El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, visitó España entre el 27 de enero y el 7 de febrero de este año como parte de sus actividades de investigación ante posibles violaciones de derechos humanos en el marco de su mandato. Aunque su informe no se publicará hasta dentro de unos meses, la declaración que emitió al concluir su visita resulta sumamente reveladora de por dónde podrá ir aquel. Y dicha declaración es devastadora.

La visita ha dejado muy claro al relator que la recuperación económica tras la crisis, “que tan buena ha sido para algunos” (las empresas y los ricos, principales receptores de los beneficios derivados de la recuperación), ha dejado a mucha gente atrás y muy poco se ha hecho por la mayoría de quienes integran ese gran grupo. Su diagnóstico es poco alentador: altas tasas de desempleo, paro juvenil crónico, crisis habitacional de dimensiones asombrosas, profunda pobreza generalizada, regímenes de protección social en gran medida inadecuados, un sistema de educación segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que proporcionan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática arraigada en muchas partes del gobierno que da más valor a los procedimientos formales que al bienestar de las personas.

No por conocidas las cifras que aporta dejan de ser escalofriantes cuando se ofrecen todas juntas: el 26,1% de la población española (que sube al 29,5% cuando se refiere exclusivamente a menores) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, siendo una de las cifras más altas en Europa; más del 55% tenían dificultades para llegar a fin de mes, mientras que el 5,4% tenían carencias materiales severas; la tasa de paro, del 13,78%, es más del doble de la media de la Unión Europea, alcanzando al 30,51% entre los menores de 25 años, y estas cifras esconden además los altos niveles de pobreza de población activa empleada en trabajos mal pagados, a tiempo parcial o temporales con sueldos deplorables que no les permiten cubrir las necesidades básicas, constituyendo el segundo de los países de la Unión Europea con un mayor riesgo de pobreza activa (12,9% en 2018); sin olvidar que España es uno de los países de la Unión Europea con tasas más altas de desigualdad y con indicadores sociales muy por debajo de la media comunitaria. Más datos: entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico se incrementaron en un 24%, mientras que el 90% de las rentas más bajas crecieron por debajo del 2%; por otra parte, entre 2007 y 2019, los impuestos recaudados a empresas bajaron del 22,3% del total de impuestos recaudados al 11,9%, según datos de la OCDE.

Alston es también tajante al identificar los orígenes de esta situación, que ubica en la implementación de políticas neoliberales, las cuales han afectado gravemente a las redes de seguridad locales y familiares, fracturando así la tradicional autopercepción de la sociedad española como una sociedad que contaba con el colchón de la familia y la solidaridad social. Si bien ese modo de funcionar parece seguir siendo válido para las clases pudientes, ha dejado de serlo para una gran parte de la población, que se siente abandonada por los poderes públicos. A ello suma la desregulación y los considerables recortes impositivos a las empresas, visto lo cual, opina, “no es de extrañar que a los ricos y a los intereses empresariales les haya ido tan bien”.

En todo caso, el relator no se limita a describir un escenario dramático, sino que también sugiere vías por las que los poderes públicos tendrían que transitar para revertir esta situación, y que deberían ser muy diferentes a las que se vienen utilizando. De hecho, afirma que “si los planes estratégicos, los programas de acción y los informes voluminosos pero ilegibles pudieran solucionar la pobreza, España estaría en un momento dulce”, pero todo esto es ineficaz si, como ha ocurrido en la última década, no hay un compromiso político en defensa de los derechos sociales. Alston revela datos interesantes al respecto, como que la mayoría de los políticos y funcionarios con los que se reunió estaban de acuerdo en que hay hondos problemas estructurales, y reconocían que la pobreza y la precariedad están integradas en el sistema, pero que demasiados de ellos se conformaban con echar la culpa a “otras” partes del sistema o alegaban que la pobreza no es tan grave como muestran las estadísticas porque el coste de la vida es bajo en algunas comunidades autónomas.

