A diferencia de otras iglesias, la católica se abstiene de bendecir los matrimonios homosexuales. Pero no puede impedir que los homosexuales reciban el sacramento del matrimonio.

Pues quien administra ese sacramento no son los ministros de la Iglesia, sino los propios contrayentes. Dos personas cristianas homosexuales que se comprometan a vivir juntas considerando indisoluble este compromiso —y a educar cristianamente a los eventuales hijos de uno de los cónyuges o adoptados— reciben lo que los católicos llaman el sacramento del matrimonio y la gracia divina asociada a él, siempre según los principios básicos de la teología cristiana.

Que la Iglesia de Woytila se niegue a dar su bendición —pues sólo se trata de eso— a estas uniones es sólo un asunto de política eclesiástica. La misma política que es incapaz de aceptar los anticonceptivos, el aborto, la práctica no heterosexual, la masturbación o la sexualidad sin intención matrimonial, que la Iglesia mal llamada católica, como se verá, condena en bloque, rechazando además elaborar una moral sexual acorde con los tiempos y basada ante todo en el respeto del otro. Con esa política no puede extrañar que la Iglesia de Roma renuncie a la catolicidad, esto es, a la pretensión de universalidad. El abandono masivo de las prácticas religiosas católicas y el vaciamiento de los seminarios y conventos es indicio de que el adjetivo de «católica» a esa Iglesia se ha vuelto crecientemente nominal: no es universal ni puede aspirar razonablemente a serlo.

La falta de rigor moral —sustituido por la mera prohibición autoritaria— se traduce en una pastoral convertida crecientemente en politiquería. Pues no es otra cosa la pataleta del episcopado y de Woytila ante la legalización del matrimonio civil también para personas homosexuales en España y ante la no obligatoriedad de su clase de religión en la escuela. Pero que a la Conferencia Episcopal española el vuelco electoral le haya pillado con el paso cambiado —estaba manifiestamente feliz con el gobierno del PP, cuyos actos no les planteaban a los obispos el menor problema desde el punto de vista moral— sería poca cosa en comparación con la que le podría caer a la Iglesia española si el gobierno del estado empezara a ser consecuente consigo mismo en lo que respecta a la financiación eclesial.

Debemos exigir la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede que están en la base de una situación obsoleta y anómala en Europa. A la Iglesia española ya se le han concedido muchos aplazamientos económicos sin que su comportamiento cívico como organización haya estado de acuerdo con la manirrota generosidad de las instituciones civiles, y sin que se aprecie en ella el menor esfuerzo por sostenerse por sí misma a pesar de sus pingües negocios educativos. Su actitud ante el cambio de la legislación matrimonial es una prueba más de su comportamiento incivilizado. Las personas de izquierda no tenemos por qué mostrarnos comprensivas con una organización de profesionales pagados con dinero público que difunden tesis de larga tradición histórica, sí, pero tan absurdas en sí mismas como lo sería la afirmación de que existen las hadas o las sirenas, también con larga tradición.

La Iglesia de la transición no fue la de la Cruzada. Pero la Iglesia de hoy ya no es tampoco la de la transición. De modo que a cada uno lo suyo.