Cuando en enero de 2019 el gobierno del Reino de España anunció un Plan para reducir al 50% el número de llegadas de personas y embarcaciones a nuestras costas durante ese año, poca gente pensaba que era viable a corto plazo conseguir ese objetivo, que dejaba de lado los movimientos de fondo que originaron la llegada en 2018 de 64.120 personas.

Aquel repunte de llegadas en 2018, como se sabe, tuvo su origen en el cierre del canal de Sicilia por las autoridades de Italia, el caos y la guerra en Libia e incluso los conflictos sociales en Marruecos que provocaron la huida de miles de jóvenes.

Pero no se trataba de eso. La Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, que lidera la vicepresidenta Carmen Calvo e integran los ministerios de Interior, Exteriores, Trabajo y Fomento, en los últimos días del año pasado elaboró las líneas maestras de un plan para conseguir dicho objetivo. El instrumento central del mismo sería conseguir incrementar la implicación de Marruecos en el control de las migraciones por su territorio, tanto en tierra como en su zona marítima, complementándolo con la dotación de las infraestructuras y medios necesarios para hacer más efectivos los procedimientos de detención, identificación y expulsión en las costas andaluzas, así como limitar todo lo posible las actuaciones de Salvamento Marítimo.

Y efectivamente, en cuanto a los números, ese plan —en cuya articulación los derechos humanos quedan ausentes— ha conseguido sus objetivos. Si en 2018 llegaron a las costas españolas 57.537 personas, en el año 2019 el descenso ha superado el 53%, quedando en 26.916 [1]. Por vía terrestre (fronteras de Ceuta y Melilla) las cifras son en cambio prácticamente similares: 6.345 en 2019 frente a las 6.583 en 2018.

Se trata de una notable disminución de la llegada de pateras a las costas españolas que se ha hecho sobre todo mediante la subcontratación a Marruecos de la represión sobre las personas migrantes originarias de países subsaharianos y el control de las costas propias.

Pero no sin coste: a los entresijos del régimen teocrático de la familia alauí van destinados 140 millones de euros de Fondos de la Unión Europea. Una parte de ese presupuesto ha sido gestionado por el Reino de España. De hecho, en junio el Consejo de Ministros aprobaba 26 millones de euros destinados a Marruecos para la compra de 725 vehículos, 15 drones, decenas de escáneres y otros equipamientos técnicos para para el refuerzo del control de sus fronteras [2].

Además de los 140 millones provenientes de la UE, el Gobierno español inyectó 32,2 millones de euros del Fondo de Contingencia de los Presupuestos [3]. Es un Fondo que se suele utilizar para atender gastos imprevistos (catástrofes naturales, por ejemplo), pero al que ahora se recurre para sufragar parte de los «gastos incurridos por las autoridades marroquíes en sus actividades de colaboración con España y toda la Unión Europea en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas españolas». Se paga así el combustible, el mantenimiento de equipos, las dietas y al personal operativo.

Marruecos ya ha vendido públicamente sus buenos resultados. En febrero de este año 2020, el Ministerio del Interior marroquí hizo público que sus fuerzas policiales han evitado 73.973 supuestos intentos de entrada irregular en España. Y además habían rescatado en el mar a 19.554 migrantes.

Como decíamos, en los acuerdos con Marruecos el vector de los derechos humanos está ausente y nadie tiene ninguna duda de que el gobierno español es plenamente consciente de ello. Ni existe cultura democrática en Marruecos ni el propio carácter de un gobierno despótico como el marroquí podría hacer pensar a nadie que se iba a realizar una gestión de las fronteras respetuosa con los tratados internacionales sobre los derechos y la dignidad de las personas.

El éxito de la reducción de llegadas de pateras a nuestras costas se ha basado, pues, en la más terrible represión desatada en Marruecos, de la que se tiene noticia desde hace años. Según fuentes de la asociación Pateras de la Vida, entre 11.600 y 12.000 migrantes han sido desplazados hacia el sur de forma extremadamente violenta, en medio de redadas, palizas y robos. Han sido expulsadas a ciudades como Errachidia, Erfoud, o Beni-Mellal. Marruecos les impide residir en el Norte a partir de los compromisos con la UE, aunque muchos de ellos tenían residencia legal en Marruecos. En torno a 1.500, según la misma fuente, han sido deportados a sus países de origen y otra parte compuesta por varios miles de personas han sido expulsados, según AMDH Nador, hacia la zona desértica de las fronteras de Argelia.