En su opinión, los grandes retos que España afronta se refieren a la asistencia social, el sistema de salud, la vivienda, la política fiscal, el cambio climático, la transparencia y responsabilidad administrativas, y la situación de diversos grupos (mujeres, menores y jóvenes, comunidad gitana, inmigrantes, población rural, personas con discapacidad y trabajadoras/es domésticas/os). En relación con la asistencia social, destaca el bajo gasto que se realiza en esta materia, por debajo de la media de la Unión Europea, y apunta al exceso de burocratización como un obstáculo significativo para el acceso a las ayudas. También alerta sobre la fragmentación que supone la descentralización de la asistencia social no contributiva y la ausencia de un criterio estatal que fije el umbral mínimo. Este problema resulta particularmente marcado en relación la renta mínima de inserción, que, si bien en algunas comunidades autónomas sí está siendo útil para ayudar a evitar la pobreza, en otras (Madrid es el ejemplo elegido) presenta preocupantes fallas: cantidades bajas, largos períodos de espera, requisitos de residencia que impiden el acceso a nuevos residentes durante años y excluyen completamente a los sin techo, incompatibilidad con empleos a tiempo parcial o temporales, no disponibilidad para menores de 25, y exceso de papeleo. En la práctica, las solicitudes aprobadas cayeron de un 50% a un 23%, mientras que las suspensiones y las finalizaciones se doblaron, y en este escenario hubo algún funcionario madrileño que culpaba a los solicitantes por no cumplir con los requisitos del programa, llevando al relator a concluir que el sistema está o extremadamente mal diseñado o intencionalmente estructurado para excluir a determinadas personas. Desde su punto de vista, un modelo de renta mínima nacional bien diseñado permitiría mejorar la situación siempre que fuera completamente transferible de una comunidad autónoma a otra, fuera compatible con el actual mercado de trabajo y los empleos a tiempo parcial y temporales, consistiera en un importe adecuado para garantizar que los beneficiarios no viven en la pobreza y se ajustara al coste de la vida, se facilitara una tramitación individualizada y flexible reduciendo el papeleo, fuera accesible a menores de 25 años, y no se impusieran excesivas condiciones ligadas a la búsqueda de empleo. En definitiva, para acabar con la pobreza en España no queda otra que gastar más en la asistencia social, sin que ello pueda ser sustituido por deducciones fiscales o depender exclusivamente del empleo, dadas las tasas de paro y la precariedad de los trabajos existentes.

En cuanto a la educación, no solo recuerda el relator los recortes en inversión pública, sino que también afirma que “hay verdaderos problemas con el coste y la calidad de la educación, así como segregación basada en la condición socioeconómica y étnica”. Con el índice de abandono escolar temprano más alto de la Unión Europea, y la segunda tasa más alta de repetición de curso (que se multiplica por seis en el caso de estudiantes con dificultades económicas), un 44% de estudiantes y un 72% de niños en situación de vulnerabilidad estudian en colegios segregados de facto con alta concentración de menores de estratos socioeconómicos bajos, gitanos e inmigrantes, así como de niños con mayores necesidades de apoyo. Sin embargo, una mejor educación incide directamente en la reducción de la pobreza, y concentrar a los menores de los estratos más pobres en las mismas escuelas no es una fórmula ni para mejorar la educación ni para acabar con la pobreza.

En su análisis tampoco sale mejor parado el sistema de salud. Pese a su casi universalidad, algunas de las personas más desfavorecidas no pueden acceder a cuidados médicos por motivos económicos (según datos de 2019, el 5% de quienes necesitan asistencia médica, el 25,5% de quienes necesitan tratamientos dentales y el 3% de quienes requieren servicios de salud mental, a lo que se suma la imposibilidad de acceder a fármacos de un 6,9%, que asciende al 8,3% entre los parados). También la precariedad laboral incide en la salud, ya que tomarse un día de baja por enfermedad es un lujo que muchas personas no se pueden permitir (y eso que el relator no parece tener presente la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de octubre de 2019 que avala el despido por causas objetivas si hay faltas de asistencia intermitentes, aunque sean justificadas y algunas se deban a motivos médicos con bajas de corta duración). Dos aspectos más suscitan su preocupación: la limitación del acceso al sistema de salud de los inmigrantes desde 2012 y la privatización creciente de los servicios de salud, con el riesgo de que “se prioricen los beneficios sobre la prestación de servicios”.

Mención aparte merece el tema de la vivienda, con alquileres que se han incrementado en más del 50% entre 2013 y 2019 (mientras los salarios perdían 7,8% de su poder adquisitivo en la última década) y más de 700.000 desahucios entre 2006 y el otoño de 2019. La falta de vivienda de alquiler barata es manifiesta: solo un 2,7% de la población pagaba alquileres por debajo de los precios de mercado en 2018, y la vivienda social se estima en un 2,5% del total de vivienda nacional ocupada (frente a un 30% en Holanda, por ejemplo). Tampoco hay estadísticas precisas sobre personas sintecho, pero en 2015 los cálculos apuntaban a unas 27.500-33.000, y se estima que otros dos millones están en riesgo de vivir en la calle. Pero los problemas que plantea la vivienda no se limitan al acceso a la misma, sino que también alcanzan a cuestiones de calidad habitacional, como poder mantenerla a una temperatura adecuada, algo que casi un 10% de la población española no podía permitirse en 2018 —si es que no debía elegir entre alimentar a sus hijos o poner la calefacción—, razones por las cuales el relator considera que la ley catalana contra la pobreza energética (ley 24/2015) es un paso en la dirección adecuada (si bien no hace referencia a la batalla que el gobierno del pp le dio, llevándola al Tribunal Constitucional). Ante este panorama, las políticas actuales de vivienda necesitan un replanteamiento. Alston propone incrementar la duración mínima de los contratos de alquiler, que se libere la deuda de vivienda en caso de ejecución hipotecaria y embargo (aplicando esto retroactivamente), un aumento sustancial de la disponibilidad de vivienda a bajo coste (aunque asume que esto no ayudará demasiado durante algunos años), reconsiderar la alianza público-privada en este ámbito (que es potencialmente beneficiosa para las clases medias pero no para las más empobrecidas), establecer un control de los alquileres, así como dotar de contenido al derecho a una vivienda digna y adecuada, puesto que aun no estando configurada en la Constitución (art. 47) como un derecho fundamental no por ello debe quedarse en una mera declaración formal.

