La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Nuria del Viso
De los delirios escapistas frente al cambio climático a la búsqueda de respuestas colectivas
Resumen: El artículo aborda las diferentes respuestas que se están desarrollando en el contexto de la crisis climática. Se engloban, básicamente, en dos bloques: las respuestas de autoprotección de las elites, ya sea como negacionismo, mercantilización o securitización; y las respuestas desde la sociedad civil organizada, en concreto, el movimiento de justicia climática y la autoorganización comunitaria. Nos jugamos mucho dependiendo de qué criterios se utilicen y quién dirija la adaptación al cambio climático porque esto determinará el tipo de respuestas que se apliquen, si tenderán a ser en clave excluyente y con tintes ecofascistas, o bien con criterios de justicia y equidad.
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Resulta cada vez más evidente que se nos acumulan las décadas de retraso en la aplicación de respuestas verdaderas y efectivas al cambio climático. Respuestas radicales, que vayan a la raíz del problema, y no meros paños calientes que alivien los síntomas o distraigan la atención del meollo del problema, o peor aún, que agraven el calentamiento planetario. Este carácter de urgencia se desprende del informe especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) [1], publicado el pasado 8 de octubre, en el que apremia a los decisores políticos a impulsar el recorte de emisiones de CO2 a casi la mitad en un plazo de poco más de una década.
Desde que John Sawyer sintetizó en su obra Man-made Carbon Dioxide and the “Greenhouse” Effect en 1972 [2] el conocimiento de la ciencia sobre las causas antropogénicas del cambio climático, el problema no ha hecho más que agravarse, con una miríada de ramificaciones y repercusiones que se retroalimentan y escalan. Las medidas aplicadas llegan tarde y son demasiado tímidas. La puesta en marcha de las Cumbres del Clima por parte de la ONU hace ya 24 años ha conseguido detener la carrera hacia el abismo, al contrario: el problema se ha ido complicando con falsas soluciones, como la puesta en marcha del comercio de carbono. Actualmente nos encontramos en una situación de alta complejidad, extrema incertidumbre y elevados riesgos, y se reconoce que es demasiado tarde para las medidas de mitigación; nos queda únicamente la adaptación como respuesta, tal y como confirma el Acuerdo de París de 2015. No obstante, esto no nos exime de la urgencia de actuar. Muy al contrario: de lo que hagamos hoy dependerá el nivel y aceleración y los efectos del fenómeno en el futuro.
Como conocen bien los expertos en comunicación política, resulta determinante cómo se define y enmarca un asunto para definir los márgenes del debate y las posibles respuestas. Pues bien, el pensamiento y tratamiento del cambio climático se ha desarrollado en un clima de expansión del neoliberalismo y con un fuerte militarismo, una desafortunada tríada que el periodista y escritor Christian Parenti califica de «convergencia catastrófica». En ella se cruzan cuestiones de poder, reconocimiento y derechos. El cambio climático es una de las expresiones más extremas de las desigualdades del mundo contemporáneo, como aborda Santiago Álvarez en otro artículo de este Boletín ECOS [3]. Así, se están consolidando dos categorías de personas: las que están a salvo y las que están expuestas a la desestabilización del clima; es decir, unos privilegiados y otros desposeídos.
En este contexto, el curso de las políticas que se adopten hoy condicionarán qué tipo de adaptación al cambio climático tendremos en términos de justicia, inclusión y equidad. Este artículo examina un abanico de posiciones, con resultados más o menos esperanzadores que ponen de relieve lo que está en juego.
Negacionistas, escapistas y otras especies (predadoras)
En el escenario de convergencia catastrófica al que se refería Parenti, no resulta sorprendente que el tratamiento político del cambio climático haya tenido que enfrentar un sabotaje sistemático desde las altas esferas gracias a complicidades y alianzas muy poderosas. Desde que se identificó el fenómeno y su relación con las actividades humanas se viene desarrollando una especie de “autismo activo”, es decir, por una parte, absoluto desinterés y falta de compromiso de los principales agentes en abordar sus causas al tiempo que la continuidad del big business as usual, que ha mantenido a ritmo ascendente las actividades que crean el calentamiento global. Repasemos las principales expresiones de esta tendencia.
