Diferentes asociaciones y colectivos de trabajadoras sexuales de España han lanzado este documento consensuado para informar de las demandas y necesidades reales del sector. Va dirigido al movimiento feminista, así como a todos los partidos políticos y sindicales, y está abierto a adhesiones

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La situación actual de la prostitución en España resulta incongruente: Nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni de derechos, pero se contabiliza a la hora de calcular el PIB nacional como cualquier otro sector. A su vez, los y las trabajadoras sexuales somos perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de protección de Seguridad Ciudadana). Somos un colectivo atravesado por todo tipo de discriminaciones e injusticias y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, participación y análisis. Sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres. En ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan siendo discriminadas [1]. Aún siendo el nuevo sujeto político de este país, ningún partido aborda en profundidad la cuestión del trabajo sexual en sus programas electorales ni de gobierno, ningún partido ha escuchado y tenido en cuenta nuestras reivindicaciones y necesidades. Deciden su posicionamiento sin contar con nosotras. Algunos pretenden una abolición y/o prohibición imposible que nos estigmatiza aún más, criminaliza nuestro entorno de trabajo y nos condena a la precariedad. Otros evitan posicionarse y hay quien pretende instrumentalizarnos. Todos estos posicionamientos tienen como resultado más beneficios para los empresarios mientras se nos siguen negando derechos básicos como trabajadoras.

Las trabajadoras sexuales, existimos, tenemos voz y demandamos derechos. NO estamos de acuerdo con el Modelo Regulacionista cuyos fines exclusivamente recaudatorios y de contención social, deriva- dos de concepciones sexófobas, racistas y machistas perpetúan la discriminación y el estigma. Ejemplos de ello son el modelo Alemán u Holandés. Ciertos sectores del feminismo institucional y salvacionista identifican nuestras demandas con dichos modelos, con el objetivo de silenciarnos y mantener puestos y subvenciones a nuestra costa. Este tipo de regulación prima el “apartarnos” a lugares controlados, que gestionan empresarios que explotan a las trabajadoras, sobretodo a las migrantes en situación irregular. Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defender- nos de los abusos. A pesar del estigma, del abandono y de las políticas bienpensantes que nos violentan, tenemos capacidad de decisión y agencia, y somos las protagonistas de nuestras vidas. Reclamamos la despenalización completa del trabajo sexual, lo cual supone el acceso inmediato a los derechos fundamentales, y la derogación de todas las leyes y normativas que nos criminalizan. Exigimos que las políticas que se implementen sobre la prostitución se diseñen con nuestra participación y desde una perspectiva de derechos humanos y de reducción del daño. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, que consideramos mínimos e imprescindibles, y que nos parecen debieran ser de consenso si realmente interesan nuestras vidas y nuestra dignidad.

El reconocimiento de derechos pasa necesariamente por la distinción entre prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

En un contexto político marcado por la utilización del debate de la prostitución dentro del feminismo, así como la utilización con fines electorales de asesinatos y casos de víctimas de trata, violencia de género y/o institucional, se tiende a eliminar la distinción entre prostitución y trata con el objetivo de silenciar e impedir la participación de aquellas personas que hemos decidido ejercer este trabajo. Incluso se ha llegado a difamar y comprometer la seguridad e intimidad de algunas de nosotras. Esta tergiversación forma parte del discurso que provoca un doble efecto negativo sobre las mujeres. Por un lado, no se llega a combatir la trata de manera real y no se protege a las víctimas de la misma. Por el otro, se criminaliza y se vulneran los derechos de quienes, independientemente de lo que nos haya llevado a ello, decidimos dedicarnos a la prostitución.

Es por ello que exigimos que cualquier intervención vaya acompañada de un marco legal que no confunda trata y prostitución y que sea capaz de dar respuestas reales a las diferentes situaciones de las personas que ejercen el trabajo sexual. Dentro de este marco legal entendemos que deben existir medidas específicas sobre prostitución y medidas específicas para combatir la trata. Las administraciones públicas necesariamente deben tener en cuenta la diferencia a la hora de intervenir, ya que las respuestas a cada situación no son en absoluto las mismas.

Medidas sobre trabajo sexual

– Alternativas laborales reales y no precarizadas ni feminizadas para las mujeres que quieren abandonar la prostitución. El acceso a las mismas no debe implicar el visibilizarse como prostituta, a fin de evitar los efectos del estigma a nivel laboral, social y personal.

