El martes 22 de octubre, tras los primeros días de disturbios, caceroladas, manifestaciones y reivindicaciones en Chile, el portal de noticias ―y una de las principales radios del país― BioBioChile.cl publicaba un artículo con la noticia «La pregunta que se hacen los europeos… ¿por qué explotó el país tranquilo de Sudamérica?». La pregunta es interesante, porque ciertamente parece que este estallido social repentino ha tomado por sorpresa a mucha gente. Aunque también es cierto que podría elaborarse la pregunta de forma invertida: ¿cómo ha tardado Chile tanto tiempo en salir a las calles a reclamar una situación a todas luces insostenible socialmente? Y ahí parece estar, en nuestra opinión, el quid de la cuestión.

El experimento chileno como receta neo-liberal

Chile tiene el dudoso honor de haber sido una suerte de conejillo de indias del neoliberalismo en Sudamérica. En los años ’70, tras el golpe de estado contra Allende y la implantación de la dictadura militar, Pinochet abrazó los postulados de Milton Friedman. Poco después del golpe, Friedman visitó Chile invitado por un grupo de ex alumnos chilenos de la Escuela de Chicago [1]; como pasaría con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, Pinochet fue el impulsor de una auténtica involución neoliberal en el país andino, cuyas consecuencias están en el trasfondo de lo que se vive hoy en Chile. El país creció, y económicamente demostró ser más estable que todos sus vecinos.

El argumento neoliberal es que, al controlar la macroeconomía, el sistema se encarga de repartir más eficientemente la riqueza. Esto puede verificarse en datos del Banco Mundial, donde Chile es sobresaliente, pues sin incurrir en un déficit fiscal que pasase cuentas, ha logrado una constante reducción de la pobreza, una mejora del acceso a la educación e incluso, en comparación con Latinoamérica, la reducción de la desigualdad. Chile, aunque no es el peor caso en Latinoamérica, no tiene una economía particularmente compleja, es decir, su catálogo de exportaciones es más bien limitado: el 45% de sus exportaciones están relacionadas al cobre [2], y sus vaivenes pueden afectar el presupuesto nacional. No obstante, cuenta con el muy alabado Fondo de Estabilización Económico y Social [3], una herramienta que permite controlar de una manera “fiscalmente responsable” el gasto público social y que ha permitido a este país capear temporales que otros países más desarrollados económicamente, como España, no han podido, convirtiéndose incluso en acreedor neto en el mundo [4].

¿Cuál es el precio de tanta responsabilidad fiscal en el pueblo chileno? La rigidez estructural de este fondo ha impedido a Chile reaccionar con suficiente rapidez ante los cambios microeconómicos que la población sufre, siendo insuficiente el “gasto fiscal para acelerar el desarrollo y reducir la desigualdad” [5] cuando realmente se ha necesitado. La falta de empatía con que el modelo ha sido diseñado, provoca una falta de solidaridad intergeneracional [6].  La “eficiencia” en el reparto de la riqueza no implica la “equidad”, por lo que unos pocos más eficientes pueden acaparar mucho más de lo que sería equitativo. La gente pobre espera algo de equidad y no entiende de eficiencia, por lo que la explicación neo-liberal llega, únicamente, a través del discurso de la esperanza de entrar al grupo de los “eficientes”. El experimento chileno ha permitido crecimiento económico por encima de la media de sus vecinos, enriquecimiento masivo de empresas y millonarios, y reducción del estado a mínimos imprescindibles para el funcionamiento del mercado. Todo ello manteniendo una Constitución Política fruto de la dictadura de Pinochet y una estabilidad social envidiable para los estándares de la región. Hasta ahora.

El transporte como síntoma

Los primeros indicios de descontento masivo llegaron por el alza del precio del metro en la capital, Santiago. En aproximadamente 12 años, el precio del metro se había duplicado. La última subida del precio del billete desató una oleada de protestas que obligó a cerrar el metro todo el fin de semana del 18 y 19 de octubre, y terminó con 11 estaciones totalmente incendiadas, 11 parcialmente incendiadas y más de 50 con daños de diversa gravedad [7]. A enardecer a la población contribuyó la «torpeza» del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, al afirmar que para evitar el alza la gente podía madrugar más (el metro tiene diferente precio en distintos horarios) [8]. No parece casual que las protestas empezaran por la subida de precios de un medio de transporte utilizado principalmente por la clase trabajadora y los estudiantes de la capital; un alza del precio que muestra claramente cómo los costes del sistema se sustentan en una gran mayoría trabajadora, que ve cómo sus gastos se incrementan año tras año mientras que sus sueldos no.

