El juicio al major Trapero, de los Mossos d’Esquadra, tiene varias vertientes. Una es dar motivo a reflexionar sobre las relaciones entre democracia y policía. Otra revela las miserias de la Fiscalía, pero también de la cúpula independentista. Josep Lluís Trapero ha comparecido con la voluntad no sólo de defenderse personalmente, sino también de dejar bien claro que la actuación de los Mossos respondía a una doctrina muy precisa sobre política de orden público, una política que arranca de la fundación misma del cuerpo y que experimentó un cambio democrático significativo con la Resolución 476/X, de 18 de diciembre de 2013, adoptada por el Parlamento de Cataluña y fruto de una Comisión de Estudio integrada por todos los grupos parlamentarios, los mandos de los Mossos y algunos representantes de la sociedad civil, entre ellos los afectados por pelotas de goma.

Bajo el mando de Felip Puig como consejero de Interior, el cuerpo de los mossos vivió unos años difíciles. Se les mandó reprimir las concentraciones de los “Indignados” del 15-M en 2011 en la plaza de Cataluña de Barcelona, y lo hicieron con una violencia extrema. Al poco tiempo tuvo lugar el bloqueo del edificio del Parlamento de Cataluña por parte de indignados y otros sectores radicales que manifestaban así su oposición a los recortes sociales anunciados. El entonces presidente Artur Mas escenificó un “episodio James Bond” haciéndose trasladar al Parlamento en helicóptero, dando más dramatismo al evento. En incidentes ligados a una huelga general en 2012, una manifestante, Ester Quintana, perdió un ojo por impacto de una pelota de goma.

La crisis moral representada por la suma de aquellos hechos provocó la retirada de Felip Puig de Interior y la resolución del Parlamento antes citada, que marcó un giro importante en la filosofía del cuerpo policial de la Generalitat, un “cambio de paradigma” como dice la propia resolución: “El modelo policial de seguridad pública y eventos de masas debe partir del principio de mínima intervención con medios violentos, de acuerdo con la obligación legal de proporcionalidad, oportunidad y congruencia en la acción policial”. Se destaca la práctica de “la mediación en situaciones de conflicto que unidades antidisturbio de otras policías europeas llevan a cabo con carácter previo al uso de la fuerza mínima necesaria”, invocando “la evolución de las policías democráticas europeas” y “las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de la Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes relativas al uso de armas que disparan proyectiles”. La resolución establecía la prohibición de pelotas de goma a partir del subsiguiente 30 de abril de 2014. Todo esto hoy es ley en el territorio catalán. De hecho, esta resolución desarrolla y concreta un modelo policial elaborado en 1983 con la intervención decisiva de Jaume Curbet (del PSC), según testimonio de Jaume Bosch (del PSUC y luego de ICV, que también participó en el diseño del modelo y es experto en seguridad pública y autor del libro La nostra policia, de reciente aparición). En ese modelo policial inicial destacaban ya rasgos como la mediación.

Es algo que debería conocerse mejor en Cataluña y en España entera, pues resulta que tenemos en Cataluña un modelo policial perfectamente exportable desde un punto de vista democrático. El major Trapero —véase Eldiario.es de los días 20 de enero y 26 de enero de 2020, crónicas de Oriol Solé y Elena Herrera—, plenamente identificado con este modelo, ha aprovechado su enjuiciamiento para defenderlo públicamente, con evidente desagrado del fiscal Miguel Ángel Carballo, que lo último que quería es que se describiera en sede judicial un modelo policial que implícitamente supone una crítica pública a los de la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿No es normal para la policía pegar, golpear, violentar hasta la sangre, con el riesgo eventual de hacer perder un ojo o provocar otras invalideces? Los melindres y escrúpulos de los mossos sólo pueden verse —a los ojos de ese fiscal— como dejación de sus funciones. El fiscal quería demostrar que los mossos, obligados a hacer cumplir la prohibición de celebrar el referéndum del 1-O, habían actuado con lenidad, identificando dicha lenidad con complicidad encubierta con el gobierno secesionista de Puigdemont, para reforzar la acusación de rebelión o sedición al estar implicado un cuerpo armado. Esto explica su sospechoso ensañamiento con el major. Pero Trapero insiste durante su juicio: “No cambiaremos el modelo policial que tenemos: […] siempre hablamos con los manifestantes, sean de la ideología que sean. […] La filosofía de la mediación debe instalarse en todos los funcionarios policiales, no sólo en los de la unidad de mediación”.

