La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Licencia para matar
El colectivo. Periodismo para la Utopía,
Este es un S.O.S desesperado lanzado al aire. Necesitamos la presión de la comunidad internacional -sumada a la actual lucha del pueblo colombiano en las calles- para que Duque abandone el poder y su política de muerte. Nos están matando, encubiertos por la impunidad, el silencio y la devastación moral.
Cumplido un mes de paro popular en Colombia, las cifras de manifestantes asesinados, la mayoría por la fuerza pública, supera de lejos los 60. Nada más ayer, 28 de mayo, cuando se conmemoraba con una gran movilización el primer mes de este paro, en Cali fueron asesinados 12 manifestantes; esa por lo menos es la cifra que se tenía en horas de la noche, la cual puede aumentar ostensiblemente si se considera que hay un número todavía impreciso de heridos en los hospitales, muchos de ellos de gravedad. Los desaparecidos ya superan más de 600 y los cuerpos de algunos de ellos han empezado a aparecer flotando en el río Cauca o desmembrados y sus partes dispersas en diferentes basureros de la ciudad. Y hoy, sábado 29 de mayo apareció uno incinerado en Siloé
Con todo y lo terrible e insensible que puede sonar la afirmación en este momento, las cifras de muertos, heridos, desaparecidos y mujeres violadas hasta el momento no son lo más preocupante. Al parecer lo más terrible está por venir, dada la forma en que el gobierno ha decidido enfrentar estas protestas y el accionar descarado de la Fuerza Pública y sus aliados de civil.
Las imágenes que vimos ayer en Cali, captadas por los propios manifestantes o por habitantes de los vecindarios donde se realizaba la manifestación, son sencillamente espeluznantes. Un video muestra cómo unos policías alejan a un hombre de civil de la multitud y unos cuantos metros más adelante lo sueltan. Entonces puede verse que el hombre lleva en su mano derecha una pistola y se la empretina en la espalda. Los policías no se ven extrañados por la presencia del arma, ni intentan quitársela; el hombre simplemente se queda muy tranquilo entre ellos, como si fuera un policía más.
Otro video, que parece filmado unos segundos o minutos después, en el mismo lugar, muestra que este hombre no era el único civil armado que se movía en medio de la policía. Son muchos, y avanzan hacia la multitud de manifestantes y disparan sus armas indiscriminadamente, luego regresan y se resguardan entre el grupo de policías mientras cargan de nuevo sus armas. De pronto, uno de ellos se da cuenta que alguien a lo lejos está filmando y arremete contra él y la gente que lo acompaña. Hasta ahí llega la toma.
Pero la imagen más espeluznante, quizás, es la que muestra a unos policías que corren paralelos a una multitud de manifestantes, y con ellos corren unos hombres de civil, vestidos con camisas blancas y chalecos antibala negros. Van armados con fusiles y uno de ellos se detiene, asume posición de franco tirador frente a la multitud y dispara una ráfaga. Detrás de él viene otro que trae su fusil terciado, con el cañón hacia abajo, y una pistola en la mano, y la dispara en dirección a la multitud hasta agotar toda la munición, luego sigue corriendo en la misma dirección de los manifestantes que huyen despavoridos y aterrorizados entre gritos y llantos. Parece una cacería humana, de esas que muestran las películas gringas.
Las escenas se presentaron a plena luz del día y a los ojos de todos; las imágenes fueron grabadas en vivo y circularon por redes sociales. A juzgar por la libertad y la sevicia con que los civiles armados disparaban, parece un milagro que solo se hayan presentado siete muertos, la idea era asesinar decenas. El caso es que quien quiso ver tuvo a su alcance estas imágenes y quien alberga todavía algo de sensibilidad pudo conmoverse ante esta evidente afrenta y este profundo desprecio por la vida. Pero el presidente Duque no parece haberse dado por enterado.
Un cheque en Blanco
Las imágenes que pudimos ver ayer de Cali no son realmente nuevas ni exclusivas de esa ciudad. Se han repetido a lo largo de la geografía nacional durante todo el mes de paro y de manifestaciones. La brutalidad policial se ha hecho evidente en sus múltiples formas, una de las más dramáticas ocurridas esta misma semana en la ciudad de Florencia, Caquetá. Allí un policía abrazó por la nuca a un joven y lo apretó hasta producirle asfixia, tal como lo hizo un policía con George Floyd el año pasado en los Estados Unidos, hecho que produjo una fuerte conmoción en ese país. Lo particular de la agresión policial al joven en Florencia es que sucedió ante los ojos de la madre del joven, quien le suplicaba al policía que lo soltara, que el muchacho no estaba haciendo nada, y el tipo permaneció inconmovible. Los amigos del joven y los vecinos grabaron la escena e instaron al policía a que lo dejara ir porque si lo mataba iba a quedar registrado en la cámara; pero tampoco eso le importó.
