I

Las movilizaciones del 15-M están en la base del triunfo de la “nueva izquierda” en las elecciones municipales de 2015. Por nueva izquierda me refiero a las coaliciones que auparon al poder a Manuela Carmena, Ada Colau y el resto de alcaldes y alcaldesas municipalistas, hegemonizadas por el impulso de iniciativas y movimientos que partían de una visión diferente del de la izquierda tradicional (aunque ésta se sumó con bastante entusiasmo a estas coaliciones). Se trata de una izquierda que apela a cuestiones básicas como la igualdad, la democracia y el ecologismo sin ponerla en el contexto estructural en el que se ha situado la izquierda marxista. El 15-M fue ante todo una demanda de nuevas fórmulas de participación democrática, de promoción de nuevos modelos participativos basados más en el individuo que en la colectividad. Más en el yo que en el nosotros. Donde las redes de telecomunicaciones han sustituido a los viejos proyectos de democracia consejista por modelos de participación directa individual. Más acorde con la cultura individualista de los tiempos actuales, con el desprestigio de la experiencia soviética, con la ingenuidad con la que se abordó el nuevo cambio tecnológico. Y los nuevos Ayuntamientos surgidos del cambio se aprestaron a propiciar un modelo de gestión participativa, de promoción incluso de la coproducción de políticas.

II

Que estas propuestas de políticas de participación se desarrollaran en Barcelona no es casualidad. En la ciudad existe un amplio tejido de entidades y asociaciones que llevan muchos años peleando por ampliar los espacios de participación. Y, en algunos casos, con un relativo éxito que va desde los canales más formales de los consejos sectoriales, pasa por experiencias más “radicales” como un amplio derecho de voz en algunos consejos de distrito, y llega hasta la autogestión vecinal de muchos equipamientos culturales. Una participación que siempre ha tenido más que un contrapeso en la, mucho más informal y efectiva, relación directa que habitualmente tienen los grandes grupos de interés con los responsables del municipio. También la derecha tiene una densa y potente red asociativa encarnada no sólo en organizaciones tradicionales como el Círculo del Liceo, el Círculo Ecuestre, el Círculo de Economía, el Reial Automòbil Club de Catalunya, etc. sino que cuenta además con potentes plataformas a partir de las cuales emite sus propias demandas (Barcelona Global, Sport Cultura Barcelona, Grup 16…). No se puede hablar de sociedad civil o de tejido asociativo en abstracto, sino de una sociedad en la que conviven y pelean procesos sociales contradictorios en lo que podríamos llamar una lucha de clases de baja intensidad. Ampliar la participación es sobre todo ampliar la capacidad de la gente con menos poder para expresar sus demandas, influir las políticas y contrarrestar el excesivo poder del capital y las élites.

El Ayuntamiento “dels Comuns” abordó estas demandas de participación desde una doble perspectiva. De un lado, introducir o reforzar las posibilidades de participación en la elaboración tanto del Plan de Acción Municipal (PAM) como en la implementación de planes concretos como es la construcción de nuevos equipamientos. Del otro, abordar la elaboración de un nuevo reglamento de participación que ampliara los mecanismos y diera más poder a las bases. De hecho, esta demanda venía marcada porque, en el mandato municipal anterior, un amplio conjunto de entidades lideradas por la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) y el Consell de la Joventut, habían conseguido tumbar un regresivo proyecto promovido por CiU y habían elaborado una propuesta alternativa que ha servido de base del debate para el reglamento que finalmente se aprobó en 2017.

Las experiencias del PAM y de muchos procesos participativos locales son contradictorias. Ello sucede, en parte, al tratar de mezclar, sin reglas de juego muy claras, procesos de participación individual (fundamentalmente a través de una página web, pero también en sesiones abiertas) con la tradicional participación a través de entidades. Éstas tienen, en muchos casos, una amplia experiencia de trabajo y reflexión en los barrios donde existe mayor organización, y a menudo existen verdaderas redes que trabajan en común y sienten que sus propuestas son minusvaloradas frente a la intervención de personas individuales que no han participado de un proceso deliberativo ni tienen en cuenta otra consideración que sus propias ideas (también, a menudo, las técnicas para favorecer la participación son demasiadas infantilizadoras y reducen una verdadera deliberación). Es ésta una cuestión sustancial sobre la que hay que reflexionar. Es cierto que el trabajo de las organizaciones puede generar sesgos o depender excesivamente del talante de sus líderes. Es cierto que democratizar la sociedad exige fomentar y facilitar una participación más amplia de todo el mundo, y en especial de los grupos sociales que padecen mayores grados de postergación. Pero es dudoso que ello se consiga sin fomentar una mayor organización social, sin atacar las barreras sociales que impiden a muchas personas una participación real (ausencia de recursos económicos, de tiempo, de recursos culturales…) y sin propiciar verdaderos procesos deliberativos bien informados y con mecanismos adecuados de reflexión. En ausencia de todo esto existen peligros, detectados, de que por una parte sean los sectores más elitistas los que acaben monopolizando la participación intelectual, y que la deliberación dé paso a verdaderos diálogos de sordos. Ignorar que las sociedades capitalistas influyen en diferenciar a las personas en términos de poder y recursos culturales, y generan un cierto grado de individualismo caprichoso y poco empático es la peor vía para promover el desarrollo de una verdadera política democrática.

