Se ha repetido hasta la saciedad. El “procés” es una enorme estafa colectiva. Ni son creíbles, ni son posibles, ni son viables los presupuestos teóricos del Independentismo. Lo único cierto es que el movimiento independentista hoy carece de dirección, de estrategia y de objetivos. Es por ello que el riesgo de cronificación del conflicto es mayor que nunca.

Asistimos a un proceso repetido en la historia de Cataluña. Una radicalización social cada vez más intensa con claros tintes xenófobos. Su dirección corresponde a sectores de la clase media  profundamente insolidarias. Han conseguido, eso sí, un gran impacto social. A través de una hábil y sostenida campaña propagandística, han convencido a sectores de las clases populares de que sus enemigos históricos (las clases pudientes) son ahora sus aliados. Han inventado una “empresa común”, un “destino en lo universal” tan indefinida e indefinible como es la Independencia de Catalunya. Todo un movimiento que recuerda cada vez más al movimiento carlista; incluso podemos apreciar cómo se estrecha la alianza ente los sectores más reaccionarios del catalanismo y la Iglesia católica, que no duda en ofrecer misas por la libertad de los “presos políticos”. Uno de los últimos que se  apuntaron a la fiesta” fue  el Obispo de Solsona, Xavier Novell, un sacerdote con talante ultraconservador[1] en lo social[2] pero pro-independencia en lo político.

En realidad, y no nos cansaremos de repetirlo, todo es una gran cortina de humo. Gracias al “procés”, el bipartidismo ha vuelto a resurgir de sus cenizas. El incremento de la extrema derecha, reaparecida como reacción al catalanismo independentista, no augura más que se mantendrá el conflicto “sine die” y conseguir con ello que las grandes “reformas”, es decir, el ataque sistemático a los derechos sociales, no tengan coste político y pueda aplicarse con poca o nula respuesta social.

Cataluña ha sido gracias a los gobiernos conservadores de Pujol, Mas y ahora Puigdemont o Torra, la primera en experimentar recortes sociales. La derecha catalana está aprovechando el “procés” para intentar colar normas que preparen el terreno para privatizar servicios básicos para la ciudadanía. Será posiblemente la única ley que será estudiada en el Parlament de Torra. La ley se denomina “Llei de contractes de serveis a les persones “. Es una propuesta legislativa promovida por el Govern de Cataluña. Su autor es Pere Aragonés, vicepresidente del Govern y miembro destacado de ERC. Se la conoce popularmente como Ley Aragonés, aunque la puso en marcha el ahora preso Raül Romeva. La ley ha conseguido un extraño consenso: tiene en contra la mayoría de los grupos parlamentarios de la «supuesta izquierda catalana» y gran parte de la sociedad civil.

En cambio, las grandes multinacionales de servicios en España están de enhorabuena. Las más beneficiadas serían paradójicamente (ACS) cuya cabeza visible es nada menos que Florentino Pérez. Esta multinacional está muy bien posicionada en Cataluña, en especial en Barcelona ciudad. El  Consistorio de Ada Colau cerró jugosos contratos desde el 2015 con esas empresas. En 2018 se renovaron por valor de 25,14 millones para Sacyr social a través de su filial Valoriza y de 29,82 millones para ACS, cuya filial es Clece.  El objeto de la licitación era gestionar el servicio de atención domiciliaria (SAD) en Barcelona capital. Evidentemente, si se aprueba la ley estas grandes empresas verán incrementado su negocio. Son las únicas que pueden competir a la baja en precio.

Según los datos disponibles, desde 2015 Sacyr Social ha conseguido más de 140 millones de euros en contratos con diversos ayuntamientos catalanes, aprovechando la fiebre privatizadora de algunos de ellos. En estos momentos, estas dos grandes empresas y otras que también intentarán adjudicarse los concursos públicos están gestionando una gran parte del mercado del Servicio de Atención Domiciliaria (temas de dependencia). Con la nueva reglamentación aumentarán  su dominio en el mercado catalán. El método que utilizan esas macro-empresas es sencillo: primero acceden a la licitación, porque uno de los ítems que se barema es el precio (cuanto más bajo mejor y solamente por esa cuestión ya consiguen 40% del total de la puntuación).  Al hundir el precio, impiden que pequeñas empresas (como por ejemplo las AMPAS que en algunos casos dan servicio a los  comedores escolares) puedan competir con ellas. También sabemos, lo hemos visto en otras ocasiones, que una vez conseguido el contrato y en posición de monopolio suben los precios y bajan la calidad.

Las administraciones públicas catalanas hace tiempo que se lanzaron a externalizar servicios. La concepción neoliberal de la economía –aquella que indica que lo privado es más eficiente– ha calado profundamente. Poco importa que los números muestren una y otra vez que es falso. Ahora ya no es imprescindible un dictamen desde la UE. Muchos de nuestros dirigentes políticos han asumido plenamente esa concepción. Hay que externalizar, hay que privatizar, hay que  traspasar esos servicios a otros e intentar ahorrar. Nada de eso se cumple, lo hemos visto en los hospitales madrileños o valencianos gobernados por la derecha. Se licita el servicio, por ejemplo cirugía cardíaca, la gran empresa ofrece gestionar el servicio a bajo costo, se hunden los precios, nadie puede comprometerse por menos dinero.  Posteriormente, como el presupuesto no es real y el servicio no se puede cubrir se exige incrementar el precio del servicio o dejar de intervenir quirúrgicamente. Al final, la administración acaba por pagar más caro el servicio que prestaba anteriormente.

