La propuesta de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, de encabezar la candidatura de esa formación política para la Asamblea de Madrid en las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo ha reforzado las posibilidades de las fuerzas progresistas de desalojar a Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Paralelamente, Iglesias ha anunciado su dimisión de la Vicepresidencia segunda del Gobierno de coalición progresista, con lo que renuncia a presentarse como candidato a las próximas elecciones generales, y que le sustituirá en el liderazgo la nueva vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Ambos hechos han modificado el marco del debate sobre las expectativas y reequilibrios de las fuerzas de progreso y, en particular, los retos y las prioridades de su formación política. Como suele decirse, esa opción ha pateado el tablero político, y ello ha acelerado la necesidad de reinterpretar y redefinir los distintos proyectos y liderazgos. La opinión pública y mediática se ha volcado en la valoración del sentido de la nueva situación, así como de las posibilidades de las trayectorias político-electorales y la reestructuración de los poderes institucionales.

Más allá del ruido informativo creado, es preciso analizar estos hechos con perspectiva. Se entremezclan diferentes dimensiones políticas y temporales, en un contexto de grave situación socioeconómica y confrontación política y mediática. No hay que perder de vista la tarea estratégica para las fuerzas progresistas de los planes de modernización económica, la democratización institucional y el refuerzo de las políticas sociales y del Estado de bienestar frente a la fuerte precariedad laboral y vital y la desigualdad social y de género, cuyo epicentro está precisamente en Madrid, la región más rica de España y donde se concentra más poder.

En el plano estatal, el fondo de la pugna es por la legitimidad de cada bloque político (izquierda, derecha y grupos nacionalistas periféricos, particularmente el catalán), con la recomposición interna de cada uno, y la encrucijada táctica y estratégica para controlar el poder institucional e implementar su gestión. Se trata de la consolidación o no de la dinámica de cambio de progreso, con una orientación democrática, social e igualitaria y el encauzamiento de la plurinacionalidad que se inició hace dos años con la moción de censura y la posterior formación del Gobierno de coalición de izquierdas, o bien de su bloqueo y los riesgos de involución derivados del reaccionarismo conservador, neoliberal y centralizador que representan Díaz Ayuso y el Partido Popular en alianza con Vox. Se confrontan dos proyectos de país y su pugna por el predominio institucional, que las izquierdas solo pueden consolidar mediante la alianza con los nacionalismos de izquierda (y de centro, como el PNV).

Ha quedado relegada la opción pactista entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con un nuevo bipartidismo que ciertos sectores poderosos añoran, la marginación de Unidas Podemos, el bloqueo de los nacionalismos periféricos y la ruptura del bloque de la investidura de Sánchez. Pero también ha quedado desinflada la opción centrista, que lleva intentándose desde hace varios años, de una alianza entre PSOE y C’s con el deseo de la subordinación o irrelevancia de UP, pero con la realidad de su papel determinante y el hundimiento de Ciudadanos. El objetivo de un Gobierno socialista en solitario en España y más aún en Madrid, aunque sea con acuerdos de geometría variable, debe esperar.

Existe cierta complejidad y, al mismo tiempo, impaciencia por comprender y adecuarse a las nuevas condiciones y objetivos. Se conjugan los dos ámbitos, el estatal y el de la Comunidad de Madrid. Se combinan las tareas inmediatas, derrotar a las derechas del Partido Popular y Vox (Ciudadanos se va cayendo) en su principal feudo de poder institucional y con su radicalización trumpista, con los objetivos a medio plazo: impulsar el cambio de progreso en lo que queda de legislatura y ganar las elecciones generales (previstas para dentro de más de dos años) para asegurarlo en la siguiente, así como consolidar el Gobierno de coalición, la alianza progresista y la articulación plurinacional.

Desalojar del Gobierno madrileño a Díaz Ayuso y su alianza con la ultraderecha

No hace falta detallar las actuaciones erráticas de la presidenta madrileña, su inacción gestora para proteger a la sociedad madrileña, su permanente confrontación y crispación institucional y su continuada provocación mediática. A tenor de diversos estudios demoscópicos, esa estrategia le permite retener una parte del electorado que se estaba yendo a Vox y recuperar otra parte del fracasado Ciudadanos. La conformación de las mayorías electorales está por ver, no hace falta especular; el 4 de mayo lo sabremos.

