El 2018 no podía acabar peor para el Parlament de Cataluña. Un año marcado a fuego por el bloqueo en la constitución del Gobierno y por una cámara que no cumple ninguna de sus funciones ―no controla al gobierno porque no hay ninguna política para controlar, no hace leyes porque ni el gobierno ni la mayoría que sustenta las impulsa―. Y que llena este vacío con una insomne escenificación teatral para mantener de manera artificial y asistida la apariencia de vitalidad de un proyecto en estado de coma, el de la independencia unilateral.

La resolución que declara «antidemocrática y antisocial la Constitución española» es el último capítulo de la degradación del Parlament y del abandono de la política como pedagogía. Todo un síntoma de muchas de las cosas que nos están pasando en Cataluña.

Hay que reconocer que los titulares de los medios de comunicación no hacen honor a la resolución aprobada. Porque de este titular tan contundente no se desprenden todos los despropósitos que aporta el contenido de la resolución.

La resolución comienza con un «Totum revolutum» que mezcla Constitución, Ley de Amnistía y Pactos de la Moncloa con el único objetivo de justificar la teología del «Régimen del 78». Obviamente, todo es discutible, incluso el alcance de la Ley de Amnistía, pero ¿ignoran los redactores de la resolución y los que la han votado, la cantidad de personas que salieron de la prisión, recuperaron el trabajo y pudieron acceder a pensiones gracias a la Ley de Amnistía? 

Se puede impugnar que la Amnistía incluyera los crímenes del fascismo, se puede ignorar las condiciones en que fue acordada, se puede incluso olvidar que la transición fue un pacto de impotencias compartidas entre un franquismo que no se pudo perpetuar y una oposición democrática que no tuvo fuerzas suficientes para forzar la ruptura. Pero lo que no se puede hacer sin caer en el adanismo ucrónico es situar la ley de amnistía como expresión de la falta de derechos democráticos, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña.

Y si en términos políticos, es grave calificar la Constitución como antidemocrática y antisocial, más graves son las razones que se dan para justificar esta valoración. 

Es obvio que la Constitución tiene algunos aspectos que pueden ser criticados, por insuficientes o porque no afrontaron con más valentía objetivos como la laicidad del estado. Entre otras, estas son las razones que nos llevan a algunos a plantear una reforma constitucional.

¿Pero con qué parámetros se puede afirmar que la CE se antidemocrática y antisocial?  ¿Saben los redactores de la resolución y los que lo han votado que la CE reconoce y tutela los derechos individuales y colectivos con una intensidad incluso superior a la de otros textos constitucionales de nuestro entorno? ¿Saben que tenemos reconocido un derecho de huelga que nos permite hacer huelgas generales con motivos socio-políticos, que en muchos otros países europeos están prohibidas o no tienen cobertura constitucional? ¿Saben que la CE regula y tutela el derecho de negociación colectiva en términos que aguantan muy bien la comparación? ¿Saben que la redacción que se hace del derecho a la salud y a la educación es la que permite garantizar asistencia sanitaria y educación a personas que no tienen la nacionalidad y ni siquiera tienen una situación regularizada en nuestro país?

Algunas de las razones por las que la resolución del Parlamento de Cataluña califica de antidemocrática y antisocial la CE ―no reconocer el derecho a la autodeterminación o encargar a las fuerzas armadas la función de defender la integridad territorial y el ordenamiento territorial― sitúan todas las constituciones del mundo en el grupo de las antidemocráticas. Si se aplican las mismas razones a analizar las de otros países, se llega a la conclusión de que ninguno de ellos tiene una constitución democrática. ¡Qué barbaridad!

¿Han leído alguna vez la CE los que han presentado la resolución y los que le han votado? Mucho me temo que no. La resolución imputa a la CE que no posibilite ningún otro sistema de organización socio-económica que no sea el capitalismo. Obviamente, ya sabemos que no instala una república socialista, pero quienes hacen la afirmación anterior ignoran o esconden los márgenes que la CE ofrece en este sentido. Con un artículo 33 que determina los límites de la propiedad privada y condiciona su ejercicio a su función social ―la de la propiedad privada―. Con un artículo 47 que posibilita políticas de vivienda y de sol para combatir la especulación. O un artículo 129.2 que literalmente dice: «los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción». Sí, lo habéis leído bien, no es un error.  

Que estos y otros artículos no se hayan desarrollado o hayan sido en los últimos años interpretados de manera restrictiva es criticable, pero no imputable a la Constitución ni al Régimen del 78, sino a la debilidad de la correlación de fuerzas de estos últimos años. Basta de adanismo, por favor. 

La resolución desprende un tufo autoritario muy propio de sus impulsores, al calificar de antidemocrático todo lo que no coincide con su proyecto de sociedad. ¿Qué significa que la CE separa y divide naciones históricas? ¿Qué naciones? ¿Los Países Catalanes? No sólo nos quieren imponer a la ciudadanía de Cataluña su concepción nacional, sino que pretenden hacerlo también a la ciudadanía del País Valenciano o de las Islas, desde la «soberanía» del Parlamento de Cataluña.

Por cierto, la Constitución Española, con todos sus defectos, interpretaciones restrictivas y vulneraciones, aguanta perfectamente la comparación con la «República catalana» configurada en la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República aprobada por el Parlamento el 7 de septiembre de 2017 y el proceso constituyente diseñado para llegar a ella. 

