La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Miguel Muñiz
La letra pequeña del acuerdo nuclear
Según las noticias, fue el pasado 28 de enero cuando comenzó el desbloqueo de la cuestión atómica; entonces se llegó a escribir: “En la reunión se ha puesto sobre la mesa un cambio normativo para permitir que las centrales nucleares en las que participan varias eléctricas a través de las citadas agrupaciones de interés económico, como es el caso de Almaraz, no tengan que tomar sus decisiones por unanimidad, como ahora, sino por una mayoría ‘razonable’, para evitar el bloqueo actual respecto a Almaraz” [1]. Se trataba de la reunión que mantuvieron Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; José Bogas, representante (provisional) de Enel-Endesa, y Teresa Ribera, la ministra de transición ecológica. Y ese asunto, el cambio normativo, puesto sobre la mesa, que otros medios llegaron a elevar a categoría de “futura normativa de negociación entre empresas y políticos” [2], nunca se concretó ni se abordó; una prueba más, como veremos más adelante, de que en cuestiones nucleares el poder político ni está, ni se le invita, ni se le espera.
Porque tras el 28 de enero las empresas siguieron inamovibles en sus posiciones (cierre en cuarenta años o en un mínimo de cincuenta), con el despliegue habitual de bravatas, desinformaciones y golpes de efecto para llenar titulares y pasar el tiempo, mientras que, probablemente, negociaban entre ellas durante febrero y parte de marzo. Algo mucho más coherente con los intereses que emanan de la propiedad de los reactores (Almaraz 1 y 2, iguales: Iberdrola, 53%; Enel-Endesa, 36%; Naturgy, 11%; Ascó 1: Enel-Endesa, 100%; Ascó 2: Enel-Endesa, 85%, Ibredrola, 15%; Cofrentes: Iberdrola, 100%; Trillo: Iberdrola, 48%, Naturgy, 34,5%, EDP, 15,5%, Nuclenor, 2%, y, finalmente, Vandellós 2: Enel-Endesa, 72%, Iberdrola, 28%) que una supuesta negociación con los políticos. La realidad: excepto en Ascó 1 y Cofrentes, en que una sola eléctrica puede decidir sin contar con las otras, en el resto (casi) todo estaba por hacer y (casi) todo era posible.
Tampoco se percibió desbloqueo cuando, a primeros de febrero, tocó abordar la primera patata caliente: la renovación de licencia de Almaraz. En resumen, el supuesto desbloqueo se redujo a que el partido del gobierno (PSOE) hizo oficial lo que hasta entonces era oficioso: su renuncia al punto del programa electoral del cierre de las centrales nucleares a los cuarenta años de funcionamiento.
Primer paso real: el protocolo
La cuestión atómica se comenzó a abordar en serio entre el 5 y el 12 de marzo, mediante la firma de un protocolo conjunto auspiciado por Enresa, la Empresa Nacional de Residuos (radiactivos) S. A., empresa pública propiedad del Ciemat (80%) y la SEPI (20%). Allí se concretó el valor de uno de los puntos de interés común: la tasa que las eléctricas pagan a Enresa para la futura gestión de los residuos radiactivos. El protocolo fijó un incremento máximo de dicha tasa de 6,9 a 7,9 euros por Mwh generado, hasta el 2035; lo que supuso un primer marco tangible al calendario de funcionamiento nuclear.
Es importante destacar que Iberdrola y Naturgy, las eléctricas más interesadas en acortar el funcionamiento nuclear, validaron el protocolo casi una semana antes que Enel-Endesa, la parte más interesada en alargarlo, que demoró su firma hasta el 11 de marzo, coincidiendo con la celebración de un consejo en que se cambió al presidente de la compañía. Lo cual indica dos cosas: que los verdaderos amos de Endesa, el conglomerado internacional de origen italiano Enel, habían hablado, y que las negociaciones mantenidas poco tenían que ver con las informaciones publicadas [3].
