En agosto hizo dos años que subió al poder en Colombia el Presidente Uribe. La mitad de su mandato es un buen momento para hacer balances de su gestión y analizar la situación en que se encuentra ese país andino.

La llegada al poder de Álvaro Uribe estuvo marcada por el fracaso de las negociaciones de paz con la guerrilla del anterior Presidente, Andrés Pastrana. Este fracaso fue en buena parte causado por la actitud de las propias organizaciones guerrilleras, que no suspendieron sus acciones contra la población civil (secuestros, extorsiones, atentados) e incluso utilizaron las zonas resguardadas que se les asignaron para esconder a los secuestrados. Por otro lado, los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el clima mundial en relación con el terrorismo haciendo mucho más difícil plantear posibles negociaciones con organizaciones armadas.

El planteamiento con el que Uribe llegó a la presidencia fue radicalmente distinto del de Pastrana: se trataba de no dar cuartel a las fuerzas guerrilleras, de perseguirlas, de acosarlas, de minar sus recursos… para modificar el equilibrio de fuerzas y estar en condiciones de negociar desde una posición clara de poder. Para Uribe, las guerrillas son el principal problema que tiene Colombia. De hecho, las FARC mataron a su padre y han atentado varias veces contra su vida. Por su parte, el actual Presidente fue uno de los creadores de las fuerzas paramilitares en Antioquia cuando era gobernador de esa región —cosa que ahora nadie recuerda públicamente en Colombia—. Su política tiene, por tanto, una buena dosis de cruzada personal.

El país colombiano sufre una situación de «guerra contra la sociedad» (como la denomina uno de los mejores especialistas en el tema de la violencia en ese país) desde hace más de cincuenta años. Las actuales guerrillas surgieron en los años sesenta y setenta, unas desgajándose del partido comunista y otras a imagen y semejanza de los grupos armados cubanos. Para «defenderse» de ellas determinados sectores de la oligarquía, en especial los terratenientes, crearon grupos paramilitares (las llamadas «autodefensas»). En medio, surgieron las grandes redes de narcotraficantes con sus propios ejércitos de sicarios.

Hoy en día, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes se entremezclan entre sí, en el sentido de que tanto la guerrilla como las autodefensas se financian con el narcotráfico y de que paramilitares y guerrilla proporcionan protección tanto a los campesinos cultivadores de coca como a los traficantes de droga en las zonas que controlan. Por eso, para mucha gente, la guerrilla ha perdido toda legitimidad y viene a ser la misma cosa que los «paras»: una amenaza para la propia seguridad. Y por eso también Uribe es muy popular: porque ha «limpiado» las ciudades y las carreteras de guerrilleros y al menos la población urbana se siente con mayor libertad de movimientos.

Sin embargo, la política de Uribe frente a los paramilitares es completamente distinta. A finales de julio se produjo un gran escándalo cuando tres de sus dirigentes, algunos acusados personalmente de delitos de sangre, hablaron en el Congreso de la Nación. La provocación fue tan grande que hasta los «gringos» protestaron. Y esa comparecencia puso de manifiesto que la actitud de Uribe es completamente asimétrica: guerra a las FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia) y al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y tolerancia y zonas de resguardo para las autodefensas.

En las actuales circunstancias, es improbable que Uribe logre derrotar militarmente a las guerrillas. Por otro lado, más y más zonas del país van quedando en manos de los paramilitares. Eso es lo peor que podía suceder. Y si esa dinámica prosigue, no será posible que en un futuro próximo haya definitivamente una Colombia en paz. Habrá una Colombia con más pobreza y más desigualdad que, esos sí, son los auténticos problemas de raíz que sufre esa sociedad.