Susana Fernández (SF): Hablando en términos generales, Tica, ¿cuáles crees que serán los factores de riesgo que generarán mayores conflictos internacionales en los próximos años? ¿Crees que se corresponderán con aquellos otros que actualmente concentran un mayor interés político y mediático a escala mundial (por ejemplo, los relacionados con la migración, el cambio climático, al control de las fronteras, etc.)?

Tica Font (TF): Un factor importante de riesgo de conflicto es la redistribución del poder relativo mundial. A principios de 1990pasamos de un sistema mundial bipolar a un sistema multipolar con una sola potencia económica y militar (Estados Unidos), con capacidad de actuar a escala mundial. Hoy podemos observar que la supremacía norteamericana se erosiona: países como China, en no menos de 10 años, pasarán a ser la primera potencia mundial y económica, y posiblemente, si mantienen el ritmo, puede que en 20 o 30 años pasen a ser la primera potencia militar. Que ello ocurra va a depender de factores internos como el nivel de recursos que destinen a ello o de su capacidad de desarrollo tecnológico militar; pero también va a depender del nivel de recursos que Estados Unidos destine al desarrollo de nuevas capacidades militares. La cuestión es si la transición de poder llegará a ser efectiva, ¿pasará a ser China la primera potencia mundial? Y en caso de serlo, ¿irá acompañada o no de una confrontación militar entre ambos países? Cabe esperar que las dos potencias no se enfrentarán entre ellas, pero podrían hacerlo a través de terceros países en zonas como el Pacifico o países del Este. De momento, el rol que está adquiriendo China de potencia económica y militar provoca una reacción militarista en países próximos. Países como India están incrementado fuertemente su gasto militar –al igual que Rusia– con tal intensidad que pueden llegar a superar, por separado, a toda la Unión Europea dentro de unos pocos años. El incremento de la tensión geopolítica (competición económica y militar) puede llegar a producir crisis y escaladas militares en el área Asia-Pacifico o en países del Este. En este escenario de redistribución de poder mundial no podemos menospreciar el papel que las nuevas tecnologías pueden jugar. Continuaremos observando manifestaciones tradicionales de conflictividad armada con ejércitos convencionales, insurgencias o ataques terroristas, pero las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo la guerra con medios no convencionales: atacar nudos de la economía o de servicios mediante hackers que llevan a cabo ataques sofisticados o trabajos periodísticos con apariencia rigurosa que trabajan al servicio de servicios de inteligencia públicos o privados. A otro nivel también se espera que los efectos que el cambio climático va a tener sobre sobre las tierras cultivables, la escasez de agua, la afectación sobre la producción de alimentos, etc. comporten desplazamientos masivos de población dentro de un mismo país, a países colindantes o hasta países occidentales. Si a ello le sumamos otras tendencias como el crecimiento de megaciudades o la propensión a vivir en zonas urbanas, podemos esperar tensiones que afectarán a la estabilidad política interna o a las relaciones entre estados, propiciando desordenes o revueltas ciudadanas.

SF: ¿Cómo podemos revertir estos procesos para conseguir un nuevo concepto de seguridad, más integral y coherente que incluya aspectos como la seguridad alimentaria, sanitaria, educativa y ambiental?

TF: El concepto clásico de seguridad nacional tiene como objetivo prevenir o rechazar amenazas militares y, por tanto, defender militarmente la soberanía, la independencia y la territorialidad del estado frente a posibles agresores. De esta manera, el estado busca su propia seguridad a través de incrementar su poder mediante su capacidad militar. Ya en los años ochenta surgieron enfoques críticos con esta concepción de la seguridad. Las críticas se centraban en que dicha concepción sólo se refería a la seguridad del estado, olvidando a los ciudadanos, al tiempo que planteaba amenazas militares desde el exterior sin considerar otras fuentes de inseguridad, tanto globales como internas, económicas o ambientales. Vivimos en un mundo interdependiente y, por tanto, las estrategias para abordar esa nueva realidad no pueden ser las estrictamente militares; hay que introducir más y nuevas estrategias. La seguridad humana plantea que la seguridad quedaba inextricablemente unida al bienestar de los humanos e implicaba que todas las personas han de tener la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas en un entorno ambiental seguro. A 10-20 años vista vamos a tener que hacer frente a diversos retos sociales y políticos, a los movimientos migratorios y a los efectos del cambio climático. Vamos a tener que afrontar los desequilibrios demográficos con un mundo más urbano que nunca e importantes movimientos de población hacia las ciudades; habrá que afrontar un mundo en donde la brecha entre ricos y pobres cada vez será mayor, con una Europa y Estados Unidos en donde las clases medias están siendo erosionadas… Y, finalmente, creo que nuestro futuro más cercano estará marcado por las redes sociales e identitarias; en concreto las redes identitarias que van a tener más impacto serán aquellas que estén sustentadas por aspiraciones nacionalistas, independentistas, xenófobas, antimigratorias o islamistas radicales, entre otras. Seguramente estas redes no pasarán la línea de la violencia, pero el activismo y la polarización social puede llegarán a condicionar la política interna y externa. Cabe esperar que se agudicen las actuaciones hostiles contra las élites gobernantes y las instituciones políticas.