Segundo paso: Almaraz
El protocolo era un primer paso, pero aún quedaba la cuestión clave: las inversiones a realizar para mantener los beneficios nucleares. Desde Enel-Endesa se realizaron maniobras de despiste para hacer jugar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un papel de aval del volumen de inversiones necesario; también se hicieron propuestas surrealistas, como que Iberdrola y Naturgy les cediesen a bajo coste su parte en la propiedad de los reactores que considerasen «deficitarios» [4]; porque la clave, como siempre, era pura y simplemente el lucro.
Pero tampoco se trataba de llevar la apuesta hasta el final. El calendario para renovar la licencia de Almaraz apretaba, y el acuerdo se concretó (según los periodistas especializados) en la madrugada del 22 de marzo. Podemos ahorrarnos la retórica habitual sobre la “guerra”, las “negociaciones al límite”, la “madrugada de infarto”, etc. y ceñirnos al resultado: fecha de cierre reactor por reactor, a la carta, y con control absoluto de los ingredientes del menú.
Así, Almaraz 1 cerrará el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz 2, el 31 de octubre de 2028; también se fija un límite de inversiones de 400 millones de euros, ampliable a 600 si hay necesidad de reformas técnicas. Y si se superasen esos 600 millones las eléctricas propietarias se reunirían, primero con los políticos y luego entre ellas. Si no se llegase a acuerdos se abriría la posibilidad de abandono de la Agrupación de Interés Económico que gestiona Almaraz, previa venta de su participación. A diferencia de lo anunciado en enero, nada de toma de decisiones por mayoría: o acuerdo común o nueva negociación.
El acuerdo sobre Almaraz sienta las bases para negociar detalles económicos de los otros reactores de propiedad compartida a medida que se acerque el calendario de renovación: comenzará Vandellós 2, con límite en 2035, luego Ascó 2, previsto hasta 2033, y Trillo, también hasta 2035. ¿Pueden surgir conflictos en las Agrupaciones de Interés Económico de cada reactor? Por supuesto, pero ahora hay una referencia que antes no existía [5].
La letra invisible del acuerdo nuclear
Hasta aquí lo que se ha sabido de la letra pequeña, pero queda un amplio campo, el que determina la letra invisible: los movimientos políticos y empresariales de los que nunca se dará cuenta, pero sin los cuáles no es posible explicar los hechos. Y una letra aún más invisible, la que nos afecta a la resistencia a la energía nuclear, hoy inexistente; la letra que debería dar cuenta, analizar y reflexionar sobre las causas por las que, con una catástrofe nuclear activa en Fukushima desde hace ocho años que marca el futuro de todas y todas, y con un rechazo a la energía atómica que nunca ha bajado del 60% de la sociedad, las empresas eléctricas han podido cerrar un acuerdo de calendario sin ninguna molestia, sin que esa mayoría social consciente de la amenaza nuclear haya podido hablar con voz propia.
Este fracaso, el del movimiento antinuclear, se suma a otro muy anterior, el del movimiento por la paz. Son el síntoma más evidente de que la era de la barbarie ya ha comenzado. Analizar las causas de dichos fracasos es perentorio, pero desborda con mucho el marco de uno o varios artículos, o de uno o varios libros.
Notas
[1] https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-renuncia-cumplir-programa-PSOE_0_861964766.html
[5] Sobre el acuerdo 22/03/2019: https://www.eleconomista.es/energia/noticias/9778260/03/19/La-continuidad-de-las-nucleares-despejada-tras-la-paz-de-las-electricas.html. Sobre conflictos futuros, 23/03/2019: https://www.lainformacion.com/empresas/madrugada-caliente-electricas-presidentes-pacto-nuclear/6495606/. Es interesante leer el ponderado editorial de El País del 22 de marzo: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/companias/1553277927_203365.html
[Miguel Muñiz mantiene la página divulgativa www.sirenovablesnuclearno.org]
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