La resolución aprobada está llena de despropósitos, pero quizás el más grande de todos sea la subalternidad con que las fuerzas que la han votado han sometido a la hegemonía ideológica de 4 diputados/as y al grado de cinismo y doble moral que algunos han demostrado.

Partidos, como los neo-convergentes, que defienden el concordato con la Santa Sede, la imposición de las fiestas laborales por el Vaticano, el control de una parte de la educación pública por la Iglesia católica, los conciertos con escuelas del Opus Dei, votan una resolución que considera que mantener los privilegios de la Iglesia Católica es la prueba del carácter no democrático de la CE.

De todas las incongruencias la que me parece más grave, quizá porque es la que me toca más de cerca, que me ha producido un gran dolor y me ha provocado una grave fractura emocional, es la de los Comunes. 

Esta resolución es una ruptura en toda regla con un proyecto político del que he formado parte durante más de 45 años. Y me duele el grado de desconcierto que expresa.

No es verdad que la resolución se limite a criticar algunos artículos de la CE. Su intencionalidad es muy nítida. La CUP ha utilizado algunos aspectos de la CE para una descalificación general y absoluta de la CE, para justificar su proyecto de ruptura con España y de rebote para dar cobertura a las movilizaciones del 21D ―la parte de la resolución no aprobada―. No era tan difícil darse cuenta, es muy evidente. Y sólo por su intencionalidad política, además de por su contenido, no debería haber sido votada nunca. 

No entender que votar esta resolución es aceptar la hegemonía ideológica de la CUP y ponerla al servicio de la estrategia de polarización, del «cuanto peor, mejor» aún añade más gravedad a la situación, a las puertas del 21D y contra la estrategia del propio espacio. 

Lo que más preocupación me genera es tener la convicción profunda de que no estamos ante un error ―perfectamente comprensible―, sino de las consecuencias de una opción estratégica del espacio de los Comunes, la de no tener un proyecto para Cataluña. El único proyecto existente, dentro del espacio de confluencia, era lo que representaban ICV y EUiA, que puede ser criticable y criticado, pero que, al menos, apostaba por un modelo de país. Y que ahora ha quedado enterrado por un alud de tacticismo constante y por una estrategia política suicida que pretende defender el espacio del municipalismo ―que es el eufemismo para hablar de Barcelona― renunciando a tener un proyecto político para Cataluña. La cuestión no es nueva, es la opción dominante dentro del espacio de la confluencia desde el 2015.

Alguien ha pensado que podría circular por todo un ciclo electoral con decisiones tácticas y con la habilidad de los dirigentes, orientándose siempre a favor del viento. Pues bien, la realidad confirma, cada día que pasa, que no es posible ser una fuerza catalana sin tener un proyecto para Cataluña.

Del mismo modo que es un engaño creerse que cerrándose en el municipalismo se puede obviar el debate nacional. Una cosa es defender que el siglo XXI Europa se construirá a partir de las grandes ciudades metropolitanas y su capacidad para ser el eje económico y político de nuevas regiones supraestatales (valoración que comparto). Y otra muy diferente es creer que existen las ciudades-estado que pueden sobrevivir cerrándose dentro de ellas.

Lo que se ha planteado como una estrategia para defender Barcelona puede acabar siendo una tumba auto-excavada.

Termino con una confesión personal: con esta entrada incumplo una norma que me había impuesto a mí mismo por razones obvias, la de no opinar sobre lo que hiciera el grupo parlamentario en esta legislatura. Me lo he pensado mucho, he dudado aún más y, al final, he decidido hacer pública mi opinión por dos razones.

Porque creo que en este caso el silencio habría sido una deslealtad con todo lo que he creído, creo y defiendo, con la mucha gente con la que comparto valores e ilusiones y conmigo mismo.

Y también porque creo que todavía estamos a tiempo de enderezar la situación de aquí al mes de mayo. El espacio de los Comunes se presentará a las municipales aportando algunas de las mejores experiencias de gobierno local de toda España. Algunas todavía jóvenes, como la de Barcelona, aunque cada vez es más evidente ―porque lo reconocen los propios protagonistas― que están establecidas sobre el que se ha hecho en la ciudad durante años. Otras, como las de El Prat, Sant Feliu, Santa Perpetua, Montornés, que vienen de muy lejos y son motivo de orgullo y dignidad. Además, a las elecciones europeas se puede presentar un balance de trabajo y un proyecto sólido y solvente para Europa que además tiene las complicidades de la única fuerza política que a nivel europeo está creciendo, la los verdes y la del proyecto de sostenibilidad que se defiende.

Todo este trabajo de tantos años, de tantas generaciones, no puede quedar sepultado por la opción suicida que supone continuar sin tener un proyecto para Cataluña y mantenerse en un tacticismo insomne.

Entended este artículo como un grito desesperado, el mismo que ayer estalló en las Cocheras de Sants en un acto de los Comunes Federalistas, cuando la ilusión generada por la participación de mucha gente quedó rota al enterarnos de lo que se había votado en el Parlamento de Cataluña.

[Este artículo es la traducción al castellano de la entrada  http://www.joancoscubiela.cat/2018/12/una-resolucio-parlamentaria-com-simptoma.html, publicada en el blog del autor]