Las luchas por los derechos reproductivos y sexuales han impulsado potentes movimientos de mujeres a escala global. Desde las huelgas de mujeres en Polonia a la marea verde de Argentina, desde el Non una di meno de Italia al 8M en el Estado español, junto a las duras luchas en América Latina. ¿Cuáles son los retos actuales y las estrategias que se ponen en juego? ¿Cómo enfrentar las fuerzas conservadoras que buscan seguir recortando y bloqueando derechos? El espacio de debate “Voces situadas” del Museo Reina Sofía reunió a referentes feministas de varios países para intercambiar experiencias y reflexiones sobre el tema. 

En los últimos años, “tres elementos han dado forma a la nueva ola del movimiento de mujeres a nivel global”, señala la feminista española Justa Montero. Se trata de las luchas de Ni una menos contra la violencia machista, los movimientos por derechos reproductivos y también las luchas por cambiar las condiciones materiales de las mujeres. 

El derecho a decidir está atravesado por múltiples reivindicaciones materiales, porque para hacerse efectivo debe ir acompañado de un plan de educación sexual integral en todos los niveles educativos, el libre acceso a métodos anticonceptivos y la sanidad pública para todas las personas (las migrantes sin papeles quedan excluidas). Además, no hay derechos reproductivos si no están garantizadas las condiciones elementales para la reproducción de la vida: ingresos fijos, trabajo, vivienda, etc.  El derecho a decidir también es clave para aspirar a la libre expresión de la sexualidad y el deseo, lo que confluye con reivindicaciones históricas de los movimientos LGTBIQ. 

De la marea verde al grito de América Latina

La madrugada del 30 de diciembre de 2020, las calles céntricas de Buenos Aires explotaron con la emoción de miles de mujeres. Después de décadas de lucha, se aprobaba por fin en el Congreso el derecho al aborto en Argentina. Esta victoria de la marea verde hacía vibrar a las mujeres de toda América Latina. “Nuestra ley incluye a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”, explica Martha Rosenberg, médica y psicoanalista, e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hace casi 20 años, la Campaña “se puso en movimiento en medio de una grave crisis económica, en medio de grandes movilizaciones populares, con la gente movilizada en asambleas populares, fábricas tomadas, piquetes en las rutas, manifestaciones, huelgas. En esas movilizaciones empezó a emerger la voz de las mujeres exigiendo derechos reproductivos”. En 2003, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario (una tradición del movimiento de mujeres de Argentina con encuentros multitudinarios) se realizó una gran Asamblea por el derecho al aborto. Y allí nació la campaña que se identificó desde entonces con el pañuelo verde. 

Sin embargo, la lucha en Argentina no ha terminado. La aprobación de la ley “es un enorme triunfo del movimiento feminista y del movimiento por los derechos sexuales y reproductivos, pero abre el horizonte de otros obstáculos y resistencias”. El proyecto aprobado no fue el presentado por la campaña, sino que fue negociado por la presidencia con sectores conservadores. El nuevo texto “incluye la objeción de conciencia, que es algo restrictivo”. Esta “no deja de ser una vía para la resistencia de las personas que se oponen al aborto. A dos meses de la aprobación de la ley ya hay impugnaciones, procesos y declaraciones de instituciones de salud haciendo una objeción de todo el personal”, asegura Rosenberg.

La situación es mucho más grave en el resto de América Latina, donde hasta el año pasado el 97% de las personas en edad reproductiva vivían en países en donde la ley de aborto es altamente restrictiva, según un estudio de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe. 

Morena Herrera es activista por los derechos humanos en El Salvador, preside la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y forma parte de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. En Centroamérica, la penalización absoluta del aborto es el “ancla del ejercicio de la soberanía patriarcal y neoliberal. El control de la capacidad reproductiva de las mujeres garantiza una sociedad sumisa. Las mujeres nos convertimos en objeto de sumisión y de allí se traslada al conjunto de la sociedad. Se castiga cualquier pretensión de que nosotras no respondamos a esa expectativa de mujer madre”, denuncia Herrera.

Los tres países que se conocen como el triángulo norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– se disputan actualmente cuál tiene la tasa más alta de feminicidios, así como de embarazos en menores. En Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se prohibió la “pastilla del día después” o anticoncepción oral de emergencia, y hace unos meses hubo una reforma constitucional para poner un candado a cualquier modificación legal para legalizar el aborto. En Guatemala, durante el confinamiento, crecieron las tasas de embarazos en niñas de 10 a 14 años, mientras que en Nicaragua “el gobierno de Daniel Ortega ha declarado la guerra a las organizaciones feministas, que vienen denunciando que la penalización del aborto fue uno de los canjes con la Iglesia católica para asegurar la continuidad de ese gobierno”, asegura Herrera. Y agrega un dato escalofriante: en El Salvador, el suicidio de adolescentes embarazadas es una de las primeras causas de muerte materna en esa franja de edad, y las mujeres sospechosas de haberse realizado un aborto pueden terminar en la cárcel. 

“Nosotras celebramos cada mujer que logramos sacar de la cárcel. Son mujeres que llegan a un hospital después de una complicación obstétrica. En las salas de emergencia son denunciadas y transitan del hospital a la cárcel. Son mujeres jóvenes que viven en la pobreza, porque las clínicas privadas no denuncian. Inicialmente se las acusa de aborto, pero después, a veces, les cambian el tipo delito y las condenan a cumplir 30 años de cárcel”. Eso fue lo que ocurrió con Manuela, una mujer salvadoreña que llegó a un hospital con hemorragias. Acusada de haberse provocado un aborto, fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado en 2008. Dos años después, murió de cáncer linfático, esposada a la cama de un hospital. Su caso ha sido llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Colectiva Feminista y la familia de Manuela. 

