Es una buena noticia la derogación de la LOMCE por la última reforma educativa (LOMLOE). La ley que aprobó el Partido Popular en solitario aprovechando una coyuntura excepcional de mayoría absoluta, era una ley sectaria que imponía graves retrocesos en un marco de recortes económicos. En fin, es una alegría para la comunidad educativa que nos movilizamos contra ella en masivas Mareas Verdes. Pero es obligado que la satisfacción no nos haga perder la objetividad sobre el contenido concreto de la ley y su previsible impacto de futuro.

En cuanto al contenido, la LOMLOE tiene positivas reversiones de la LOMCE. Entre ellas destacan: la supresión de los itinerarios que generaban desigualdad, de las reválidas que nunca se llegaron a aplicar, la reducción del papel de la asignatura de Religión y cierta recuperación de competencias de los órganos colegiados de los centros. También se introducen nuevos elementos como el carácter educativo de la educación de 0 a 6 años y algunas limitaciones en la educación concertada (“demanda social”, suelo, cuotas).

La reforma educativa ha recibido la crítica de los sectores conservadores que, incluso, se han movilizado contra ella utilizando bulos. Pero las críticas de la derecha no hacen mejor a la LOMLOE, porque ya sabemos que lo importante suele estar fuera de escena. La derecha actúa como la gallinita de la Pampa que da las voces en un sitio y pone los huevos en otro. Establece falsos debates (los supuestos ataques a la concertada, el castellano como lengua vehicular, la supresión de colegios de educación especial…), pero amarran lo principal: los privilegios de una Iglesia que adoctrina en un espacio que tendría que ser laico por su propia naturaleza, y la existencia de un sector privado que hace negocio con una educación segregadora que le pagamos entre todos. Lo cierto es que la ley apenas afecta al statu quo educativo existente por mucho ruido que se haga para disimular.

Tan importante como el contenido de la nueva ley es el contexto en el que se produce. Lo primero que destaca es la imposibilidad de alcanzarse un pacto educativo en España. Si nos miramos en el espejo de otros países europeos, donde existe consenso sobre el sistema y mejores resultados educativos, la pregunta es ¿por qué no es posible aquí? La repuesta tiene que ver con la existencia de poderosos lobbies como la Iglesia católica y la permanencia de la herencia educativa del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado financiado con fondos públicos. La escena del Parlamento con la bancada de las derechas y ultraderecha en pie, golpeando los escaños y gritando ¡libertad! cuando piden privilegios ante una ley que intenta defender tímidamente la educación pública, es una metáfora del peso de ese legado. Y nos deja otra lección: por muy “moderada” que sea una ley, no impedirá las arremetidas de esos sectores contra la educación pública, como ya pasó con la LOE y volverá a pasar si no se hacen bien las cosas.

La importancia de la educación como derecho y servicio público esencial se ha vuelto a poner de manifiesto con la pandemia. Esta situación también ha revelado sus carencias una rigidez que impide dar respuestas eficaces cuando se está en situación de precariedad por los recortes y la insuficiente inversión. Ello obliga, simplemente, a sobrevivir en vez de innovar en organización, metodologías y currículo. Pero la ley no ha sido capaz de abordar temas tan cruciales como un nuevo currículo más flexible y una concepción de la evaluación adaptada a la finalidad de la educación que no puede ser otra que el desarrollo personal, crítico y ciudadano del alumnado y la cohesión de la sociedad.

Sinceramente, creo que la apuesta debería ser una ley con más alcance y con la financiación necesaria para aplicarla, pero sigue sin estar claro aquel axioma de Danton: “Lo primero es la educación”. Habrá futuro para la educación que necesita este país para sus reformas modernizadoras solo si se apuesta por cuestiones clave como las siguientes:

1. Red única de titularidad y gestión pública, frente a la existencia de la doble red. La ley no supone avances significativos en la reversión de la privatización que se viene realizando y deja sin establecer un horizonte de apuesta decidida por la red pública como vertebradora del sistema educativo con la incorporación progresiva a ella de los centros concertados. No está claro cómo va a concretarse la creación de plazas públicas suficientes por las diferentes administraciones para atender la nueva demanda, cómo se garantizará el equilibrio en la admisión del alumnado para evitar la segregación y, mucho me temo, que seguirá sin controlarse el cobro de cuotas ilegales por los centros concertados. Las CCAA gobernadas por la derecha seguirán agrediendo a la educación pública e intentando achicar su espacio con la transferencia descarada de recursos públicos a los centros concertados. De hecho, ya han anunciado leyes para “blindar” a la concertada, quieren adelantar la campaña de escolarización para que no se aplique la nueva ley el curso próximo, y querrán seguir concertando bachilleratos y formación profesional, si no se recupera el artículo 47 de la LODE para que los conciertos educativos se ciñan en exclusiva a la enseñanza básica, que es la única universal y obligatoria. Las buenas intenciones son cosmética legal si luego no se pueden aplicar.

1. Financiación suficiente. La ley plantea que se elaborará un plan de aumento de gasto en el plazo de 2 años, y que en 10 años alcanzará el 5% del PIB (2032). Hay que recordar que, como consecuencia de los recortes actualmente solo se destina un 4,3% del PIB a gasto educativo, que la media de los países europeos es del 6%, y que las principales organizaciones siguen reivindicando un 7% del PIB de inversión educativa. Y de la financiación dependen muchas cosas: la reversión de los recortes de la última década, la reducción de ratios, la contratación de profesorado, la recuperación de jornada lectiva en secundaria a las 18 horas preLOMCE para potenciar la cooperación y la innovación pedagógica, la atención de la diversidad, la implantación de la educación infantil pública de 0 a 3 años, y asegurar la equidad con becas y ayudas al estudio como un derecho subjetivo.

1. Laicismo. La LOMLOE mantiene la asignatura de religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio. Aunque se supriman los excesos que introdujo Wert como ser evaluable para contar a efectos de acceso a la universidad y becas, seguirá siendo confesional y segregará al alumnado por motivos de creencias. Es llamativa la poca importancia que se da a derechos fundamentales de la infancia, recogidos en los tratados internacionales, al permitir que en el ámbito educativo se adoctrine a menores. Es difícil pensar en una modernización de la sociedad manteniendo esta situación que recoge privilegios impensables en los países de nuestro entorno y que no respeta la libertad de conciencia del alumnado. Por ello es necesario dejar la religión en el ámbito de lo privado y construir un currículo laico, inclusivo e igualitario.

1. Participación democrática. Sigue habiendo un déficit democrático a nivel general y de centro. El Ministerio de Educación no ha contado con la comunidad educativa, ni ha atendido las principales propuestas que ha realizado tras mucho trabajo y consenso y que se recogen en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. En el desarrollo posterior de la ley es fundamental que participen los sindicatos y agentes educativos. Los claustros y consejos escolares deberían de tener mayor equilibrio y protagonismo. Y, por supuesto, hay que recuperar la confianza en el profesorado y darle participación. Es una lección que se debería de aprender de una vez por todas, por una cuestión democrática y por su eficacia, tal y como se demuestra en las experiencias de sistemas de un alto éxito escolar como Finlandia o Portugal.

Resumiendo, la utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. Si no blinda y potencia la Educación Pública, será una ley inane incapaz de proporcionar para el siglo XXI una educación que pueda transformar y mejorar esta sociedad. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida, pero no hay que afligirse: nos seguirá quedando la educación como empeño.

[Fuente: eldiariodelaeducación.com]