Mucho es lo que se puede y se debe aprender de la experiencia venezolana después del referendo del 15 de agosto: de sus resultados, de la situación actual de los gobiernos electos o apoyados por la izquierda en el continente, de las perspectivas y de los problemas vividos por los movimientos sociales, y de la situación general de la lucha contra el neoliberalismo en América Latina.

Las primeras lecciones tienen que ser aprendidas por los medios de comunicación masiva que se habían sumado al coro de medios privados venezolanos, multiplicado por las agencias estadunidenses y de los otros países de las metrópolis capitalistas. Los grandes medios compraron versiones, según las cuales en el caso de Chávez se trataría de un dictador, al estilo guerra fría, elogiando a la oposición como «democrática», recibiendo a Gustavo Cisneros en Brasil como si no fuese el gran magnate golpista de derecha, cabeza del mayor monopolio de la prensa en América Latina, sino un respetable empresario de éxito. En Brasil, el gobierno de Hugo Chávez fue incluido junto con los temas malditos de Cuba y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) como malditos; las condenas de los editoriales prácticamente fueron unánimes y se editorializaron las coberturas internacionales.

La consulta electoral, instrumento único de control de los mandatos populares por la ciudadanía a escala mundial, fue realizada con total transparencia, incluso según la OEA y la Fundación Carter, con el reconocimiento internacional unánime de honestidad en el conteo. Los periodistas que cubrieron la consulta deben igualmente haberse dado cuenta del carácter totalitario que el monopolio privado de medios intenta imponer a los venezolanos. Que se saquen las consecuencias, que se proceda, como hicieron los mayores periódicos estadunidenses —The New York Times y The Washington Post— al efectuar una autocrítica de la cobertura realizada e inclusive del lenguaje usado: usaban «demócratas» para los opositores y «autoritario» para Hugo Chávez.

Otras lecciones deben ser sacadas por los movimientos sociales que han protagonizado las mayores luchas de resistencia contra el neoliberalismo, desde el grito zapatista de Chiapas hasta los Foros Sociales Mundiales, pasando por las luchas de Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, México. Su capacidad de resistencia, de canalización de los intereses y sentimientos populares los afirman definitivamente como los mejores representantes de la lucha popular latinoamericana. Pero algunos movimientos sociales han pretendido sustituir a las fuerzas políticas y ocupar el espacio político sólo a partir de la acumulación de fuerza social. Esta experiencia ha revelado la capacidad de veto de los movimientos sociales, pero también su incapacidad de construcción de un nuevo proyecto hegemónico. Esta ha sido la experiencia de los movimientos indígenas ecuatorianos y del movimiento campesino e indígena bolivianos, entre otros.

La crítica de los límites de la acción estatal para un proceso realmente emancipatorio no debe salir de un «politicismo» hacia una concepción que exige de la lucha social lo que ella sola no puede dar. Tenemos que encontrar nuevas formas de hacer política, pero haciendo política, incluso institucional, combinándola con la lucha de masas. Despreciar la lucha institucional y el potencial de acción del Estado es entregarlos de hecho a las fuerzas tradicionales que, despreciando las luchas y los movimientos sociales, usaron el Estado para llevar a cabo políticas conservadoras.

La lucha contra el neoliberalismo es la lucha por la afirmación de los derechos consagrados universalmente para todos. Esta lucha tiene en los movimientos sociales su principal protagonista, pero los derechos sólo pueden ser consagrados en el plano del Estado, de un Estado democratizado, que confirme y garantice los derechos para todos, mediante el fortalecimiento de su dimensión política.

El caso venezolano, en un país con enorme atraso en la organización popular, con el espacio sindical ocupado por una aristocracia obrera vinculada con las empresas petrolíferas, representa un buen ejemplo de cómo los movimientos sociales pueden desarrollarse y fortalecerse en alianza con gobiernos que realicen una política privilegiando lo social y las reformas democráticas del Estado.

Venezuela es un país —tal vez el único actualmente en América Latina— en el que los derechos sociales avanzan, combinando las políticas gubernamentales y la acción de los movimientos sociales.

El mismo caso ya había surgido en la lucha contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y por el fortalecimiento de la organización de los países del sur del mundo cuando en la reunión de Cancún fue creado el Grupo de los 20. La lucha por un proyecto de integración alternativo pasa por la alianza de los movimientos sociales con los gobiernos que lleven a la práctica una política de soberanía y de construcción de una reinserción activa en el plano internacional.

La otra lección debe ser sacada por los partidos políticos y gobiernos de izquierda de la región. El gobierno de Hugo Chávez demuestra la posibilidad de una alternativa de izquierda en el continente, que combine la prioridad de lo social en el plano interno con la soberanía política en el plano externo, promoviendo activamente la organización del movimiento social.

Que gobiernos como los de Lula y Kirchner —y el de Tabaré Vázquez, que puede triunfar este año—, así como el PT, el Frente Amplio de Uruguay y otras fuerzas de izquierda saquen provecho de las lecciones de Venezuela. Que dejen de lado la crítica de que la polarización entre ricos y pobres lleva al aislamiento de los gobiernos. Hugo Chávez no promovió los movimientos sociales, sino que les dio expresión en el plano político, abriendo así un espacio para el surgimiento de nuevos movimientos sociales en un país hasta entonces dominado por las corruptas burocracias sindicales.

[Emir Sader es sociólogo brasileño y catedrático de la Universidad de Río de Janeiro. Traducción: Jerónimo Rajchenberg]