¿Quiénes son las porteadoras? Formalmente, son mujeres excluidas de los Convenios y de los Tratados Internacionales porque los Estados, y concretamente el español, no las considera susceptibles de tutelaje por no ser blancas ni europeas, quedando fuera de la supuesta protección de las personas ante toda forma de violencia y explotación.

A partir del año 2012, se comenzó a denunciar la situación de las mujeres porteadoras por medio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) conjuntamente con las asociaciones de la zona norte de Marruecos, en la llamada Declaración de Tetuán. Antes de esta Declaración el fenómeno estaba completamente silenciado e invisibilizado, de tal forma que la imagen de mujeres cargando a su espalda con bultos que les hacían doblarse hasta casi juntar sus propias barbillas con las rodillas, esperando en largas filas, formaba parte del “folclore” de la frontera de El Tarajal (Ceuta y Marruecos). 

Pero esto no solamente responde a una imagen dentro del imaginario colectivo de la frontera. La Declaración de Tetuán es resultado de dos componentes clave. En primer lugar, el fallecimiento en 2009, mientras portaban mercancías, de Zhora Boudoghya (53 años) y Bossra el Meritouri (33) en Ceuta, y Sabia Azizi (41) en Melilla. Y en segundo lugar, la hostilidad y la violencia simbólica reinantes en esta frontera, por el mero hecho de ser un enclave estratégico en el control de las migraciones desde África hasta Europa. Es por ello que la situación de las porteadoras no puede encuadrarse dentro de las migraciones, ni en una imagen fija centrada en la situación particular de un “colectivo” en una zona geográfica determinada: es mucho más que eso.

A partir de las jornadas de Tetuán en 2012, con la participación de entidades de ambas orillas y de las propias porteadoras, se prioriza la necesidad de alertar a la opinión pública sobre la grave situación de las mujeres que portan mercancías en las fronteras de Ceuta y Melilla, a la vez que se exige a las autoridades competentes, a todos los niveles, que se tomen las medidas necesarias para respetar sus derechos y su dignidad. A la Declaración de Tetuán se sumaron 29 entidades españolas y marroquíes.

En 2016, y tras ver que no se producía ningún cambio en la situación de estas mujeres —ni en el circuito del porteo, ni en su reconocimiento como trabajadoras— se volvió a realizar otro encuentro, esta vez en Rio Martil y con la asistencia de dirigentes políticos tanto del Estado español como del Reino de Marruecos. Esta jornada culminó con otra Declaración y con el compromiso de realizar un informe de investigación que aclarase la estructura y la multicausalidad que permitía que en pleno siglo XXI existiese esta forma de esclavitud laboral.

El informe, financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, y titulado Respeto y dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos con Ceuta, se publicó en noviembre de 2016, e hizo posible, tras un exhaustivo trabajo de campo, aclarar quiénes eran realmente las porteadoras, desmontando prejuicios patriarcales sobre su estado civil. Complementariamente, a través de la campaña de 2017 Porteadoras: la injusticia a la espalda, se denunció e hizo visible todo el sistema económico y político que fomenta la explotación de la población del norte de Marruecos y, en especial, de estas mujeres: las porteadoras.

Las porteadoras entran dentro de la categoría de personas que cada día cruzan la frontera de El Tarajal, conocidas como “trabajadores transfronterizos”. Son de nacionalidad marroquí y residentes en el norte de la wilaya de Tetuán (Castillejos, Rio Martil y Tetuán), y por medio del Acuerdo Schengen (1991) están exentos de visado para entrar en Ceuta y ejercer algún tipo de trabajo —mayoritariamente dentro del sector servicios— o realizar compras en el enclave español. A nivel laboral, el trabajo de las personas transfronterizas está altamente segregado: los hombres trabajan en la hostelería o en la construcción y las mujeres en el trabajo del hogar —bajo la paternalización del concepto de “mi muchacha”— o en el trabajo sexual.

