Desde la adhesión de España a la Comunidad Europea, en 1986, los trabajadores hemos venido sufriendo, como deja de manifiesto la crisis de los astilleros de IZAR, la reconversión permanente de una parte de nuestro tejido industrial; el sector público ha sido prácticamente privatizado, se han abierto servicios públicos tan importantes como el sanitario, educativo, correos, ferrocarril y comunicaciones a la empresa privada, con graves y negativas consecuencias en las prestaciones que recibe el ciudadano, y en las condiciones laborales y de empleo de los trabajadores. Todo ello se ha hecho amparándose en decisiones de la Unión Europea sobre las que los ciudadanos españoles nunca han podido pronunciarse.

Ante el referéndum consultivo convocado el próximo 20 de febrero por el Gobierno, para ratificar la Constitución Europea, el sector crítico de CC.OO. expresa su voluntad de trabajar por el No. Estas son algunas de nuestras razones:

No es una Constitución democrática

• La Constitución se ha elaborado a espaldas de los ciudadanos y trabajadores europeos.
• La Comisión Europea y el Consejo, Instituciones ambas que a lo largo de estos años han encabezado y dirigido los principales ataques a las conquistas laborales y sociales, mantienen en sus manos la iniciativa de proponer y aprobar las leyes comunitarias. El Parlamento Europeo, la única Institución elegida directamente por los ciudadanos, tiene un papel secundario.
• Facilita la Europa de las dos velocidades (cooperación reforzada), al permitir a las grandes potencias europeas desarrollar al margen de los demás Estados, aquellos acuerdos que consideren oportunos.
• Las condiciones que impone para que los ciudadanos puedan proponer una Iniciativa Legislativa Popular, la hacen imposible en la práctica.
• Niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
• Impide la futura reforma del texto, al exigir la unanimidad.
• Refuerza el poder de decisión de las grandes potencias europeas (especialmente Alemania) en detrimento de los Estados más pequeños.
• Sólo en algunos países la ratificación se someterá a Referéndum y en la mayoría el resultado no será vinculante.

Es regresiva en materia social y laboral

• Los principios económicos que sanciona, son los de la derecha neoliberal: equilibrio presupuestario y prohibición de déficit público, control monetario, libertad absoluta de circulación de capital, privatización general de servicios públicos, etc.
• No permite la armonización de la legislación laboral y social. De esta forma se igualan los derechos sociales de los europeos a los niveles de los países donde estos están más des protegidos.
• El Banco Central Europeo sigue al margen del control democrático y tiene como objetivo prioritario la estabilidad monetaria a la que se sacrifica la defensa del empleo y de los derechos sociales.
• Es deliberadamente ambigua en materia de derechos, como reconoce la propia Confederación Europea de Sindicatos que, sin embargo, apoya el texto; y los que formalmente se enumeran en la II parte del tratado, no se desarrollan. Así, por ejemplo:
  • No reconoce el derecho a un trabajo digno y estable.
  • No reconoce el derecho de huelga general europea.
  • Impone el criterio de «flexibilidad» en el empleo.
• Subordina los derechos laborales y el empleo, a criterios como competitividad, adaptabilidad al cambio económico, equilibrio financiero, etc., propios del neoliberalismo más reaccionario.
• Cierra las fronteras y niega derechos a los inmigrantes.

Apuesta por una política exterior y de defensa militarista y agresiva

• El Parlamento Europeo sólo será informado y no tendrá capacidad de decisión sobre estos temas.
• Apuesta por el rearme al sancionar la creación de fuerzas militares para intervenir en misiones fuera de la UE y de una agencia europea de armamento, todo ello, con sumisión a la OTAN.
• Crea la figura del Ministro de Asuntos Exteriores, fuera del control democrático y con amplios poderes.

En definitiva, esta es la Constitución de la Europa del Capital y de la Guerra.

La dirección Confederal de CC.OO. suscribió el año pasado, sin conocer aún el texto definitivo de la Constitución, la declaración de apoyo de la CES. Esta decisión se adoptó sin consultar siquiera a las direcciones de las federaciones y Uniones territoriales.

En el último Congreso Confederal fuimos muchos quienes manifestamos nuestra oposición al texto provisional de la Constitución; las enmiendas del sector crítico fueron apoyadas por más del 30% de los delegados.

El sector crítico de CC.OO. de Madrid, por la importancia de la decisión que el próximo 20 de febrero se somete a la consulta de los ciudadanos, exige un debate en profundidad, que permita conocer también, las razones de quienes nos oponemos a esta Constitución, precisamente porque defendemos una Europa de derechos sociales, laborales y políticos, incompatible con la Europa del Capital y de la Guerra que sanciona el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de octubre.

Un debate que CC.OO. debe promover para cumplir sus responsabilidades como principal sindicato de clase.

VOTAR NO es VOTAR por una Europa más social y democrática.