Mientras la izquierda anda ensimismada en sus divisiones, la derecha te roba. Y no me refiero a la rampante corrupción que ha hecho que cientos de cargos públicos hayan sido detenidos e imputados, y decenas de ellos estén o hayan pasado por la cárcel. Ni a la condena judicial del Partido Popular a nivel nacional “como beneficiario de un sistema de corrupción institucional”, que permitió que cristalizara la moción de censura que desalojó al PP y a Rajoy del Gobierno. Ni al coste estimado de la corrupción global que se estima en la friolera de 87.000 millones de euros.

Me refiero a lo que David Harvey llama la política de acumulación por desposesión. Que no es otra cosa que la privatización del bien común, la mercantilización de sectores que estaban cerrados al mercado para una sobreacumulación del capital. Para no andarnos con definiciones técnicas ni eufemismos: es el robo de lo público. Un caso concreto da la medida del expolio: con la privatización de Aena, los fondos de inversión se han embolsado mil millones y hoy su participación vale casi el triple de lo que les costó hace cuatro años. Y así, casos y casos de una privatización de los bienes públicos, que luego se compensa a los políticos responsables con puertas giratorias bien remuneradas.

Hablaré solo de educación en la Comunidad de Madrid. Hace tiempo se viene denunciando el proceso de privatización galopante de la educación pública. El procedimiento es muy preciso. Primero se deteriora la educación pública: brutales recortes y abandono, escolarización desequilibrada que concentra al alumnado con dificultades en los centros públicos, campañas  contra el profesorado y la imagen de estos centros. En segundo lugar, se regala suelo público, se derivan recursos financieros y se establecen “conciertos” que es la forma de financiar a unos pocos con lo que es de todos. El resultado es que se deriva el alumnado hacia los centros privados. Tan es así que mientras que en todo el Estado la relación entre el alumnado de centros públicos y privados está en un 68,5%/31,5%, en Madrid es del 54%/46%. Dicho de otra manera: en la Comunidad de Madrid los centros privados han matriculado a 3 de cada cuatro nuevos alumnos (77%) entre 2007 y 2017. Un robo descarado del alumnado de la pública.

La última fase de esta ofensiva se está produciendo estos días. Es lo que demagógicamente llaman los cheques-bachillerato. Se acaba de publicar en el BOCAM una Orden que establece que 3.000 plazas de bachillerato se van a privatizar. Lo llaman becas y lo venden como si fuera mejor la enseñanza privada, cuando los resultados de la selectividad (Ebau), demuestran que los mejores resultados suelen ser de alumnado de los institutos públicos. Pero da igual, que nadie se engañe. Cuando la zorra “cuida” las gallinas, están hablando de negocios aunque se disfracen de educación.

Esta medida del gobierno del PP en realidad supone: no abrir más de 100 aulas públicas de bachillerato, la pérdida de más de 170 profesores en la pública y trasferir 8 millones de euros a negocios privados. Las cifras vienen a coincidir con la demanda que exigían los sindicatos de crear 121 aulas públicas y aumentar en 200 el cupo del profesorado para atender el crecimiento de la demanda de alumnado en bachillerato. Es una medida de liquidación de la educación pública de tal calibre que sorprende que la comunidad educativa esté quieta, más allá de una recogida de firmas y el anuncio de una denuncia en los tribunales que ha hecho CCOO, algo con pocas posibilidades, teniendo en cuenta los antecedentes y composición de quién debe resolver.

Hay que recordar el abandono educativo que, desde el punto de vista de la financiación, realiza el gobierno del PP de Madrid con el apoyo de Ciudadanos. Según un reciente informe de Unicef, es la comunidad autónoma más rica que menos invierte: solo un 2,25% de su PIB en educación, la mitad del 4,34% del conjunto del Estado. Y el gasto por alumno y año de Madrid es de 4.443 euros, cuando la media estatal es de 5.169 euros. Y cada vez desvía más recursos a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Las agresiones no acaban aquí. Ya en campaña electoral, los candidatos del PP al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid han anunciado que si gobiernan regalarán suelo público para nuevos centros privados. Y el Gobierno del PP ha aprobado la creación de tres nuevas universidades privadas, en contra del criterio del consejo de rectores y del sentido común. Así, están consiguiendo que la Comunidad de Madrid aparezca en todos los estudios sobre segregación escolar como la segunda región de toda Europa que más discrimina por razones socioeconómicas. Ello es consecuencia del fomento de la educación privada frente a la pública y a políticas como el “bilingüismo”, aunque se venda con frases demagógicas como la “libertad de elección”.

Estamos ante el intento de liquidar la educación pública y convertirla en algo marginal. Porque para estudiar un bachillerato de calidad no hacen falta estas “becas” que son una trampa para privatizar 100 aulas: se puede estudiar en cualquier instituto público de forma gratuita. Es un ataque a la educación pública para impedir la equidad, la igualdad de oportunidades y una sociedad más cohesionada. Recoger firmas y anunciar un recurso jurídico no paralizará este brutal ataque a la educación pública. Se necesita resistencia en los centros de la comunidad educativa, movilización en la calle, y no equivocarse con el voto el próximo 26 de mayo. Se pueden decir las cosas más altas, pero no más claras.

[Fuente: Cuarto Poder]