La llegada de la pandemia del Covid-19 ha impedido que el Gobierno del Estado presentara el presupuesto de este año 2020, y ha obligado a prorrogar el de 2019, que a su vez estaba prorrogado del de 2018, un presupuesto que había sido aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un presupuesto que proviene pues, de la etapa de austericidio al que fue sometida la población española por parte del Gobierno del Partido Popular.

A pesar de los recortes de años anteriores, en aquel presupuesto de 2018 los créditos del Ministerio de Defensa habían tenido un aumento de un 10,5% con respecto al año anterior de 2017 hasta alcanzar los 10.199 millones. Un incremento que en dos aspectos clave eran ventajosos para Defensa: en inversiones militares e I+D militar. Las inversiones en defensa habían aumentado un 25%, alcanzado la substancial cifra de 3.696 millones; y la I+D militar para el desarrollo de nuevas armas un porcentaje aún mayor de un 47%, alcanzado los 678,7 millones. Las prórrogas del presupuesto en los años 2019 y 2020 no han representado una pérdida para las capacidades del Ministerio de Defensa, pues el presupuesto de 2018 partía de una situación muy favorable, en especial para las adquisiciones y el desarrollo de nuevos armamentos.

Un presupuesto del Ministerio de Defensa al que, además, se deben sumar —tal como aconseja la OTAN a los países miembros— todos aquellos gastos que, aun siendo militares, no se incluyen en los créditos de Defensa: las clases pasivas de los militares en servicio, en la reserva o pensionistas; la mutua militar; la Guardia Civil, un cuerpo paramilitar que se rige por la ordenanza militar; las aportaciones a organismos militares internacionales, como la OTAN; los créditos en I+D que se destinan a la producción de nuevos armamentos y que salen del Ministerio de Industria. Además, cabe añadir los intereses de la deuda pública correspondientes a Defensa, pues si el Gobierno endeuda al Estado para adquirir armas, instalaciones e infraestructuras, la parte proporcional que corresponde a Defensa también debe ser añadida; y por último, la desviación entre el presupuesto inicial aprobado y el presupuesto final liquidado al finalizar el ejercicio, que todos los años ronda los mil millones (en el último año de 2019 fue de 930 millones).

Esa desviación en la liquidación final del presupuesto de Defensa esconde, en parte, el gasto militar real de España que representan las misiones militares en el exterior. Se trata de un caso de ocultación deliberada de los gastos reales de las intervenciones militares, pues cada año se habilita un crédito inicial muy inferior al real (en años anteriores fue de 14 millones, y en 2019 se gastaron 1.176).

Entonces, sumando todas las partidas indicadas, la propuesta de gasto militar para este año 2020 alcanza los 20.014 millones de euros. Es decir, casi el doble (un 96% superior) al presupuesto del Ministerio de Defensa.

Lo más significativo del gasto militar de este año, al que debe hacer frente el Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos, es que el anterior Gobierno provisional del PSOE había aprobado en Consejo de Ministros de 14/12/2018 siete nuevos Programas Especiales de Armas (PEA) por un importe de 12.991 millones, que se debían fabricar entre los años 2019 y 2032, a saber: cinco fragatas F-110 por un importe de 4.325 M€; 248 blindados 8×8 Dragón de un coste de 2.100 M€; actualización del avión de combate F-2000 con una aportación de 906 M€; 1.172 M€ para el submarino S-80, para subsanar los defectos de ingeniería que impedían que flotara; 1.381 M€ para los helicópteros militares NH-90; 819 M€, destinados a modernizar los helicópteros Chinook; y 1.397 M€ para tres satélites de comunicación militar.

Para el desarrollo tecnológico y las actividades en I+D+i en armamentos, los créditos de 2020 están repartidos en dos programas: uno de Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con una asignación de 467 millones que en su totalidad van destinados a las empresas militares (como ayuda para desarrollar los nuevos programas de armas anteriormente indicados); y un segundo de Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas dotado con 211 millones.

Y para las inversiones en adquisición de armas e infraestructuras en Defensa se prevé una partida de 3.059 millones, de los cuales 1.873 son para hacer frente al pago de la anualidad de los programas PEA ya existentes —de los que aún se adeudan a las empresas militares 21.400 millones—; y los restantes 1.186 millones son para la adquisición de armamentos de uso, como municiones, explosivos, torpedos, misiles, vehículos de transporte, sistemas de comunicación, además de inversiones en instalaciones e infraestructuras militares.

En conclusión, el presupuesto de Defensa de este año 2020, a pesar de estar prorrogado desde 2018, está sobradamente dotado de recursos para proseguir con el desarrollo y adquisición de nuevas armas. Unos armamentos y unas fuerzas armadas de 120.000 efectivos que sólo cumplen con la impertérrita misión de la disuasión, fundamento principal de los ejércitos. Así lo establece la Directiva de Defensa Nacional, que enumera cuáles son los peligros y amenazas que se ciernen sobre el Estado y otras cuestiones más vagas para las que no están habilitadas las FAS, donde la más importante es el terrorismo yihadista, seguido de: proliferación de armas de destrucción masiva; la delincuencia organizada; la ciberseguridad; la seguridad energética; el cambio climático; las catástrofes naturales; las crisis humanitarias; las migraciones masivas; y los conflictos armados en escenarios que afecten a la seguridad mundial. De todas éstas, sólo la última parece que necesitaría de la utilización de una fuerza armada de mediación, aunque restringida al caso de que antes hubieran fracasado todos los intentos de solucionar el conflicto por la vía del dialogo.

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La llegada de la pandemia del Covid-19 ha destapado las carencias de la sanidad pública, víctima, junto a los otros servicios que sostienen el Estado de bienestar en España, de los recortes a que fue sometida tras la llegada de la crisis de 2008. Ahora, con la pandemia, aunque de signo muy diferente, aparece una nueva crisis que será también de enorme magnitud, y que hará necesarios cuantiosos recursos públicos en ayudas para que la población pueda superar la pérdida de empleo y reactivar la economía productiva. Esto viene a cuento de la necesaria denuncia del ingente gasto militar existente hoy en España, tal como se ha expresado aquí. Pues ese ingente gasto militar de más de 20.000 millones anuales destinado a proporcionar seguridad —según la entienden los gobiernos que se han alternado al frente del Estado—, bien podría destinarse a otro tipo de seguridad: la humana, es decir, aquellos ámbitos que las personas perciben como necesarios para su desarrollo, como salud, servicios sociales, empleo, vivienda y educación, lo que a buen seguro proporcionaría un mayor bienestar a la población.