Todos los presupuestos son sociales y progresistas, al menos eso es lo que afirman siempre los respectivos gobiernos. No obstante, suele haber grados, dependiendo de lo teatrales que sean. Con Sánchez, ya lo sabemos, todo es puro espectáculo, por eso no se han conformado con que la ministra de Hacienda, como es tradicional, lleve al Congreso los documentos (hace años en papel con una camioneta llena de libros, recientemente en un pen drive), sino que antes el presidente y el vicepresidente del Gobierno han querido presentarlos de forma solemne en la Moncloa y con una liturgia “made in Sánchez”, similar a la que ha venido aplicando cada poco tiempo, en las distintas circunstancias, desde el frustrado pacto con Rivera, allá por 2015.

El triunfalismo, la satisfacción y la euforia mostrados en la presentación contrastan con los graves apuros económicos que están sufriendo muchos ciudadanos y aun más con las amenazas que se ciernen sobre la economía española de cara al futuro. Frases como la de “el mayor gasto social de la historia” o la de “cambiaremos el modelo productivo de España”, o esa otra de “avanzar hacia una economía con un mayor valor añadido”, suenan casi a escarnio cuando la situación económica de España es crítica.

La ministra de Hacienda ha calificado estos presupuestos como extraordinarios, inéditos e históricos. El mismo título que han querido darles, “presupuestos de la transformación”, es una petulancia casi insultante. El objetivo debería ser mucho más humilde, la recuperación, salvar los muebles, salir lo antes posible de la crisis, y de la manera más factible, sin grandes planteamientos de transformación y no digamos de cambio de modelo productivo. Da la impresión de que el gobierno está en las nubes o de que confunde la realidad con el teatro.

Bien es verdad que los presupuestos lo aguantan todo. Se pueden rellenar las partidas con las cantidades que se deseen. Solo hay que procurar cuadrar los ingresos con los gastos y con el déficit que estemos dispuestos a confesar. Ciertamente, al final se descubren las trampas o los errores, pero eso sucede a la liquidación y entonces la atención popular y la política se centran ya sobre el año siguiente y lo pasado pierde interés. La superchería se suele introducir desde el mismo principio a la hora de estimar el cuadro macroeconómico, con repercusiones inmediatas como mínimo en las previsiones de recaudación.

El cuadro macroeconómico propuesto por el Gobierno como antesala de los presupuestos es en exceso optimista y presuntuoso, aunque da la impresión de que esa confianza es más bien impostura. Es difícil creérselo cuando se aparta de las estimaciones del Banco de España (BE), del FMI, y de la OCDE. La segunda ola es una realidad y todo indica que la epidemia, con sus secuelas económicas, va a permanecer buena parte del próximo año.

El Gobierno estima para este año una reducción del PIB del 11,2%, mientras que el FMI lo cifra en el 12,8%; la OCDE y el BE, si tomamos sus previsiones en el contexto de una segunda ola, en el 14,4 y el 15,1%, respectivamente. Pero mayor diferencia se produce en el crecimiento estimado para el año 2021. El 9,8% resulta increíble, y choca frontalmente con las estimaciones de los organismos internacionales y del BE. Todo ello conlleva a que la recaudación será con seguridad muy inferior a la establecida en el documento presupuestario, y por ende el déficit será mayor o se tendrán que recortar capítulos de gasto que tan generosamente, pero sin demasiado fundamento, se han colocado en los estados numéricos para proclamar a bombo y platillo que contienen el mayor gasto social de la historia.

El Gobierno incorpora los recursos (26.634 millones de euros) que estima que en 2021 van a venir de Europa. Pero no hay ninguna certeza de que el dinero llegue en el próximo año ni de que sea por tal cantidad. Además, es una incorporación tramposa, puesto que el 95% se concreta en transferencias tanto corrientes como de capital, es decir, que en su gran mayoría se va a ejecutar fuera del presupuesto. Tan solo sirve para hinchar los gastos y mostrar que estos se incrementan sustancialmente con respecto a los del presente año.

