Un juez instructor acusó hace un año a la familia Pujol de ser una organización criminal y el pasado abril la Audiencia Nacional desestimó el recurso interpuesto por el clan contra esa y otras imputaciones. Todos los Pujol están procesados menos Marta Ferrusola, exonerada por razones de salud mental.

Con el recurso, el clan quería hacer recaer toda la responsabilidad en Jordi Pujol (jr.), a quien parece irremediable que condenen. Pero la Audiencia Nacional reitera que todos los miembros de la familia se lucraron. Sostiene asimismo que actuaron de manera coordinada entre sí, abriendo y cerrando cuentas de forma sincronizada o transfiriendo fondos entre las mismas. Crearon, además, sociedades offshore para ocultar los fondos y blanquearlos después. En el auto del juez instructor constan las «fundaciones instrumentales de nacionalidad panameña» de las que son beneficiarios cinco de los hermanos y Marta Ferrusola. El 16 de junio el Juzgado Central de Instrucción resolvió abrir juicio oral al expresidente de la Generalitat y sus siete hijos.

Estoy habituado a que una organización mafiosa se denomine «familia» desde que vi «El Padrino». Pero es la primera vez que me entero de que a una familia se la considere (jurídicamente) una «organización criminal» (lo que no significa que no haya ocurrido antes).      

Pujol creó en Catalunya un Estado clientelar-patrimonial en el que lo público se confundía con lo privado. En el centro se encontraba su clan. Alrededor de éste se fueron formando una serie de círculos concéntricos. Según algunos cálculos unas tres mil personas dependían directamente de la «organización» para subsistir en su día a día.  Sus cargos, empleos, subvenciones, negocios, o concesiones, estaban en manos de la familia Pujol-Ferrusola. Se formó también otro círculo más amplio, cuyas dimensiones no se conocen, integrado por las personas que realizaban ocasionalmente «negocios» con alguno de los miembros del clan o recibían favores puntuales de ellos.

El poder del estado catalán fue manejado como si fuera un patrimonio privado. Y a la inversa: la actividad empresarial privada fue tratada como si fuera un asunto público durante el proceso por el caso Banca Catalana. Pujol convirtió el intento de encausarle en un ataque contra Catalunya.

El periodista Alfons Quintà fue quien hizo saltar el escándalo de Banca Catalana a la luz pública. Publicó en El País un artículo muy documentado del que fue coautor. Tenía una segunda parte preparada, pero ésta fue vetada por Juan Luis Cebrián, director por entonces del periódico, tras recibir una llamada del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Cebrián le mandó a éste una copia del texto que tenía sobre su mesa. También se la hizo llegar a Francesc Cabana, secretario del consejo de administración de Banca Catalana y cuñado de Jordi Pujol. Les dijo que no lo publicaría de momento.

Todo eso se cuenta en «El hijo del chófer«, una biografía psicoanalizada (no novelada) de Alfons Quintà, escrita por Jordi Amat. El autor presenta al periodista como un individuo muy perturbado, marcado por el abandono de su padre. De ahí nacería su resentimiento contra todas las demás personas que le dejaron en la estacada a lo largo de su vida. Tenía clavada con chinchetas una tarjeta de cada una de ellas en la pared de su estudio. Una de las personas asaeteadas era Jordi Pujol. Le odiaba por la cancelación del proyecto de la Enciclopedia Catalana en 1971. En ese momento lo estaba financiando Banca Catalana y se había convertido en una empresa ruinosa. Todos los redactores de entradas de la enciclopedia fueron despedidos, entre ellos Quintà.

También cuenta que tiempo después de la publicación del artículo sobre Banca Catalana, en abril de 1982, Cebrián y Polanco decidieron apear a Alfons Quintà del proyecto de crear una edición catalana de El País. Le traspasaron el encargo a Antonio Franco, entonces director de El Periódico de Catalunya, quien tuvo que darle la noticia a Quintà. Esa misma noche Pujol llamó por teléfono al periodista para fijar un encuentro. En la reunión le insinuó que estaba pensando en él para el proyecto de crear una radiotelevisión pública catalana. Se dio un quid pro quo, que en ningún momento se explicitó, pues ambos conocían los arcanos de la política: tenía que dejar de escribir sobre Banca Catalana. Poco tiempo después, Pujol le encargó formalmente que montara la televisión pública catalana, tv3, haciendo bueno el dicho “mantén cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos”. Un ejemplo paradigmático del tipo de cooptación clientelar que practicaba el President.