SF: ¿Qué impacto tiene en el agravamiento de las crisis políticas y conflictos armados en el comercio de armas? En tu opinión, ¿qué medidas deberían de adoptarse para el control de la venta de armamentos y qué condiciones serían necesarias para que estas medidas fueran efectivas a escala internacional?

TF: La lógica conflictiva imperante en la política de relaciones internacionales podemos observarla en países que aspiran a ser potencias económicas y militares a nivel regional, como Irán, Arabia Saudí, China o India; aspiraciones que van acompañadas de la acción de contrapeso que llevan a cabo otros países o alianzas de países que quieren evitar nuevas correlaciones de cambios de poder regional. En estas lógicas de poder político y económico, el gasto militar y la posesión de armamento es crucial, la disuasión sigue siendo el concepto básico utilizado por el poder de los estados. A través de las capacidades militares se impone en el vecindario el ideario político y económico en las zonas de influencia. Sobre esta cuestión destacaría tres elementos. Uno, los principales productores de armas en el mundo son Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y empieza a aparecer con fuerza China. Entre todos ellos controlan cerca del 90% de las exportaciones de armas mundiales. Hay que tener presente que todos ellos forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tienen derecho a veto y que son los que tienen que decidir cuestiones como los embargos o las misiones de paz. La segunda cuestión se refiere al orden legislativo, donde cabe señalar que, mediante la presión política de las organizaciones civiles de paz, de desarrollo y las organizaciones humanitarias, se logró que en 1987 el Parlamento español aprobara una ley que regulase las exportaciones de armas, que en 1992 la Unión Europea aprobase una posición común que fue traspuesta a las legislaciones nacionales, y que en 2014 se aprobase el Tratado sobre Comercio de Armas. Todas estas leyes tienen en común que prohíben las exportaciones de armas a países en conflicto armado, que vulneran de forma sistemática los derechos humanos o que dan apoyo al terrorismo. A pesar de ello las armas llegan a países que no deberían llegar y la nueva coyuntura mundial está provocando un aumento del comercio mundial de armas. Finalmente, hay que destacar que las exportaciones de armas son un instrumento de política exterior en manos de los gobiernos. A modo de ejemplo: a Irán le venden armas Rusia y China, y a Arabia Saudí Estados Unidos y países de la UE.

SF: En cuanto a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las que han venido después, ¿qué cambios han supuesto para los procesos de participación plena y en pie de la igualdad de las mujeres en la prevención y solución de los conflictos, en la consolidación de la paz y en su mantenimiento?

