Rozando el tópico más burdo, el gobierno de Trump parece haber asumido el papel del matón que protege a Israel frente al mundo y le permite campar a sus anchas en los territorios palestinos ocupados. No es que la posición de EE.UU. a este respecto sea nueva, pero no se recordaban el descaro y las maneras toscas que ha adoptado para defender a su protegido ante cualquier intento de la comunidad internacional de frenar sus prácticas represivas, a base de amenazas, golpes en la mesa y un desprecio absoluto a cualquier posibilidad de afrontar la relación entre Israel y Palestina en un contexto multilateral.

En el último medio año, las acciones estadounidenses en esta dirección son constantes. Alta carga simbólica tuvo la decisión de Trump de mover su embajada a Jerusalén, llevada a la práctica en mayo, con el argumento de aplicar una ley aprobada por el Congreso en 1995 (Jerusalem Embassy Act) que ninguno de sus predecesores había llegado a hacer efectiva. En dicha ley se declaraba la política estadounidense respecto de Jerusalén, afirmando que debería continuar siendo una ciudad sin divisiones, debería ser reconocida como la capital del estado de Israel, y en ella debería establecerse la embajada de EE.UU. a más tardar el 31 de mayo de 1999. Esta ley chocaba frontalmente con varias resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 476 (1980), que reaccionaba frente a los movimientos de Israel para alterar de facto el estatuto especial de Jerusalén, y sobre todo la resolución 478 (1980), adoptada a raíz de la aprobación por el parlamento israelí de una “ley básica” que modificaba el estatuto jurídico de la ciudad. Esta resolución afirmaba que la adopción de dicha ley era una violación del Derecho internacional, la declaraba nula, la consideraba un obstáculo para la consecución de la paz y hacía un llamamiento a todos los estados miembros a acatar la decisión del Consejo de Seguridad y retirar sus representaciones diplomáticas de la ciudad. De esta forma, las embajadas desaparecieron de Jerusalén hasta que en mayo de este año Trump decidió ir por libre. Palestina no se ha quedado de brazos cruzados: el 28 de septiembre demandaba a EE.UU. ante el Tribunal Internacional de Justicia por este hecho.

En junio, EE.UU. abandonaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al considerar que este órgano hace gala de una “inaceptable parcialidad contra Israel”. La retirada se produjo justo en la mitad de su mandato en dicho órgano, que terminaba el 31 de diciembre de 2019, sin posibilidad de reelección, al haber ocupado ya el puesto durante un período anterior de tres años. Era la segunda vez en menos de un año que EE.UU. optaba por la estrategia de la retirada en el sistema de las Naciones Unidas, después de que en octubre del año pasado abandonara la UNESCO, en esa ocasión en amor y compañía con Israel, que secundó su decisión. La admisión de Palestina como miembro de la UNESCO en 2011 había tensado las relaciones de EE.UU. con la organización, y con esta medida Trump rompía del todo la cuerda.

La retirada del Consejo de Derechos Humanos tenía un elemento aún más preocupante, pues daba un espaldarazo a la política israelí más reciente de represión de la población palestina. Conviene recordar que en mayo de este año el Consejo celebró una sesión de urgencia para abordar los hechos ocurridos desde el 30 de marzo, cuando los líderes palestinos convocaron una serie de protestas contra la ocupación israelí bajo la llamada Marcha del Retorno. Las cifras hablaban solas: desde esa fecha y hasta la sesión del Consejo, las fuerzas de seguridad israelíes habían matado a 87 palestinos en el contexto de las protestas (entre los cuales 12 menores), mientras otros 29 palestinos habían muerto en otras circunstancias, y más de 12.000 palestinos habían resultado heridos (3.500 de ellos de bala). En el marco de este debate, el representante israelí llegó a afirmar que la resolución tenía una motivación política, que los habitantes de Gaza no eran vistos como enemigos de su país y que la ocupación en Gaza era un mito, ya que Israel se había retirado unilateralmente de la Franja en 2005.

