España se enfrenta a un reto trascendental en medio de la mayor crisis económica de nuestra historia reciente: aplicar con el mayor acierto posible la enorme cantidad de recursos provenientes de la Unión Europea al amparo del Plan de Reconstrucción Transformación y Resiliencia.

Con estos recursos no solo se debe tratar de volver a normalizar la vida económica tras la pandemia, sino que se debería hacer frente a desafíos previos en los que vamos realmente retrasados: reindustrialización, atención a la investigación y desarrollo, combatir el cambio climático y otras crisis ecológicas, promover vivienda pública asequible en alquiler, construir infraestructura socialmente necesaria, solventar las consecuencias de una España vaciada y atender a las pequeñas empresas.

Para poder utilizar con éxito todos esos recursos, nuestro país carece de un sector financiero que anteponga las necesidades colectivas a la rentabilidad privada a la hora de financiar a la economía. Algo que es completamente esencial cuando de lo que se trata es de hacer llegar los recursos disponibles y el crédito añadido que sea preciso a todos los rincones de la economía y no sólo a los clientes más rentables o que proporcionen completa solvencia y seguridad.

Nuestro sector bancario constituye un mercado oligopólico, muy concentrado, que quizá puede hacer frente a la financiación de grandes proyectos pero que cada día tiene más dificultades para atender a los territorios periféricos, a las pequeñas y medianas empresas, a jóvenes emprendedores, a proyectos para combatir la brecha de género ,o de innovación social que, por definición, son arriesgados.

A diferencia de lo que ocurre con otros países, España no dispone de una banca pública, solo dispone de un Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, en estos momentos, no es un instrumento financiero suficiente para canalizar ese tipo de financiación ni para llevar a cabo la inversión propia o en cooperación con empresas que tienen dificultades para operar con financiación privada.

Porque el ICO es una institución limitada en sus funciones y de escaso tamaño (cuando, además están disminuyendo sus activos y margen bruto). En 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán, los 181 mil millones de la Caisse de Dépôts o los 386 mil millones de la Cassa Depositi e Prestiti.

Aunque entre sus objetivos se afirma que es un «instrumento de política económica para promover el crecimiento económico», es muy difícil, por no decir imposible, que pueda llevarlo a cabo con su reducida capacidad crediticia: 20.626 millones de euros en 2019, lo que tan solo representa el 1% de los créditos totales concedidos por las entidades de depósito españolas, según el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de primavera 2020).

La oferta de 140 mil millones en avales recientemente realizada por el Estado ha puesto de manifiesto la realidad de un ICO sin oficinas, sin personal suficiente y supeditado a la banca privada, limitándose a ofrecer aval público (entre un 70-80%) a créditos que, en algunos casos, el banco privado tenía ya considerados como de riesgo y trasladando ese riesgo a las arcas públicas. Y ello sin contar con las prácticas de condicionar esos créditos “públicos” a la venta de otros productos de su exclusivo beneficio.

Para poder utilizar con éxito los recursos europeos de los que va a disponer España, además de la banca privada, también es imprescindible que exista un organismo para que la financiación y la inversión fluyan también hacia todas las esquinas de la economía que dan retornos a medio y largo plazo; que atienda la financiación contracíclica para respaldar la recuperación en tiempos de dificultades y que financie con capacidad, rigor y prudencia a las administraciones públicas de menor nivel.

Para superar el bajo dinamismo inversor existente hasta hoy, no hay que limitarse a recibir propuestas de financiación sino actuar de forma proactiva, como un agente dinamizador de las mismas en colaboración con organismos locales o regionales,

Para ello hay que empezar por garantizar que el ICO tenga un tamaño suficiente como para llevar a cabo sus funciones:

• Aumentando sus sucursales y oficinas (al menos una por provincia) para acercarse a la España vaciada y contribuir al equilibrio territorial, contando con la colaboración de otros medios públicos, como Correos, que ya ofrece servicios financieros básicos on line y en sus múltiples oficinas.

• Contratando personal capacitado, con experiencia e implicado con la misión de servicio público del que se puede disponer fácilmente tras la profunda reducción de empleo en el sector bancario.

• Cooperando con los organismos y agencias de inversión existentes en las Comunidades y con otros bancos públicos de desarrollo para afrontar problemas de escala global.

• Implantando una gobernanza eficiente que garantice una supervisión interna y externa cualificada y plural.

Sin perder de vista la necesidad de un sector de banca pública que preste las atenciones más elementales de servicios y pagos a la ciudadanía y los sectores más vulnerables, es necesario abordar con urgencia un ambicioso plan para transformar el ICO. Con la instrumentación derivada de la llegada de fondos europeos, no hay excusa para no aumentar drásticamente sus consignaciones en los Presupuestos Generales del Estado, que han pasado de 4 millones en 2018 a 1,1 millones en 2021.

Plataforma por una Banca Pública