Negacionismo 2.0
Las posturas negacionistas han constituido una constante que ha acompañado a la crisis climática desde que empezó a identificarse hace ya medio siglo, y ha prosperado con la ayuda interesada de poderosas compañías petroleras, automovilísticas e industrias afines. Desde esta posición han disputado en la arena pública la propia existencia del cambio climático, o bien que, en caso de existir, fuera de origen antropogénico. Negaban así cualquier vínculo con los combustibles fósiles como los principales responsables de la saturación de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.
Dada la extensa literatura a favor y en contra del negacionismo, no me exteneré en este punto. Solo decir que la modalidad negacionista parecía que enfrentaba su pronta extinción en el siglo XXI a la vista de las cada vez más patentes muestras del calentamiento global y la apabullante evidencia científica recogida en los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), pero ha resurgido con fuerza con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Desde finales del agosto pasado, otro negacionista, Scott Morrison, ocupa la presidencia de Australia. Así, esta corriente, instalada en los sectores próximos a los combustibles fósiles, se instala ahora también en poderosos gobiernos desde donde tienen la capacidad para promover proyectos con alto impacto socioecológico, como la explotación de hidrocarburos en Alaska, o para confundir a los menos informados.
Nuevas respuestas en clave securitaria
Esta posición empezó a fraguarse a principios de este siglo cuando empezó a concebirse el calentamiento global principalmente como una amenaza y un problema de seguridad. A partir de 2007-2008 comenzaron a aparecer documentos [4] de distintas instituciones internacionales y organismos de seguridad de países ricos que definían el calentamiento global como un «multiplicador de amenazas» y un factor que agravaría las tensiones derivadas de la pobreza, la crisis ambiental o la inestabilidad política. Según sus argumentos, estas circunstancias nos abocan inexorablemente, a un mundo inestable y plagado de conflictos. Así, el cambio climático se redefinió eminentemente en términos securitarios, es decir, aplicando enfoques militares y de fuerza a problemas que son básicamente políticos, institucionales y sociales.
Además, desplazan el foco de atención a los efectos –la amenaza de un mundo convulso– en lugar de abordar las causas del fenómeno –un modelo económico insostenible–. Así, han conseguido diluir su responsabilidad en la generación del problema y transferirla a otros agentes, ya sea la vilipendiada China o el empobrecido Sur global, a base de problematizar y prácticamente criminalizar la pobreza, el maldesarrollo, las crisis políticas, y los flujos de personas. Los argumentos son variados: a) ser fuente de desestabilización e inseguridad global (incluido ser germen de terrorismo); b) activar la “bomba” demográfica, que agravará el cambio climático; c) acelerar la temida escasez con su creciente población; d) ser emisores de migrantes y desplazados [5].
En paralelo, el ejército y organismos de seguridad estadounidenses pretenden gestionar la crisis del clima en clave securitaria y de control [6], [7]. Este enfoque ofrece una visión de la ciudadanía desempoderada y fragmentada, que concuerda con el clima de anomia social que el neoliberalismo se ha esforzado en cultivar.
En círculos políticos y mediáticos reciben gran atención los potenciales desplazamientos masivos de personas a causa de la desestabilización del clima, los llamados «refugiados climáticos». Si bien hasta principios de los 2000 las operaciones del Norte en materia de migración eran básicamente de rescate, las políticas han basculado drásticamente hacia el control y la represión. Actualmente, el objetivo principal es impedir la llegada de desplazados al territorio del mundo rico o, en su caso, el internamiento de los desplazados o rápida devolución. Las medidas se estructuran en torno a tres ejes: la securitización de la política migratoria; la militarización de las fronteras; y la externalización de la gestión a terceros países, México en el caso de EEUU y los países del norte de África y Sahel en el de Europa.
Este mapa muestran las 54 vallas fronterizas fortificadas que existen actualmente en el mundo. Entre ellas, las de Ceuta y Melilla figuran entre las más inexpugnables del planeta. De hecho, la política española de finales de los noventa y principios de 2000 marcó la pauta para las posteriores políticas migratorias comunitarias [8].
