Aznar y el gobierno del Partido Popular han incorporado la guerra a la política exterior e interior de España al asociarse a la agresión contra Iraq e instrumentar su proyecto político con este medio criminal.

Aznar y el PP son corresponsables de la muerte, la destrucción, el éxodo y todos los sufrimientos de la guerra. La gente lo sabe. Habrán de pagar por ello: cada uno lo suyo.

En la vertiente estrictamente militar, con su masiva capacidad de destrucción, Estados Unidos vencerá. Pero no convencerá, porque carece de legitimidad ante la opinión pública mundial y no conseguirá intoxicarla; porque también muchos gobiernos responsables están contra la guerra y contra el designio que la subyace. Las estrategias de la extrema derecha norteamericana y de la derecha españolista serán finalmente derrotadas, la segunda antes que la primera.

Pero eso significa que la guerra tiene, hacia dentro, entre nosotros, consecuencias. Hemos entrado en una liza política interna que se va a desplegar en innumerables direcciones. Esto no ha hecho más que empezar.

El gobierno del PP ha mostrado los instrumentos que tiene a su alcance: una mayoría parlamentaria de brazos de madera; el uso de los medios de comunicación públicos y de la financiación pública para un sinfín de campañas de propaganda gubernamental y de tergiversación de la verdad; el uso de la policía para reprimir a la población con los modos del franquismo, además de los provocadores de paisano; el uso de la coacción sobre los trabajadores públicos y funcionarios ­las «listas negras»­ y, tal vez, sobre asalariados particularmente expuestos, a través de cierto empresariado; y, sin duda, dispone también de una alianza con el actual amigo americano y con empresas que participarán de las migajas del botín iraquí.

Sabemos, por lo demás, cuáles son las actuaciones y los proyectos del gobierno del PP, que intenta llevar adelante por medio de tensión y hostigamiento para imponer su autoritarismo: la «ulsterización» ­sin atisbos de solución­ del País Vasco; el recorte hasta mínimos en tiempo y en cantidad del desempleo y del subsidio ­en el contexto de una economía que puede entrar en recesión­; la privatización más o menos encubierta de servicios públicos esenciales como la sanidad; la remodelación privatizadora de la oferta educativa. La represión para gobernar una situación económica y social muy delicada. El PP ha optado por el autoritarismo anticonstitucional y antipopular para aplicar aquí la política del neoliberalismo transnacional.

Por supuesto, hay que echarles. Echarles de los ayuntamientos y de las instituciones autonómicas; hay que echarles del gobierno cuanto antes. Ésta es una prioridad en la que la socialdemocracia y la izquierda alternativa pueden coincidir objetivamente. Y que es preciso materializar a toda costa.

Pero más allá de esta alianza necesaria, la izquierda alternativa ha de ser capaz de plantear políticas y acciones concretas para impedir que la sustitución de la derecha en el gobierno del Estado por un previsible gobierno del nuevo equipo del PSOE se limite a un recambio del personal dirigente político de este país.

Cosas como lo que hemos vivido aquí con esta guerra ­una política criminal contra un pueblo lejano, contraria a la voluntad de la inmensa mayoría de la población de nuestro país­ no se pueden repetir jamás.

Es necesario transformar el sistema político interno en una auténtica democracia participativa, tanto en el Estado como en el plano de la vida local y de las autonomías. Basta de palabras, de partidos que se miran el ombligo, de viajes pagados de alcaldes a Porto Alegre, todo para seguir igual: no queremos una democracia sólo delegante. Afuera con la actual ley electoral, que blinda a los partidos, magnifica a los dos mayoritarios y jibariza a los demás. Todos los votos ciudadanos han de pesar igual. A sabiendas, además, de que el proceso político cívico no termina al votar.

Democracia participativa: abrir brechas en el aparato educativo, en las empresas, en la vida local, en los barrios, en todas las actividades administrativas, para que el dinero público sirva para lo que la gente quiere y no para lo que quieren los que mandan. Brechas para que las libertades entren también en las empresas ­de donde siguen ausentes­, para asegurar la viabilidad económica y la desprecarización del trabajo. Brechas en las televisiones públicas y en las concesionarias, al menos para que tengan cubos para la basura y no nos la echen a nosotros.

La derrota de la derecha ha de abrir el camino a la federalización de España y a un real proceso de pacificación ­y de reconciliación­ de Euskadi, que sólo puede lograrse por medio del verdadero despliegue de la democracia; ha de transformar el sistema político para abrir camino a un afrontamiento colectivo de los retos que plantea la mundialización del capital.

Estamos ante una situación nueva. Cristaliza y crece, finalmente, un nuevo movimiento que afirma la posibilidad y la necesidad de otro mundo, también entre nosotros. En nuestro país han comparecido con fuerza en la vida pública, contraponiéndose a la guerra de Iraq, nuevas generaciones que se han hecho adultas con libertad política. No se la dejarán arrebatar. Generaciones que rechazan la cultura de la violencia y que no aceptan una democracia a medias. Y se han consolidado las plataformas cívicas, las referencias de coordinación de millares de núcleos de actividad de la sociedad civil en todo el país: de movimientos solidarios y vecinales, de sindicatos y otras organizaciones. Hoy está aquí el movimiento: no sólo dice no; señala también hacia dónde.