El descontento generalizado se extendió más allá de Santiago, y pronto alcanzó a algunas de las ciudades más importantes del país: Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Talca, La Serena, Antofagasta. De norte a sur, en Chile se registraban caceroladas, manifestaciones, movilizaciones y saqueos. Éstos, principalmente, en grandes almacenes, supermercados, gasolineras o farmacias. En general ―aunque es difícil generalizar en estos casos― los destrozos iban dirigidos a grandes empresas, bancos o suministros de energía, no a pequeños comerciantes ni a bienes particulares. Probablemente, que los ataques hubieran afectado a pequeños comercios o casas particulares habría indignado mucho más a parte de la población, y habría dividido la oleada de reivindicación. Estos destrozos tuvieron eco especialmente entre los jóvenes, esa generación que no vivió la represión de la dictadura, porque iban dirigidos a elementos que perciben como abusivos: los precios de los supermercados ―han sido varias las condenas por acuerdo de precios entre empresas [9]―, considerablemente más altos que en países como España, Italia o Portugal; el precio ascendente de la gasolina, que afecta el transporte de mercancías y la generación de electricidad; los abusos de las farmacias, con un sistema de precios libres no regulados ni intervenidos por el Estado; un modelo económico que ha potenciado la formación de oligopolios sin posibilidad real de mercado ni de regulación [10].  En resumen, en Chile se ha ido generando una consciencia clara de que existen los de abajo, en condiciones cada vez más precarizadas, y los de arriba, que son pocos, pero acumulan mucho.

Esta dicotomía no resulta tan novedosa. En España, el movimiento 15M, que surgió a raíz de la crisis económica de 2007 y cristalizó en un poderoso movimiento asambleario y nuevos partidos políticos, ya empleaba esa terminología para separarse de la tradicional izquierda y derecha. Y este intento de alejarse de esos términos tiene su lógica en la presencia en el imaginario colectivo latinoamericano de las consecuencias que el «socialismo» o la «derecha» ha tenido en algunos países. Ésta, asociada a golpes militares y largas dictaduras. El socialismo, por su parte, ha sido en Latinoamérica muy sui generis, y ha mutado en cosas distintas, sea chavismo, peronismo o cualquier figura similar. Pero, en esencia, la reivindicación entronca de lleno con lo que la izquierda tradicional fue, o quiso ser: la defensa de los de abajo frente a la explotación y privilegios de los de arriba. En este sentido, el alza del metro de Santiago fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de muchos chilenos y chilenas, que año tras año perciben que el Estado legisla, gobierna y actúa para mantener una situación de clara inequidad social.

La desigualdad como trasfondo

Aunque los datos del Banco Mundial muestran que la desigualdad en Chile ha bajado, el ritmo al que lo ha hecho no ha sido lo suficientemente sensible ante los dilemas chilenos. La «crisis del milagro neoliberal», como lo llama LaVanguardia, se antoja como crisis ahora porque la gente ha dicho basta, pero durante años se ha vendido como el modelo a seguir, hasta el punto de que otros países han puesto su mirada en algunas de las estructuras de reparto más injustas de Chile. Por ejemplo, las pensiones (muy de actualidad ahora mismo en España, en lucha por evitar perder poder adquisitivo con una actualización por debajo del IPC).