El nuevo reglamento de participación tenía en teoría un recorrido más largo. Nacía en buena medida de años de práctica y reflexión participativa. Sus aspectos más novedosos eran la introducción de dos mecanismos de participación directa: la presentación de Iniciativas Ciudadanas y la propuesta de consulta directa (en previsión de poder celebrar anualmente una multiconsulta en la que pudieran votar varias propuestas). En ambos casos se exige recoger un determinado número de firmas y se prevé una cierta financiación pública en caso de éxito. En principio, 2018 debía ser el año de partida de la multiconsulta (pues en 2019 esta no podrá celebrarse al coincidir con el año electoral). Al final se presentaron dos iniciativas: una, promovida por el colectivo “Aigua és Vida”, que agrupa a una serie de entidades que promueven la municipalización de la gestión del agua en Barcelona, y que precisamente preguntaba a la población su opinión al respecto. La otra, promovida por el colectivo “Tanquem el CIE”, se limitaba a pedir que una plaza emblemática de la ciudad cambiara su nombre por el de un inmigrante guineano (Idrissa Diallo), fallecido en el mismo CIE en circunstancias no aclaradas. Ambas iniciativas recogieron un número mayor de firmas que las exigidas por el reglamento (15.000 en cada caso) y según el mismo debían ser aceptadas, pues cumplían todos los requisitos legales (garantizados por sendos informes de los servicios jurídicos municipales). Pero algo se torció, y en un desastroso pleno municipal celebrado el 10 de abril, una mayoría de fuerzas políticas (PSC, PDeCAT, Ciutadans, PP y, en el caso de la consulta del agua, la CUP) votaron en contra de su celebración. Como a continuación explicaré, el tema de fondo es la gestión del agua. El rechazo a la otra propuesta más bien parece ser la coartada (la “torna”) para justificar esta insólita decisión. Porque todos los que votaron en contra se manifestaron a favor de las consultas, y alegaron que su voto en contra era sólo por problemas técnicos de unas normas de participación que ellos mismos habían votado.

III

Las nuevas normas de participación han sido objeto de diversos contenciosos presentados por una serie de oscuras entidades (Juristas Catalanes por la Constitución, Asociación por la Transparencia, Cámara de Contratistas…), que han actuado contra el reglamento de participación en general y contra la consulta del agua en particular. Cuando se indaga un poco, se encuentran nexos entre los despachos de abogados que presentan las querellas, y se hace presente la conexión con el Grupo Agbar, que es quien realmente está preocupado por el tema de la municipalización del agua (de hecho, la Asociación por la Transparencia ―poco visible en la Red― ha tenido una intervención parecida en el proceso de municipalización de la gestión del agua en Valladolid). El Grupo Agbar tiene su origen en la concesión de la gestión del agua de la ciudad de Barcelona en 1867 (Barcelona tiene una vieja tradición de cesión de servicios municipales al capital privado). Desde Barcelona, el grupo ha extendido sus participaciones hasta convertirse en el principal gestor del sector en el conjunto del Estado. En 2009, el grupo la Caixa vendió su participación al grupo francés Suez Environnement S. A., que pasó a controlar el 100% del capital (aunque la Caixa mantiene una participación en la matriz francesa). En todo ello existía un problema: la joya de la corona, la filial “Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB)”, que tenía el control de la capital catalana, era una empresa que operaba con un contrato caducado. Cuando en 2010 un juzgado reconoció, en un pleito privado, que SGAB no tenía base legal, sonaron todas las alarmas: el Ayuntamiento podía municipalizarla o sacar a concurso la concesión. La empresa se movió rápido: acordó la creación de una Fundación sobre cuestiones jurídicas del Agua con el Consejo General del Poder Judicial, contrató al Juez que había iniciado el problema para la redacción de un libro y, sobre todo, usó sus largos contactos políticos para resolver la situación. En 2012 se creaba una nueva “Aigües de Barcelona”, empresa que tomaría la gestión del ciclo del agua en toda el Área Metropolitana de Barcelona (a excepción del Prat de Llobregat y Barberà del Vallés, que mantienen gestión municipal) integrando los servicios municipales de abastecimiento y gestión de residuos. La nueva empresa pasaba a estar controlada por el Grupo Agbar en un 80% (posteriormente ha cedido un 10% al Grupo la Caixa) y el 20% público, en lo que se supone una generosa evaluación de los activos aportados por el grupo privado. En su nacimiento, contó con el entusiástico apoyo del PSC y de CiU. Un juzgado desestimó la querella de “Aigua és Vida” a pesar de reconocer la irregularidad del proceso. Pero, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decretó la ilegalidad de la empresa frente a una demanda de Acciona, competidor de Agbar, al considerar que una empresa de este tipo debía crearse mediante un proceso competitivo. Ahora, todo depende de que el Tribunal Supremo ratifique o no este fallo. Agbar teme no sólo la creciente impopularidad de la gestión privada sino, también que un fallo judicial abra una verdadera “ventana de oportunidad” que le lleve a perder un negocio suculento (lo que ya ha ocurrido en Berlín, en París y, más recientemente, en Terrassa).