Figura 1. Mapa de las 54 vallas de seguridad fronteriza en el mundo
Fuente: B. Hayes, S. Wright y A. Humble, 2017 [9]
La externalización de fronteras convierte hoy amplias franjas del mundo en limbos donde los derechos quedan en suspenso. Sin embargo, el cierre de fronteras no opera igual para todos: son porosas para las elites y cupos de mano de obra barata, pero casi infranqueables para el resto. Fortificar las fronteras tampoco sufre de constricciones presupuestarias, como otras partidas estatales, y representa un negocio pujante para muchas empresas de equipamiento, servicios de vigilancia y control, personal, pero también para estados periféricos y ONG locales e internacionales [10]. La solución securitaria oscurece totalmente las causas de por qué se desplazan quienes se desplazan: guerras creadas o apoyadas por países ricos, destrucción de hábitats y medios de vida por el cambio climático y los negocios corporativos
La actuación de la UE en su frontera exterior ofrece pistas preocupantes sobre las tendencias en marcha. Se está construyendo un discurso alarmista, determinista y distópico, de caos y conflictos en torno a la crisis del clima que puede generar miedo, impotencia, y potencialmente, desesperanza y desmovilización social. A cambio, crea condiciones favorables para que la gente ceda voluntariamente derechos y libertades a cambio de seguridad. Todo ello podría agudizarse en condiciones de presión como el cambio climático. Pero no solo es securitizado el perímetro exterior; los mismos supuestos de control se aplican hacia dentro. Somos testigos del endurecimiento de las leyes de control social y la represión de la resistencia en todo el mundo, mientras la vigilancia masiva alcanza nuevas cotas gracias a las tecnologías de la información y el big data, que hace posible predecir «futuras amenazas, ya sean ataques terroristas, disturbios por el precio de los alimentos o levantamientos populares» [11].
Mercantilizar el cambio climático, o cómo agudizar los comportamientos que han generado el problema
Esta corriente comparte con el negacionismo el imperativo de la continuidad del big business as usual, que ha mantenido a ritmo acelerado las actividades causantes del calentamiento global. Sin embargo, a diferencia de aquel, la mercantilización reconoce la desestabilización del clima como problema global, pero lejos de ir a las causas, se enfoca en las consecuencias, que permiten abrir nuevos nichos de negocio ligados a la crisis climática. Para sectores como el de seguros y el de seguridad, el calentamiento global no puede suponer un escenario de negocio más optimista. La mercantilización y la securitización son, a su vez, procesos simbióticos cuyos intereses confluyen.
En la mercanilización del cambio climático se observan varios procesos. Por un lado, la securitización alimenta la expansión del sector de seguridad. Junto a las empresas de seguridad tradicionales está surgiendo una nueva generación de compañías que cubren el amplio espectro de la seguridad: servicios de vigilancia y control, cuerpos paramilitares, equipos y personal de seguridad fronteriza, construcción y gestión de instalaciones de reclusión privadas, consultoría antiterrorista, logística militar y policial, planificación, y entrenamiento y personal de seguridad, entre otras funciones. De hecho, desde 2008 la industria de la seguridad ha crecido un 5% anual, a pesar de la crisis económica y la recesión mundial [12].
Otras soluciones pasan por el acaparamiento selectivo y excluyente de recursos, mientras se exportan al Sur global los procesos productivos contaminantes y residuos. La desestabilización del clima se ha asociado a proyecciones de escasez de recursos básicos. Tres sectores de negocio resultan clave: la alimentación, donde se está implementando la llamada «agricultura inteligente»; [13] el agua, donde se privatizan los derechos de acceso; y la energía, cuyos negocios se amplían con los combustibles fósiles no convencionales (fracking, arenas bituminosas, extracción en aguas profundas, etc.), junto la producción de los agrocombustibles, todo ello con graves repercusiones ecológicas y sociales.
El tercer bloque de respuestas abre la vía a proyectos basados en un tecnoptimismo ilimitado. Uno de los ámbitos que está recibiendo más atención es la geoingeniería, tecnología que engloba dos ramas: la disminución del calentamiento del planeta, por ejemplo, lanzando millones de partículas de sulfato a la estratosfera para que actúen de parasoles; y la reducción de la concentración de GEI en la atmósfera, por ejemplo, mediante el secuestro de carbono y su enterramiento, o “fertilizando” los océanos con nanopartículas de hierro para que el plancton capture carbono. Hoy se presentan como panacea toda una serie de soluciones técnicas “verdes” sin el necesario respaldo científico, algo que bien pudieran llevarnos a agravar la desestabilización del clima.