En Chile funciona un sistema denominado de capitalización de las pensiones. Eso significa que, en vez de que el Estado reciba las cotizaciones de los trabajadores y empresas para establecer un reparto (más o menos solidario) de pensiones (mínimas y máximas), la legislación obliga a cada trabajador a pagar el 10% de su sueldo en concepto de pensión, que gestionan unas empresas privadas (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP). Éstas invierten ese dinero (con mayor o menor riesgo en función del plan elegido por el cotizante), lo que implica que el dinero acumulado puede crecer, pero también disminuir. Es un sistema, en el fondo, de pensiones puramente privadas; las AFP hacen su negocio con el dinero de la gente, y reciben más dinero de lo que finalmente pagan como pensión. Los trabajos mal remunerados (el salario mínimo en Chile es de 301.000 pesos chilenos, unos 370€ aproximadamente, por una jornada de 45 horas semanales), generan una pensión insuficiente para los precios de Chile. Además, las formas de cálculo de la esperanza de vida de la gente permiten que algunos jubilados mueran sin haber cobrado el total de sus pensiones, aunque éstas fueran bajas. El Estado ha establecido un mínimo en la pensión para todo el mundo, que se sitúa en aproximadamente 100.000 pesos chilenos (poco más de 120€). Como resulta lógico, eso obliga a la gente a seguir trabajando tras la jubilación (algo bastante común en conductores de Uber, por ejemplo). En la práctica, hay gente que trabaja hasta sus últimos días de vida.

En la salud opera una lógica similar, también perversa. Existen dos modelos básicos de salud: Fonasa e Isapre. El primero (Fondo Nacional de Salud), público, presta atención sanitaria por parte del Estado, a cambio de un 7% del salario de los trabajadores. Para gente con escasos o muy escasos recursos, este porcentaje baja o se elimina, de manera que se establece una cierta solidaridad. Las rentas más altas, con su 7%, contribuyen a soportar la carga de las rentas más bajas o quienes no tienen renta. Sin embargo, cualquier ciudadano puede optar por no pagar su 7% a Fonasa, y pagarlo a una de las llamadas Isapre (Instituciones de Salud Previsional). Se trata de empresas privadas que prestan servicios sanitarios a cambio de ese 7% de la renta de un trabajador. Es decir, son el equivalente a lo que en España denominamos un seguro privado. Sin embargo, la calidad del plan de salud de cada persona depende de su renta, pues el 7% de un salario bajo no es el mismo que en un salario alto. Por ello, las personas con renta más baja no pueden acceder a un plan de Isapre; la empresa no les acepta como clientes. Las rentas más altas sí, aunque eso no implica la gratuidad de la atención: las Isapre nunca cubren el 100% de ninguna atención, sea hospitalaria o ambulatoria. Incluso los mejores planes conllevan un copago. Es más, la atención médica se divide entre clínicas y hospital público. Las clínicas son todas privadas, por lo que independientemente del plan (Isapre o Fonasa) todo el mundo tendrá que pagar cierta cantidad por los servicios médicos. Los hospitales son públicos y gratuitos para los usuarios de Fonasa, pero con escasísimos medios, mala atención y listas de espera interminables. Algunos tratamientos o especialistas ni siquiera existen en las regiones fuera de Santiago, la capital. En la práctica, todo el mundo prefiere tener Isapre que Fonasa; sólo los más desfavorecidos acuden a Fonasa, porque no tienen otra opción. Y la gente muere esperando una atención médica que nunca llega [11]. Gente para la que la atención privada no es una opción: un día de cama en un hospital o clínica privada son más de 200€, en un país con un salario mínimo que no alcanza los 400€. Al final, lo que implica un sistema como este es algo que resulta complejo de interiorizar para alguien que haya crecido en países con un sistema de salud público robusto. La salud, es decir, el estar sano y no contraer enfermedades graves, se vuelve un problema y una preocupación no sólo por el aspecto sanitario, humano, de tratar de evitar el sufrimiento, sino porque un problema grave de salud puede implicar un gasto económico tal que no es posible de asumir, o que puede hipotecar la economía familiar durante meses o años.

Otro de los pilares de un estado social, la educación, es igualmente perverso que los dos anteriores. En Chile la Constitución Política de 1980 exige mayorías cualificadas para la intervención pública estatal en ámbitos que puedan desarrollar entes privados. En la práctica, esto se ha interpretado como principio de subsidiariedad del Estado, de forma que éste sólo interviene cuando los privados no quieren o no pueden intervenir. Pero este principio de subsidiariedad, así formulado, no está en ninguna parte del texto constitucional; gran parte de la responsabilidad sobre esta interpretación se debe a una política y a un ámbito jurídico profundamente conservadores, para los que la dictadura fue más bien una dictablanda. Este principio explica la lógica de funcionamiento de las universidades. En Chile, el Estado puede crear universidades públicas, pero además debe aportar recursos a las universidades privadas en igualdad de condiciones, no pudiendo establecer preferencia en el reparto de los recursos, pues discriminaría a unos estudiantes sobre otros [12]. El problema es que en la práctica se configura un mercado en el que todas las universidades deben competir por los recursos que otorga, directa o indirectamente, el Estado [13]. Exactamente lo mismo que ocurre con BancoEstado, el banco público del Estado de Chile, que actúa en franca competencia con los principales bancos privados (Santander, Banco de Chile, Scotiabank y BCI).

