Todas las crónicas recuerdan que el día en el que se declaró la Segunda República era soleado. No se conocían entre ellos pero, a juzgar por sus respectivas memorias, la aristócrata comunista Constancia de la Mora y el periodista catalán Josep Pla, coincidieron al mismo tiempo —entre las tres y las tres y media de la tarde— en la plaza de Cibeles de Madrid, una en un taxi y el otro a pie derecho, mirando embobados los balcones del segundo piso del Palacio de Correos y Telégrafos. Había tanta gente agolpándose en la calzada, que el chófer que llevaba a la joven Constancia a su casa tuvo que frenar en seco. Ella sacó la cabeza por la ventanilla para enterarse de lo que sucedía y pudo ver, con el don de la oportunidad, cómo el personal de la casa desplegaba en el balcón central una bandera de colores rojo, amarillo y morado. Constancia y el taxista salieron del coche y se mezclaron con la multitud, que no paraba de crecer. En el resto de nobles edificios públicos que rodean la fuente de la diosa griega, descendían las banderas monárquicas y «entre aplausos frenéticos de la muchedumbre» se alzaba la tricolor. En esa tarde «clara y magnífica», escribe Pla, «una gran cantidad de gente, más bien pasmada, mira la bandera izada». Podría haber llovido, algo plausible un 14 de abril en Madrid, pero que se recuerde siempre con tanta viveza el clima de aquel día tiene que ver, para algunas historiadoras, con la identificación del sol como símbolo de luz, renacimiento y sabiduría, una escenografía entusiasta para el apasionante momento histórico que oficialmente se decretaba aquel día.

Constancia, que vivía arrullada por el mundo de la alta burguesía del barrio de Salamanca, nieta de ministros, emparentada con los Maura —conservadores hombres de gobierno—, casada con un antirrepublicano, gracias a la República se desclasó como pudo y se divorció en cuanto pudo, aprovechando la primera ley que lo permitió en España, poco menos de un año después de la soleada mañana. La Segunda República fue un periodo de cambios significativos para la vida de las mujeres, tanto en el ámbito público como el privado, en la cuestión del acceso a la igualdad legal y a la ciudadanía política. Pero «debido a lo corto del periodo y a la lentitud con la que cambian las mentalidades y las relaciones de género», según afirma la profesora de la Universidad de Valencia Vicenta Verdugo, no dio tiempo a que estas transformaciones llegaran a todas las mujeres. Entre mayo de 1931 y el verano de 1933, el Gobierno socialista promulgó 17 textos legales que hacían referencia específica a la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos cívicos de estas, aunque encontrarían limitaciones posteriores en la práctica.

Lo que aparece en los años 30 es una élite femenina que ha podido disfrutar de estudios superiores, desde el 8 de marzo de 1910 las mujeres estaban autorizadas para matricularse en las universidades públicas. Son cultas, críticas, muchas de ellas feministas y transgresoras. No surgen de la nada: vienen del intenso asociacionismo anterior, como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), creada ya en 1918 por la directiva y concejala María Espinosa de los Monteros y la periodista y enfermera —conservadora y católica— Consuelo González Ramos para luchar por el sufragio femenino, la educación y el trabajo digno. La Unión de las Mujeres de España, presidida por la marquesa Lilly Rose Schenrich o la valenciana Liga Española para el Progreso de la Mujer, presidida por Ana Carvia Bernal, se constituyeron también en la década de los diez. En el manifesto fundacional de la ANME ya llamaban a «la unión de todas las mujeres para formar un partido feminista capaz de imponer el debido respeto a nuestros ideales». «El feminismo de hoy —explica la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III Rosario Ruiz Franco— es deudor no solo del de la Segunda República sino de todas aquellas iniciativas, propuestas y reivindicaciones históricas anteriores. Durante la Segunda República lo que ocurre es que el contexto histórico favorece que se concreten demandas e impulsen medidas».

Esta élite femenina intelectual, muy presente en la opinión pública, estaba ligada al institucionismo, un proyecto pedagógico que tuvo en la Institución Libre de Enseñanza su máxima expresión. Formaba parte de él la Residencia Internacional de Señoritas, creada por la Junta de Ampliación de Estudios, que ayudaba a los universitarios a estudiar fuera de España, como un Erasmus de la época. Estaba dirigida por María de Maeztu, quien había tenido una formación universitaria tanto en España como en el extranjero, de donde se trajo la idea del ‘college’ anglosajón. Por la Residencia pasaron las abogadas Victoria Kent y Clara Campoamor, la escritora Margarita Nelken, las pintoras Maruja Mallo y Deli Tejero, la periodista Josefina Carabias, la química Dorotea Barnés González o la meteoróloga Felisa Martín Bravo, por citar solo algunas de las muchas mujeres destacadas que convivieron compartiendo una educación integral que definió el espíritu del momento. De Maeztu dirigía también el Lyceum Club Femenino desde 1926, un espacio de libertad, encuentro y discusión del que formaban parte algunas de las anteriores y muchas otras intelectuales del momento, como María Zambrano, Carmen Conde, Elena Fortún, Ernestina de Champourcin, Zenobia Camprubí o Rosa Chacel.