El tecnooptimismo y la mercantilización de la crisis climática confluyen con los planes de las elites para emigrar a otros planetas cuando este quede agotado e inhabitable. Quien pueda costearse un viaje interestelar, claro está. En un artículo singular [14], Rushkoff describe los proyectos de las elites para hacer frente a los futuros distópicos que tanto están contribuyendo a crear: encerrarse en búnkeres protegidos por cuerpos de seguridad, subir sus mentes a superordenadores, o migrar a otros planetas, dejando a sus espaldas caos y destrucción.
Pero hay otras respuestas
El artículo mencionado no deja duda de que las elites han desahuciado a la gran mayoría de la humanidad en sus “soluciones” a la crisis climática. Ante ello, la gente se está organizando y construyendo alternativas que se alejan de las respuestas top-down de las elites. Me detengo en dos de las principales expresiones: el movimiento por la justicia climática y la autoorganización comunitaria frente al cambio climático.
Movimiento por la justicia climática
El activismo climático tiene como precedente al de justicia ambiental, surgido en EEUU en los ochenta ligado al “racismo ambiental”. Los principios de justicia social, participación, transparencia en la toma de decisiones y condiciones de sostenibilidad ecológica que estaban presentes en ese movimiento han calado en el discurso de justicia climática. Como aquel, el movimiento de justicia climática es también local y global.
El término de justicia climática fue introducido por Weiss en la literatura académica en 1989 [15]. Entre los primeros en plantear las cuestiones de las desigualdades climáticas figuran Agarwal y Narain a principios de los noventa [16]. Más recientemente, Oxfam, entre otras organizaciones, ha retomado esta cuestión en un informe [17]. El huracán Katrina y su vergonzosa gestión influyó en el tránsito del concepto de justicia ambiental al de justicia climática, y puso sobre la mesa las desigualdades presentes en el cambio climático. En 2002 los movimientos sociales reunidos en Bali hicieron públicos los Principios de Bali por la Justicia Climática [18], que se desarrollan dos años después en el marco del Grupo de Durban para la Justicia Climática. En 2007 surge Climate Justice Now! en la COP13 y en 2009 Climate Justice Action. Un hito importante del movimiento fue la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático, organizada por el Gobierno de Bolivia en 2010, que añadió otro peldaño al señalar al sistema capitalista y las grandes transnacionales como principales responsables de la desestabilización del clima.
Las reivindicaciones del movimiento se han refinado progresivamente y los argumentos se han reducido básicamente a cuatro: dejar los combustibles fósiles en el suelo; cubrir la deuda ecológica del Sur con transferencias financieras del Norte; soberanía alimentaria y de la tierra; y una crítica de las políticas basadas en el mercado para gestionar el cambio climático. En general, supone, con diferentes acentos según los grupos, entender la adaptación como oportunidad transformadora, transitar a un modelo post-carbono, cubrir el daño social y ecológico, dar voz y soberanía a los más vulnerables, e interpretar la seguridad en clave de seguridad humana [19].
Si en los primeros años el movimiento trató de influir con sus propuestas en las Cumbres internacionales de Cambio Climático, a medida que las COP mostraron sus limitaciones, la estrategia del movimiento se reorientó a la acción directa a escala global, como la Jornada global por la justicia climática del pasado 8 de septiembre. Además, han establecido lazos con otras luchas, como la de soberanía alimentaria o por el cambio de modelo energético. El feminismo, y concretamente el ecofeminismo, ha entrado también en diálogo con las demandas de justicia climática. Entre otras autoras, Di Chiro introduce el concepto marxista de reproducción social, clave para identificar conexiones en las luchas por los derechos de las mujeres y las de justicia ambiental y climática [20]. Esta autora aboga ‒como lo hace en nuestra geografía Yayo Herrero‒ por un enfoque corporizado de la política climática, trayendo a lo cotidiano los problemas globales, y estableciendo vínculos entre escalas.
El movimiento por la justicia climática, creado fuera de la academia, ha contribuido, sin embargo, a desarrollar conceptos, como el de «deuda climática», y argumentos que sustentan un discurso que comienza a calar más allá del activismo.
