Les voy a contar una anécdota estival de una persona muy cercana que no tiene víctimas del franquismo en la familia ni corrió delante de los grises. Es un maestro jubilado de un pueblo del interior de España con un marcado compromiso social, que cree en el trabajo bien hecho para que todos vivan mejor (y no para enriquecerse obscenamente a costa de los demás) y sobre todo ha acumulado un hartazgo considerable de ver cómo en este país unos cuantos se arrogan el derecho de convertir en desheredados a otros muchos. El día que el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley destinado a modificar la Ley de Memoria Histórica y permitir la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, esa persona leía las noticias. Y en estas soltó en voz alta: “El PP dice que la medida es una desfachatez. Tienen razón. Es una desfacha-tez”. Semejante calificación había salido de la boca del portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal. En opinión de este, al decidir la exhumación de los restos del dictador, Pedro Sánchez se dedicaba a «quebrar la convivencia» entre los españoles. Otra vez los populares a vueltas con el discurso guerracivilista, apocalíptico, amenazante.

La temperatura sofocante de este verano ha proporcionado el escenario perfecto al fascismo patrio para ponerse cara al sol que más calienta. Y con orgullo. Casi dos centenares de militares —por suerte retirados— han firmado un manifiesto titulado «Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España» donde se defiende la figura militar del Caudillo, se justifica el golpe de Estado al gobierno democrático (no calificado así en ningún momento; al contrario, se ensalza que Franco asumiera “la responsabilidad que le entregaron sus compañeros de Armas para ejercer el Mando único de la España agredida y asediada por el comunismo internacional aceptado y adoptado por el Frente Popular”) y se cuestiona la veracidad de las atrocidades cometidas por el franquismo en la posguerra, en los siguientes términos: “De los años posteriores a la contienda, se cuentan ahora sucesos que sacuden la sensibilidad de los más fuertes. Incluso aquellos que puedan atribuirse a hechos reales, se les matiza [sic] con episodios faltos de autenticidad y se esquiva la situación del momento en que acaecieron con el fin de criminalizar cualquier actitud por justa que fuera”. Días después de su publicación, OKdiario subía a 600 el número de firmantes.

Los militares defienden que están ejerciendo su libertad de expresión, si bien a aquellos en la reserva esto les pueda costar una sanción, al estar aún sometidos al régimen de las Fuerzas Armadas. Lo curioso es que nadie parece plantearse que todos ellos podrían estar rozando un delito común, en concreto el previsto en el artículo 510.1.c) del Código Penal. Dice dicho artículo que “serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: [quienes] públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos”.

Puesto que este artículo no se ha aplicado a quienes van soltando afirmaciones del calado de las contenidas en el mencionado manifiesto, habrá que preguntarse las hipotéticas razones. Vamos a considerar algunas:

Primera hipótesis: Que los crímenes franquistas no sean crímenes de guerra ni/o crímenes contra la humanidad. Sin embargo, durante la guerra civil, el bando franquista atacó a civiles —obviando la distinción básica en un conflicto armado entre combatiente y no combatiente— y perpetró un sinfín de atrocidades de manera sistemática o generalizada contra la población civil una vez terminada la contienda, por razones ideológicas, aunque no solo (a no olvidar, por ejemplo, la persecución a homosexuales). Estos comportamientos constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de libro. Si se quiere, es discutible que entre el 36 y el 39 el Derecho internacional hubiera tipificado los crímenes de guerra cometidos en un conflicto armado. Por el contrario, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg marcó como fecha clave para apreciar la comisión por los nazis de crímenes contra la humanidad el 1 de septiembre de 1939. De acuerdo, el Tribunal partió de su conexión con un conflicto armado, pero ya en diciembre de 1945 la Ley nº 10 del Consejo de Control Aliado suprimía la necesidad de dicho vínculo. Si se toma 1945 como año de referencia, buena parte de la brutal represión en la posguerra (incluido el llamado “trienio del terror”) y la sistemática persecución de elementos “molestos” durante la dictadura encaja en la tipificación internacional de los crímenes contra la humanidad.

Que las prácticas represivas del franquismo sean consideradas actitudes “justas” y no merezcan el mayor de los reproches resulta un hecho de una gravedad sin par, sobre todo viniendo de quienes han formado parte de una institución pública. Lo peor es que esa trivialización de lo ocurrido durante la dictadura parece ser moneda común incluso entre la clase política. Que estos crímenes no fueran castigados por obra y gracia de la ley de amnistía no altera en nada su naturaleza, pero parece claro que sí ha distorsionado la percepción que todavía impera en algunos sectores de la sociedad española. Lección que deberíamos aprender: la impunidad hace que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto (palabras del preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional) sean percibidos por algunos como una cosa menor.