Partimos de la fragmentación de los dos campos. Por un lado, de las tres derechas (PP, Vox y Ciudadanos), cuyos dirigentes insisten en que renegociarán su estatus de aliado con el PP en el caso de que consigan representación en la Asamblea. Por otro, de las tres fuerzas progresistas (PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid), una vez garantizado que las tres tienen representación institucional, en un sistema proporcional y a la espera de su reequilibrio interno. Pues bien, las posibles alianzas se definen por los dos bloques que deben pactar la gobernabilidad en su interior, las derechas y las izquierdas. Veamos algunas razones e implicaciones para derrotar a las derechas y formar un Gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.

La gestión institucional del Partido Popular durante el último cuarto de siglo se puede resumir en cuatro ejes: políticas neoliberales y de recorte de los servicios públicos; incremento de la desigualdad social y la precarización laboral, vital y habitacional de las mayorías sociales; degradación democrática derivada de la corrupción demostrada y la manipulación mediática e institucional, y conservadurismo reaccionario, centralista y antifeminista. A la consolidación de esas políticas, el proyecto que representa Díaz Ayuso añade un doble riesgo: la radicalización derechista con la entrada y la normalización institucional de Vox, y la afirmación de ese modelo neoliberal y reaccionario para toda España. Bajo esa estrategia busca la hegemonía electoral de las derechas en las próximas elecciones generales, una nueva alianza con los grupos de poder (económicos, mediáticos e institucionales) y el desplazamiento de las fuerzas de progreso. Es dudoso que, aunque gane en la Comunidad de Madrid, ese viraje ultraconservador hacia la derecha (y el españolismo antinacionalista periférico) le facilite ampliar su espacio electoral en el conjunto de España. Parece que contiene el ascenso electoral de Vox en Madrid (no en el resto de España), pero es contraproducente para acceder al Gobierno en las siguientes elecciones generales. Esa limitación para recuperar suficiente electorado centrista sería el conflicto parcial con Casado, el líder del PP, y algunos de sus barones, que persiguen el poder pero intentando combinar las dos barajas: la involución derechista de la mano de Vox, con concesiones a su discurso para recuperar parte del electorado perdido, y cierta imagen de centroderecha para no dejar ese espacio centrista en manos del PSOE y ante la deseada debacle de Ciudadanos.

En todo caso, habida cuenta del bloqueo de sus relaciones con las derechas nacionalistas (vasca y catalana), y a poco que las fuerzas progresistas no cometan grandes errores, las derechas y su proyecto regresivo lo tienen difícil para hacerse con el Gobierno del Estado. Su objetivo mínimo se quedaría, como hasta ahora, en torpedearlo desde su buque insignia de la Comunidad de Madrid. Y ello por mucho que maquillen con palabras hermosas como ‘libertad’ (para los poderosos) sus políticas de desigualdad y segregación.

Hay que derrotar ese plan, no solo por sus implicaciones de giro derechista e involución social y democrática para la gobernación y la institucionalidad de España (y modelo a vender en Europa), sino también por el desastre socioeconómico y vivencial que conllevaría para las mayorías sociales madrileñas. Se merecen (nos merecemos) una nueva vía de progreso para la sociedad y las instituciones de Madrid, una oportunidad de avance social y democrático, un refuerzo de la representatividad de las fuerzas progresistas y de izquierda, una nueva dinámica de convivencia, igualdad y solidaridad.

Se trata de afrontar, desde un proyecto progresista y solidario de país, los grandes retos de hoy en día: atajar la crisis sanitaria y socioeconómica; relanzar la modernización económica, productiva y medioambiental; fortalecer la cohesión social, la igualdad de género y la protección pública, y regenerar y democratizar la vida institucional y la regulación de la plurinacionalidad.

Solamente cito un factor fundamental para garantizar el cambio de progreso: la activación cívica y electoral de la gente joven, cuya mayoría, particularmente las mujeres, está sufriendo una vulnerabilidad social y una precariedad laboral que agravan la incertidumbre de sus trayectorias vitales y que requieren respuestas creíbles en ámbitos como el sociolaboral, el habitacional y el de la igualdad de género. Es la base social fundamental de las izquierdas transformadoras y las fuerzas progresistas. Hay que desactivar el riesgo de su desafección o pasividad sociopolítica y electoral. Es, quizá, el elemento clave para garantizar una participación activa en este proceso y derrotar al proyecto reaccionario de las derechas. Es la reafirmación de lo que llamo el nuevo progresismo de izquierdas, ecologista y feminista.