Autoprotección comunitaria
A medida que los efectos de la crisis del clima se hacen más patentes surgen organizaciones comunitarias [21] orientadas a elaborar propuestas para contrarrestarlos. A menudo, estas agrupaciones están enraizadas en estructuras previas.
En el marco de la ayuda al desarrollo en el Sur, estas organizaciones comenzaron a suscitar el interés de investigadores, ONG y donantes a principios de este siglo como posibles agentes para enfrentar eficazmente la desestabilización del clima. Existe un nutrido cuerpo de investigación que muestra los éxitos y potencialidades de comunidades activas y cohesionadas ante los desastres [22].
Si en los primeros años de estos estudios, se idealizó la noción de comunidad como panacea, posteriormente se han ido identificando que existe una gran heterogeneidad en las comunidades, a menudo sostenidas en estructuras de poder injustas, lo que ha dado paso a enfoques más críticos y realistas de los procesos basados en la comunidad. Con todo, se ha demostrado que el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la existencia de “capital social” contribuyen a generar una verdadera resiliencia ante los desastres. Baldwin y King han estudiado [23] en entornos urbanos de todo el mundo la influencia positiva de lo que denominan «comportamientos pro-comunidad» ‒tales como compartir información fiable en reuniones; métodos de resolución de conflictos; ayuda mutua; y sistemas de alerta temprana‒ a la hora de enfrentar y recuperarse de desastres. Estas autoras muestran en su investigación que:
La resiliencia comunitaria está influenciada por la fortaleza de las redes vecinales y la cohesión, dos rasgos que determinan la sostenibilidad social comunitaria. Las redes que funcionan en tiempos de normalidad pueden actuar de forma resiliente en tiempos de crisis, contribuyendo a la salud, bienestar y calidad de vida cotidiana y capacidad colectiva para afrontar y adaptarse a los desastres [24].
Así, estos estudios apuntan a que la adaptación al cambio climático desde la escala comunitaria puede proporcionar una oportunidad de oro para una transformación profunda del sistema sociopolítico.
En paralelo a los estudios de investigadores y donantes sobre las capacidades comunitarias, las organizaciones de las propias comunidades consideran la adaptación como oportunidad para abordar otras vulnerabilidades, como la pobreza y la falta de servicios básicos, lo que sirve a la vez para combatir injusticias sociales históricas y adaptarse al fenómeno climático. Por ejemplo, en el Norte, Asian Communities for Reproductive Justice [25], una organización de base de ciudadanos de origen asiático y de las islas del Pacífico en Oakland (California), combina la preocupación por el calentamiento global con otras injusticias sociales derivadas de la raza, la clase y el género. El resultado es un activismo climático mucho más transversal, como trasciende de su documento Looking Both Ways [26], que desarrolla originales estrategias para mitigar el cambio climático al tiempo que abordan los derechos de salud reproductiva, la salud ambiental y las necesidades reproductivas de la sociedad.
Otro ejemplo es la Comisión Huairou, una organización global de movimientos de base de mujeres que ha recopilado experiencias de todo el mundo diseñadas por comunidades rurales y urbanas y han elaborado una caja de herramientas para afrontar y reducir la vulnerabilidad ante los desastres [27]. Pese a su posición desfavorecida, las comunidades de base han demostrado que disponen del compromiso y los mecanismos para enfrentar los desastres y salir relativamente bien paradas.
Comentarios finales
Como se hace cada vez es más patente, las elites no están actuando a la altura de sus responsabilidades ante un problema de la envergadura del cambio climático. Sus respuestas priorizan su autoprotección y beneficio, y excluyen a la mayoría de la humanidad. A su vez, sectores cada vez más amplios de esa humanidad olvidada están reconectando con sus propias capacidades para ayudarse a sí mismas. Progresivamente, son más consciente de que la “seguridad” de las elites no les atañe; en todo caso, es otro peligro del que protegerse, ya que se han convertido en objetivo de esas estrategias.
En esta coyuntura crucial nos jugamos mucho dependiendo de qué criterios se utilicen y quién dirija la adaptación al cambio climático. Resulta claro que los actores que han propiciado la crisis y que están agravando el problema con sus respuestas ‒negacionismo, mercantilización y securitización‒ no parecen los más indicados para repararla.
