¿Cuáles son los datos que maneja el gobierno sobre el trabajo doméstico y de cuidados asalariado, personas que lo ejercen, necesidades que cubren, valor económico de lo que aportan, de lo que ahorran en servicios al presupuesto público? La EPA del INE dice que en el tercer trimestre de 2020 hay 529.100 personas en el empleo de hogar. ¿Es ese dato igual de fiable que el que dice (apdo. 3.108) que el 99% de todas ellas no realiza horas extras o que en 2019 (Anuario del Ministerio de Trabajo) solo 2.182 tuvieron un accidente durante la jornada laboral? ¿Sobre qué base se está decidiendo dar largas a cuestiones sobre la equiparación en la Seguridad Social, el control de la jornada laboral o la regularización de quienes llevan años supliendo las carencias del estado del bienestar?

Después de haberse fotografiado en junio de 2018 con las trabajadoras que protestaban ante el Congreso de Madrid por la Enmienda 6777 del PP a los Presupuestos de 2018, la coalición PSOE-Podemos parece haber comprendido la posición de la derecha con las chicas de servicio, que la corrección política exige denominar trabajadoras de hogar. Lógicamente, saber recitar de corrido lo de cuidar a las cuidadoras, el cuidado en el centro y el no dejar a nadie atrás, no computan como mérito.

El recién aprobado Real Decreto 35/2020, titulado de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 23, entrada en vigor el 24 de diciembre), materializa un importante recorte en el sector del empleo de hogar: atrasa la cotización por salarios reales y la cobertura de vacíos en el cálculo de las pensiones hasta el año 2023. La Ley de Seguridad Social establecía la equiparación en esos dos aspectos a partir del 1/1/2021, así que el cambio era una noticia importante, pero el resumen de Moncloa sobre el Consejo de Ministros no mencionó la reforma ni de pasada. Sí se habló extensamente sobre las disposiciones del RD en materia laboral y de seguridad social para el resto de sectores que el título nombra. Así que al retroceso en derechos se le une la indignidad de su ocultación.

El asunto viene de hace un par de años. El PSOE y Podemos firman en octubre de 2018 un Pacto de Presupuestos para 2019, que en su punto 1.3 establece que la plena incorporación del Sistema de Seguridad Social de Hogar en el Régimen General no podía dilatarse más allá de 2021. Plena incorporación significa tenerlo todo, también el desempleo. El contenido del pacto (salvo el desempleo) se introduce en la Ley de Seguridad Social en diciembre de 2018, fijando que empezaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 2021. Pero el siguiente pacto, que fue el Acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos, de noviembre de 2019, introdujo un retroceso: ahora, según el punto 1.11, la plena incorporación se produciría “a lo largo de la legislatura”, sin comprometerse a más. Finalmente, la fecha se ha establecido en el Real Decreto 35/2020: deroga la del 1/1/21 y establece la de 1/1/2023, si no hay retrasos. Un añazo de diferencia con lo que impuso el PP y propició aquellas fotos de junio de 2018.

No contamos con ningún estudio riguroso sobre la cantidad de trabajadoras sin papeles que hacen su aportación a la economía de los servicios de cuidado, y durante cuántos años en cada caso. De acuerdo con la estadística de 2020 de la ATH-ELE, el 31% de las internas que atendían a domicilio a personas con alguna dependencia no estaban regularizadas. Tampoco está investigado el volumen de empleo en servicios al hogar que circula con la tapadera de agencias de colocación que dirigen la relación laboral desde su oficina, evitando la aplicación del Estatuto de los Trabajadores con la pantalla de la firma de un contrato de hogar entre las partes.

Según el INE, en el segundo trimestre de 2020 la pandemia supuso una reducción parcial o total de la jornada para 103.000 trabajadoras de hogar; la casi totalidad de las afectadas debieron ser externas dedicadas a tareas domésticas o a la atención de criaturas, porque las que cuidaban a mayores con algún grado de dependencia generalmente no redujeron su jornada, en todo caso quedaron en paro por fallecimiento de sus empleadores.

En el trabajo interno, la coincidencia de vivienda y centro de trabajo produjo situaciones de especial dureza: el problema de quienes enfermaban y no tenían otro lugar en el que aislarse; los despidos motivados por la enfermedad de la trabajadora o de la persona atendida; la situación de las que, en unos meses en los que pasear o mantener contactos sociales en la calle estaba prohibido, no tenían otro domicilio de referencia para disfrutar sus horas libres. Por otro lado, con el fin de evitar contagios, a bastantes se les forzó a optar entre no salir nunca o perder el empleo. La compra y provisión de alimentos se realizaba por familiares.

Según información de finales de diciembre pasado, solamente 56.348 trabajadoras pidieron el subsidio extraordinario por reducción o pérdida de empleo durante la pandemia, lo que da un escaso 55% de solicitantes de una cobertura que sólo se pudo empezar a pedir el 4 de mayo y se comenzó a abonar con cuentagotas en el mes de julio. Aún hay gente que no ha cobrado y sigue preguntándose dónde ha ido a parar su solicitud. La explicación que se ha dado a la tardanza es que las trabajadoras no existían para el SEPE, lo que complicó la gestión. Si no existían es que no se estaba cumpliendo la norma de 2012 que dice que la Tesorería de la Seguridad Social tiene que comunicar al SEPE los contratos de las trabajadoras de hogar cuando son dadas de alta.

