España no va bien. Nuestra economía está sufriendo el shock y la caída de actividad más fuerte de los últimos 80 años. Nos encontramos en medio de una pandemia que se creía dominada pero que se recrudece por momentos, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, y que va a provocar un segundo frenazo económico que puede ser una puntilla letal para miles de las empresas que hasta ahora han podido superar la situación, incluso sin que llegue a producirse un nuevo confinamiento como el del primer semestre.

El desconcierto con el que se reanuda un servicio publico tan esencial como el educativo; la generalizada sensación de descoordinación e incluso de desgobierno que está dando nuestro Estado de las Autonomías; la ineficacia con que se están gestionando los ERTES o las ayudas del Ingreso Mínimo Vital; la información estadística tan contradictoria y poco rigurosa que se ofrece; los peores datos comparados que vienen registrando nuestra economía y la expansión de la pandemia en España; o el clima de constante desacuerdo político e incluso de discordia civil… son claras manifestaciones de que las cosas no nos van bien.

Pero una circunstancia es aún más preocupante porque puede ponernos en una situación inmediata no ya de mayor peligro sino incluso surrealista: la falta de un horizonte claro de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Seguir abordando una situación económica y social que ha cambiado tanto y para mal con las cuentas públicas elaboradas hace casi tres años y por un gobierno que representaba a un partido que defendía otras prioridades es una barbaridad y algo que contradice al más elemental sentido común y que materialmente impide tomar las decisiones imprescindibles para que nuestra economía no se deteriore hasta límites que en estos momentos quizá sea muy difícil que se puedan ni siquiera sospechar.

España necesita unos nuevos Presupuestos que respondan a la nueva dirección que hay que darle a nuestra economía cuando las circunstancias han cambiado tanto.

Era lógico que el nuevo gobierno progresista tuviera prisa por imprimirlos con un nuevo tinte de transformaciones más avanzadas, mirando al futuro para poder ir corrigiendo los pasos atrás que se habían ido dando en años anteriores. Y para ese viaje se necesitaba y se podría contar, lógicamente, con los socios parlamentarios y sociales que estuvieran dispuestos a suscribir los programas de cambios sociales y económicos que se proponía emprender el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos.

Ahora, sin embargo, la prioridad tiene que ser necesariamente otra puesto que estamos en una situación de auténtica emergencia: lo prioritario es hacer frente -con el mayor acuerdo político y apoyo social posibles- a los estragos que la pandemia y la subsiguiente caída de la actividad en todo el mundo han producido y que van a seguir produciendo, al menos, durante unos cuantos meses más. Lo cual significa que todos los grupos políticos y sociales han de estar dispuestos a aceptar renuncias en las aspiraciones que defienden en la normalidad.

La elaboración de los Presupuestos siempre comporta un conflicto político pues implica decidir en qué bolsillo se va a poner o no la gran cantidad de recursos que movilizan. Pero en estos momentos, el conflicto es mucho mayor y se está manifestando sin contemplaciones. Una gran parte de la población se juega su empleo y subsistencia, miles de empresas reclaman ayudas y los grupos oligárquicos tratan de seguir siendo los dueños y señores de la economía para seguir tomando de facto las grandes decisiones que aumentan sin cesar sus negocios y patrimonios. Sobre todo, porque no sólo se cuenta con los recursos más o menos habituales sino con los extraordinarios que la Unión Europea ha dispuesto y con los adicionales que habrá que obtener mediante endeudamiento para luchar contra los efectos de la Covid-19 en un momento histórico de inminentes cambios productivos y tecnológicos. Está en juego, pues, el reparto de muchos cientos de miles de millones de euros durante años y, además, la decisión sobre quién debe soportar en mayor o menor medida la carga de la deuda que se va a generar.

La tradición más democrática de otros países permite que el reparto de los recursos públicos se realice cuidando más las formas. En España, sin embargo, los grupos oligárquicos se han sentido siempre tan dueños de todo que nunca han llegado a aceptar que deban renunciar a una parte de la tarta para mantener los equilibrios sociales básicos y por eso la derecha política que financian a su servicio es como es y actúa, incluso en momentos tan difíciles, como ahora lo hacen Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, sin la más mínima concesión a los españoles de izquierdas que consideran sus enemigos.

Ni siquiera en una situación como la actual, de emergencia económica y pública, está dispuesta la derecha que representa a esos grupos de poder oligárquico a aceptar acuerdos básicos, de mínimos, que impliquen un reparto algo más equitativo de los beneficios y las cargas del dinero público y que salven a España de los efectos de una pandemia generalizada en el planeta. Entre otras cosas, porque eso obliga a hacer ejercicios de transparencia y debate público que pondrían en evidencia los mecanismos clientelares y corruptos mediante los que hacen sus grandes fortunas (que eso haya afectado incluso al anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, es buena prueba de lo que digo).

