Permítame el hipotético lector un recurso que infringe el sabio precepto de Bacon, reiterado por Kant y que todo académico debe observar: De nobis ipsis, silemus. De re aute, quae agitur petimus. Me veo obligado en este caso a una introducción que, contra ese consejo, parte en primera persona.

Llevo estudiando problemas de política migratoria y de asilo ininterrumpidamente desde 1996. Públicamente, en ensayos y en artículos científicos y de divulgación en prensa y también en radio, he discrepado y criticado frecuentemente a lo largo de estos años las políticas migratorias y de asilo de los gobiernos de los presidentes González, Aznar y Rajoy. También los de Rodríguez Zapatero. Y, desde luego, de la UE.

Desde esa experiencia, me veo obligado a sostener una posición extremadamente crítica en relación con la respuesta que estamos ofreciendo en la UE y en España a los retos de la política migratoria y de asilo en el contexto de la pandemia.

Ya se sabe que la definición de irracionalidad consiste en empeñarse en repetir algo que se ha demostrado inadecuado, ineficaz. Pues bien, eso es lo que a mi juicio sucede en lo sustancial (con todas las excepciones que es necesario reconocer, porque hay que reconocer que en 40 años se han producido no pocas reorientaciones y avances legislativos y jurisprudenciales) en la política migratoria y de asilo de nuestro país, de la mayoría de los países europeos, de la propia UE y, me duele decirlo, lo que se empeña en repetir la respuesta que ofrecemos ahora a la crisis de Canarias. Y quede claro que, como senador del grupo parlamentario socialista, soy de los que sostuve y sostengo un programa electoral y de gobierno, el que propuso Pedro Sánchez y el que recogió el Gobierno de coalición presidido por él, porque ese programa electoral y ese compromiso de gobierno subrayan la prioridad del enfoque de garantía de los derechos humanos y el criterio de respeto a la legalidad internacional. Esa es una diferencia clave, por cierto, frente a lo que han sostenido los gobiernos del PP. Es una diferencia clave, a mi juicio, también respecto a parte importante de la política migratoria y de asilo defendida en la presidencia de Rodríguez Zapatero y gestionada por el ministerio del Interior y por la secretaría de Estado de Migraciones que dirigió la señora Rumí.

Acabamos de asistir, decía, a la presentación del «Plan Canarias», impulsado por un profesional de indiscutido prestigio, el ministro Escrivá y pilotado por la Secretaría de Estado de Migraciones que dirige con toda dedicación y esfuerzo Hana Jalloul, que cuenta a su vez con dos directores generales que se caracterizan por su amplísima experiencia como abogados que han trabajado para ONGs especializadas en extranjería y migraciones, Santiago Yerga y Francisco Dorado. Un plan que establece una inversión de más de 600 millones de euros en las islas y que contempla dispositivos de acogida permanente para albergar hasta 7.000 personas en 7 espacios diferentes y contempla una central de emergencias sobre temas migratorios (cfr: https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/3935). Un esfuerzo muy notable por comparación a los datos de plazas disponibles actualmente y que ha sido posible con la colaboración de varios ministerios, de las diferentes administraciones implicadas y también cuenta con fondos de la UE. Es la respuesta ante la situación de emergencia provocada por la llegada de 18.000 personas, en un porcentaje que supera en un mil por cien los datos del año pasado. Una situación que, no debe olvidarse, responde a un conjunto de factores complejo, desde el impacto de la pandemia en términos sanitarios, económicos y sociales en países como Marruecos (que ahora genera la mayor parte de estos inmigrantes irregulares), Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y en menor medida de Mali.

Ese Plan, como las comparecencias del Ministro del Interior (el Sr. Grande-Marlaska, magistrado de profesión, a quien nadie discute su dedicación y sentido de servicio al Estado, pero sí no pocas de sus decisiones en política migratoria y de asilo) no cierra —al contrario– el debate sobre el sistema de acogida, y menos aún el debate acerca de la firme, cerrada oposición del mencionado Ministerio del Interior a autorizar traslados de las personas que llegan a Canarias a CCAA de la península, sabiendo que existen varias (Valencia, Castilla-León, Navarra, el País Vasco) que se han prestado solidariamente. Y lo que sucede es que esa posición, a mi juicio, condiciona decisivamente el modelo de acogida y en realidad determina la opción por el modelo de política migratoria y de asilo, más allá de los proyectos del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social e incluso de la estrategia de la experimentada ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, la señora González Laya.