Lo que se ventila este 4 de mayo en Madrid es la alternativa entre la involución social y democrática y el avance de progreso y sus implicaciones en los ámbitos regional y estatal. Quedan pendientes de explicar los reequilibrios y acuerdos internos en cada bloque, en particular en el campo progresista, con su impacto a escala estatal y de cara a la consolidación (o no) del Gobierno de coalición y las expectativas para la próxima legislatura. Habrá que volver sobre ello.

La propuesta de Gabilondo y la difícil unidad progresista

Ante las elecciones madrileñas del 4 de mayo ya se están delimitando los campos de fuerzas y las alianzas políticas. Tras el posicionamiento de Ángel Gabilondo, candidato socialista, son tres las alternativas de gobernabilidad básicas: una de derechas, con la hegemonía del Partido Popular y su necesaria alianza con la ultraderecha de Vox, con una posición influyente aunque no entre en el Gobierno; una de izquierdas o progresista, con el acuerdo de las tres formaciones, Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos, siguiendo el modelo integrador, plural y transformador del Gobierno de coalición estatal e incluso sin descartar un papel subalterno de Ciudadanos; una de centroizquierda, del Partido Socialista, Más Madrid y Ciudadanos, este con un papel destacado, pero, sobre todo, con la exclusión de Unidas Podemos y la reafirmación de una política centrista y continuista en materia fiscal, distributiva y social.

Antes explicaba el contexto de estas elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y sus implicaciones regionales y estatales, con la apuesta por el desalojo gubernamental de las derechas y la necesidad de una nueva etapa de progreso. Aquí, en cambio, me detengo a valorar esa tercera opción, propuesta por Gabilondo. Las tres ideas que adelanto son que no es realista al confiar en el acuerdo con Ciudadanos; que es divisiva al romper el campo común progresista y desplazar abiertamente a Unidas Podemos, generando una dinámica competitiva con su izquierda, y que desactiva la movilización electoral de las izquierdas por un cambio progresista, elemento clave y colectivo del conjunto del campo progresista para incrementar su participación y vencer a las derechas. Por tanto, la conclusión es que es perdedora, frustra los deseos de cambio de progreso y no incrementa las expectativas de mejora electoral de las fuerzas progresistas. Expresa la dificultad de la unidad de las izquierdas. Veamos con el máximo rigor algunos datos concretos y expliquemos, con la mayor cautela, las propuestas y los equilibrios para la gobernabilidad de la CAM y su impacto.

En primer lugar, está la incógnita de si Ciudadanos va a conseguir representación en la Asamblea regional, ya que todas las encuestas lo sitúan en la frontera del 5% mínimo para acceder a ella. Si no supera ese límite volveríamos a la confrontación entre los dos ejes, izquierdas y derechas. La propuesta de Gabilondo dejaría de ser operativa.

Si Ciudadanos obtiene representación y ninguno de los dos bloques tiene mayoría, su papel determinante para formar mayorías parlamentarias y gubernamentales probablemente se encamine hacia la renegociación de una mayoría gubernamental de derechas, similar al anterior Gobierno de Ayuso pero con un papel más relevante de esta. Así lo confirman sus dirigentes, aunque se reserven la amenaza de buscar una alianza con el PSOE para reforzar su posición negociadora con el PP y garantizar que Vox solo lo apoye desde fuera, algo que ya ha aceptado Casado. Gabilondo se quedaría también sin su opción.

Por tanto, se están definiendo los mensajes principales, la caracterización propia y la del adversario. Se prefiguran tres posibilidades de proyecto político y Gobierno de la CAM, con su propia justificación discursiva. Están claras las dos primeras en el caso de que Ciudadanos no obtenga representación: un Gobierno de derechas trumpistas, con el PP (quizá en solitario) y un Vox influyente desde fuera, o bien un Gobierno progresista, con PSOE, MM y UP.

Una estrategia electoral problemática

En ese caso, la estrategia centrista de Gabilondo tendría un recorrido limitado: atraer a una pequeña parte del electorado de Cs y ampliar algo su representatividad distanciándose de la suma de UP y MM, pero sin poder implementar un Gobierno y una política centristas; su alternativa tendría solo ese objetivo instrumental, aunque con efectos divisivos en el campo progresista. La cuestión es que una alternativa planteada solo como discurso en la campaña electoral, aunque consiga unos pocos votos de Cs, constituye un fracaso político. No tendría aplicabilidad gubernamental y programática, acarrearía efectos perniciosos para la unidad del campo progresista e impediría imprimir una dinámica unitaria y activadora al cambio de progreso. El problema colectivo es que afectaría no solo al Partido Socialista, sino también al conjunto de las fuerzas progresistas y al propio Gobierno de coalición.