El enfoque y gestión de calentamiento global se plantea ya como conflicto. Un conflicto entre quienes pretenden lucrarse con la crisis mientras se aíslan de sus consecuencias, frente a aquellos que abogan por situar la justicia, la inclusión y la autoorganización en primer plano a la hora de elaborar las medidas. Hasta ahora, este conflicto se dirime sobre todo a escala dialéctica, pero nada impide que pueda escalar y pasar a otros planos en condiciones de creciente presión.
La desestabilización del clima se ha enmarcado primordialmente como una cuestión técnica y de seguridad, obviando las aristas más políticas y sociales. Así, se ha escamoteado un debate público esencial. Es necesario como sociedad abordar ese debate y establecer desde qué bases y con qué agentes aspiramos a afrontar el mayor reto que tiene planteado la humanidad, si desde las injustas propuestas de las elites, o con criterios de justicia y equidad para todos y todas; y si deben encabezarlo los ejércitos y corporaciones, o bien instituciones civiles y democráticas que respondan ante la ciudadanía.
El camino para enfrentar la crisis del clima no debería estar trazado de antemano. Más bien, debería ser un proceso participado de avance y corrección constantes, sin otras directrices que una serie de criterios acordados y compartidos en los que no pueden faltar valores éticos.
Aunque quienes continúan contaminando el planeta quieran viajar a Marte ‒parafraseando a Jorge Riechmann‒ [28], es de esperar que allí donde lleguen no les apliquen las restricciones de entrada que las elites imponen aquí a los que se desplazan. Mientras tanto, más y más personas de las abandonadas terrícolas seguiremos trenzando respuestas colectivas.
Notas
[1] Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15), IPCC, octubre de 2018, disponible en: http://ipcc.ch/index.htm
[2] J. Sawyer, «Man-made Carbon Dioxide and the “Greenhouse” Effect», Nature, núm. 239, 1972, pp. 23-26.
[3] S. Álvarez, «Amenazas climáticas, injusticia ambiental y violencia», Boletín ECOS, núm. 44, 2018.
[4] Entre los informes que promovieron estas ideas se encuentran Age of Consequences: The Foreign Policy and National Security Implications of Global Climate Change, elaborado en 2007 por dos influyentes think tanks de EE.UU., CNA y GACGC; Climate Change and International Security, Alto Representante de Política Exterior y Política de Seguridad de la UE y la Comisión de Relaciones Exteriores, 2008; Estrategia Europea de Seguridad –o Informe Solana– de 2003 y su revisión de 2008. Puede profundizarse en estas cuestiones en B. Hayes, «Colonizar el futuro: cambio climático y estrategias de seguridad internacional», en N. Buxton y B. Hayes (eds.), Cambio climático SA, FUHEM Ecosocial, Madrid, 2017.
[5] Para un desarrollo de los puntos b) y c), véase N. del Viso, «El cambio climático como problema de seguridad nacional: algunas críticas», Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), (pendiente de publicación).
[6] Hayes muestra cómo después de que el Grupo II del IPCC publicara su informe sobre «Impactos, adaptación y vulnerabilidad» (AR5) en 2014, enfocado en la seguridad y defensa nacional frente a conflictos climáticos, el Governor’s Military Affairs Coordinating Committee (GMACC) en su “traducción” del informe apareció una línea que no figuraba en el informe original que aseguraba que las amenazas descritas «afectaban directamente… al ejército». B. Hayes, Op. cit., 2017, p.77.
[7] El ejército de EE.UU., que aspira a gestionar el cambio climático, es la institución que más petróleo consume del mundo. Quema al día tanto petróleo como toda Suecia. El consumo per cápita del Departamento de Defensa de EE.UU. es 10 veces superior al de China y 30 veces al de todo el continente africano. Además, destina el 30% de su presupuesto anual a acciones militares en todo el mundo para asegurar su acceso a las reservas de hidrocarburos. Fuentes: O. E. Cano, «Capitaloceno y adaptación elitista», Ecología política, núm. 53, 2017, pp. 8-11; N. Buxton y B. Hayes, (eds.), Op. cit.; y B. Hartmann y E. Barajas-Roman, «The Population Bomb Is Back With A Global Warming Twist», Women in Action, núm. 2, 2009, p. 77.