Las porteadoras son mujeres de perfil variado: de edades comprendidas entre los 30 y los 60 años, de todos los niveles culturales y con estado civil de soltera, divorciada o viuda. Sólo hay dos cuestiones que todas tienen en común: ser responsables únicas de la economía familiar y tener el cuidado de personas bajo su responsabilidad. El trabajo que realizan en la frontera no les permite una capacidad de ahorro, ante su situación de exclusión económica sobrevenida y acuciante, sobre todo en el norte del país vecino. Los entre 20 y 35 euros que reciben por día trabajado solo les permite la subsistencia diaria. Las porteadoras no son reconocidas como trabajadoras: en la parte marroquí, su condición procede de la naturaleza contrabandística del traslado de mercancías, una actividad ilegal pero tolerada a cambio de sustanciosas mordidas y la imposición del silencio social; y en la parte ceutí, su actividad entra en la categoría eufemística de “comercio atípico”, para limpiar las apariencias.

El comercio atípico es posible, en primer lugar, por la falta de aduana comercial entre España y Marruecos. La más próxima sería la del puerto de Tánger Med, que por la distancia no sale tan rentable. Además, Ceuta ofrece a las empresas beneficios fiscales, como el hecho de que esta ciudad autónoma sea puerto franco, donde la llegada de mercancía solamente está gravado por el impuesto local del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) —similar al IVA pero con una tributación más baja—, que oscila entre el 0,5 y el 10% y que reporta el 25% de los ingresos anuales de la ciudad.

Es en la parte ceutí, cerca de la frontera propia, donde se localizan las naves de consignas que guardan los fardos, cuya mercancía se traslada desde el puerto para ser empaquetada en la barriada de El Príncipe y después llevada hasta Castillejos, originalmente por el paso fronterizo de El Biutz. Este paso fue construido por el gobierno socialista en 2005 y, lejos de dignificar el porteo de mercancías, contribuyó al aumento del sufrimiento en el circuito del porteo. Las mujeres lo llamaban “la jaula”.

Paso de El Biutz. Foto: Cristina Fuentes Lara

Después de la presentación en el Congreso y en el Parlamento Europeo del informe de 2016, y de la campaña de 2017, ambos acompañados de un decálogo de propuestas, es cuando comienzan a vislumbrarse algunos cambios sustanciales —aunque no estructurales— en el entramado del porteo de mercancías, como la accidentada apertura del paso de El Tarajal II y el cierre del paso de El Biutz. Con ello que se daba por supuesto que la situación de las porteadoras mejoraría y éstas dejarían de sufrir la hostilidad y violencia derivadas de la falta de voluntad política en la gestión de este “fenómeno”.  Sin embargo, nunca se habló de considerarlas como trabajadoras, ni tampoco de desarrollar obligaciones y beneficios que pudiesen acabar con la situación de exclusión y empobrecimiento de las porteadoras. La propuesta de ser consideradas como trabajadoras fue rechazada en la Comisión de Interior tras una proposición no de ley (PNL) presentada por Podemos. Solo salió adelante la propuesta de instar a ambos gobiernos -el español y el marroquí- a entablar un diálogo bilateral por un error en la votación de Ciudadanos.

La diputada socialista Ángeles Álvarez, portavoz del PSOE en 2017, pidió en abril de ese mismo año que una comisión del gobierno se trasladase a Ceuta para conocer la situación “alarmante” de las porteadoras, ya que fallecieron por aplastamiento Soad el Jatabi (24 años), Batul el Hichu (40) y otra mujer más cuyo nombre no ha trascendido. Resulta paradójico que la persona que pidió al gobierno popular que visitara Ceuta para conocer la situación de las porteadoras fuera la misma que en la Comisión de Interior no votó a favor tan siquiera de establecer un diálogo bilateral entre ambos países. Un diálogo que pusiese en el centro de la discusión el respeto por los derechos de las porteadoras y su reconocimiento y regulación como trabajadoras —que, en sus propias palabras, realizaban un trabajo en régimen de autónomas, no como personas contratadas—. La actividad económica del polígono de El Tarajal solo está permitida para compras al por mayor y el trabajo que realizan las porteadoras es el traslado de las mercancías europeas o asiáticas desde/al comerciante marroquí.

