, La Joven Cuba, 30.07.2021.

[15] Haroldo Dilla, Cuba: los nuevos campos de la oposición política, Análisis del Real Instituto Elcano, 30/2014. Haroldo Dilla, Los avatares del reformismo en Cuba, Nueva Sociedad, Caracas, enero de 2018.

[16] William M. LeoGrande, Cuba’s Protests Are Diferent This Time, The Nation, 13.7.2021. Versión en español en Cuba News. Peter Kornbluh y William M. LeoGrande, Now Is the Time for Biden to Restaff the Havana Embassy, The Nation, 23.7.2021. Louis A. Pérez Jr., The Many Faces of Regime Change in Cuba, Jacobin, 24.7.2021.

[17] Véase la web Let Cuba Live!

24/8/2021

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