El modelo chileno, por tanto, es el de un sistema neoliberal salvaje, sin apenas controles por parte del Estado, sin ni siquiera rémoras de un pasado estado keynesiano o social e intervencionista. Un país permeable a las dinámicas mercantiles en prácticamente todos los ámbitos que afectan al ciudadano, con especial gravedad en las pensiones, la educación y la salud. Esto ha provocado una situación de desamparo y abandono hacia las clases más bajas que ha estallado ahora, como podría haberlo hecho en cualquier otro momento. Resulta a todas luces insostenible un modelo de explotación como el que se ha practicado en Chile sin reacción social; el milagro chileno estaba siendo, en realidad, la anomalía chilena.

La manifestación como reacción

El alza del precio del metro, por tanto, ha dado inicio a una oleada de manifestaciones, caceroladas, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía sin precedentes en Chile desde el inicio de la democracia. Poco a poco, lo que parecía un reclamo específico del transporte y de algunos colectivos concretos ―los estudiantes han sido, tradicionalmente, un sector muy activo en sus reclamaciones contra el Estado en Chile― se fue extendiendo hacia otros sectores de la población. Las manifestaciones se fueron haciendo masivas; la gente salió a las calles a manifestar su descontento, con cacerolas y pancartas.

Los saqueos y ataques a comercios no han resultado indiscriminados. Uno de los objetivos fundamentales han sido los supermercados, lo cual podría dar luces del origen de la protesta. Existe una consciencia generalizada de que algunos precios de los alimentos y otros productos básicos son abusivos, y de que se han llevado a cabo prácticas de colusión de precios entre grandes marcas. También algunas gasolineras fueron asaltadas, y en Santiago ardió, la noche del 18 de octubre, gran parte del edificio de Enel, una multinacional de electricidad y gas que de origen italiano que opera en Chile [14]. También las farmacias sufrieron daños e intentos de saqueo o incendios [15]; los precios de los medicamentos han sido una fuerte reivindicación, porque la ausencia absoluta de regulación o intervención estatal permite precios abusivos que impide a los más pobres acceder a determinados medicamentos. Un vídeo, que no es posible generalizar pero que resulta sintomático, muestra un grupo de personas saqueando unos grandes almacenes en Santiago y quemando la mercancía en una hoguera. Cuando un chico sale y trata de llevarse un televisor para sí mismo, el grupo se lo arrebata y lo echa a la hoguera.

A medida que la protesta se ha ido extendiendo por todo el país, se ha convertido en algo más masivo, inclusivo y pacífico. Dejando de lado la ausencia de acampadas, ha mutado en algo más parecido a las primeras semanas del 15M. La gente ha salido a protestar, a reclamar contra un sistema desigual y la permisividad del Estado con lo que entienden es un abuso de las empresas privadas respecto a la gente. Lo más importante: la gente se ha organizado. Las manifestaciones tienen un perfil espontáneo, porque se convocan con poco tiempo de antelación, por redes sociales, sin aparentes organizaciones estables detrás. La sensación es que, realmente, estamos ante una movilización de las gentes. Un aspecto llamativo es el de la previsión y solidaridad entre los manifestantes. En Temuco, una ciudad al sur de Chile, un grupo de estudiantes de medicina de alguna universidad acudían a las manifestaciones con un brazalete (blanco con una cruz roja). Llevaban botes de agua con bicarbonato, para los efectos de los gases lacrimógenos en los ojos, y limones, para el picor de garganta. Por redes sociales y mediante carteles en la propia manifestación indicaban que, cualquier persona con algún problema de salud, acudiera a ellos. Incluso en algún caso fueron los primeros en atender algún herido por los disparos de perdigones de la policía.