En las manifestaciones de ayer en Medellín un agente del ESMAD disparó directamente su lanza granadas contra la humanidad de un manifestante, destrozándole la cara. Y este es un hecho que se ha vuelto recurrente en el accionar del escuadrón antimotines, a pesar de estar prohibido por la ley. También se han hecho recurrentes las acciones de civiles armados que disparan contra los manifestantes, a veces desde sus camionetas de alta gama, que en los últimos años se han vuelto símbolo de la ostentosidad mafiosa y paramilitar en nuestro medio. Así fue asesinado el artista pereirano Lucas Villa y cuatro manifestantes que participaban de un bloqueo en Buga.
Ahora se sabe que la Policía está torturando a algunos manifestantes que retiene en las marchas, para obligarlos a confesar que eran vándalos criminales que participaban en los desmanes. Eso ya se sospechaba después de lo acontecido en uno de los almacenes Éxito de Cali, donde el ESMAD retuvo por varias horas a varios manifestantes y luego se encontraron abundantes rastros de sangre en el piso y las paredes. Pero ahora la policía misma ha puesto a circular un video en donde graba a un detenido, Álvaro Herrera Melo, que resulta ser un artista bien reconocido en la ciudad de Cali, estudiante de la Universidad del Valle. En el video, el artista, que está sin camisa, con las manos atadas a la espalda y arrinconado contra la pared, confiesa que estaba con los manifestantes lanzando piedras y palos. Pero se ve con la cabeza reventada y el rostro sangrante, con una mirada perdida, y una expresión demacrada que sugieren un largo sometimiento a la tortura para lograr la confesión.
Este comportamiento de la fuerza pública, que explica la alta cantidad de muertos, la multitud de heridos y las centenas de desaparecidos durante el paro, provocó una moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada por la oposición en el Congreso. Pero en las votaciones del Senado el asunto fue decepcionante. Los partidos aliados al gobierno no atienden razones, no se conmueven ante los hechos, no se sensibilizan ante los muertos. Solo actúan movidos por sus intereses económicos y políticos y defienden su alianza instrumental con el gobierno a cualquier precio. La votación fue 69 votos en contra de la moción y apenas 31 a favor.
El hecho, desde luego, ha sido interpretado como un aval a la estrategia del ministro de guerra y al accionar de la Fuerza Pública con sus aliados de civil. Es decir, una licencia para matar impunemente. No es gratuito que el desmadre de la Fuerza Pública y el descaro de los paramilitares en Cali se presentara un día después de que el Senado les hubiera expedido esta patente de corso.
Una respuesta infame
Aunque lo más dantesco de la jornada en Cali fue la desproporcionalidad del uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, y el accionar de hombres de civil que disparaban contra los manifestantes, protegidos por la Policía, la gobernadora del Valle del Cauca, en horas de la tarde, le pidió al presidente Iván Duque un mayor despliegue militar en la ciudad de Cali y en todo el departamento, y hacer efectivo su decreto de asistencia militar.
Muy solícito, el presidente Duque llegó a la ciudad de Cali en las horas de la noche, se reunió con la “gente de bien” de la ciudad, entre ellas sus autoridades, y anunció sus medidas. Todas se reducen a un mayor despliegue militar, al envío de un número importante de efectivos del Ejército para apoyar a la Policía en “el restablecimiento del orden público”, lo cual implica levantar todos los bloqueos. Este es el asunto más importante para el presidente, un inamovible que le ha impedido precisamente instalar las mesas de diálogo con el Comité Nacional De Paro. Ni una palabra dijo a propósito de los abusos de la Fuerza Pública ni mucho menos de los civiles armados que dispararon a diestra y siniestra, protegidos por esta. Con ello, el presidente Iván Duque no hace más que naturalizar la situación y asumir que los civiles armados que disparan contra las multitudes son un apoyo legítimo de la Policía en su tarea de preservar el orden. Algo que, a todas luces, es improbable en cualquier Estado de Derecho.
Blindaje internacional
A pesar de todos los horrores cometidos por la institucionalidad, encabezada por el presidente de la República, Colombia hoy no es noticia en el mundo. Eso tiene que ver, fundamentalmente, con que la comunidad internacional también ha decidido extenderle al gobierno colombiano una patente de corso, mientras siga protegiendo los intereses del capital transnacional.