– Necesitamos cursos de formación becados y de calidad, que permitan un progreso social y económico y que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas. Proponemos rescatar el perfil de Mediadora Social y de Salud que durante un tiempo se implementó en Andalucía, donde las ex prostitutas realizaban la intervención social en los contextos de trabajo de sus compañeras, y que posteriormente fue tomada por organizaciones institucionales de corte abolicionista.

– Garantizar el efectivo empadronamiento y el acceso al sistema de salud de las migrantes, porque este es un derecho universal, al margen de que su situación administrativa esté o no regularizada. Establecer mecanismos que posibiliten el efectivo empadronamiento de las personas migrantes trabajadoras sexuales que residen en nuestro país. Garantizar el acceso al sistema sanitario público de todas las personas migrantes, independientemente a su situación administrativa, en todo el estado español y con todas las garantías y derechos.

– Cese de las ordenanzas municipales que multan a prostitutas y/o clientes, y de la Ley Mordaza. Ésta suele implementarse para multar allí donde no hay ordenanza municipal. Estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad (como ya lo ha demostrado en su reciente investigación el Grupo Antígona de la UAB) [2] al tener que ir a lugares más aislados, con menos tiempo y capacidad de negociación, para evitar las multas. La criminalización y la precariedad a la que nos aboca, además, contribuye a que terminemos trabajando para terceros, ya sea en clubes o pisos, donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En dicho orden, exigimos que se anulen todas las multas a trabajadoras sexuales no pagadas hasta hoy como acto de reparación.

– Sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se produzca realmente, podamos escucharnos y llegar a acuerdos. Para ello, resulta necesario que se tengan en cuenta y respeten todas las voces y es imprescindible la participación activa de las prostitutas.

– Acceso a los Servicios Sociales: Las mujeres que ejercen la prostitución, especialmente si son madres, se enfrentan a una institución que, si no se asumen como víctimas dispuestas a ser salvadas, las estigmatiza, criminaliza y, les quita la custodia de sus hijos. Necesitamos poder acceder a los servicios sociales y sus recursos de forma segura, en pie de igualdad al resto de las personas con algún tipo de vulnerabilidad social. Necesitamos que las y los trabajadores sean sensibles frente al estigma que sufrimos, no que nos juzguen en base a una determinada moral [3].

– Derechos y protecciones laborales para las personas que han escogido ejercer la prostitución. Carecer de derechos laborales dificulta, y a veces incluso impide, el acceso a derechos civiles y sociales, abocándonos a una situación de indefensión social y jurídica. Como ha demostrado la experiencia neozelandesa en sus ulteriores revisiones por entidades de derechos humanos, academia y magistratura, esta es la única vía para reducir la vulnerabilidad de nuestro colectivo y aumentar nuestra autonomía en el trabajo [4].

– Trabajo a terceros: En espacios de trabajo a terceros, la ausencia de cualquier tipo de derecho se traduce en un poder ilimitado por parte del empresariado, con los consecuentes abusos que eso acarrea. Muchas prostitutas no tienen la posibilidad de trabajar de manera autónoma por diversas razones, ya sea por su situación irregular u otros motivos personales y de preferencia. Necesitamos medidas que nos permitan organizarnos en espacios autogestionados y derechos para protegernos de los abusos del sector patronal y empresarial en todas sus modalidades.

– El Trabajo Sexual (TS) es diverso al igual que las personas que se dedican a ello, y no solamente comprende un tipo determinado de prostitución: TS callejero, TS online/telefónico, TS independiente, TS a terceros, TS indoor, TS outdoor, y TS audiovisual, así como el TS masculino. Necesitamos medidas específicas para cada sector, pactadas y negociadas con sus agentes protagonistas, según sus necesidades y demandas.

Medidas contra la trata

El situarnos en un marco legal que establezca de manera clara y real la distinción entre trata y prostitución permitirá articular medidas concretas contra este gravísimo delito. También es necesario distinguir trata de las redes de tráfico de personas. Éstas últimas se aprovechan de las políticas de fronteras de la Europa fortaleza para lucrarse a costa de las personas migrantes. Ni todas las mujeres extranjeras vienen a través de una red de tráfico ni todas las que vienen a través de una red de tráfico han sido tratadas, sino que deciden dentro de las escasas opciones laborales que les quedan, prefiriendo gastar sus ahorros para venir a Europa a ejercer la prostitución que quedarse en sus países a merced de la violencia, el hambre o la guerra.