Pero nada de esto podrá llevarse a cabo sin fondos, así que un aspecto clave para luchar contra la pobreza será reformar la política fiscal. En palabras del relator, “si España tiene la firme determinación de luchar contra la pobreza y hacer las tan necesarias inversiones en políticas de asistencia social, educación y vivienda, necesita también cambiar su política fiscal”. Y continúa enumerando sus deficiencias. Para empezar, los ingresos fiscales son actualmente demasiado bajos para garantizar los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado. Tales ingresos constituyeron un 35,4% del PIB en 2018, cuando la media de la Unión Europea es del 40,3%. A eso se suma las reducciones impositivas a las empresas, que además terminan pagando menos gracias a generosas deducciones y subsidios. De hecho, Alston relata que el Ministerio de Hacienda no le proporcionó el dato de la tasa impositiva que efectivamente pagan las empresas con el argumento de que eran cifras “protegidas”, algo que el relator considera inadmisible por los evidentes intereses públicos implicados. El resultado de esta política fiscal habla por sí solo: entre 2007 y 2018, los ingresos fiscales obtenidos de empresas bajaron de 44.823 millones de euros a 24.838, unas pérdidas que, aunque se han compensado parcialmente con el IVA, se traducen en un descenso de los ingresos fiscales totales de unos 6.725 millones de euros entre 2007 y 2017. Para seguir, la progresividad del sistema es inadecuada y no permite aprovechar los impuestos para corregir la desigualdad, disparada después de la crisis. El efecto redistributivo del impuesto sobre la renta es mucho más bajo que la media de la Unión Europea, y la creciente dependencia del IVA, un impuesto generalmente regresivo, no ayuda a paliar la pobreza, dado que los impuestos indirectos incrementan la desigualdad. Tampoco se olvida el relator del impuesto de sucesiones, que califica de “extremadamente bajo” en algunas comunidades autónomas. Para concluir, el fraude y la evasión fiscal privan al Estado de miles de millones de euros al año (70 billones, según las estimaciones). Según un estudio del FMI, el tamaño de la economía sumergida en España está levemente por encima del 20% del PIB. A mayores, en 2018 había 805 filiales de compañías del IBEX 35 en paraísos fiscales, otro agujero por el que se evaden fiscalmente miles de euros.

Otras cuestiones que Alston pone sobre la mesa son la necesidad de tener en cuenta las políticas de protección social al hacer frente al cambio climático, la falta de transparencia sobre la toma de decisiones a nivel gubernamental y lo farragosa que a menudo resulta la información oficial que se publica —cuyo sentido no se sabe bien cuál es, ni es posible usarla adecuadamente—, o la importancia de prestar adecuada atención a aquellos grupos sobre los que la pobreza tiene un impacto desproporcionado (mujeres, niños y jóvenes, población rural, personas con discapacidades, gitanos, inmigrantes y trabajadoras/es domésticas/os).

Hasta aquí, esta nota se ha limitado a resumir la declaración del relator, y lo ha hecho ciñéndose a sus palabras: salvo la referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el despido por ausencias intermitentes y la ley catalana contra la pobreza energética, las valoraciones son suyas. Se quiere insistir en este punto porque buena parte de sus comentarios y de las recomendaciones que presenta habrían sido tildados por la derecha española de “antisistema”, “radicales” o “de extrema izquierda” si hubieran salido de algún partido de izquierdas, como ha ocurrido hasta la extenuación en los últimos años. Sin embargo, se trata de una evaluación basada en algo tan poco antisistema como los derechos humanos. Por el contrario, lo que destila su declaración es que el sistema articulado por el partido popular a lo largo de estos años es nocivo para las personas, a las que ha empobrecido y abandonado hasta límites vergonzantes. Pocas veces un informe de un órgano internacional de derechos humanos resulta más crítico con las propuestas de la oposición que con las del gobierno, por lo que no sorprende que Pablo Iglesias se refiriera a él en la primera sesión de control al ejecutivo. Pero eso no significa que Alston no le haya leído la cartilla a la coalición: de la A a la Z, le ha indicado el camino a seguir, dando un espaldarazo a políticas sociales decididas. Es indudable que el gobierno tiene mucho trabajo por delante. Esperemos que la lección haya quedado clara.