TF: Desde Beijing 95 las mujeres han trabajado duramente para introducir su visión y perspectiva en todas las facetas de la vida humana. Fruto de este trabajo, de décadas, las mujeres han introducido en la agenda mundial el tema de la igualdad y la lucha por la no discriminación. Las mujeres acceden al mercado laboral con remuneraciones mayores que hace años y también hay más mujeres en la política formal pero, a pesar de estos avances, todavía no hay igualdad plena, todavía hay brecha salarial y no hay paridad con respecto a los hombres. La Resolución 1325 representa el reconocimiento por parte de toda la sociedad de cómo la violencia y el militarismo afectan de manera distinta a las mujeres y los hombres. Kosovo, Rwanda, Liberia, Guatemala, Colombia, todos estos conflictos nos han mostrado que la violencia de género y la violencia sexual durante el conflicto y post-conflicto han sido una práctica generalizada, reiterada y persistente. Hoy se reconoce que las mujeres se ven afectadas por actos de violencia de manera diferente a los hombres, que algunos de estos actos se dirigen específicamente contra ellas, mientras que otros les afectan en mayor proporción. La violencia sexual es la violencia más evidente en las guerras, pero las mujeres padecen otras violencias como es el caso de los desplazamientos forzados, el reclutamiento forzoso, la servidumbre sexual, la tortura, la mutilación sexual, la prostitución, la esterilización forzada o el embrazo forzado; junto con la interrupción de la escolarización o el no tener acceso a los centros de salud. Reconocer estos hechos es importante, visibiliza una realidad que estaba oculta y normalizada; reconocerlo da más importancia a la lucha de las mujeres contra la discriminación que sufren. La 1325 legitima y empodera a las mujeres a nivel internacional, pero reconocerlo no supone que los estados actúen y que lo hagan con celeridad. Las mujeres siguen y seguirán luchando para que su voz no solamente sea escuchada sino para que su visión, su enfoque y sus propuestas sean una realidad. En el proceso de negociación en Colombia ninguna de las dos partes, gobierno y FARC, tenían previstas sesiones con mujeres para abordar cómo el conflicto afectó de manera diferenciada a las mujeres y niñas. Sobre la marcha tuvieron que aceptar estas sesiones con mujeres y a incluir en el documento final elementos de perspectiva de género y cuestiones como que la violación sexual fuera formase parte de los crímenes a juzgar por la Justicia Especial para la Paz (JEP). Este éxito de las mujeres ha sufrido contratiempos: la Cámara de Representantes en el desarrollo de la ley de la JEP retiró la violencia sexual como crimen y fue traspasado a la justicia ordinaria, y la perspectiva de género, que fue uno de los puntos importantes en la campaña del referéndum de los acuerdos de paz, contó con una importante oposición por parte de las iglesias evangélicas a que fuera incluida esta perspectiva. Se avanza lentamente, pero se avanza.

SF: ¿Crees que actualmente los grandes medios de comunicación tratan las noticias con la intención de proporcionar información veraz y contrastada, o más bien esto queda supeditado a intereses económicos y políticos propios?

TF: La concentración de los medios de comunicación en las manos de pocas grandes corporaciones conlleva que la línea editorial y el cómo se abordan las noticias vengan determinados por los propios intereses del grupo que lo controla. Por ejemplo, en cuestiones como el terrorismo actúan como en el periodismo de guerra, defendiendo las posiciones de los gobiernos occidentales; después de unos atentados, sean en Paris, Madrid o Londres, los medios nos dan a conocer la vida de todas las víctimas, sus nombres, si trabajan, estudian, si tienen hijos, sus aficiones o cómo ha quedado truncado su futuro. Nos narran minuto a minuto las declaraciones de políticos, las acciones que va a emprender el gobierno, los daños materiales que se han ocasionado; toda una infinidad de detalles. En el caso de Francia, el presidente, dos días después de un atentado, decidió bombardear la ciudad de Raqqa en Siria. La prensa no pide explicaciones que justifiquen esta decisión, la prensa no informa sobre el impacto de estas actuaciones militares sobre la población civil, la destrucción de viviendas o las víctimas, quienes eran mujeres, niños, adultos, cuantos, etc. Obedecen la regla del periodismo de guerra: maximizar los daños que hemos sufrido y minimizar los daños que hemos causado. Esta estrategia persigue conducir a la opinión pública a que sea favorable a las actuaciones que va a llevar a cabo el gobierno. En el mismo sentido, el gobierno aprovecha la conmoción social que generan unos atentados y el peso de los medios de comunicación para plantear modificaciones legislativas que acaben recortando los derechos civiles de los ciudadanos. Los medios de comunicación y gobierno se apoyan mutuamente para llevar a cabo reformas que en otro contexto menos emocional la población no aceptaría.

SF: ¿Qué negocios se esconden detrás de la proliferación de conflictos, la securitización de las fronteras o la seguridad privada de las grandes transnacionales? ¿En qué medida el aumento del gasto en defensa repercute en detrimento de los recursos destinados a servicios sociales y sanidad? En tu opinión, ¿crees que se puede llevar a cabo la conversión de instalaciones, equipamientos o industrias militares hacia sectores civiles?