Con estas movilizaciones, parece que una gran parte de la sociedad chilena ha tomado consciencia de que su participación política también se expresa a través de la manifestación, la queja y el descontento en las calles. De momento parece complicado que este descontento se traduzca en un movimiento político concreto, y las elecciones presidenciales todavía quedan muy lejos. Pero puede ser relevante el haber puesto en la agenda pública un tema que hasta ahora podía ser ignorado con retórica y medidas cosméticas: la agenda social. La profunda desigualdad que ha vivido Chile durante décadas parece haber puesto de manifiesto que resulta inviable continuar con un Estado tan profundamente insolidario y al servicio de las élites económicas nacionales e internacionales. Ese hecho, que se conocía y era compartido, ahora ha sido puesto encima de la mesa, en el parlamento, en las calles. Incluso cuando esta situación se calme, parece probable que esa preocupación se mantenga presente en el imaginario colectivo de una sociedad que claramente aspira a que la próxima generación viva en condiciones de menor desigualdad que la presente.

La represión como respuesta

La reacción visceral ante la subida del metro, su conversión en rabia y frustración, la expansión por todo Chile y la generalización de las protestas ha pillado al gobierno totalmente desprevenido. Nadie, probablemente, podía esperar una reacción de este tipo en el país con más estabilidad del subcontinente. Durante el primer fin de semana de saqueos y destrozos en Santiago, el presidente Piñera decretó el estado de emergencia [16]. A medida que la reacción en la capital de extendía hacia otras ciudades, el estado de emergencia se fue ampliando a otros territorios, alcanzando el 24 de octubre ciudades de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Bío-Bío, Coquimbo, O’Higgins, Antofagasta, Los Ríos, Ñuble, Maule, Los Lagos, Araucanía, Tarapacá, Atacama, Magallanes, y Arica y Parinacota. A su vez, a día 24 se había establecido toque de queda en casi 20 ciudades. Por si fuera poco, ya el primer fin de semana de disturbios el gobierno sacó el ejército a las calles y lo distribuyó por Santiago para tratar de mantener el orden [17]. Una medida sin precedentes, excesiva, que molestó a muchos sectores de la población y que la gente desafió manteniéndose en las calles pacíficamente.

La respuesta por parte del gobierno ha sido torpe y con un cariz represivo notable. Movilizar a más de 10.000 efectivos del ejército ―además de la policía― no auguraba nada bueno. Tampoco escuchar al propio presidente del gobierno afirmar que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso» [18]. Los efectos han sido desastrosos: el día 25 de octubre eran 19 personas fallecidas, cientos de heridos y detenidos, múltiples denuncias por violación de derechos humanos y vídeos e imágenes de brutalidad policial y militar circulando por internet y los principales periódicos del país. Las manifestaciones pacíficas han sido directamente disueltas a base de «tanquetas lanza agua», bombas lacrimógenas y perdigones, llegando incluso a lanzar gas lacrimógeno en el interior de un hospital en el que se refugiaban los manifestantes [19]. Los toques de queda, por su parte, se han cebado especialmente con las personas en situación de calle ―sin techo―, que no tienen alternativa habitacional y denuncian abusos y palizas [20]. Lo mismo ocurre con los menores: según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al menos 243 menores de edad han sido detenidos durante las protestas, y se han interpuesto al menos 39 recursos y 35 querellas criminales por violencia militar contra niños por golpes, maltratos, desnudamientos y heridas de balines [21]. Ante la gravedad de la situación, las denuncias por violaciones de derechos humanos son múltiples, y Amnistía Internacional declaró que enviaría un equipo a Chile para documentar la situación y exigió al presidente Piñera el fin de la violenta represión contra las manifestaciones pacíficas [22].

La desigualdad, un conflicto global

Nos encontramos ante una situación sin precedentes en Chile desde el fin de la dictadura militar. El país nunca había tenido que enfrentarse a una reacción ciudadana de tal magnitud, y su respuesta ha sido más propia de la dictadura que de la democracia que es Chile hoy en día. Una democracia, sin embargo, que por mantener una responsabilidad fiscal que recuerda a lo sucedido en Europa, ha olvidado completamente a los más desfavorecidos, que los condena a una situación de sálvese quien pueda, de competencia ultraliberal por subir en el escalafón social y salir de unas condiciones precarias en uno de los países con mayor renta per cápita del continente. El problema es que, para modificar estas condiciones, el Estado debe asumir unas funciones de redistribución de la riqueza que no parece que se vayan a llevar a cabo.