El teletrabajo durante la pandemia hubiese permitido a la Tesorería de la Seguridad Social acometer la regularización de las cotizaciones del Sistema de Hogar. La ATH-ELE había descubierto el problema gracias a la tenacidad de Pilar (nombre auténtico, imposible dar el apellido de la ciudadana). Era el 8 de marzo de 2019 (fecha auténtica), cuando sus empleadores le dieron de alta con un salario de 900€ al mes, sin incrementar la cantidad con las pagas extras, no por mala voluntad sino porque los empleadores no saben ni tienen porqué saber de cotización. Esto provocó que un sistema informático que lo tragaba todo decidiese que si ganaba 900€ no estaba a tiempo completo, a pesar de que el contrato lo pusiese claramente, sino a un 86,60% de la jornada. Pilar vino a la asesoría protestando por este detalle, y hay que reconocer que la primera vez le preguntamos ¿pero bueno, te pagan bien?. Con una tenacidad por la que luego nos dieron ganas de abrazarla, volvió al siguiente día diciendo que, definitivamente, no era normal que en la vida laboral de alguien con un contrato de 40 horas apareciese que estaba a tiempo parcial. Lo que sigue es que ella fue despedida por quisquillosa y nosotras comenzamos nuestra campaña. Un millón de gracias, Pilar.

En 2020, seguimos enviando a la Defensoría del Pueblo casos de trabajadoras a tiempo completo que seguían cotizando por bases que se correspondían con el salario mínimo del año en el que habían entrado a trabajar. De tal manera que había gente interna cotizando por 743€ y 877€ al mes cuando debían hacerlo por 1.097€ como mínimo, eso suponiendo que solo estuviesen trabajando 40 horas, lo que nunca sucede.

El día 28 de enero, en la página web de la Seguridad Social se ha publicado una advertencia a los empleadores que tengan contratadas trabajadoras de hogar y cuidados a tiempo completo y declarados salarios inferiores al mínimo interprofesional actual: tienen de plazo hasta el 31 de marzo para comunicar los salarios actualizados, que no pueden ser inferiores al legal. La información de la página web incluye (pero no lo explica con suficiente claridad) que también hay que comunicar los de años pasados si no se ajustasen al mínimo legal, y también los salarios que exceden del smi. 

Hemos ganado solo relativamente. Habrá que controlar cómo se cumple el plan, y no descartamos que una parte de los casos se resuelva de mala manera, por las múltiples vías de fuga de este asunto. No sabemos qué hará la Inspección respecto a las que ya no están trabajando en el mismo domicilio pero han estado mal cotizadas los últimos años, o qué harán cuando la parte empleadora alegue que se bajaron las horas…

En todo caso, el asunto de las cotizaciones ha sido muy revelador. Cuando la coalición PSOE-Podemos llega al gobierno se encuentra con una situación complicadísima en la atención a las personas. Una población envejecida, falta de servicios de cuidado, una fórmula de atención mediante empleo de hogar que se desarrolla en condiciones inaceptables porque lleva en sí misma el problema: el contrato directo y privado para la atención individual a domicilio malamente puede garantizar derechos laborales. Aceptemos que los milagros no existen, transformar la organización social de los cuidados no es algo que se haga de la noche a la mañana.

Pero lo único que estábamos exigiendo era que el responsable de la Seguridad Social actuase frente a una ilegalidad clara, antigua, conocida, un incumplimiento que no requería otra gestión que consultar una base de datos, detectar salarios inferiores al mínimo legal y poner en marcha sus sistemas de advertencia y coacción. La medida no era compleja, exigía solo una toma de partido: incomodar a la parte empleadora o seguir permitiendo la burla de derechos de las trabajadoras.

Lo han tenido todo menos la voluntad política, y no hay más vueltas que darle. Ha sido una experiencia muy formativa: cuando entre marzo y junio de 2019 descubrimos que el fraude era generalizado y obedecía a la omisión por parte de la Tesorería de sus obligaciones, tuvimos la cándida ocurrencia de que habíamos descubierto algo importantísimo y que, al denunciarlo, el estado de derecho no iba a tener más remedio que reaccionar. Craso error. Nos faltó considerar que no todas las leyes tienen la misma efectividad y que la diligencia en su aplicación suele depender de a quién deban beneficiar. Que alguien demuestre que la anterior frase es un panfleto. Estábamos preparando ya una denuncia por prevaricación (por no dictar una resolución a la que estaba legalmente obligado) contra el ministro responsable de la Seguridad Social, pero francamente a quién vamos a engañar… era solo un intento de seguir haciendo ruido. 

Isabel Otxoa es profesora de Derecho del Trabajo y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar-Etxeko Langileen Elkartea (ATH-ELE)

[Fuente: Viento Sur]