Súmese a ello el definitivo desmantelamiento con violencia desmesurada de los campamentos de migrantes en los bosques cercanos a las fronteras de Ceuta y Melilla. Una medida necesaria para construir la tercera valla en suelo marroquí, sobre la que se están montando las mismas concertinas del vallado en territorio español a la vez que se están desmantelando éstas, para incrementar su altura instalando además nuevos elementos disuasorios complementarios.

En virtud de los acuerdos, Marruecos ha asumido por primera vez —con medios precarios y sin profesionalización— el rescate de pateras en su zona SAR (Search and Rescue en inglés). Por su parte, el Gobierno español ha impuesto a Salvamento Marítimo la limitación de su actuación a la zona SAR española, pese a que en 2018 y en años anteriores rescató a muchas personas en la zona SAR marroquí con autorización de las autoridades del país. Salvamento Marítimo, en caso de actuar en zona SAR marroquí, está autorizado a devolver a los migrantes rescatados a puertos marroquíes.

La limitación de las actuaciones de Salvamento Marítimo —que nos atreveríamos a calificar de criminal— es otra de las estrategias para la reducción de llegadas a las costas españolas. De hecho, sus profesionales se encuentran al límite, con falta de medios y escasez de personal, al tiempo que se ven sometidos al control de las fuerzas de la Guardia Civil en el buque de salvamento Clara Campoamor.

La militarización del control de las fronteras no se detiene en la implementación del mando único de la Guardia Civil sobre las labores de Salvamento Marítimo. Desde mediados de año las Fuerzas Armadas de España se incorporan oficialmente a “la lucha contra la inmigración irregular” en aguas del Mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar en la operación EPN-Indalo financiada por FRONTEX. El despliegue de Frontex (la Agencia Europea de Fronteras), como se sabe, no tiene asignada misión alguna de Salvamento y Rescate.

Todo ello está contribuyendo de forma destacada a la militarización del control y represión de los flujos y la consiguiente criminalización de las personas migrantes. Un aspecto que empeorará cuando se desarrolle la Guardia Europea de Fronteras y Costas impulsada por la UE, que está previsto que cuente con 5.000 uniformados en 2021 y 10.000 en 2027 (o incluso antes, en 2024).

Al lado de todo esto, el Plan diseñado a finales de 2018 para hacer frente al aumento de llegada de pateras contenía la instalación de los llamados CATEs (Centros de Acogida Temporal de Extranjeros). En tiempo récord se montaron instalaciones más o menos provisionales en San Roque, Málaga, Motril y Almería.  Pese a su nombre, no son Centros de Acogida, son centros de detención e identificación de las personas llegadas en patera que asumen funciones de prolongación de las comisarías. De hecho, las personas no pueden ser retenidas en sus instalaciones más de 72 horas.

Porque en efecto, en España lo que existe no es un sistema de acogida propiamente dicho, sino un sistema de detención, identificación y expulsión en el menor tiempo posible. Mientras que para la acogida apenas se destinan recursos, para la identificación y expulsión son destinados cuantiosos presupuestos. La ONGs hemos denunciado las deficiencias de estas instalaciones, así como que las mismas no están amparadas por ninguna normativa —de hecho, el ministerio del interior niega asumirlos como centros de detención porque no cumplen la Instrucción 11/2015 que regula tales centros— y en la práctica se han convertido en un sistema discriminatorio de gestión de personas procedentes del norte de África y de países subsaharianos.

Son estos mimbres (limitación y militarización del salvamento, gestión de las llegadas y sobre todo externalización del control de las fronteras europeas a Marruecos), los que han tenido como consecuencia la disminución del acceso de migrantes a las costas españolas durante el año 2019.

Gráfico 1: Comparativa de llegadas de personas migrantes según zona geográfica en 2019

Esta disminución ha sido particularmente notable en la provincia de Cádiz. En 2018 arribaron a las costas gaditanas 20.084 personas, por 5.805 en 2019: un descenso del 71%. En 2018 se usaron 1.025 embarcaciones, en tanto que en 2019 tan sólo 276.

Es fácil entender que la razón hay que buscarla en el despliegue militar y la actuación de las patrulleras por parte de Marruecos, particularmente abrumadores a lo largo de todo el año en la zona del Estrecho, de Tánger a Tetuán, que fue la principal salida de pateras en 2018.

Por ello hemos visto una caída de llegadas muy destacada a la provincia de Cádiz, pero no así en Málaga, Granada o Almería. Incluso se ha producido un incremento en Baleares y Murcia y, muy destacadamente en Canarias, que ha pasado de 1.425 personas en 2018 a casi el doble en 2019, con la llegada de 2.918 personas.