Fuerzas conservadoras y el caballo de troya de los objetores de conciencia

“El estado, la iglesia y la derecha están en guerra contra nosotras”, pero “el 75% de la gente apoya las huelgas de mujeres, y el 70% de la gente apoya el derecho al aborto”, asegura desde Varsovia Marta Lempart, abogada y activista feminista polaca. Ella es cofundadora del movimiento Ogólnopolski Strajk Kobiet, OSK (Huelga de las Mujeres). El movimiento “Huelga de las mujeres polacas” viene organizando protestas desde el año 2016, y, ahora, el pañuelo verde de las argentinas también es un símbolo de la lucha por el derecho al aborto en Polonia. En plena pandemia, en el otoño de 2020, la derecha conservadora en el gobierno intentó prohibirlo mediante la Corte Constitucional. La respuesta fue un movimiento masivo en más de 150 ciudades polacas. “Sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo, pero lo vamos a hacer, como lo han hecho las hermanas de Argentina”, advierte Lempart, que agradece todo el apoyo internacional que han recibido. 

La situación es diferente en países como Italia y el Estado español, donde el derecho al aborto ya tiene varios años de legalidad. Y, sin embargo, entre la ley y la vida siempre hay distancias, algo de lo que saben mucho las mujeres. En el caso italiano, donde el aborto es ley desde 1978, el poder del Vaticano se hace sentir mediante la objeción de conciencia, que, en los hechos, impide a muchas mujeres acceder a un aborto gratuito. Una situación que se ha agravado con la pandemia y los confinamientos. 

Eleonora Mizzoni forma parte de Obiezione Respinta (Objeción rechazada). Explica que vienen elaborando un mapa de los objetores desde 2007 para concentrar todas las informaciones al respecto y que las mujeres puedan tomar decisiones. En Italia, “el 60% de los médicos son objetores y a veces no hay un solo médico en toda una región que practique abortos. Las mujeres tienen que viajar horas o tomarse vacaciones para abortar. Las personas sin papeles no pueden acceder a un aborto dentro del sistema sanitario”. 

“Esto conecta los derechos reproductivos con las cuestiones sociales –asegura Mizzoni–. El derecho al aborto, el derecho a la vivienda y a tener ingresos para poder escapar de la violencia machista: todas estas cuestiones están presentes en el movimiento Non una di meno”. Las organizaciones feministas denuncian que la ley de objeción de conciencia abre múltiples interpretaciones contra este derecho. Por ejemplo, muchas farmacias se niegan a vender la “pastilla del día después” amparándose en la objeción de conciencia. Así puede ocurrir que una localidad se quede sin farmacias que vendan estos medicamentos. 

“Durante el confinamiento hubo muchísimos problemas. Las páginas del proyecto recibieron una avalancha de pedidos de ayuda. La emergencia pandémica llevó a todo el sistema sanitario a una situación crítica, y el acceso al aborto fue uno de los primeros servicios que sufrieron recortes. La Covid y la gestión de la pandemia ha agravado lo que se viene denunciando hace muchos años”, explica la activista italiana. 

La objeción de conciencia aparece entonces como un mecanismo por el cual las fuerzas más conservadoras siguen bloqueando y limitando el derecho a decidir de las mujeres en numerosos países. Esto se siente con más fuerza en aquellos donde la Iglesia católica mantiene importantes pactos con el Estado, como Italia y el Estado español. 

“Solo en Cataluña tenemos más de un 40% de profesionales en la red pública que son objetores de conciencia. En el resto del Estado español no hay información”, dice Sílvia Aldavert García, coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB). 

¿Cómo puede ser que esta información no sea pública? El Estado se niega a brindar los datos de los objetores de conciencia, con la excusa de la preservación de la intimidad de los médicos. Una mujer sólo se entera que su médico de cabecera es objetor cuando ya está embarazada y quiere realizarse un aborto, lo que genera nuevos problemas. ¿No tenemos derecho las mujeres a saber si el ginecólogo que nos atiende está a favor o en contra de realizar un aborto? 

Además, la ley obliga a reflexionar durante tres días a las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo. Aldavert lo cuestiona: “Esto es una imposición, es la única ley que obliga a los ciudadanos a reflexionar sobre un servicio. Es una imposición del estado sobre nuestros cuerpos. Y con esa imposición se deja claro que las mujeres somos ciudadanas de segunda”. 

Intercambios, experiencias compartidas, estrategias de lucha en común a través de las fronteras. Los derechos sexuales de las mujeres nunca están asegurados, son bloqueados o puestos bajo ataque. En esta sociedad capitalista y patriarcal, el control sobre los derechos reproductivos y la sexualidad aseguran también mejores condiciones para la reproducción del capital. Una sociedad que privilegia las ganancias de algunos sobre la vida de millones, como vemos trágicamente en esta pandemia. Pero la lucha sigue. “Celebramos y lloramos con la ley en Argentina, porque nos ayudó a ver que es posible que las mujeres cambiemos la historia. Ahora acumulamos y construímos esa fuerza tectónica”, asegura Morena Herrera desde El Salvador.

[Fuente: ctxt]