Los hechos por los que se encausa ahora a la familia Pujol-Ferrusola por constituir una «organización criminal» constituyen una secuencia que se inicia en 1990.

De acuerdo con el auto de procesamiento, ese año Jordi Pujol Ferrusola empezó a ingresar flujos de dinero de origen presuntamente ilegal en una cuenta de Andorra. Luego repartía esos fondos entre las diferentes cuentas de la familia. Las imposiciones se realizaban mayormente en efectivo para no dejar rastro. Estamos hablando de ingresos que oscilan entre uno y 175 millones de pesetas. Posteriormente se crearon sociedades offshore para ocultar los fondos. En el auto se identifican varias fundaciones panameñas de las que eran beneficiarios cinco de los hijos de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Finalmente se realizaban operaciones de blanqueo para «aflorar» esos capitales. Como ya se ha señalado, el juez consideró a todos los miembros de la familia participantes activos de la trama. Por eso acusa a la familia de constituir una organización criminal.

Jordi Pujol Soley no aparece como titular de ninguna de las cuentas en el principado, pero el auto afirma que:

«Jordi PUJOL SOLEY dispuso de un contrato bancario en la entidad ANDBANK. (…) En esta cuenta corriente figura como titular con carácter formal Jordi PUJOL FERRUSOLA. Existe documentación (…), que revela que los saldos depositados en la misma serían propiedad de Jordi PUJOL SOLEY, ejerciendo su hijo Jordi PUJOL FERRUSOLA exclusivamente de fiduciario, razón por la que formalmente consta como titular» (p.74).

Varios medios de comunicación se han preguntado por qué la familia Pujol-Ferrusola montó ese tinglado y por qué lo hizo en ese momento precisamente. Se suele sostener que el propósito era la conservación del estatus económico y social del clan una vez que Pujol abandonara la presidencia, aunque algunas voces de la «opinión publicada» han elaborado variables de esta explicación que son auténticas tonterías. Era un momento de pugna en Convergència entre los partidarios de Roca y los de Pujol, por lo que el liderazgo del President estaba siendo puesto en cuestión. Pero hay que señalar también que Jordi Pujol no se arruinó con la quiebra de Banca Catalana -como ocurrió con otros accionistas y muchos clientes-. Ocultó sus acciones y las vendió posteriormente a la entidad que adquirió «su» banco.

El «¡enriqueceos!» de Carlos Solchaga expresaba el Zeitgeist o espíritu de la época. Eran los tiempos en que triunfaban gentes como Javier de la Rosa, o Mario Conde. Jordi Pujol Ferrusola ensayó la vía del «pelotazo» asociándose con Lluis Prenafeta y Artur Mas, pero parece que no tenía madera de tiburón de las finanzas, razón por la que presuntamente puso en marcha una vía alternativa para cumplir con el mandato del inefable ministro «socialista».

Pero más allá de las coyunturas y la integridad (o falta de ella) de personas y familias, la corrupción se ha convertido en algo inherente al modo de funcionamiento actual de las instituciones públicas. Eso no exime de responsabilidades jurídicas y morales ni a los corrompidos ni a los corruptores, pero exige indagar cuáles son los factores que convierten la corrupción en algo sistémico si se quiere combatirla con éxito.  Una de las causas está relacionada con la financiación de los partidos políticos, que necesitan cantidades crecientes de dinero para sufragar las campañas electorales y sus aparatos. El margen de discrecionalidad de que disponen los poderes públicos es otro de los factores, especialmente cuando sus decisiones tienen una gran trascendencia económica. Dos ámbitos son especialmente relevantes a este respecto y aparecen asociados a la mayoría de los casos de corrupción: el urbanismo y la contratación administrativa.

No es nada nuevo. Lo que sucede ahora es que múltiples prácticas que antes hubieran sido consideradas corruptas se encuentran legitimadas bajo el manto de la llamada «gobernanza». Parafraseando una frase que dijo Obama a propósito de los «Papeles de Panamá»: muchas veces el problema es que lo que hacen es legal.