Conviene recordar que los fondos europeos no pueden emplearse en gastos de funcionamiento ni en prestaciones sociales, sino en proyectos, que en su mayoría estarán ligados al sector privado. Lo peor es que, espoleado por la prisa, el Gobierno ha decidido que los proyectos comiencen a ser ejecutados antes de ser aprobados por Bruselas y serán financiados, de forma puente —se dice—, por deuda pública. ¿Pero qué ocurre si al final la UE no los aprueba?

Por otra parte, no creo que pueda incrementarse significativamente la protección social sin que exista una reforma fiscal en profundidad, reforma que el Gobierno pospone una vez más ad calendas graecas. No entiendo esa aseveración que niega rotundamente que se puedan o se deban elevar los impuestos en un momento de crisis. Ciertamente, no es conveniente subir los indirectos, ya que estos giran sobre todos los ciudadanos, prescindiendo de su situación económica. Pero otra cosa son los tributos de carácter directo, ya que consideran las características monetarias y financieras de cada contribuyente, y por lo tanto se puede discriminar a quiénes afectan. Van unidos a los beneficios, a la renta y al patrimonio.

El impacto de una crisis sanitaria y económica como esta no es uniforme, ni todos la sufren del mismo modo, incluso puede ocurrir que algunos hayan salido ganando, o por lo menos que no tengan pérdidas o bien que sus pérdidas no sean relevantes con respecto a su patrimonio y a su renta. Incrementar el gravamen a estos contribuyentes puede ser conveniente desde el punto de vista de la equidad, distribuyendo la carga de la crisis, pero también para el objetivo de la recuperación económica; la propensión a consumir de los que van a soportar el gravamen será bastante inferior de la de aquellos que van a recibir las prestaciones sociales.

Estos presupuestos introducen, curiosamente, pocas variaciones tributarias, y de ellas la mayoría son relativas a los impuestos indirectos: gravamen sobre el diésel, cambio del IVA de las bebidas azucaradas, incremento del tipo en la tributación de las primas de seguros, a lo que hay que añadir la creación de nuevos impuestos que necesitan ley propia, un gravamen sobre el uso del plástico y otro sobre residuos. La casi totalidad se pretenden justificar por el cuidado al medio ambiente, pero tan importante o más que el medio ambiente, sobre todo cuando este apenas depende de nosotros, es la política redistributiva, y lo que recibe el nombre de fiscalidad verde suele ser casi en su totalidad gravámenes indirectos y que inciden en mayor medida sobre las clases bajas.

Por el contrario, lo que los presupuestos pretenden presentar como tributación a los grandes contribuyentes es una mala broma. Las modificaciones tributarias expuestas en el pacto entre el PSOE y Podemos están muy lejos de constituir la reforma fiscal que necesita la economía española; de hecho, están llenas de tópicos y se mantienen en la superficie. Cualquier cambio del IRPF tiene que comenzar por unificar las rentas de capital con el resto de ingresos en una misma base imponible y con una misma tarifa, cosa que el acuerdo no contempla. Sin abordar esta modificación toda otra constituye un pastiche que originará contradicciones y quizás injusticias comparativas.

Ahora bien, en estos presupuestos, con la excusa de que estamos en crisis, ni siquiera se incorpora lo pactado, dejándolo, según dicen, para más adelante. Los escasos cambios introducidos en el IRPF y en el impuesto de patrimonio son casi una burla y parecen tan solo un intento de pasar por progresistas frente a los respectivos electorados. Algo similar ocurre con ciertas medidas propuestas para la lucha contra el fraude fiscal. Hay una en concreto cuyo objetivo parece ser únicamente engañar al personal. Me refiero a la prohibición de decretar en el futuro una nueva amnistía fiscal. Tal precepto no tiene ninguna virtualidad. No garantiza absolutamente nada. Las amnistías fiscales se aprueban por leyes, y una ley cambia a otra ley, con lo que la medida es pura palabrería, mera declaración de intenciones, y las promesas de Sánchez no son demasiado creíbles, como todo el mundo sabe.