Es urgente y necesario cambiar el enfoque que se da a la trata. Es decir, la trata debería dejar de ser un instrumento de control migratorio para, en cambio, darle prioridad a los derechos humanos de las víctimas. Con ello, apostamos por que la víctima pueda acceder a derechos y a una protección independientemente de si denuncia o no al tratante. Además de esto, son necesarias otras actuaciones como:

– Que se tengan en cuenta todas las modalidades de trata que existen. De acuerdo con el último informe del Consejo de Europa, España vulnera sistemáticamente los derechos de las víctimas de trata laboral, que no se detectan, encontrándose infra representada. Los datos que proporcionó el Gobierno para este mismo Informe muestran que la trata laboral en España tiene las mismas proporciones que la trata con fines de prostitución forzada.

– Cese de las redadas dirigidas a las migrantes en situación irregular que ejercen la prostitución. Son la mayoría y (a pesar de que para ciertos sectores feministas prohibicionistas todas son tratadas) se les aplica la ley de extranjería, sufriendo continuamente controles llevados a cabo por motivos de discriminación racial y de país de origen. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir, ni tampoco acceder a otros trabajos si así lo desearan. Si cabe la posibilidad de que sean víctimas de trata: ¿por qué son expulsadas en lugar de ser protegidas?

– Cese de deportaciones y órdenes de expulsión: apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las víctimas puedan denunciar. Actualmente tienen 90 días para reflexionar, sin ningún tipo de atención. Si no denuncian (lo cual es muy probable debido al miedo y las amenazas de los tratantes a sus familias) son trasladadas a los CIEs.

– Garantizar el asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores (agricultura, servicio doméstico, textil, explotación sexual).

– Que se garantice la indemnización a las víctimas por parte del Estado. En la mayoría de los sistemas legales, incluido el español, se reconoce el derecho de las víctimas a reclamar ante la justicia una compensación por los daños materiales y morales sufridos. Sin embargo, en la práctica, persisten muchos obstáculos para que lleguen a obtener una reparación efectiva. En el caso de las víctimas de trata de personas las posibilidades reales de que lleguen a obtener una indemnización es muy baja [5].

– Cierre inmediato de los CIEs: El funcionamiento del sistema carcelario de los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.

– Modificación de la actual Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes de países extracomunitarios. Es necesario tener en cuenta que una política migratoria restrictiva como la que tenemos favorece la proliferación y el recrudecimiento de las redes de trata y sus métodos. Las dificultades de acceso a una regularización documental por parte de las personas migrantes en España, también afecta a las trabajadoras sexuales migrantes limitando sus opciones y poniendo obstáculos a sus proyectos migratorios.

Nuestras demandas no perjudican a nadie, no hay que elegir entre nuestros intereses y los de otro sector de la sociedad. Nos situamos de lleno en el feminismo, un feminismo que tiene en cuenta los dife- rentes ejes de opresión de las mujeres reales, y por tanto se ocupa también de fronteras y de horarios y de bajas por enfermedad. Consideramos que son compatibles con cualquier posición sobre lo que debería ocurrir con la prostitución en la sociedad futura a la que cada una aspiramos, son demandas para poner en marcha ahora mismo, en la sociedad y realidades que vivimos en el presente. El debate no consiste en decidir entre prostitución sí o no, la realidad es: trabajo sexual con derechos y protección, o trabajo sexual clandestino , con todas las consecuencias que eso conlleva.

Notas

[1] Palabras de Dolores Juliano

[2] “Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la prostitución en España”

http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785

[3] Linda Porn “El hombre del saco”: https://www.pikaramagazine.com/2019/03/el-hombre-del-saco/

[4] United Nations Office on Drugs and Crime: “Global Report on Trafficking in Persons 2018” https://www.unodc.org/-

documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf

[5] Informe “Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos. Análisis de Casos Reales y Reco- mendaciones”, Proyecto ESPERANZA: http://www.proyectoesperanza.org/materiales/Informe_Nuevo_Mar- co_Juridico_Documento.pdf

25 de abril de 2019

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Colectivos firmantes:

AFEMTRAS – Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales APROSEX – Asociación de Profesionales del Sexo

Colectivo Caye

CPS – Colectivo de Prostitutas de Sevilla

IAC-FAA Secció Sindical Treballadores Sexuals Putas Libertarias del Raval

Sindicato OTRAS

Adhesiones: Para adhesiones individuales, o a través de una asociación o colectivo, enviar un email a: aliadastransfeministas@gmail.com

[Fuente: Aliadas TransFeministas]