Esa es la razón por la que un Gobierno de izquierda tan moderada como el actual no recibe ni el más mínimo apoyo de la derecha ni cuando está en peligro la integridad económica nacional y la salud de los españoles. Por eso se ha hecho todo lo posible para intentar derribarlo de cualquier forma en medio de una emergencia sanitaria, justo cuando más necesaria es la unidad nacional que de boquilla defienden los empleados de la oligarquía que domina España desde hace décadas.

La desgracia es que, por el otro lado, la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez es débil, volátil y poco leal porque una buena parte de ella tiene objetivos a medio y largo plazo completamente contrarios a los que pueden proporcionar la estabilidad que se requiere para elaborar estrategias nacionales de mediano alcance, como las que son hoy día insoslayables para hacer frente a la emergencia económica y social. Conseguir aprobar los Presupuestos a base de tironeos y concesiones puede ser una alternativa más o menos aceptable en momentos de normalidad pero resulta suicida cuando se está en una situación excepcional, en medio de una pandemia que paraliza la vida económica y es imprescindible utilizar los recursos con la máxima eficacia.

Añádase a todo ello que la coalición que sostiene al Gobierno que preside Pedro Sánchez no consigue dejar de mostrar sus desavenencias y que constantemente olvida el hecho elemental de que la ciudadanía necesita comprobar, ahora más que nunca, que su Gobierno es fuerte y que está estrechamente unido.

Se advirtió que un segundo brote de la pandemia supondría un peligro muy grande, ahora quizá más económico que sanitario. No se han tomado las medidas preventivas necesarias. O no se han sabido tomar o no se ha tenido la determinación política necesaria para hacerlo, o no se han tenido los apoyos suficientes. Sea como sea, el resultado es que ahora vamos a encontrarnos de nuevo en una situación muy delicada.

El Gobierno no va a encontrar ayuda en la oposición y ni siquiera entre la mayoría de sus socios para sacar adelante las medidas que se necesita adoptar en la nueva situación: de racionalización, eficacia, equidad, transparencia, transformación y ayuda inmediata, mientras que Europa nos va a estar mirando -con toda la razón- para comprobar cómo se hacen las cosas y de qué manera se toman las decisiones. La única ayuda que puede recibir puede proceder de la sociedad y ahí es donde el Gobierno debería realizar con urgencia el esfuerzo que hasta ahora no ha hecho, o que sólo ha realizado de manera insuficiente. Un esfuerzo dirigido a conseguir complicidad y apoyo social y ciudadano y que obligue a los partidos de la derecha y a las fuerzas poderosas que los apoyan a llegar a los acuerdos de estabilidad y sosiego que son imprescindibles para salvar a España. Un esfuerzo, eso sí, que sólo se puede conseguir con información y transparencia, con liderazgo, con la verdad por delante y con hechos que demuestren que se sabe gestionar bien, con eficacia, lo más inmediato, además de hacer discursos ideológicos.

Si no cuenta inicialmente con el apoyo de las fuerzas políticas, el Gobierno debería concitar empuje ciudadano, acuerdos con los agentes sociales, con las empresas y sindicatos, con los grupos sociales y de influencia social y hacer que la ciudadanía, los intereses reales de la mayor parte de la sociedad -que ahora son los de anteponer la salvación de la economía y la sociedad a cualquier otro objetivo-, se impongan a los de quienes sólo buscan controlar la gestión del dinero público en su propio favor. Para ello, claro está, lo primero es que el Gobierno sea capaz de poner sobre la mesa un programa creíble de medidas inmediatas de gestión de la crisis que hasta ahora no ha terminado de ofrecer. Las improvisaciones y los parches ya no sirven. Y las grandes estrategias tampoco son muy útiles, por muy acertadas que sean, si la sociedad no las conoce y las hace suyas. Es imprescindible que los inmediatos Presupuestos frente a la situación de emergencia en la que estamos no se diseñen solamente para lograr superar de cualquier forma los trámites parlamentarios sino para que la ciudadanía los contemple como una palanca de salvación, como una respuesta efectiva a la crisis sanitaria y económica que consiga así la movilización, el empuje y el compromiso ciudadano, social y económico.

Los próximos Presupuestos Generales del Estado o se conciben y se aprueban con amplia mayoría como de salvación nacional o seguramente ni siquiera lleguen a aprobarse.

[Fuente: Público]