[8] R. Andersson, Illegality Inc. Clandestine migration and the business of bordering Europe, University of California Press, Oakland, 2014.
[9] B. Hayes, S. Wright y A. Humble, «De la protección a los refugiados a la exclusión militarizada: ¿qué futuro existe para los “refugiados climáticos”?», en N. Buxton y B. Hayes, Cambio climático S.A. FUHEM Ecosocial, Madrid, 2017.
[10] Ibídem.
[11] B. Hayes, Op. cit., 2017, p. 79.
[12] Ch. Parenti, «La convergencia catastrófica: militarismo, neoliberalismo y cambio climático», en N. Buxton y B. Hayes (eds.), Op. cit.
[13] La agricultura climáticamente inteligente (CSA, por sus siglas en inglés) pretende reorientar los sistemas agrícolas para apoyar el desarrollo y garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de un clima cambiante. Tiene tres objetivos: el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, la adaptación y la creación de resiliencia ante el cambio climático y la reducción y/o absorción de gases de efecto invernadero. Fuente: FAO, http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/es/. La FAO publicó en 2017 el Manual sobre la agricultura climáticamente inteligente, en el que se detallan las acciones para transformar el sector agrícola en “inteligente”. Un resumen está disponible en: http://www.fao.org/climatechange/37495-0edc2355c27f19ee5cee068a90496add9.pdf.
[14] D. Rushkoff, «La supervivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco», Contexto, 1 de agosto de 2018, disponible en: https://ctxt.es/es/20180801/Politica/21062/tecnologia-futuro-ricos-pobres-economia-Douglas-Rushkoff.htm.
[15] E. B. Weiss, In Fairness to Future Generations, Transnational Publishers, Ardsley (Nueva York), 1989.
[16] A. Agarwal y S. Narain, Global warming in an unequal world, Centre for Science and Environment, Nueva Delhi, 1991.
[17] Oxfam Internacional, La desigualdad extrema de las emisiones de carbono, Oxfam Internacional, Barcelona, 2015, disponible en: www.oxfam.org/es/informes/la-desigualdad-extrema-de-las-emisiones-de-carbono.
[18] Entre ellos figura la drástica reducción de los GEI; la transferencia de financiación del Norte al Sur; dejar los combustibles fósiles en el suelo y avanzar a modelo de energías renovables; la conservación de recursos con el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas; y la soberanía alimentaria, disponibles en: https://www.ejnet.org/ej/bali.pdf.
[19] D. Schlosberg y L. B. Collins, «From environmental to climate justice: climate change and de discourse of environmental justice», WIREs Clim Change, 2014.
[20] G. Di Chiro, «Acting Globally: Cultivating a thousand community solutions for climate justice», Development, 54(2), 2011, pp. 232-236.
[21] Por comunidad me refiero a agrupaciones sociales que, por lo general, comparten un espacio geográfico y un curso procesual común. Pueden ser de diferentes escalas, desde vecindarios a supraestatal. También pueden estar unidas por otro tipo de vínculo, como las comunidades de interés o afinidad, e incluso ser comunidades virtuales deslocalizadas.
[22] Una interesante revisión puede encontrarse en K. E. McNamara y L. Buggy, «Community-based climate change adaptation: a review of academic literature», Local Environment, 22(4), 2017, pp. 443-460.
[23] C. Baldwin y R. King, What about the people?, Georgetown University, Washington, D.C., 2017.
[24] Ibídem, resumen ejecutivo p. 1. Traducción propia.
[25] Véase http://reproductivejustice.org/.
[26] A. Rojas-Cheatham et al., Looking Both Ways, Asian Communities for Reproductive Justice, Oakland (California), 2009, disponible en: https://www.reimaginerpe.org/files/ACRJ_Looking_Both_Ways.pdf.
[27] N. Mosaddeq Ahmed, B. Hayes y N. Buxton, «Un estado de excepción permanente: contingencias civiles, gestión del riesgo y derechos humanos», en N. Buxton y B. Hayes (eds.), Op. cit., p. 143.
[28] J. Riechmann, Gente que no quiere viajar a Marte, La Catarata, Madrid, 2004.
[Fuente: Boletín ECOS, nº 44 septiembre-noviembre]
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