De igual modo, el mismo partido que mantuvo durante tantos años las condiciones indignas del porteo exigía en junio al gobierno del partido popular, de nuevo a través de una PNL, dar respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos que se producen en las fronteras de las Ciudades Autónomas. La PNL estaba fundamentada en que muchas de las porteadoras, en el ejercicio de su trabajo, sufren humillaciones, acoso sexual, sobornos y todo tipo de violencias y decisiones policiales arbitrarias, tal y como fue denunciado por las propias porteadoras en los testimonios recogidos en el informe de la APDHA —lo que de paso le costó a la entidad el riesgo de sufrir algún tipo de respuesta sancionadora por la queja puesta por asociaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante el entonces Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en virtud de un supuesto atentado contra su honor—. En nuestra sociedad todos los agentes sociales e instituciones condenan la violencia contra las mujeres. Sin embargo, cuando los elementos que conforman la violencia estructural y su efecto sobre quienes soportan el peso de nuestro modelo social se hacen visibles, desaparece cualquier atisbo de autocrítica y las críticas de otros se vuelven ofensivas o se desvían hacia otro ámbito.

No menos impactante fue la respuesta de la Comisión Europea a las preguntas de los eurodiputados Miguel Urbán, Florence Marcellesi y la eurodiputada Marina Albiol sobre las medidas que se iban a tomar frente al incumplimiento del Artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En poco más de tres líneas, de algún modo la UE le recuerda a España que la Carta de los Derechos Fundamentales es vinculante para todo estado miembro y que la UE ha adoptado una normativa relativa a la salud y la seguridad en el trabajo que está obligada a aplicar. El encuentro con los europarlamentarios y la europarlamentaria se realizó en junio de 2017 y la respuesta se hizo pública en la web del parlamento en febrero de 2018.

Desde entonces, poco o nada ha cambiado la actitud por parte del Estado español en lo que se refiere a garantizar los derechos de las mujeres que portan las mercancías, excepto que desde 2018 se establecieron días alternos (lunes y miércoles para mujeres, martes y jueves para hombres) y se limitó el número de pases de mercancías a 2.000 personas por día. El efecto de lo que en un principio parecía buscar dignificar las condiciones del porteo resultó ser nefasto para las mujeres: limitar la entrada a un número determinado encareció el precio, prolongó las horas de espera en el lado marroquí de la frontera (desde las 2 de la mañana y bajo cualesquiera condiciones climatológicas adversas) y a su vez abrió el “mercado” a los hombres, que habitualmente realizaban este trabajo en vehículos, esto es, en condiciones menos deplorables. La imagen cruenta con la que nos obsequiaba la playa de El Tarajal era la de unas mujeres que esperaban su turno para subir al polígono de la zona y recoger su fardo para trasladarlo hasta el lado marroquí de la frontera, sentadas en la arena de la playa durante todos los meses del año, con frío y calor extremo, sin baños públicos ni acceso a agua potable.

Además, en un intento de dignificar el porteo —que más bien respondía a una preocupación por la imagen pública que se ofrecía de la ciudad autónoma—, éste debía realizarse obligatoriamente con un carrito, y no sobre la espalda. Lejos de dar visibilidad al problema de la feminización de la pobreza, se operaba de cara al turismo europeo: las porteadoras ya no existen puesto que no se ven.

Porteadoras esperan en el lado ceutí del paso fronterizo de El Buizt. Foto: Equipo Investigador Frontera Sur APDHA.

Paralelamente, Marruecos construyó un paso paralelo a la espalda del control de pasaportes por donde mujeres y hombres pasaban para acceder directamente al polígono de El Tarajal. Así ocurría hasta finales de 2019, cuando Marruecos clausuró dicho paso fronterizo y no deja entrar a nadie para el porteo tal y como se venía realizando. Así las cosas, nadie puede reclamar ya al Estado español que actúe frente a la vulneración de derechos de mujeres empobrecidas y vulnerabilizadas: las indicaciones de la UE quedan sin efecto, puesto que el porteo no sucede en territorio de un estado miembro, sino que las posibles vulneraciones de derechos de estas mujeres suceden ahora en el lado marroquí.