TF: En esta cuestión es conveniente tener presentes algunas premisas o elementos. Primero, los gobiernos no llevan a cabo políticas que puedan ir en contra de los intereses de las elites económicas y financieras, sino que hay una gran simbiosis entre los intereses de las elites y las políticas que se desarrollan. En segundo lugar, la globalización e internet comportan cambios profundos en las formas de negocio y han creado nuevos nichos de mercado de manera que el estado no se ha dotado de nuevos instrumentos para regular estos nuevos mercados, ni está llevando a cabo su papel fundamental de redistribuir los beneficios. En tercer lugar, la privatización de servicios públicos, en concreto la privatización de la seguridad, contribuyen en la debilitación del estado. A modo de ejemplo se calcula que el cambio climático afectará a la producción de alimentos; en ciertas zonas bajará la producción, al mismo tiempo que se producirán episodios de sequias prolongadas o inundaciones. Como consecuencia de ello, se producirán movimientos migratorios, dentro de un mismo país o hacia países vecinos o hacia Europa. Ante este escenario las empresas de seguridad y defensa trabajan junto a los gobiernos para diseñar y elaborar instrumentos e ingenios que utilizará el estado en su política de control de fronteras. Los estados generan encuentros de debate con las empresas para abordar qué tecnologías podrían desarrollar ellas mismas y que el estado las utilice en sus cuerpos policiales o militares. En definitiva, se han generado relaciones de dependencia mutua entre las corporaciones de seguridad y defensa y el estado. A mi entender, el punto clave de los aspectos que planteas está en romper esta simbiosis. En los foros donde se debaten y elaboran las doctrinas de seguridad se encuentran los altos funcionarios del estado, directivos de empresas y algunas universidades. No olvidemos que la lealtad de las corporaciones es con sus accionistas y que deben satisfacer los intereses económicos corporativos; mientras que el Estado debe ser leal a los ciudadanos con el objetivo de satisfacer el bien común y dentro del marco de respeto de los derechos humanos. Si no rompemos esta simbiosis entre empresas y estado, la espiral doctrina-necesidades-desarrollo tecnológico-presupuestos siempre irá al alza, en el sentido de que las corporaciones toman un rol de estado sin perder de vista el principio de generar beneficios económicos.

SF: Los precios de los alimentos y los conflictos geopolíticos han tenido muchas manifestaciones a lo largo de la historia. Los grandes agronegocios controlan la mayor parte de las transacciones dedicadas al acaparamiento de tierras. Además, las previsiones sobre los efectos inminentes del cambio climático sobre la agricultura acerba los temores de escasez alimentaria y agravan esa presión de despojo de tierras fértiles. ¿La seguridad y la soberanía alimentaria de algunos (pocos) se construirá en detrimento de la de otros (muchos)? ¿Cuál será el precio a pagar en caso de que esto ocurra?

TF: Como ya he comentado anteriormente, el cambio climático producirá cambios en la producción de alimentos. Por una parte, si la temperatura del planeta se eleva un par de grados, zonas no aptas para la producción de vino, por ejemplo, podrán producirlo y zonas ya de por sí secas puede que se deserticen. El reto radicará en la capacidad de adaptarse, en la cuantía de recursos económicos disponibles por los agricultores a cambiar sus cultivos. Seguramente los gobiernos de países industrializados subvencionarán y darán formación a los agricultores para este cambio, pero en países pobres en donde los agricultores apenas tienen recursos económicos, las consecuencias serán muy duras y catastróficas para muchas familias. Recordemos la alta tasa de suicidios entre agricultores ante la impotencia de seguir cultivando unas tierras que durante generaciones sus antecesores sí pudieron hacerlo. Por otra parte, se espera que el cambio climático intensificará las catástrofes naturales (como fuertes lluvias, inundaciones o sequias prolongadas). Estos fenómenos provocarán bajadas en la producción de alimentos en ciertas zonas, que en un contexto de pobreza derivarán en el éxodo de sus pobladores. Ante este escenario la respuesta securitizadora de los estados y de las empresas agroalimentarias está siendo acaparar tierras cultivables en cualquier parte del planeta y producir alimentos que sean enviados a cualquier otra parte del mismo sin tener en cuenta ni hacer previsiones de las posibles hambrunas que pueden producirse localmente. Si ello pasa dejarán que sean las ONG de ayuda humanitaria las que pongan la tirita o que actúen organismos de Naciones Unidas repartiendo alimentos básicos. Por todo ello, sólo nos cabe un cambio filosófico y de concepción sobre la vida. Tenemos que aprender e implantar la estrategia y cultura de acción feminista, actuar en cada uno de nosotros, cambiar nuestros hábitos y nuestra escala de valores, en definitiva, vivir de otra manera; y, por otra parte, es necesario que se rompan las relaciones simbióticas estado–corporaciones, hay que romper con la cooptación de las administraciones públicas por parte de las empresas cuyos intereses son los de los accionistas y no el bien común de la humanidad.

[Fuente.: Fuhem Ecosocial]