El nacionalismo corrompe cualquier ideología, la deforma, la desnaturaliza y la convierte a veces en todo lo contrario. El secretario general de la UGT, para justificar su peregrinaje a la cárcel de Lledoners, ha declarado que no se entiende un gobierno de progreso sin la izquierda catalana. Lo de Progreso es un término bastante ambiguo. Deriva del latín progressus, del verbo progredi, que significa “caminar adelante”. Luego, todo depende de donde se ponga el adelante y el detrás, y ciertamente las opiniones son diversas. El nacionalismo siempre es retroceso, retorno a la tribu. Lo de izquierda catalana también es equívoco, incluso puede haber una contradictio in terminis, de forma especial en los que oficialmente se han apropiado del calificativo de izquierdas. Casi todos ellos están contaminados por el nacionalismo.

El actual Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, es un buen ejemplo de que lo que ha dado de sí la izquierda catalana. Aparentemente se trata de un prócer de izquierdas, de la gauche divine. Secretario general del PSUC y más tarde presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). Los que desde Izquierda Unida (IU) sufrimos las veleidades de esta última formación política sabemos hasta qué punto en la época de Ribó estaba trufada de nacionalismo y conocemos bien las posturas ambiguas que mantenía en materia social y económica.

En el reparto de tareas del grupo parlamentario de IU, los temas fiscales y presupuestarios recayeron entonces en el diputado Ramón Espasa de ICV y médico de profesión. Es curiosa la atracción que la Hacienda Pública ejerce sobre los doctores en medicina. Lo cierto es que desde la presidencia de IU costaba un gran esfuerzo vencer el pasteleo y el pactismo al que en esta materia se inclinaba el grupo parlamentario, arrastrado por su responsable en esa área.

Desde que fue nombrado, el actual Síndic de Greuges no ha dejado de ser un instrumento a favor, primero del nacionalismo, después del independentismo, un altavoz más en el ámbito internacional, orientado a denigrar el sistema político estatal. “El Estado español oprime a los catalanes”. Pero la dificultad de mantener este mensaje con credibilidad le ha hecho retornar al clásico “España nos roba”, aunque en una versión más moderna: “Los enfermos españoles (se entiende del resto de España) roban a los enfermos de Cataluña”.

Si la sanidad catalana funciona mal, si sus cifras están entre las peores de España, si las listas de espera son de las más abultadas entre las de todas las Comunidades, si en Cataluña en los últimos años se han perdido un millón de camas, si han desaparecido 800 médicos de asistencia primaria; en suma, si el funcionamiento de la sanidad en Cataluña es muy deficiente, la razón no se encuentra en los recortes que Mas realizó, sin que se hayan corregido hasta la fecha, ni en que el gasto en sanidad sea del 4,8% de su valor añadido mientras la media en España se sitúa en el 5,5%, ni en la incompetencia de la Generalitat, ni en que el modelo seguido fuese el de concesión a las entidades privadas, ni en que Cataluña lleve varios años sin presupuestos, ni en el 3%, ni en el gasto desproporcionado de las mal llamadas embajadas catalanas, ni en que los sueldos de los altos cargos -incluyendo al presidente de la Comunidad y al Síndic de Greuges- carezca de parangón en ninguna otra Administración, ni en que los distintos gobiernos independentistas hayan desviado recursos de la sanidad a otras finalidades, incluso ilegales, ni en que sea la Comunidad con menor gasto sanitario por habitante, sino en el hecho de que a Cataluña van a tratarse los enfermos de otras Autonomías.

El señor Ribó muestra en primer lugar una gran ignorancia y, lo que es peor, no siente ninguna vergüenza de ella, cuando ante la pregunta del periodista de la SER acerca de la desproporción de las listas de espera en Cataluña con respecto a las del resto de España contesta: “Yo no sé si es la lista de espera más larga, depende de cómo lo enfoquemos, lo que le puedo garantizar es que uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a Cataluña a intervenirse. ¿Por qué? Porque ha habido un modelo excelente que, si no lo mimamos, se nos puede ir al garete”.

Lo primero que sorprende es que confiese con todo el descaro su ignorancia de la dimensión de las listas de espera, un tema que debería entrar dentro de sus preocupaciones prioritarias, porque pocas cosas importan más a los ciudadanos que el correcto funcionamiento de la sanidad. Pero su ignorancia va mas allá demostrando un desconocimiento total del funcionamiento del sistema nacional de salud y de los mecanismos que el sistema tiene para compensar los distintos servicios en materia sanitaria que unas Comunidades se prestan a otras. Parece ignorar también que, como han puesto de manifiesto los mismos sindicatos médicos, se estima en un escaso 1% el número de los pacientes que piden ser atendidos fuera de su Comunidad.

Dada la trayectoria del síndico, cabe la sospecha de que tales afirmaciones no obedecen tanto a la ignorancia como a prejuicios xenófobos. Que sus palabras son fruto inconsciente de su ideología supremacista. Desde su cargo, el contubernio con los independentistas y con el procés ha sido total, al tiempo que se despreocupaba de menudencias como esa de saber si las listas de espera son largas o no.