Tres de esas mujeres residentes se convirtieron en las tres primeras diputadas de las Cortes en España: Kent, Campoamor y Nelken, elegidas gracias al derecho de sufragio pasivo pero en unas elecciones con sufragio universal únicamente masculino. El Congreso constituyente del que formaron parte tuvo la encomienda de aprobar o no el derecho al voto para las mujeres. Es conocida la opinión contraria de Victoria Kent: «creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española», dijo dirigiéndose a sus señorías, «no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad», defendiendo por parte del Partido Radical Socialista una estrategia política por el miedo a que las mujeres volcaran su voto hacia las derechas. Al poco, Alcalá-Zamora le dio un cargo en su Gobierno Provisional, ejerciendo durante un año la Dirección General de Prisiones, materializando así el proyecto de humanización de las insalubres cárceles españolas que ya había iniciado Concepción Arenal. Desarmando el pensamiento en clave electoral de Kent, Campoamor le contestó que no dar el voto a las mujeres sería «un gravísimo error político» y que ella había constatado cómo los mítines congregaban a más mujeres que a hombres. Tras el intenso debate político, las Cortes aprobaron el sufragio activo universal por 161 votos a favor, pero con 121 en contra y 188 abstenciones. Dos años después, las derechas ganaban en las elecciones de 1933. La historiografía posterior adjudicó a la participación electoral —y en particular su abstención— de las mujeres el triunfo de la derecha y no fue hasta el año 2000 que estudios más rigurosos analizaron el comportamiento por sexos y concluyeron que la izquierda hubiera perdido aunque las mujeres no hubieran votado. Ideologías aparte, el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres no supuso, en cualquier caso, ni su plena integración en la vida política ni la consecución de la igualdad real, sino un primer paso truncado por culpa de la sublevación militar y la dictadura posterior.

En el mundo laboral, lo que realmente representó un revulsivo no fue la presencia de una amplia mayoría de mujeres trabajadoras de las clases populares, porque ya existía de antes; la novedad fue la incorporación de las mujeres de clases medias al sector servicios, un acontecimiento que según explica Verdugo en su conferencia ‘La República de las mujeres’, suscitó la opinión entre el sector conservador de que «tendría consecuencias funestas como la desaparición de la familia y la pérdida de la feminidad».

Según las estadísticas oficiales, que por supuesto no visualizan, al igual que hoy en día, la ingente cantidad de trabajo sumergido, en especial en el servicio doméstico, tenían un empleo remunerado solo el 9% de la población femenina. En general, las mujeres suponían el 12% del total de trabajadores y trabajadoras, que en su gran mayoría realizaban el trabajo productivo fuera del hogar y el reproductivo dentro. Las condiciones laborales eran peores para las mujeres que para los hombres. Aunque en 1931 se estableció la jornada laboral de ocho horas, esta tenía algunas excepciones, como por ejemplo en el trabajo doméstico. Y, por supuesto, los salarios también eran inferiores, pues las mujeres ocuparon primero los empleos no cualificados. Otro de los avances del Gobierno Provisional fue el seguro de maternidad. Isabel Oyarzábal, candidata socialista a las cortes, periodista y primera mujer inspectora de trabajo en España, fue de las que lo defendió firmemente, así como la UGT. He ahí otra de las desinformaciones habituales sobre la Segunda República: las mujeres no se sindicaron. No es así, en el año 32 la UGT vió un notable incremento de afiliadas, en parte debido a la efectiva propaganda sobre el seguro de maternidad; en ese año eran casi 42 mil las ugetistas y el sindicato había visto subir sus inscripciones de 277.000 a casi un millón en el primer año de la República.

Mientras se normalizaba la presencia femenina en la esfera pública, la sociedad se preguntaba cómo debería ser una mujer, qué es ser una mujer. El Gobierno podía laicizar las relaciones familiares pero el patriarcado tiene sus propios tiempos y maneras. Para Rosario Ruiz es «el ámbito privado y la vida cotidiana la gran desconocida» en los estudios sobre la historia de las mujeres en la Segunda República —o historia de las relaciones de género, como prefiere llamarla la profesora Luz Sanfeliú—, «por dos razones: la falta o dificultad de las fuentes y el interés prioritario por lo público y la participación política como novedoso de esa época». El cuestionamiento amoroso es otro pequeño paso en la emancipación de las mujeres de los años 30. Desde el «amor plural» enraizado en el anarquismo y que ya había propuesto Teresa Claramunt, como una predefinición del poliamor, a la discusión en torno a una nueva idea de maternidad como la que expuso públicamente la anarquista Lucía Sánchez Saornil: «antes que la madre, debe estar la mujer».