El Consejo concluyó la sesión extraordinaria con la adopción (EE.UU. y Australia votaron en contra) de la resolución S-28/1, en la que condenaba “el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por las fuerzas ocupantes israelíes contra civiles palestinos, también en el contexto de protestas pacíficas” y acordaba el envío urgente de una comisión de investigación internacional e independiente para examinar “todas las presuntas violaciones y transgresiones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en particular en la Franja de Gaza ocupada, en el contexto de los ataques militares contra las protestas civiles a gran escala que comenzaron el 30 de marzo de 2018, ya fuera antes, después de las protestas o durante ellas”. El eje de su mandato es establecer hechos y circunstancias que puedan constituir delito, determinar los responsables y formular recomendaciones orientadas a evitar su impunidad. Integrada por tres miembros nombrados en julio, ha perdido a uno de sus integrantes por el camino: el estadounidense David Michael Crane (la razón parece ser una circunstancia personal sobrevenida; por lo que se sabe Israel no veía con malos ojos su participación en la comisión).

El 24 de septiembre la comisión presentó al Consejo de Derechos Humanos el informe de sus actividades, si es que se puede informar de algo cuando Israel no le permite la entrada en su territorio y, en consecuencia, para poder cumplir su mandato, ha tenido que habilitar un espacio en la página web de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde invitan a enviar información sobre los hechos de los últimos meses. Israel ni se dignó a estar presente durante la exposición del informe, aunque fuera para defenderse negándolo todo. Su nivel de desprecio es tan alto que no puede augurar nada bueno para la población palestina.

Es lo que tiene contar con el apoyo incondicional de su amigo grandullón, que a finales de agosto había apretado un poco más la tuerca tanto a Palestina como a la ONU, esta vez cortando la contribución estadounidense a la UNRWA (la agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos), una contribución que constituía un tercio del presupuesto total de la agencia. En la decisión se ha visto una venganza por las críticas de los palestinos por el traslado de su embajada a Jerusalén, pero sobre todo podría suponer en la práctica una negación del derecho de cinco millones de palestinos de retornar a su tierra. De momento, ha conseguido poner en una situación delicadísima a la agencia, cuyos trabajadores se han declarado ya en huelga.

No contento con eso, en septiembre llegaba una nueva amenaza de EE.UU., esta vez contra los jueces de la Corte Penal Internacional. Esta vez el interés era doble, propio y ajeno: el Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció que arrestarán y procesarán a jueces y otros funcionarios de la corte si esta actúa contra estadounidenses por crímenes de guerra en Afganistán, pero también si inician una investigación contra Israel. Al respecto, cabe recordar que la Fiscalía de la corte abrió en enero de 2015 un examen preliminar en relación con los presuntos crímenes cometidos desde el 13 de junio de 2014 en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental. A raíz de los incidentes ocurridos con motivo de la Marcha del Retorno, la Fiscal de la corte hizo una declaración recordando a las partes que esos hechos también podían ser objeto de su escrutinio y que estaría atenta al desarrollo de los acontecimientos. De encontrarse indicios de la presunta comisión de crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o agresión), el siguiente paso sería solicitar a la corte la apertura de una investigación, y es ahí donde entra en juego la amenaza del gobierno estadounidense.

En cinco meses, cuatro objetivos: resoluciones del Consejo de Seguridad, derechos humanos, refugiados y Corte Penal Internacional. Esta sucesión de despropósitos pone de manifiesto cómo se ha revitalizado la relación entre EE.UU. e Israel, que han entrado en una lógica de alianza contra el mundo muy peligrosa. Trump ha optado por una política que hace que se tambalee la precaria estabilidad que muchos años de diplomacia internacional y concesiones de los palestinos habían permitido alcanzar. La pantalla y el apoyo que está brindando a Israel evidencia que este cuenta con un poder de influencia sin precedentes. El problema es que mientras EE.UU. dispara a todo lo que se mueve en la esfera multilateral para proteger los intereses israelíes, los tiros que pega Israel no son metafóricos.