La misma finalidad parecen tener las dos condiciones impuestas al final por Podemos para aprobar los presupuestos. Obedecen únicamente al propósito de mostrar que su estancia en el Gobierno no es inútil, y que son capaces de imprimirle un giro a la izquierda. La primera incide sobre el ingreso mínimo vital (IMV). Pretende introducir algunos cambios con la intención de solucionar los embrollos en los que está inmersa esta prestación. Vano intento, el defecto es de fondo, de diseño. Se ha construido una figura muy difícil de gestionar y más aún de controlar. La forma que adopta, de impuesto negativo sobre la renta, tiene un coste de administración y fiscalización totalmente desmedido. Los problemas que están creándose en su implantación lo indican bien claramente. El gobierno esta semana se ha visto obligado a crear un subsidio para aquellos que han agotado este año el seguro de desempleo. Pero entonces ¿para que sirve el IMV?. Lo peor, además, está por venir; cuando al final esté totalmente en funcionamiento, descubriremos que no hay forma de controlarlo a un coste proporcionado, por lo que la prestación quedará al albur de los más listillos y se prestará a todo tipo de trampas.

La segunda condición radica en la promesa de limitar el precio del alquiler. El haber escrito ampliamente sobre este tema y sobre los resultados negativos que se pueden obtener, contrarios a los que teóricamente se pretenden, me libra de extenderme sobre ello en esta ocasión (entre otros, ver mi artículo del 26 de marzo pasado). Sin embargo, no renuncio a señalar el riesgo que puede haber de destruir el incipiente mercado de alquiler. La poca extensión de este mercado ha lastrado tradicionalmente el problema de la vivienda en España, lo que constituye un grave perjuicio precisamente para las clases más desfavorecidas, a las que les está vedada la compra.

Además, no puede por menos que extrañar que se plantee precisamente ahora, cuando los precios de los alquileres están descendiendo; a no ser que detrás de esta demanda se encuentre una finalidad política, en el sentido más prosaico del término, el dar satisfacción a Esquerra Republicana y asegurar su apoyo a los presupuestos. La Generalitat, sin tener competencia para ello, ha aprobado una ley limitando los precios de los alquileres. (Colau debe su carrera a la plataforma antidesahucios). El Gobierno, como era de esperar, no la ha recurrido ni ha instado su suspensión. La amenaza de inconstitucionalidad, sin embargo, revolotea sobre la medida al estar tomada por un órgano que no tiene competencias para ello. La aprobación de una ley nacional la cimentaría y legalizaría.

Quizás se piense que con esta promesa Esquerra estaría dispuesta a apoyar los presupuestos. Por supuesto, con esta promesa y con algo más. Se asigna a Cataluña un montante de inversión desmedido con respecto a otras regiones. Se justifica afirmando que es la correspondiente a la participación del valor añadido que Cataluña tiene en el PIB nacional, pero ahí está precisamente el problema, que extrapolando ese modelo a todas las Autonomías se rompería la política redistributiva, y la desigualdad entre regiones se haría cada vez más pronunciada. Se condenaría a Extremadura, por ejemplo, a tener indefinidamente un ferrocarril tercermundista.

El problema de aprobar unos presupuestos Frankenstein es que nacen hipotecados a los partidos nacionalistas y regionalistas. Todos están dispuestos a pasar factura. No son de izquierdas ni de derechas, sino populistas, híbridos, hechos a trozos, de compras y de ventas; del PNV, de Esquerra, del PDeCAT, y de un sinfín de formaciones localistas y provincianas prestas a poner precio. Pero al mismo tiempo, pretenciosos y teatrales, alejados de la realidad presente y futura de la economía española. En las nubes, pendientes de la transición ecológica, la digitalización y la igualdad de género, pero olvidando tal vez las posibilidades más inmediatas de nuestra economía y de aquellos sectores en los que podemos ser más competitivos y en los que se puede crear más empleo.

[Fuente: Republica.com]