Las actuaciones de Marruecos en función de los acuerdos con la UE y España han tenido también derivaciones en cuanto a la composición de origen, género y edad de las personas arribadas a nuestras costas.

Como consecuencia directa de las violentas racistas y las deportaciones en Marruecos, por primera vez en muchos años el número de personas procedentes de países subsaharianos desciende significativamente con respecto al de personas de origen magrebí. Así, mientras en 2018 llegaron a nuestras costas un 62% de personas subsaharianas, este año lo han hecho tan sólo un 54%.

Mientras que la mayor represión desatada ha sido en la zona del Estrecho, guarda una lógica que en la provincia de Cádiz las personas subsaharianas hayan caído hasta un pequeño porcentaje del 12%, siendo inmensamente mayoritarios los marroquíes, con un 87%

Si nos referimos al porcentaje de mujeres, la conclusión es similar. El número de mujeres subsaharianas que cruza el Estrecho ha sido tradicionalmente superior al número de mujeres marroquíes. En la medida en que a las primeras se les ha imposibilitado hacerlo expulsándolas hacia el sur, el resultado es que ha descendido el porcentaje total de mujeres migrantes en la frontera sur: del 17% de mujeres en 2018 a un 12,63% en 2019. Por esa razón (la relación entre personas subsaharianas y marroquíes migradas en 2019), de nuevo destaca la provincia de Cádiz, que solo recibió un 5,77% de mujeres.

Más particular es el análisis por edad, porque lo cierto es que el número de niños y niñas llegados (acompañados y no acompañados) se ha incrementado tanto en términos absolutos (de 7.053 a 8.066) como sobre todo en términos relativos (del 12% al 29%). La continuidad de la huida de menores de Marruecos es recurrente desde hace varios años. Pero se ha incrementado (no sólo en la práctica, sino también en el ánimo de miles de ellos) por la enorme crisis social y política que se sufre Marruecos, particularmente en el RIF, que está dejando a miles de jóvenes sin futuro y con un único planteamiento vital: la emigración. Según El País, una encuesta oficial del Alto Comisionado para la Planificación (el organismo marroquí de estadísticas) reveló que el 23,3% de las personas sondeadas desea emigrar, un porcentaje que sube hasta el 40,3% entre los jóvenes menores de 30 años. Cifras que se quedarían cortas según la Asociación Pateras de la Vida, que cifra en un 70% los menores de 30 años en el Norte de Marruecos que se plantean la emigración somo salida a su sinfuturo.

Desde hace más de diez años, a raíz de la gestión unilateral de la llamada “crisis de los cayucos” en 2006 y la puesta en marcha del Plan África, España es un ejemplo en el que se mira la Unión Europea para el control de las migraciones. De ahí las menores reticencias en la dotación de fondos a Marruecos para la represión de las migraciones.

Pero estas políticas que Migreurop denomina acertadamente de “guerra contra los migrantes” no sólo están resultando absolutamente ineficaces a medio plazo, sino que provocan enormes sufrimientos y violaciones de derechos humanos, además de muchas muertes. En 2019, según el seguimiento de la APDHA, han sido 585 personas las que han perdido la vida intentando llegar a nuestro país. Menos que el año pasado, pero en mayor porcentaje si se relacionan con el número de entradas en el país. 

Gráfico 2. Pérdida de vidas según rutas en 2019

El mar de Alborán y la ruta que lleva a las Islas Canarias se tragan año tras año a centenares de personas que intentan buscar un futuro con dignidad. Se han convertido en verdaderas fosas comunes. Ninguna sociedad democrática digna y sensible debiera tolerarlo.

Esta es quizás la consecuencia más tremenda e intolerable de estas políticas migratorias inhumanas y crueles diseñadas y puestas en marcha desde los gobiernos de España y la Unión Europea. Pero no la única.

Las políticas de rechazo y criminalización de migrantes son hoy en buena medida resultado de la asunción del discurso y de las exigencias de la ultraderecha, que ha impuesto su agenda contra los migrantes en toda Europa. Europa se enroca en sus miedos. Los sentimientos racistas y xenófobos se incrementan, el discurso de odio crece y la igualdad y universalidad son cuestionadas. Las políticas de muerte, las tanatopolíticas en la frontera, no hacen más que alimentarlos.

Notas

[1] Utilizamos cifras del seguimiento que efectúa la APDHA

[2] https://elpais.com/politica/2019/07/07/actualidad/1562512860_676683.html

[3] https://elpais.com/politica/2019/08/22/actualidad/1566500058_852442.html

 

[Rafael Lara y Ana Rosado son los Coordinadores del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía—APDHA]