Cataluña, lo hemos dicho con anterioridad, es pionera en aplicar los principios de la externalización de servicios. La ley Aragonés es un ejemplo paradigmático. Pretende regular los contratos que realiza la Generalitat con entidades y empresas privadas para prestar servicios sociales considerados como básicos. La ley propone que un total de 250 servicios sean susceptibles de entrar en estos apartados, que abarcan desde la Sanidad (servicios de Cirugía y Ginecología entre otros), Educación (guarderías públicas, enseñanza preescolar, enseñanza de adultos, comedores escolares…), Dependencia (residencias para mayores…) Así, servicios que ahora presta la administración pública, por ejemplo la etapa infantil de 0 a 6 años, podrán licitarse y ser cubiertos por una empresa privada que evidentemente procurará obtener beneficios. Lo mismo ocurre con las Residencias para los mayores. Se pasaría de una gestión pública a una privada. La amplitud de los servicios que pueden ser regulados según la ley es tal que abarcan prácticamente a todos los sectores sociales.

El recorrido de la ley es largo. Lo inició Raül Romeva, se paralizó con la aplicación del 155 y ahora vuelve a estar en el candelero. En noviembre del 2018 se reinició su tramitación. Pere Aragonés ha defendido el proyecto como una norma “pionera” que busca “más calidad en el servicio, estableciendo criterios de selección que favorezcan la contratación de empresas especializadas que apuesten por la innovación”. Pero las entidades sociales (la Marea Blanca, la FAPAC, AMPAS….) ven en esta norma una puerta abierta a la privatización de los servicios que hasta ahora prestaba la administración.

Desde el primer momento la ley pretende confundir. Se nos dice que responde a una directriz emanada de la UE (Directiva europea 2014/24). No es cierto. La mencionada directriz habla de que serán los Estados los encargados de establecer el régimen jurídico que consideren “más oportuno” para prestar los servicios. En ningún momento se obliga a que sean gestionados por entidades privadas.

La ley Aragonés no plantea directamente la privatización de los servicios sino que abre la posibilidad a que la administración los licite (haga un concurso público). La Generalitat o los Ayuntamientos dejarían de gestionar esos servicios que ahora cubren. Se sobreentiende que puede ser para cualquiera de los sectores que fija la norma (prácticamente todo). Como en Cataluña ninguna ley limita o controla qué sectores pueden ser gestionados por entidades privadas se abre la puerta a que sea cualquiera. La experiencia nos enseña (lo hemos visto con los hospitales valencianos,  madrileños e incluso los catalanes, muchos de ellos  gestionados por Fundaciones)  cómo el costo se dispara y en muchos casos las listas de espera y la calidad se resienten. La administración de la Generalitat tiene mucha prisa. En noviembre del 2018 tuvo que paralizar el Decreto de Servicios de Comedor Escolar al encontrar una  fortísima oposición.  Inmediatamente planteó la Ley Aragonés que, nuevamente, abría el paso a la privatización de los comedores escolares.  El Govern quería prescindir de las AMPAS y de la gestión directa de la administración y permitir la concurrencia de empresas privadas.

A pesar de que el decreto fija unas condiciones que obligan supuestamente (artículo 7) a valorar la responsabilidad social en cuanto a condiciones de trabajo, salarios, derechos laborales etc… lo cierto es que, como hemos dicho, el criterio fundamental es el precio del servicio a la baja (40% de la licitación) y, evidentemente, son las grandes empresas las más beneficiadas. Los controles que se exigen en la ley sobre sueldos, condiciones laborales de los empleados etc., son tan laxas, que en la práctica permitirán una bajada de los costes por la vía de la desregularización laboral, la precarización o la bajada de salarios.

La derecha catalana, y ERC es un partido de la derecha neoliberal, muestran nuevamente sus límites. Mientras sus dirigentes vociferan contra la España del 78 en favor de los “presos políticos”, no dudan en iniciar un ataque furibundo contra los sistemas públicos de protección social, especialmente los catalanes. En eso coinciden plenamente con el resto de la España “fascista”, como clasifican a quien no piensa como ellos. Es un negocio enorme y de difícil cuantificación. Ignoramos el nivel de penetración que se pretende con la Ley Aragonés. Estamos hablando de centenares de millones. Para eso no hay banderas, ni la roja y gualda ni la cuatribarrada. ACS, SACYR y el Independentismo han encontrado un lugar común, un punto de encuentro: el de sus intereses como clase y grupo social, oculto eso sí por el humo que proviene del “procés”. De nuevo el Independentismo y la derecha reaccionaria española confluyen, nos hacen mirar la punta del dedo para ocultarnos la luna.

Notas

[1] Ha sido declarado persona “non grata” en algunos municipios catalanes por sus posturas especialmente retrógradas contra el colectivo Gay y LGTV.

[2] El Obispado de Solsona tiene inmatriculadas en los últimos años más de 332 propiedades. Gracias a la ley aprobada por el expresidente Aznar que permitía a la iglesia incluir como propias en el Registro, edificaciones y terrenos que la Iglesia consideraba como propios.

[Fuente: El Viejo Topo]