En nuestra opinión, ahí debería estar el foco; para pedir más Estado, sanidad pública, pensiones o educación, el Estado debe tener recursos. Eso no es factible con una fiscalidad de en torno al 10% para rentas de entre 2000€ y 4000€. Y ese es un conflicto en el que los países europeos, desde otra lógica, sí se pueden ver reflejados. En Francia, España, Italia o Portugal, algunas de las movilizaciones de los últimos años han tenido como objetivo tratar de frenar los recortes y privatizaciones de lo que considerábamos servicios públicos intocables, logros de un desaparecido modelo keynesiano o intervencionista. En Chile, el conflicto aparece como reclamo de unos derechos por conquistar. Pero el trasfondo es el mismo: la desigualdad social, las condiciones precarias, lo insostenible de un modelo que, centrado en generar riqueza, es exageradamente lento tanto en repartirla como en reconocer los más mínimos elementos de dignidad humana. Y esa es una lucha global. Como dijo un amigo chileno hace años, a raíz de las protestas (en Chile y en España) de 2011: en Chile luchamos por conquistar lo que ustedes luchan por no perder.

Notas

[1] https://www.lavanguardia.com/internacional/20191021/471116664820/chile-america-latina-neoliberal-milton-friedman-once-muertos.html

[2] Observatory of Economic Complexity.

[3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5204/S1000341_es.pdf?sequence=1

[4] Ibidem

[5] Ffrench-Davis, R. La experiencia de Chile con el balance fiscal estructural. Cuadernos de Economía, 35(67), 2016,149-171.

[6] Director del Instituto de Economía de la Universidad Católica: “En algo nos habremos equivocado si es que nos agarró tan de sorpresa”, disponible en https://www.latercera.com/pulso/noticia/director-del-instituto-economia-…  

[7] El gobierno cifra en unos 300 millones de dólares el coste de reparación de los daños en el metro. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/10/20/metro-reporta-que-80-de-sus-136-estaciones-presentan-danos-por-masivas-protestas.shtml

[8] https://www.radiozero.cl/noticias/actualidad/2019/10/fontaine-llamado-madrugar-transporte-publico/

[9] A modo de ejemplo reciente: https://www.elmostrador.cl/dia/2019/02/28/tdlc-condena-por-colusion-a-las-cadenas-de-supermercados-en-caso-pollos-pero-consumidores-tardaran-anos-en-ver-compensaciones/

[10] Un interesante recuento sobre el tema de la colusión en Chile puede verse en Chile: lindo país (coludido) con vista al mar, escrito por  Claudio Fuentes S. y disponible en https://ciperchile.cl/2019/03/06/chile-lindo-pais-coludido-con-vista-al-mar/

[11] https://www.cnnchile.com/pais/pacientes-fallecidos-lista-de-espera-en-2018-minsal_20190213/

[12] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/18/la-paradojica-gratuidad-universitaria-que-dejo-el-gobierno-de-bachelet/

[13] Educación Superior Universitaria en Chile: EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN https://www.federaciondecolegiosprofesionales.cl/noticias/16-educacion-superior-universitaria-en-chile-el-baile-de-los-que-sobran

[14] https://www.latercera.com/nacional/noticia/incendio-afecta-al-edificio-corporativo-enel-pleno-centro-santiago/868209/

[15] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/10/21/incendio-afecta-farmacia-en-valparaiso-amenaza-a-departamentos-superiores-y-edificios-colindantes.shtml

[16] https://radio.uchile.cl/2019/10/19/gobierno-decreta-estado-de-emergencia-en-santiago/

[17] https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/19/fotos-militares-calles-santiago/

[18] https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-pinera-estamos-guerra-enemigo-poderoso/870658/

[19] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/10/23/temuco-dirigentes-de-salud-presentan-recurso-por-uso-de-gases-lacrimogenos-en-cercanias-de-hospital.shtml

[20] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/23/los-olvidados-del-toque-de-queda-personas-en-situacion-de-calle-no-tienen-plan-y-denuncian-golpizas.shtml

[21] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/23/fue-desnudada-y-obligada-a-hacer-sentadillas-39-acciones-por-violencia-uniformada-contra-ninos.shtml

[22] https://www.cnnchile.com/pais/amnistia-internacional-chile-documentar-violaciones-derechos-humanos_20191024/