Ese objetivo parcial de competir con la dirección de Cs (y el PP) por arrebatarle un pequeño sector electoral centrista (la mayoría, según las encuestas, la engulle Ayuso) es legítimo como refuerzo de un Gobierno progresista basado en la cooperación de sus tres fuerzas principales y su complementariedad. Es lo razonable y lo que admiten MM y UP. Pero el planteamiento de Gabilondo es otro. Su vía exclusiva pasa por el ensanchamiento electoral y, sobre todo, programático y gubernamental, por su derecha, con el aislamiento de UP y el aplazamiento de las imprescindibles reformas sociales, empezando por la sanidad y la educación públicas y la protección social que necesitan las mayorías sociales. Con ello no se estimula la participación electoral y cívica, ni se supera el riesgo de una elevada abstención entre las bases sociales de las izquierdas.

Cabe otra hipótesis, acariciada por un sector socialista y diferentes grupos de poder por si falla la anterior de mayoría de las derechas. En esa circunstancia de presencia institucional de Cs y contando con su secundaria disponibilidad para formar un Gobierno centrista con la exclusión de UP, también se abriría la posibilidad de la alternativa del socialista Gabilondo. Sin embargo, exigiría otras tres condiciones adicionales: la suficiencia de la suma de ese tripartito (PSOE, Cs y MM), la irrelevancia de UP para formar Gobierno y la aceptación por MM del veto socialista (y de Cs) a UP. A pesar de los deseos de Gabilondo, es dudoso que se cumplan esas cuatro condiciones para alumbrar ese proyecto centrista, excluyente y de ruptura del campo progresista, con efectos desestabilizadores para el Gobierno de coalición estatal. Se daría una situación similar a la de 2016, la de la “operación gran centro” del PSOE/Cs con un programa de continuismo centrista y la renuncia socialista a un cambio de progreso con la exclusión de Unidas Podemos. Esa opción supuso entonces someter a un fuerte chantaje y acoso a esta formación y el comienzo de su ruptura interna. Pero también conllevó la prolongación del Gobierno de Rajoy hasta la moción de censura en la que el presidente Sánchez rectificó con la alianza del bloque de la investidura y la colaboración con UP, que después de diversos altibajos fructificó, el 10 de noviembre de 2019, en el actual Gobierno progresista de coalición.

Pues bien, Gabilondo se retrotrae a ese periodo convulso, entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y las de noviembre de 2019, con el intento socialista de imponer durante cuatro años una solución de “gran centro”, que todavía pervive, porfiando en el cierre de la oportunidad de un cambio real de progreso y la irrelevancia de las fuerzas del cambio. Ese proyecto y esa etapa, ante la perseverancia significativa y determinante de Unidas Podemos y En Comú Podem, concluyeron con el realismo sanchista de aceptar la única opción viable: un Gobierno progresista de coalición y un acuerdo programático reformador. Quizá esa salida pragmática se repita en las elecciones a la CAM, a pesar de los deseos contrarios de Gabilondo, pero sería un fiasco para él, que quedaría en mal lugar y dejaría un rastro de desconfianza por el enésimo intento socialista de imponer un giro centrista y aislar a UP y sus confluencias.

Esta perspectiva intermedia respecto, por un lado, de la victoria de Ayuso (con o sin el apoyo de Cs) y, por otro, del bloque de izquierdas, es la que corresponde al plan de Gabilondo, tolerado por la dirección socialista. No insisto más en ello; solo conviene citar esa hipótesis postelectoral por los riesgos que conlleva para la unidad progresista y el devenir institucional y de las políticas públicas en el caso de que se produzca. Solamente comento el frágil y engañoso ropaje discursivo con el que pretende justificarlo: transversal, plural y abierto. Son bellas palabras que en este contexto adquieren un significado contrario a su sentido unitario e integrador. Transversal es con su derecha (y con MM), no con UP, es decir, con la izquierda transformadora, a la que tacha sin fundamento de extremista y radical; en ese sentido, no abarca a varias tendencias sino que hegemoniza su centralidad política para subordinar a MM y marginar a UP, forzando la ruptura de la colaboración entre estas dos últimas.

