Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados. Para ello se tiene que mantener y ocultar el saqueo al que se viene sometiendo al sistema adjudicándole la financiación de partidas sociales que no deberían pagarse a cargo del presupuesto de la Seguridad Social.

Veamos. El presupuesto de la Seguridad Social se nutre fundamentalmente de las cotizaciones sociales y le corresponde el pago de las pensiones contributivas previstas, cuando se producen las contingencias de jubilación  y/o  incapacidad en sus diferentes grados. Es evidente que para garantizar las pensiones es necesario aumentar los ingresos de las cotizaciones sociales.

Para ello se precisa no solo mayor, sino también mejor contratación (control del abuso indebido de los contratos a tiempo parcial, adopción de medidas contra la precariedad y la temporalidad); incremento de salarios; y derogación de las medidas más perniciosas de las últimas reformas laborales (sobre todo la de 2012). Es también urgente la lucha contra el fraude en materia de cotización, entre otros el exceso de horas extras sin control y la situación de los falsos autónomos, así como acabar con la infracotización, estableciendo para ello todos los mecanismos y medidas legales necesarias.

Sin embargo, hay una cuestión fundamental de la que apenas se habla: la separación de fuentes en cuanto a la financiación del Sistema de Seguridad Social y la verificación o no de su cumplimiento. Y esta es la clave.

Los Pactos de Toledo de 1995 recogían como primera recomendación la separación de fuentes y patrimonios. Esto es, se configuraban dos presupuestos distintos, el del Estado y el de la Seguridad Social, con una aportación finalista del Estado a la Seguridad Social. Dicha aportación debía ser expresamente dedicada a la financiación de la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, los servicios sociales (IMSERSO), los complementos para mínimos de las pensiones y las prestaciones familiares reguladas en la Ley General de Seguridad Social.

Expresamente delimitadas ambas fuentes y patrimonios, a la Seguridad Social corresponde en exclusiva el pago de las pensiones en el nivel contributivo, como ya quedo dicho.

Para garantizarlas es obligado mejorar la gestión y administración de todo el sistema (recomendación que también figuraba en el Pacto de Toledo) y que la lucha contra la infracotización sea real y efectiva. Pero, sobre todo, que no se cargue al Sistema de Seguridad Social con pagos que exceden, no competen y deberían estar al margen de su concepto y finalidad.

Así, corresponderían a los Presupuestos Generales del Estado y NO al Presupuesto de la Seguridad Social, entre otros, los siguientes gastos:

Medidas de Fomento de Empleo: desde las bonificaciones y reducciones de la cuota empresarial de los contratos, hasta tarifas planas para empresas y/o autónomos, o los incrementos de pensión por prolongación de la vida laboral después de los 65 años.

Políticas de Igualdad de Género: prestaciones de Maternidad/Paternidad, Bonificación y Cotizaciones del RETA por conciliación de la vida familiar y laboral; contrato de Interinidad por maternidad,  o excedencia por cuidado de hijos y familiares; reducción  de cuotas por riesgo durante el embarazo; el incremento al 100% de la cotización durante los dos primeros años  en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar; bonificación en la jubilación por maternidad e incremento de la pensión para madres con 2 o más hijos

Políticas de Empleo para Discapacitados: bonificaciones y reducciones en las cuotas de Seguridad Social.

Tesorería de la Seguridad Social: coste de personal y mantenimiento, con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, en lugar de a los PGE, como ocurre con el resto de los Ministerios y Organismos de la Administración Central del Estado

Igualmente procedería ser objeto de debate si las pensiones de viudedad y las de orfandad deberían ir a cargo del Sistema de Seguridad Social. O, si por el contrario, deberían ser a cargo de los PGE, al igual que las Pensiones no contributivas, en coherencia con el hecho de que la Seguridad Social en su modalidad contributiva tiene un ámbito profesional y se financia exclusivamente a través de trabajadores y empresarios, mientras que en la modalidad  no contributiva  o asistencial  es de ámbito  universal y se financia a cargo de las aportaciones  de los PGE.

En definitiva, se deben apoyar todas las políticas sociales que emprenda el Estado. Pero en ningún caso deben ser sufragadas, ni siquiera en parte, con las cotizaciones sociales abonadas por trabajadores y empresarios, cuya única finalidad es el mantenimiento del Sistema de Seguridad Social y asegurar las pensiones públicas legalmente determinadas;  máxime cuando los trabajadores, también como ciudadanos, contribuimos a la efectividad de los PGE a través de la  correspondiente tributación.

Las pensiones son una prioridad social y económica (participan del consumo, del crecimiento de la actividad y en el PIB). Su defensa es una cuestión política: las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado. Hay que recordar que las pensiones en España son menos generosas que en la Unión Europa, que nuestro gasto en ellas es muy inferior a  la mayoría de los países de Europa Occidental, y que la presión fiscal española se sitúa 8 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.

Estos son los datos. En los Presupuestos de la Seguridad Social para 2019, se estimaban unos ingresos de 123.584 millones de euros por cotizaciones sociales. De ellos, 76.277 millones de euros se gastarían en pagar jubilaciones contributivas y 12.913,8 millones en pensiones de invalidez, que sumados al gasto en incapacidad temporal dejaría un sobrante de unos 16.000  millones de euros al año, ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos.

Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales. De esta forma se daría exacto cumplimiento a la separación de fuentes y patrimonios, fruto de los Pactos de Toledo y se alejaría del horizonte ese fantasma de “quiebra del sistema de seguridad social”, tan falso como reiteradamente aireado por intereses espurios, ajenos y contrarios a los trabajadores. Este es un reto inaplazable del nuevo Gobierno progresista.

[Ana Martín Arahuetes, es inspectora de Trabajo y Seguridad Social; y Agustín Moreno, es profesor de Historia]

[Fuente: cuartopoder]