La tarea del defensor del pueblo es atender las quejas que los ciudadanos realizan con respecto a los errores o defectos de funcionamiento de la Administración. Teniendo en cuenta que el Estado de las Autonomías ha multiplicado este organismo por 15, habría que suponer que el cometido de cada uno de ellos se orienta a la Administración en la que está incardinado. Es decir, que la tarea del Síndic de Greuges debe circunscribirse a canalizar las protestas de los catalanes frente a la Generalitat. Mientras que las dirigidas a la Administración central por los españoles, sean catalanes o no, son competencia del Defensor del Pueblo estatal.

Pues bien, parece ser que Rafael Ribó ha entendido su papel de otra manera y, ante el defectuoso funcionamiento de los servicios sanitarios en Cataluña, en lugar de canalizar las quejas de los ciudadanos a la Administración (esto es, a la Generalitat), defiende a la Generalitat cantando las excelencias de la sanidad pública en esta Comunidad y responsabilizando de cualquier defecto a los intrusos extranjeros de otras Autonomías. Marcando diferencias. Todo ello, muy de izquierdas.

Según parece, a los catalanes, a la hora de manifestar sus reclamaciones en aquellos casos en los que sufren un defectuoso funcionamiento de los servicios públicos de la Generalitat, no les sirve de nada acudir al Síndic de Greuges y eso a pesar de que dicen que el número de empleados, muchos de ellos nombrados a dedo, son numerosos y los sueldos, abultados, comenzando por el del Síndic. Pero el Síndic no tiene ningún interés en censurar o denunciar a la Administración catalana. No tiene tiempo de ocuparse de tales naderías. Su destino es más alto, librar a Cataluña de la opresión de los extranjeros. Bien es verdad que gracias a ello continua en el puesto tras 15 años.

Así, se puede dedicar, amparado en su cargo y con fondos públicos, a recorrer el mundo censurando al Tribunal Supremo con la acusación de venalidad por las sentencias emitidas en el caso del procés. Con una gran osadía y desconocimiento del Derecho Penal, se atreve a llevar la contraria a siete magistrados que están en lo más alto de su carrera técnica y profesional. Claro que él no habla, aunque debería, como un profesional o un técnico, sino como un militante -y bastante sectario, por cierto- del procés. En ese campo no valen razones o argumentos, solo fe y tergiversar los hechos. Desde ese mismo pedestal se pronunció en contra del Tribunal Constitucional, declarando ilegal la aplicación del art. 155 de la Constitución.

Porque no actúa como un técnico ni como un profesional, sino como militante, emite -totalmente al margen de sus competencias- un informe arbitrario y parcial al dictado del Presidente de la Generalitat acerca de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (no de la Autonomía) en los acontecimientos del 1 de octubre, tendente a denigrar al Estado español. De alguna forma, los independentistas lo consideran y él lo acepta, con una cierta usurpación de funciones, el tribunal supremo de la República Catalana. Quizás la única autoridad judicial (aun cuando no sea un órgano jurisdiccional) que los golpistas admiten y que les sirve de estratagema en su intento de eludir el poder judicial. Por eso Torra cuando se vio acorralado por la Junta Electoral Central con el mandato de que debía quitar los lazos amarillos de los edificios oficiales, recurrió como coartada al Síndic de Greuges para dar a entender que él solo obedecía a una institución catalana.

Ciertamente el actual Síndic de Greuges está muy ocupado para dedicarse a esas pequeñas cosas que constituyen su responsabilidad y su cometido. Bien es verdad que sí parece que tuvo tiempo en 2015 para viajar a Berlín, gratis total, al final de la Champions, en un jet privado invitado por el empresario Jordi Soler, uno de los implicados en el 3%. Hay que decir, no obstante, en su descargo que jugaba el Barcelona y ya se sabe que este equipo es más que un club y, por lo tanto, se puede entender que el viaje era un servicio más a la causa del procés.

En fin, no sé si es a esta izquierda a la que se refería el secretario general de la UGT. En Cataluña, sin duda, hay otra izquierda, la de los trabajadores, obreros, empleados, pertenecientes a las clases modestas, muchos de ellos o sus padres emigrantes hace años desde otras partes de España buscando trabajo y una vida mejor. Pero en buena medida esa clase ha quedado secuestrada por la izquierda caviar, que ha ocupado las cúpulas de las formaciones políticas de izquierdas. A esa izquierda de trabajadores se le ha hecho creer que el origen de sus problemas se encuentra fuera de Cataluña en un Estado español que oprime a los catalanes. Se le ha inculcado que la lucha, la contienda, no tiene que plantearse en términos de clases o de grupos sociales, sino de territorios. Izquierda y nacionalismo, contradictio in terminis.

[Fuente: Republica.com]