Desde que el informe de APDHA fue alcanzando notoriedad y tras la “crisis” migratoria de 2018 —año en el que además se hicieron públicas las diferentes situaciones de explotación y abuso hacia las temporeras en los campos de Huelva (véase el informe de APDHA Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019, pp. 61 y ss.)—, el gobierno marroquí estableció una comisión transfronteriza. Ésta investigó la situación de las porteadoras y elaboró un informe al que casi nadie tiene acceso en su totalidad, por lo que solo han trascendido algunas “filtraciones” a la prensa. Lo relevante es que es la primera vez que se reconoce, al menos desde Marruecos, a las porteadoras como trabajadoras, y que se establece como objetivo la abolición del porteo.

Sin embargo, el Estado español no puede seguir manteniendo hipócritamente su imagen de pionera en la defensa de los derechos de las mujeres dentro del mundo occidental mientras establece acuerdos con un país que, además de ser parte de la externalización de la frontera europea, reprime a las personas originarias de países subsaharianos. Deben ser medianamente exigibles a Marruecos cambios destacables en su política sobre derechos humanos.

Concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Enero 2018. Foto: APDHA Cádiz.

Desde APDHA, lo que no contemplábamos era la rapidez con la que se iba a prohibir el porteo, aunque más que una prohibición ha sido un “dejarlo morir”. Tras el cierre del paso fronterizo por el lado marroquí, es decir, desde los últimos meses de 2019, han llegado rumores de que algunas de las alternativas al porteo serán la próxima apertura de multinacionales conocidas en ciudades del norte de Marruecos y la promoción de actividades en el sector primario que den empleo a las mujeres. Pero ese “dejarlo morir” ha repercutido tanto en la población del norte de Marruecos como en la economía ceutí, y son muchas las mujeres que han regresado a sus hogares ante el incremento de su precariedad económica: ir a trabajar también cuesta dinero. El alquiler de una habitación, el dinero del taxi hasta la frontera, el pago al comerciante marroquí en caso de confiscación del bulto, o el coste que suponen las largas horas de incertidumbre sin garantías de que va a haber porte, son aspectos que afectan no solo a la economía, sino también a la salud mental y física.

Desde que conocimos el último fallecimiento, el de Fatema Bouchra (48 años) tras caer por el barranco de la playa en Castillejos mientras esperaba de madrugada para poder acceder a Ceuta, hemos podido documentar el fallecimiento, entre 2018 y 2019, de Rmili Karima, Bakkali Touria, Ilham Ben Chrif, Souad Znitar, Youssef Sedrawi y dos hombres más de los que desconocemos sus nombres.

En nuestra labor de investigación, como integrantes de la APDHA y por ende activistas feministas, nos hemos enfrentado a no pocas contradicciones sobre los efectos que han tenido para las mujeres tanto el informe de la asociación como su campaña política. Nos hemos cuestionado hasta la saciedad si el haber hecho público el único medio de subsistencia de nuestras hermanas de la otra orilla no ha contribuido, en parte, a camuflar la maquinaria de explotación con la que se ceban los países del norte global hacia los del sur global.

Algunas de las mujeres que han fallecido coincidían con las que en las entrevistas decían alto y claro: “Que se sepa, que se sepa lo que estamos pasando… Nosotras solo queremos trabajar, lo que queremos es respeto y dignidad”. Eso es lo que nos ha dado el impulso para seguir denunciando y visibilizando las vulneraciones de derechos humanos. Porque vendrán más actos y minutos de silencio por cada feminicidio, pero parte de nuestra labor como feministas activistas no solo es hacer pública y denunciar la estructura política, social, económica y cultural que privilegia unas vidas sobre otras, sino también cuestionar qué es lo que hace que las vidas de unas mujeres valgan más que las de otras.