Por tanto no es plural, sino que solo reconoce a dos fuerzas (MM y Cs) que considera adaptativas a su prevalencia, sin asumir la convivencia unitaria entre diferentes con los que alcanzar compromisos equitativos ante los retos comunes. Tampoco es abierto; apenas esconde su carácter cerrado y excluyente para una fuerza significativa, UP. En conclusión, su justificación discursiva no tiene credibilidad. La realidad deja al descubierto su incoherencia y sus prejuicios políticos, y, lo que es más grave, renuncia a encabezar una respuesta progresista, transformadora y unitaria.

La necesaria cooperación entre Más Madrid y Unidas Podemos

Por último, esa propuesta centrista y excluyente también conlleva sus riesgos para Más Madrid si aparece muy subordinado a ella. Tiene que rechazarla con firmeza. No solo verbalmente, con la opinión en contra del veto a Unidas Podemos, sino con el compromiso común de estas dos formaciones de impedirlo, es decir, de exigir conjuntamente un gobierno y una política de progreso sin exclusiones. Se trata de avanzar en la cooperación y no en la competitividad.

Hay que recordar que en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, en las circunstancias excepcionales de la ruptura de UP y la constitución de MM, la candidatura liderada por Íñigo Errejón obtuvo veinte diputados y la encabezada por Isa Serra, siete; la relación en votos fue de 2,8 a 1. No obstante, en las elecciones generales de noviembre de 2019, la relación de votos prácticamente se invirtió de 2,6 a 1 en favor de Unidas Podemos, liderado por Pablo Iglesias (con seis diputados), respecto de Más País, encabezado por Errejón (con dos diputados). Significa que hay un electorado flotante entre las dos fuerzas políticas que se decanta según los contextos, mensajes, expectativas y liderazgos. Además, entre ambas obtendrían unos resultados similares, incluso superiores, a los anteriores (al igual que en las recientes elecciones catalanas). Quiere esto decir que el llamado “espacio del cambio de progreso” a la izquierda de la socialdemocracia, a pesar de las condiciones muy desfavorables y sus propias limitaciones, se ha mantenido estos dos años y que, en ese sentido más amplio, los descensos electorales de las confluencias gallega y vasca fueron compensados por los ascensos de las dos izquierdas nacionalistas (BNG y Bildu); o sea, no habría un declive irreversible y generalizado de las bases sociales transformadoras y de izquierda, aunque sí cierto debilitamiento y reajuste de las dinámicas y expectativas. Habrá que volver sobre ello para definir esa perspectiva y su necesaria recomposición, ante unos retos superiores, internos y externos, a ese espacio de cambio progresista.

Ahora, a tenor de la media de los estudios demoscópicos, hay entre ellas un virtual empate técnico. Aunque en algunas encuestas aparece una ligera ventaja de Más Madrid, en todas se señala un descenso de su representatividad en la Asamblea de Madrid y un ascenso de la de Unidas Podemos, tendiendo a un equilibrio. Entre ambas fuerzas incluso podrían sumar mayor representatividad que el propio Partido Socialista, y Mónica García y Pablo Iglesias, de forma conjunta, podrían llegar a tratar de tú a tú al propio Gabilondo, con su pretendida y precipitada prevalencia política y de liderazgo.

Está abierta la pugna por el discurso y el marco interpretativo a imponer para conseguir el mayor apoyo electoral de cada cual y los intereses diferenciales de ambas formaciones y con el PSM, con el que deben pactar, corrigiendo la inclinación centrista y prepotente de su candidato. Derrotar a las derechas es lo prioritario. En particular, no ha sido posible una alianza electoral y existen proyectos diferentes de los dos grupos políticos, además de reticencias históricas. No obstante, aparte de un mínimo compromiso de cooperación, ese acuerdo básico facilitaría un entendimiento de ambas fuerzas para encarar el reto más importante a medio plazo: la unidad electoral del espacio del cambio de progreso en las próximas elecciones generales. Pero ese es otro tema. Antes hay que ver los resultados electorales. Ello determinará la configuración de esos bloques y la factibilidad de sus proyectos, en particular el tipo de gobierno y la relación de fuerzas políticas y parlamentarias. Su abordaje está influido por las decisiones actuales, los resultados del 4 de mayo y la apuesta por una dinámica transformadora con la deseada victoria progresista. Habrá que volver sobre la difícil unidad progresista en su perspectiva estatal, para encarar la crisis socioeconómica e institucional, desde el respeto a la pluralidad y el realismo representativo, y ante un problema de fondo compartido con otros grupos sociales: la articulación de la activación cívica y popular.

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. www.antonio-anton-uam.es/]