Respecto a lo primero, me parece evidente que cualquier dispositivo estable de acogida es incuestionablemente mejor que el desastre del muelle de Arguineguín. Una situación comparable con lo que se ha vivido en Moria, pese a los esfuerzos por desmentirlo por parte del Ministerio del Interior, esfuerzos que, han incluido verosímilmente un bloqueo a la libertad de información de la policía (la Delegación de Gobierno, en todo caso y quizá el Ministerio) respecto a los periodistas que han cubierto estos días los acontecimientos, y que éstos han desnudado con crudeza. Especialistas del Defensor del Pueblo se han desplazado a las islas y esperamos un Informe en las próximas semanas, aunque ya ha emitido una recomendación para condenar las violaciones de derechos humanos que se han producido en ese muelle, y que al parecer resultan invisibles para la juez que dictó un incomprensible auto en el que no apreciaba —pese a las “deplorables” condiciones— ningún indicio de delito. Como botones de muestra, los reportajes del periodista y escritor Nicolás Castellano, quizá el mejor especialista en temas migratorios (por ejemplo, https://cadenaser.com/programa/2020/11/10/hora_25/1605046086_954571.html), o el testimonio del respetado fotoperiodista Javier Bauluz (cfr. https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/fotoperiodista-ante-drama-arguineguin-anos-profesion-sufrido-este-tipo-censura-20201020_953307), o el del periodista de la SER, Pedro Murillo, conmocionado por agresiones verbales xenófobas (https://cadenaser.com/emisora/2020/11/19/radio_club_tenerife/1605784397_808834.html?ssm=fb).

Arguineguín desnuda una situación que sonroja a cualquiera que crea en el Estado de Derecho y en la prioridad del enfoque en garantía de los derechos humanos. Arguineguín evoca las imágenes de Moria.

El Plan, es cierto, pone remedio a una situación inadmisible. Ahora bien, que sea suficiente y adecuado en términos de política migratoria, es otra cosa. Creo que el problema reside, paradójicamente, en la vinculación conceptual de ese Plan de forma exclusiva con el archipiélago canario. Quiero que se me entienda bien. Por supuesto que Canarias necesita medidas urgentes. Un plan concertado de todas las administraciones (también europeas) para hacer frente a una situación muy difícil, debido a una complejidad de factores entre los que la emergencia migratoria es uno muy relevante, pero ni mucho menos el único. Dicho de otro modo: Canarias se enfrenta, entre otras dificultades, a una emergencia migratoria, pero esa emergencia no es sólo cuestión de Canarias. Y ahí está la clave.

Para comenzar con lo más inmediato del Plan, es claro que está muy bien que se organicen carpas y, sobre todo, establecimientos estables de acogida, donde estas personas —insisto, personas, antes que inmigrantes, irregulares o no, o solicitantes de protección: no peligrosos delincuentes a los que “no se debe dejar sueltos”, como se escuchó para vergüenza de todos en un programa de la televisión pública de máxima audiencia— encuentren techo, comida y las indispensables condiciones sociosanitarias. Pero un plan de acogida (y estoy convencido; es más, sé que lo saben muy bien la Secrtearia de Estado y sus experimentados directores generales) consiste en bastante más que eso y supone un esfuerzo de medios materiales y personales que, lógicamente (en eso el Plan acierta) no puede recaer sobre la Comunidad autónoma canaria ni exclusiva ni prioritariamente. Pero, sobre todo, que no puede tener como objetivo mecánico la hipótesis de retorno forzado (aunque desde el Ministerio se insiste en que la inmensa mayoría de los que llegan son “retornables”), sin la indispensable intervención de los servicios de tutela jurídica, y que no puede encapsularse en esa Comunidad, porque la sitúa en extrema dificultad, mas aún en el contexto de las condiciones que derivan de la pandemia. No es difícil pronosticar que surgirá una reacción xenófoba y quién se va a aprovechar de eso. El peor error, a mi juicio, es ese encapsulamiento.