La administración de Joe Biden, de hecho, en el colmo del cinismo, ha felicitado al presidente Duque por el tratamiento que le ha dado a las manifestaciones y por los esfuerzos que, supuestamente, ha hecho para garantizar los derechos humanos en medio de estas protestas. Y como para que esto no quedara en un simple formalismo, acaba de solicitar al Congreso de los Estados Unidos que apruebe una asistencia económica al gobierno colombiano de US$ 453.8 millones, una cifra superior incluso a la que en su momento solicitó la administración Trump.
Por su parte, los tradicionales medios de comunicación nacionales parecen haber decidido seguir el libreto del gobierno en el cubrimiento de las protestas. Sobre los abusos de la fuerza pública ya nada dicen y cuando hablan de los muertos es de pasada y de forma anodina. El asesinato de cuatro manifestantes en Buga la semana pasada, a manos de civiles que dispararon desde una camioneta, prácticamente no tuvo lugar en los medios oficiosos, más allá de una mención escueta. Las noticias se concentran sobre todo en la forma como los bloqueos afectan a la economía, producen desabastecimiento y limitan la movilidad de la gente.
El colmo del cinismo lo representó Noticias Caracol TV en su emisión de ayer en la noche. Aunque su presentador, Jorge Alfredo Vargas, reconoció que se había visto a civiles armados disparando al lado de la Policía, no desarrolló la noticia más allá del enunciado. Además, dijo abstenerse de publicar las imágenes por respeto a las víctimas, como si la denuncia visual que evidenciaba a los civiles protegidos por la Policía mientras disparaban contra los manifestantes pudiera ser una ofensa para las víctimas de estos asesinos. En ese sentido, parece valiosa la actitud de Félix de Bedout, quien publicó las imágenes en su cuenta de Twiter, advirtiendo que la Policía tiene que dar explicaciones sobre lo que esas imágenes evidencian. Entre tanto, hoy muchos de los videos que circulaban por Facebook han sido bloqueados, con la advertencia de Contenido delicado: “Este video incluye contenido que a algunas personas les puede resultar delicado”. Todo pareciera una estrategia para mantener Desinformada a la comunidad nacional e internacional sobre lo que realmente está haciendo el presidente Iván Duque para enfrentar esta coyuntura de protestas contra su gobierno.
¡Nos están matando!
Este es un llamado desesperado que no puede seguir siendo escuchado simplemente como un eco que viene desde muy lejos. Se levanta aquí y ahora y se renueva con cada infamia cometida por el gobierno contra las manifestaciones legítimas del pueblo. Lo que empezó como una protesta contra una reforma tributaria y se convirtió luego en una protesta contra toda la política económica y social de este gobierno, es ahora una protesta contra la barbarie y el carácter asesino que han evidenciado el gobierno y la clase dirigente. Es ya una protesta contra las instituciones, corroídas desde la raíz por la cultura mafiosa y el paramilitarismo, lo que se expresa en un Estado autoritario, con todos los poderes -desde el Congreso, los órganos de control y buena parte de las Altas Cortes, hasta los medios masivos- cooptados por el gobierno.
Si el presidente es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas, entonces tendría que responder por sus desmanes. Y eso no solo porque la Fuerza Pública se le haya salido de control, sino más bien porque sigue a pie juntillas sus órdenes. Pero ante el comportamiento asesino que ha desplegado este gobierno durante estas protestas, no parece quedar otra opción que su salida y ello solo podría ocurrir por la presión de la comunidad internacional, que hasta ahora parece más bien ciega y sorda. A esto habría que agregar el bloqueo que realiza el gobierno a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, a petición de algunas organizaciones sociales en Colombia, se ha ofrecido a verificar en el territorio la situación de los derechos humanos en el marco de la protesta social.
Hay quienes dicen que el gobierno pretende provocar una guerra civil como salida a la pérdida de legitimidad que ha sufrido. Esta sería tal vez la única posibilidad de que Iván Duque abandone el gobierno, después de someter a sangre y fuego a todos sus opositores, sin ir a la cárcel, y sin que le pase lo mismo a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esta estrategia, el gobierno de Iván Duque tendría como aliado al imperio norteamericano que vería en ello la posibilidad de desestabilizar la frontera con Venezuela e incursionar por fin en el territorio vecino para acabar con el régimen de Maduro e imponer su títere de turno.
Pero no va a haber una guerra civil en Colombia, sino una masacre. De hecho, ya el gobierno está tratando a quienes participan en la protesta social como si fueran un actor armado en una guerra civil y lo que está dejando es una masacre bárbara. Y es que mientras el gobierno tiene las armas, el apoyo del imperio, el silencio de los medios y el accionar de los grupos paramilitares y de narcotráfico, el pueblo solo tiene su rabia y su dignidad. Dos fuerzas inconfrontables.
Fuente: https://elcolectivocomunicacion.com/2021/05/29/licencia-para-matar/
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2021