El 29 de octubre de 2010 murió Marcelino Camacho. Tenía 92 años, toda una larga vida de trabajador metalúrgico comprometido con su clase, por lo que pagó un alto tributo en las cárceles franquistas. Fue fundador y el primer secretario general del sindicato de Comisiones Obreras. Figura clave en la conquista de las libertades en España, también fue diputado comunista por Madrid en las dos primeras legislaturas de la actual democracia. 

Era una persona muy carismática y querida por los trabajadores y trabajadoras, respetada desde todas las posiciones políticas por su honestidad y coherencia. Un buen homenaje para cumplir con el deber de memoria, y aprender de él y su ejemplo, es la película Lo posible y lo necesario. Pero no podemos quedarnos en el recuerdo, ni se trata de ensalzarlo, sino aprovechar la oportunidad para mirarnos en el espejo que refleja la situación de la clase trabajadora de este país. Y el balance es bastante desolador, la clase obrera no está para ir al paraíso, precisamente.

Aunque este retroceso empezó bastante antes de su muerte. Quizá desde aquella magnífica Huelga General de 1994 que no tuvo continuidad por el cambio en la estrategia del sindicato y que produjo una grave crisis en CCOO. Crisis que, además del giro de timón, tuvo como consecuencia uno de los momentos más amargos de Marcelino: su salida de la presidencia del sindicato sin ningún debate previo ni participación de los afiliados. Pero no vamos a irnos tan lejos, basta con analizar la última década.

La verdad son los hechos sin adornos. Y sí, abundan los pasos atrás y hay pocos adelante. El último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se despidió con un paquete de medidas antisociales. Aceptó las presiones de la Unión Europea y el 12 de mayo de 2010 dinamitó su retórica de presidente de los derechos sociales: congelación de pensiones y de salarios de empleados públicos, recortes del gasto social y anuncio de una reforma laboral y de pensiones.

La reforma laboral de 2010 abarataba el despido reduciendo la indemnización de 45 a 33 días por años trabajado, permitía los despidos procedentes a empresas con pérdidas y facilitaba el descuelgue de los convenios a los empresarios. La reforma de pensiones de 2011, pactada por los grandes sindicatos, aumentaba la edad legal de jubilación a 67 años, con 37 de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora y ampliaban el cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años. Ello suponía un listón inalcanzable para millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes, con vidas laborales muy cortas y con baja cotización por el paro y la precariedad.

Su duro ajuste no le permitió conservar el poder, perdiendo estrepitosamente ante la derecha en 2011. Recordar esto es un buen aviso a navegantes para saber que, aunque te sientes en “la mesa con los caníbales liberales” (en palabra de Rafael Chirbes), ello no te salva de la derrota moral, política y electoral.

Después, con el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, se produjo una escalada aún mayor en las agresiones a los derechos laborales. Grandes recortes sociales, privatizaciones y ataques a los servicios públicos esenciales, y nuevas reformas laborales y de pensiones. Para intentar restringir la contestación social se legisló un recorte de libertades con la reforma del Código Penal y la Ley “Mordaza”.

La reforma laboral de 2012 reforzó la capacidad del empresario para el despido improcedente reduciendo la indemnización a un máximo de 24 meses; precarizó aún más la contratación y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (clasificación profesional por grupos, movilidad funcional y geográfica); debilitó gravemente la negociación colectiva y los convenios de eficacia general (descuelgues de los convenios de sector, supresión de la ultractividad de los convenios…). El nuevo ataque a las pensiones del Gobierno del PP en 2013 desvinculaba la subida de las pensiones del IPC, reduciendo la pensión inicial con el argumento de considerar la esperanza de vida. El llamado ‘factor de sostenibilidad’ buscaba reducir automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja que no tuvo respuesta sindical. También en julio del 2012 se recortó sustancialmente la cuantía de la prestación por desempleo y posteriormente se aumentaron la edad y los requisitos para poder percibir el subsidio de mayores de 55 años, dejando a miles de personas sin cobertura.

Los sindicatos mayoritarios contestaron con dos huelgas generales los recortes y agresiones. La del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de Zapatero y la congelación de pensiones y de salarios de los empleados públicos. Y la Huelga General del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Partido Popular. También hubo otra huelga coordinada a nivel europeo de menor incidencia práctica (14 de noviembre de 2012) y alguna otra convocada por otros sindicatos. Después la movilización trasladó su centro de gravedad hacia los movimientos sociales y mareas sectoriales de todo tipo (educación, sanidad, pensionistas, Marchas por la Dignidad etc.). Y hubo emblemáticas luchas de empresas, destacando por su duración y dureza la de la plantilla de Coca Cola de Fuenlabrada, saldada con un triunfo de los trabajadores.

El paisaje después de la batalla es desalentador. Despido individual y colectivo más libre y barato, debilitamiento de la negociación colectiva, precarización del empleo, y disminución de prestaciones por desempleo, menor democracia en las empresas, nuevas formas de sobreexplotación laboral (como los riders y falsos autónomos), desahucios y ataques al Estado de Bienestar. Este es el panorama y tras la devastación no hay formas de inocencia. Estas agresivas reformas hay que derogarlas porque no son compatibles con un modelo de relaciones laborales basado en los derechos fundamentales y en el equilibrio entre las partes que debe asegurar el Derecho del Trabajo, ni con un Estado de Bienestar que proteja socialmente a la población.

La contestación social y el la corrupción política del Partido Popular facilitaron la aparición de nuevos partidos políticos como Podemos en el campo de la izquierda, Ciudadanos como receptáculo del voto perdido por el PP, y la irrupción de la ultraderecha. También se produjo el fin del bipartidismo, el cambio de Gobierno y la victoria electoral de las fuerzas progresistas. Ahora la situación política está marcada por la existencia de un gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, acosado brutalmente por las derechas de siempre que quieren derribarlo e impedir una agenda reformista. Todo ello en un contexto de grave crisis sanitaria y económica por el coronavirus. Mientras, los sindicatos intentan empujar y esperan que el Gobierno de coalición aplique su programa y se puedan revertir las reformas laborales y blindar derechos sociales como las pensiones y los servicios públicos.

En esos tiempos difíciles, echamos mucho de menos a Marcelino. Pero nos queda su legado. Estamos seguros de que Marcelino les diría a los trabajadores y trabajadoras que hay que organizarse y movilizarse, porque las conquistas hay que defenderlas, para que no se pierdan y con ellas el esfuerzo de muchos luchadores; que habrá que recomenzar de nuevo cuántas veces sea necesario. A los sindicatos, que tienen que hacer un esfuerzo por representar a todo el mundo del trabajo, estar muy pegados a las bases para ganarse su respeto y apoyo, fomentar la participación y no olvidar que sin movilización no habrá negociación y avance en los derechos. Y le recordaría al Gobierno progresista que siempre hay que saber distinguir entre lo posible y lo necesario: «Lo posible es lo que nos permiten hacer, y lo necesario lo que debemos hacer. Lo posible es de personas cuerdas, lo necesario es de locos utópicos. Quienes cambian el mundo son aquellos que luchan por lo necesario».

[Fuente: Cuarto Poder]