El debate sobre los entornos no mixtos ya estaba sobre la mesa durante la Segunda República. Mientras Federica Montseny era contraria a ellos, la poeta, activista y empleada de Telefónica Sánchez Saornil se separó de la CNT para crear la muy reivindicada —en la actualidad— asociación y revista Mujeres Libres, que alcanzaría las 20.000 afiliadas tras la sublevación militar. Saornil, junto a la abogada Mercedes Comaposada y la médica Amparo Poch, recogieron el legado cultural del movimiento libertario y lo reformularon para abordar el tema central de la autonomía de las mujeres. Saornil fue expulsada de la Compañía Telefónica por sus actividades anarcosindicalistas en 1931, puesto que fue una de las impulsoras de las huelgas que tuvieron lugar en la empresa en los años anteriores. A partir de ahí, se dedicó a la militancia, a la lucha de clase con una decidida defensa de la emancipación femenina, diseñando espacios para la capacitación laboral, y la organización de las mujeres de la clase obrera.

La disidencia política y sexual

La reconocida historiadora de origen irlandés Mary Nash se ha dedicado a estudiar a las mujeres de este periodo durante toda su carrera. De muy joven, en los años 70, localizó la documentación de Mujeres Libres en un infierno, las salas donde se escondían los materiales prohibidos por el franquismo. A partir de ahí, tuvo la oportunidad de entrevistarse con algunas de las mujeres que habían participado en esta organización feminista. Tuvo que ser el lenguaje corporal de ellas, y no la palabra, lo que le dio a entender cuál era la orientación sexual de Lucía Sánchez Saornil. El lesbianismo era un tema absolutamente tabú. Desde 1919, Lucía publicaba poemas en las mejores revistas de la vanguardia literaria, en los que hablaba del deseo sexual lésbico, pero lo hacía oculta tras el pseudónimo masculino Luciano de San-Saor. No era raro que las escritoras de la época se escondieran tras la máscara de la masculinidad, como María de la O. Lejárraga tras la creación teatral firmada con el nombre de su esposo, Gregorio Martínez Sierra. La investigadora Laura Vicente, experta en Mujeres Libres, dice que Lucía nunca ocultó su lesbianismo ni la relación con su pareja, América Barroso, en la organización que dirigía. Aunque el silencio sobre ello se impuso hasta los años 80, porque la historia de las lesbianas está «marcada por los silencios, la marginación y los eufemismos» como dice María Jesús Fariña, profesora de la Universidade de Vigo. Una de las socias del Lyceum madrileño fue la escenógrafa Victorina Durán, quien dejó constancia del Círculo Sáfico, un grupo de lesbianas entre las que estaba Victoria Kent, quien a diferencia de Victorina ocultaba su orientación celosamente, y la propia María de Maeztu, a quien se suponía amante de la chilena Gabriela Mistral. Ni siquiera en tiempos de la República es fácil la disidencia sexual para las mujeres: «en general la mirada sobre la homosexualidad en esos años ya era complicada y desfavorable, no se veía con normalidad, a pesar de los círculos modernos y liberales como el del Lyceum Club», explica Luz Sanfeliú. Victoria Kent y el socialista Luis Jiménez de Asúa impulsaron que en la reforma del Código Penal de 1932 se eliminara la homosexualidad como agravante de la delincuencia. Un año después, la Ley de Vagos y Maleantes eliminó las relaciones entre personas del mismo sexo como delito, excepto entre militares.

Quienes siguieron siendo consideradas criminales fueron las prostitutas. Las fuerzas políticas y sociales más progresistas del momento eran abolicionistas. En los primeros meses de República se sustituyó el Patronato para la Trata de Blancas por el de la Protección de la Mujer. «La ley no puede reglamentar un vicio», declamó Clara Campoamor en el hemiciclo durante el debate sobre la abolición de la reglamentación de la prostitución, que imperaba en España desde mediados del siglo XIX. Para la diputada, uno de los argumentos era que «las víctimas de la prostitución son, en un 80 por ciento, mujeres menores de edad» y carecía de sentido ser garantistas con la protección del menor por un lado y, por otro, permitir que ejercieran trabajo sexual. Finalmente, la abolición se consumó en 1935 aunque la República procuró defender los derechos de las prostitutas suavizando durante ese tiempo «el sesgo misógino de la reglamentación», como señala la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Mercede Rivas: eliminando la prohibición de las mujeres prostitutas de frecuentar espacios públicos y la inscripción forzosa en el registro de las prostitutas, así como el desarrollo de numerosos programas sanitarios de difusión de propaganda antivenérea y de educación sexual.

La genealogía —la fuerza de tiempos pasados con la que los seres colectivos dominamos nuestro presente— es importantísima para entender la mirada que desde hoy tenemos a la historia de las mujeres y en especial a la exhaustiva atención que se le ha puesto para reparar los olvidos históricos de este periodo del siglo XX. Aunque no está todo dicho. Para Luz Sanfeliú, «ningún periodo está nunca suficientemente estudiado. Hay mucho aún por conocer del siglo XX y, por supuesto, de la Historia de las Relaciones de Género (que comprende un análisis de los contextos, de las ideologías, de las identidades masculinas y femeninas, de todo el aparataje cultural, símbolos, imágenes, ritos, etc). Hay millones de mujeres que se implicaron en la construcción de su tiempo, también mujeres obreras o de clases populares, de las que estamos ahora empezando a saber alguna cosa».

[Fuente: eldiario.es]