Esta «solución» hace pesar sobre Canarias todo el esfuerzo e impide una política de solidaridad de las demás CCAA. Es decir, reproduce a escala nacional la misma lógica que en la UE, que quiere que los tres países del sur (Grecia, España, Italia) carguen con todo el peso de las llegadas de inmigrantes irregulares y de posibles solicitantes de protección internacional y en todo caso deja caer algunos millones, como se reitera en el “nuevo” Plan europeo de Migración y Asilo, marcado por la obsesión de los países ricos en evitar los movimientos secundarios y por el miedo ante las intransigentes posturas del bloque de Visegrado, con Hungría y Polonia al frente de la posición más agresiva.

La raíz del problema reside en la tradicional (iba a decir, atávica) cerrazón de Interior —sea cual sea el color político de quien dirija ese Ministerio— con el pretexto de «que no lleguen a Europa» (¿Canarias no lo es?) inmigrantes irregulares o personas que no cumplen las condiciones para recibir la protección internacional. Es decir, siguiendo al pie de la letra esa torpe e insolidaria lógica de la UE. La oposición de Interior a permitir que otras CCAA colaboren en la gestión, mediante traslados a la península, repite algo que ya conocemos: Ya en Melilla hemos visto su negativa a que viajaran a la península las personas con «tarjeta roja» acreditativa de que está en curso su demanda de protección internacional y que, de acuerdo con la Sentencia del TS deberían poder viajar a la península y cuyo traslado ya había sido organizado por el Ministerio de Migraciones. Interior impulsa también, a mi juicio, una peculiar interpretación de un indispensable pilar de la política migratoria, los acuerdos bilaterales con los países de origen y tránsito. Pese a que parece que el Ministerio de Asuntos Exteriores podría imprimir un cambio de orientación en ese modelo, lo cierto es que por ahora predomina el enfoque de Interior, muy activo en obtener esos Convenios, pero no tanto para impulsar la democracia y el desarrollo en los países de origen y tránsito de las migraciones, sino casi exclusivamente para asegurar cuotas de policía por parte de esos países que, encima (Mauritania, Marruecos, Nigeria), son países cuyos gobiernos se caracterizan por una acreditada falta de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Les ofrecemos dinero a cambio de encargarles el trabajo sucio. Insisto: sucio. Y me viene a la mente la expresión de Bauman: la política migratoria como industria del desecho humano.

Empeñarse en reiterar lo que ha fracasado, insisto, es irracional. Por muchas vallas y vuelos o barcos de expulsión, eufemísticamente denominada repatriación, no vamos a parar la movilidad migratoria. Menos aún cuando además de los ya endémicos movimientos de desplazamiento consecuencia de las hambrunas o de enfrentamientos étnicos (como en estos días en Etiopía) se avecinan grandes desplazamientos, consecuencia del cambio climático y del impacto depredador por parte de las industrias transnacionales y de los Estados que continúan con la mentalidad colonizadora, de los que China es el primer ejemplo en el continente africano. De una vez por todas: aprendamos la lección, cambiemos el modelo. Probemos otro. Por ejemplo, el que tímidamente proponen los Global Compact de Marrakesh 2018 sobre políticas migratorias y de asilo, que no son una revolución precisamente, pero cambian la mirada.

Ese otro modelo recomienda una gestión adecuada de la movilidad, que exige vías legales y seguras, mecanismos amplios de acogida e inclusión (sí: lo repite el ministro Escrivá con razón, necesitamos imperiosamente incorporar a nuestra población a millones de inmigrantes, pero incorporarlos como ciudadanos, no como esclavos) y acuerdos que ayuden a los países de origen a avanzar en términos de Desarrollo humano, es decir, en democracia y derechos humanos, que es algo muy distinto que regar con dinero las arcas de élites corruptas.

¿Probamos?

[Fuente: Pensamiento Crítico]