El modelo —propio de la policía catalana— de mediación, congruencia, oportunidad y proporcionalidad aconsejaba a los mandos de la policía autonómica, con motivo del simulacro de referéndum del 1 de octubre de 2017, prudencia para no causar daños no sólo desproporcionados, sino también… innecesarios desde el momento en que el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, había declarado clara y solemnemente el día anterior que aquello no sería un referéndum y que no sería reconocido como tal. Ante esa declaración ¿qué necesidad había de causar sangre y heridas, de violentar a ciudadanos y ciudadanas pacíficos, de todas las edades? Josep Lluís Trapero ha sido claro al respecto: “Si no teníamos presente la proporcionalidad con 2,3 millones de personas en la calle, podíamos sufrir cualquier desgracia”. La policía nacional y la guardia civil no la tuvieron presente, y todo el mundo, en España y en el extranjero, ha podido observar la cantidad de “desgracias” que supuso la orden inmisericorde de Pérez de los Cobos, coordinador del operativo, o de sus superiores. La violencia policial fue tan desmesurada como inútil: lo reconoció el propio gobierno español cuando a primera hora de la tarde ordenó que cesase la represión violenta.

Otro aspecto ominoso de todo este asunto es el ninguneo de que está siendo víctima el major Trapero por los opinadores independentistas y los medios a su servicio. Trapero avisó a los líderes independentistas, y concretamente al presidente Puigdemont, del berenjenal en que se metían desafiando la legalidad vigente. En declaraciones no escritas, declaró que si se daba el caso la policía autonómica actuaría a las órdenes del poder judicial, deteniendo incluso al presidente. En el imaginario colectivo del independentismo, deseoso de creer que existían las “estructuras de estado” que harían posible la república catalana independiente, la policía era decisiva. Se creyó que se podía contar con ella para la aventura “republicana”. Trapero entró en la leyenda gracias a la actuación policialmente eficaz que dirigió con motivo de los atentados yihadistas del 17 de agosto: se convirtió en héroe nacional. Por eso su actitud de distanciamiento respecto del procés —que, sin embargo, mantuvo desde el principio sin engañar a nadie— y, sobre todo, sus declaraciones ante los jueces, le han transformado en un traidor del que es mejor no hablar. Hay una incomodidad evidente de todas las fracciones procesistas ante un dirigente policial que sostuvo desde el comienzo, con obvia sensatez, que el procés tomaba un camino equivocado que no llevaba a ninguna parte. No le pueden dar la razón porque sería tanto como decir: “nos equivocamos”; algo a lo que se niegan, manteniendo una gran mentira que envenena el clima público e impide una revisión a fondo, necesaria para pasar página y tratar el tema del autogobierno sobre nuevas bases realistas.

Trapero no podía apuntarse al procés porque no creía en él —al menos en el sentido de que no creía que llevara a ninguna parte—, y no tenía por qué arriesgar su piel, la de su personal y el modelo mismo de policía democrática que tanto recelo ha provocado en el poder del estado. El resultado final ha sido un doble linchamiento de un funcionario sensato y valiente que debería pasar a la historia por su defensa de una política de orden público de evidente dignidad.

La normativa vigente del cuerpo policial catalán no elimina su carácter de institución represiva ni es ninguna garantía contra sus posibles abusos, como se vio en las protestas contra la sentencia (que, de todos modos, merecerían comentario aparte). Confrontados a cualquier conflicto callejero con episodios de fuerza, los mossos, con mayor o menor proporcionalidad, oportunidad y congruencia, pueden verse obligados a usar la violencia. Pero esa normativa es un marco institucional apreciable en sí mismo. Lo que es razonable esperar y defender desde una óptica democrática es la apuesta por la máxima moderación y el mínimo daño.

Desde el resto de España, hagamos un experimento mental. Supongamos que en cualquier parte tiene lugar un amplio movimiento popular, democrático y pacífico a favor de cualquier causa de signo positivo para los trabajadores y las clases populares. ¿Qué modelo policial desearíamos tener delante, el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado español actual o el actual modelo autonómico catalán? ¿Uno que entra a sangre y fuego contra gente pacífica que se limita a exhibir la fuerza del número, la barrera humana, la resistencia pasiva, o uno que renuncia a la fuerza bruta y trata de mediar y dialogar, administrando con parsimonia su derecho al monopolio legal de la violencia?

Los demócratas españoles harían bien en estudiar lo que ocurre con la policía catalana. En Cataluña pasan otras cosas además del procés. Esto puede decirse a propósito de los Mossos d’Esquadra y su evolución, que representa un hito muy interesante para avanzar en la democratización de las políticas de orden público, en Cataluña, en España y hasta más allá.