Segunda hipótesis: Que se entienda que estas opiniones son privadas, que no han tenido un ánimo de trascender a la esfera pública. Obviamente, no es necesario hacer demasiado trabajo de investigación para descartar esta hipótesis. Al margen de la publicidad del señalado manifiesto, que desde luego no se ha redactado para ser leído entre colegas en una fiesta, o en torno a la mesa de un bar, o alrededor de una hoguera campestre, no han faltado en los últimos años declaraciones hechas por políticos del PP que trivializan gravemente los efectos que para las víctimas han tenido estos crímenes. Para desfachatez veraniega la de Rafael Hernando diciendo que se había pasado “cuatro pueblos” con las víctimas del franquismo cuando soltó aquello de que algunos solo se acordaban de su padre cuando había subvenciones. ¿Exabruptos en medio del fragor de la batalla política? Si lo ven así, la pregunta es si no son capaces de medir la gravedad de lo ocurrido y la perduración de sus efectos ante la pasividad de varios gobiernos. Y, encima, luego andan acusando a otros de hacer un uso político del pasado, cuando son los primeros en tratar de obtener réditos mediante el desprecio a las víctimas del franquismo.

La normalización en el discurso político de los ataques a estas alcanza unos niveles en este país que serían inimaginables en otras democracias (sí, el ejemplo de Alemania está muy manido, pero es altamente ilustrativo). Total —parece decirnos cierta clase política—, si las víctimas ya aguantaron carros y carretas durante cuarenta años de dictadura, por qué no iban a seguir aguantando afrentas cuarenta años más. Ya se les dieron indemnizaciones, esa es la vía para la reparación (idea-fuerza del discurso de Eduardo Zaplana durante el debate de la Ley de Memoria Histórica en 2007). La convivencia en España no se quiebra porque desprecien su sufrimiento. Por lo que parece, solo se quiebra cuando se toman medidas que, al reconocer su condición de víctimas, subrayan que alguien cometió crímenes, o cuando hay una iniciativa que, en última instancia y dicho sin ahorrar sarcasmo, ajusta la realidad al proyecto de Franco de disponer de un monumento a los caídos en la guerra civil. Por si no queda claro, Franco murió en el 75, no entre el 36 y el 39, así que no está en el sitio adecuado. Por esa y por muchas otras razones.

Tercera hipótesis: Una tercera hipótesis es que la pública negación, trivialización grave o exaltación de los crímenes del franquismo no promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los miembros de un grupo. Vamos a pensar que la madurez democrática de este país permite expresar tales opiniones sin que ello se traduzca en un clima de violencia, hostilidad u odio, aunque el descaro con el que de un tiempo a esta parte actúa la ultraderecha permita ponerlo en duda. Pero lo que no parece discutible es que esta corriente de desprecio a las víctimas del franquismo por parte del gobierno precedente ha provocado una situación de discriminación con respecto a otros colectivos de víctimas, en particular las del terrorismo. Habrá quien diga que esto es una exageración y que a las víctimas del franquismo nadie les niega el disfrute de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Frente a este argumento, baste recordar que el artículo 15 de la Constitución reconoce el derecho de todos a la integridad física y moral. Que las víctimas del franquismo se tuvieran que tragar su sufrimiento durante la dictadura para evitar males mayores no quiere decir que haya desaparecido. El trauma no se borra con indemnizaciones, como señalaba en 2012 el presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales.

Conclusión

No hace falta rascar mucho para que salga la pátina franquista debajo de la capa de pintura demócrata que muchos se aplicaron en la transición para salir bien maquillados en la foto. Los gobiernos previos a Zapatero se la fueron retocando, a ver si colaba el pacto de la transición y las víctimas del franquismo seguían callando mientras esperaban que en la democracia se les restituyera su dignidad. Pero mucho (demasiado) llovió, y la lluvia se lleva la pintura. La Ley de Memoria Histórica fue un paso tímido y a todas luces insuficiente para que en este país se recuerde el período franquista con vergüenza y no con nostalgia. Reconocer a las víctimas sus derechos mientras se trata de salvar el falaz discurso de la reconciliación que le ahorró al franquismo la etiqueta de criminal no sirve de nada. El PP se pregunta dónde está la urgencia que justifique ahora, después de cuarenta años, un decreto-ley para sacar a Franco de su tumba. Es urgente porque, aunque se haya intentado eliminar el olor a sangre de los muertos del dictador con unos manguerazos, el fascismo aún apesta en España, y mientras el pudor no le agache la cabeza solo estaremos dando palmaditas en la espalda a las víctimas. El objetivo lo dejó claro José Antonio Labordeta en su intervención durante el debate sobre la Ley de Memoria Histórica en el Congreso: “queremos que todos los heridos de la guerra sean de una vez caballeros mutilados, y no que los que defendieron la legalidad republicana sean putos rojos, y que hoy, víspera de difuntos, a todos los familiares de todos aquellos que fueron asesinados en las cunetas y en las tapias de los cementerios durante la dictadura les llegue una paz verdadera al sentir reparada en parte —no del todo— su brutal injusticia”. Empezar por quitarle físicamente al dictador su lugar de honor en la sociedad española es el primer paso. Que no sea el último, porque queda mucho trabajo que hacer por estos lares para corregir la injusticia histórica y para desfachar el país.