La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Agustín Moreno
El derecho a saber
Es conocida la frase de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil española es un buen momento para reflexionar sobre la enseñanza de nuestra Historia del siglo XX. Entre otras cosas porque, como estableció la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998, el “derecho a saber” es un derecho colectivo que implica el derecho inalienable a conocer la verdad de lo que ocurrió y que va unido al “deber de recordar”.
El único periodo en el que la mayoría de la juventud estudia Historia es en el instituto. Pero, desgraciadamente podemos hablar de déficit democrático en la enseñanza de la Historia, por la combinación de una serie de carencias que tiene el conocimiento de periodos como la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Veamos.
No lo estudian todos los jóvenes. Por un lado, porque muchos no llegan a los cursos en que se imparte (4º de ESO y 2º de Bachillerato). Ello se debe a que hay un abandono escolar temprano muy alto en España (18% ahora, pero ha llegado a ser del 30,9%). Otros no llegan a esa parte del programa por ser un currículo muy exhaustivo: en 4º de ESO se da Historia Contemporánea Universal y de España con tres horas semanales; en 2º de bachillerato la Historia de España va desde la prehistoria al tiempo presente y se imparte bajo la presión de la prueba de selectividad para acceder a la universidad. Y, si alcanzan esta parte del temario, muchas veces se tratan de forma rápida y superficial. Y el colmo es darlo en inglés por aquello del bilingüismo.
Los contenidos de los libros de texto son poco objetivos en bastantes ocasiones. Hay un excelente estudio que analiza los libros de texto en relación con la memoria histórica, coordinado por Enrique Díez, que analiza la proporción, los aspectos resaltados y los silenciados, y la visión sobre las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Entre las conclusiones principales se reivindica una historia con memoria que genere situaciones de aprendizaje desde el testimonio directo (historia oral) a la interpretación de diferentes documentos.
Ello se debe a que existe un planteamiento de la “equidistancia” que tiene mucho que ver con el tipo de transición a la democracia que tuvimos y explica la benevolencia con la que se trata al franquismo. El pacto era que los franquistas accedían a la democracia a cambio de una amnesia colectiva que aplicaron los gobiernos de la derecha y del PSOE. Un “punto y final” o el olvido como forma de legalizar los crímenes. Así, el nuevo régimen nacía de la desmemoria. Y como apropiarse del relato es apropiarse de una legitimidad, se intenta afirmar el falso principio de ”que todos eran iguales” y “todos fuimos culpables”. Para ello, por ejemplo, se habla de “dos bandos”, equiparando al Gobierno legítimo de la República con los sublevados; se equipara la represión, aunque haya diferencias cuantitativas notables, pero sobre todo cualitativas: una fue institucional y parte de una estrategia del terror (circular de Mola), y a la otra se opusieron las autoridades republicanas y la controlaron en cuanto pudieron; o se habla de “régimen anterior” o “periodo predemocrático” para disfrazar la dictadura.
No se han trasladado a la didáctica de la Historia los excelentes trabajos de investigación de estos periodos. En este sentido, el historiador Fernando Hernández Sánchez cita las aportaciones de Southworth y Preston sobre el golpe de Estado; los trabajos de Viñas o Moradiellos sobre la internacionalización del conflicto; los estudios de Cardona o Alpert sobre la dinámica militar; las reflexiones de Aróstegui, Graham o Reig Tapia sobre la dinámica política y social; las conclusiones sobre la violencia y la represión de Casanova, Espinosa, Moreno o Vinyes. Este hecho tiene que ver también con una cuestión comercial: los libros del texto se venden para todos los centros educativos, ya sean públicos o privados, y ello hace que asuman el canon conservador aunque pierdan objetividad.
Por otro lado están las clamorosas ausencias de aspectos fundamentales de la Historia. Así, apenas aparece el tema del exilio republicano, la resistencia interior o maquis, la contribución española en la lucha contra el nazismo, los campos de concentración franquistas o nazis donde hubo españoles, las represión de la dictadura (cárceles, fusilamientos, leyes de excepción, TOP, Brigada Político Social…), la oposición obrera, estudiantil y vecinal a la dictadura. Es un escándalo que no se hable del papel de la Iglesia o del expolio económico a los republicanos en el que se basan algunas de las “respetables” grandes fortunas actuales.
Por último, habría que resaltar el modelo teleológico de los libros de texto que encadena los acontecimientos buscando un final previsible y sesgado. Es la asociación entre Republica y Guerra Civil en el mismo tema, lanzando el falso mensaje de que lo que no era bueno mal acaba; y Dictadura y Democracia, en sentido contrario: no será tan malo lo que parece que acaba bien, sobre todo si no se habla de la oposición antifranquista y se presenta como algo tan natural como la sucesión de la sequía y la lluvia.
Así las cosas, cierra el panorama como remate a esta falta de formación histórica, que algunos la acaban buscando en los best sellers de los grandes almacenes de historiadores revisionistas, manera elegante de llamar a los “historiadores” franquistas. Lo que no deja de ser un síntoma de la falta de calidad de lo que se enseña y del déficit de formación histórica de los ciudadanos.
Con todo existen buenos profesores y profesoras que hacen un gran esfuerzo por abordar esta parte de la Historia y aprovechar todo tipo de recursos didácticos. Muchos hemos recurrido a la proyección de películas como La lengua de las mariposas, Ay Carmela, Tierra y Libertad; lecturas como Réquiem por un campesino español de Ramón J. Sénder o Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, textos de Louis Delaprée o Juan Eduardo Zúñiga; la visita a exposiciones o el encuentro con autores como Carlos Hernández sobre los españoles en Mauthausen.
Para los docentes es un imperativo cívico desvelar el pasado reciente con buenos trabajos e investigaciones, ayudando a pensar con fuentes contrastadas, orales y lugares de memoria. Pero para los ciudadanos es una exigencia ética abordar de forma definitiva la Verdad, Justicia y Reparación en torno a la memoria histórica. Ello pasa por medidas como: la retirada de todos los nombres relacionados con el franquismo de calles y plazas; la anulación de las condenas por motivos políticos de los tribunales ilegítimos de la dictadura; la retirada y devolución a sus legítimos propietarios de los bienes que la familia Franco expropió; un inventario de bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura: el juicio a los responsables políticos de los crímenes del franquismo y la transición; la apertura de todos los archivos militares, civiles y eclesiásticos que contienen información esencial para la investigación histórica. Y especialmente la apertura de todas las fosas comunes y el entierro digno para las víctimas del franquismo; hasta el Papa acaba de decir: “Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos”.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa (2001) recomienda que se tomen medidas educativas para prevenir la repetición o la negación de acontecimientos devastadores que marcaron el siglo XX. Aquí tenemos el déficit explicado. Quizá por ello, tantos años después, siguen presentes estos temas en la actualidad política. Se debe a que no se han resuelto los temas de Memoria Histórica y este país no se ha vacunado contra nuestra forma casera de fascismo. Las elecciones generales del 28 de abril deberían de servir para acabar con el franquismo definitivamente, aunque no parezca fácil. En todo caso, el conocimiento histórico debe ser considerado, como hacen los países democráticos de nuestro entorno, un derecho civil que los Gobiernos han de garantizar y promover. Al fin y al cabo, la Historia es la memoria colectiva y sin ella es difícil avanzar como pueblo.
Notas
[1] Enrique Javier Díez Gutiérrez (dir.), “La Memoria Histórica en los libros de texto”, editado por el Foro de la Memoria y Presidencia de Gobierno (2012).
[Fuente: Cuarto Poder]
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