Y, para evitarlo, ha puesto en marcha una estrategia acuciante. De una, el ataque a las normas de participación, con la intención de evitar una consulta sobre el tema. Y, aquí, ha contado con el apoyo de sus viejos aliados y la insensata y gratuita colaboración de la CUP, que prefirió atacar a los Comunes y a un tejido asociativo que le es en gran medida ajeno antes que defender la democracia. (Hay que reconocer que, al menos, los dirigentes de la CUP han acabado por admitir sin mucho entusiasmo que se equivocaron). De otra, un continuado trabajo propagandístico que es omnipresente en la esfera pública catalana (totalmente contradictorio con un servicio que en teoría es mera gestión sin competencia) y que utiliza una gama variada y sofisticada de medidas (TV3 les organizó un programa para explicar que, de hecho, lo que cobra Agbar es sólo una pequeña parte del recibo del agua). Tampoco han faltado las amenazas con burofax a las entidades que publican información hostil (o las presiones a los políticos que se han enfrentado a la empresa, tal y como explicó el dimitido alcalde socialista de Terrassa). Una variada gama de actuaciones que pueden llevar a verdaderos casos de corrupción, como lo muestra la implicación del grupo en temas tan oscuros como la tramas Pokémon, Manga o las subvenciones a Convergència i Unió (sin perder de vista la implicación de otra filial de Suez, Cofely, en la trama Púnica). Toda una estrategia orientada a evitar que una decisión democrática acabe con un negocio de más de 100 años.

IV

Lo que pone de manifiesto esta experiencia es lo que ya sabía la vieja izquierda: la capacidad del poder económico para pervertir la democracia. Su capacidad para invertir una enorme cantidad de recursos (que en estos casos salen directamente del pago de un servicio público) para bloquear por vías diversas las políticas democráticas: mediante el uso masivo, sofisticado y obsceno de las técnicas de marketing, publicidad y manipulación cognitiva; mediante su capacidad para moverse en el entorno judicial; mediante su capacidad de influencia sobre fuerzas políticas afines que no dudan, como ha sido el caso, en “adaptar” su propia legalidad para impedir lo que no interesa.

Constatar todo esto no es ningún argumento contra la democracia, contra reglas de juego formales que garantizan derechos y favorecen procesos ordenados. Es simplemente constatar que la democracia real exige tanto condiciones formales como condiciones materiales. Y, en ausencia de estas últimas, incluso las condiciones formales se tambalean. Si la nueva izquierda quiere avanzar en la democratización social tiene que empezar a tener un discurso y unas propuestas que se orienten a impulsar cambios en la esfera material. A limitar los derechos del capital y ampliar los recursos de la ciudadanía, a reforzar el tejido de organizaciones que es capaz de hacer frente a este verdadero dominio social. En Barcelona no nos rendiremos, pero somos conscientes que estamos asistiendo a una ofensiva de las élites contra la participación social que va mucho más allá que la simple ofensiva de Agbar. En los últimos meses, estamos asistiendo a una campaña de los grandes medios contra las organizaciones que articulan gran número de iniciativas sociales. Y es que, aún la contradictoria y limitada ventana participativa que ha abierto el Ayuntamiento que preside Ada Colau les parece excesiva a los que siempre han considerado la ciudad un cortijo propio. Por esto es tan necesario elaborar un discurso, unas propuestas y unas acciones que ayuden a generar una nueva oleada de demandas democráticas desde abajo.