La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Una «ventana de oportunidad» que se cierra
LLAMAMIENTO FINAL
O reaccionamos rápidamente, y dedicamos una parte del trabajo organizativo de partidos, sindicatos y asociaciones críticas con la energía atómica a formar una Comisión Promotora y lanzar una ILP que pida su cierre ordenado entre 2020 y 2021, cuando finalizan sus actuales licencias, o las decisiones sobre este asunto que nos afecta se tomarán entre las élites habituales, como pasa en tantos otros temas.
La presentación, el pasado 2 de abril, del Informe de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética y Cambio Climático, creada por el PP, y que ha de ser debatido en el Congreso, es el último aviso de que la ventana de oportunidad para incidir socialmente en el futuro de la energía nuclear en España está a punto de cerrarse.
Este llamamiento final no analiza el Informe, tan solo deja constancia de que considera la energía atómica como un mecanismo reconocido para la estrategia de mitigación del cambio climático, y como parte de la transición energética hacia un sistema libre de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs).
El Informe asume que los reactores no emiten GEIs (página 54) lo cual es falso, ya que ignora los que generan todo el ciclo de fabricación del combustible nuclear. También silencia los graves peligros sociales, para la salud, el medio ambiente y la seguridad, que encierra la energía nuclear, limitándose a un análisis en clave económica.
El Anexo del capítulo de «Escenarios», página 261 a la 275, repasa la situación de las nucleares, pero tan solo en base a datos oficiales de las eléctricas y de organismos internacionales de la industria atómica. Ni tan siquiera refleja los cambios introducidos en la normativa vigente a partir del caso Garoña; sigue dando por hecho que las renovaciones de licencia coinciden con las revisiones periódicas de seguridad, y que se otorgan por 10 años, cosa que actualmente no es verdad.
El Informe se basa en modelos de simulación. Defiende mantener funcionando los 7 reactores nucleares hasta el año 2030, y no plantea ningún un escenario de cierre entre 2030 y 2050. Supone un refuerzo a las actuales negociaciones informales sobre beneficios empresariales entre empresas eléctricas y gobierno del PP para renovar las licencias.
El Informe, más los cambios en la normativa, indica que la ventana de oportunidad de promover la participación social para incidir en la energía nuclear ya se está cerrando.
La expresión «ventana de oportunidad» forma parte del 15M. Indica el tiempo en que las circunstancias facilitan un cambio. La fórmula remite a la «ventana de lanzamiento» de la ciencia espacial: las circunstancias astronómicas que permiten a un vehículo viajar con un gasto mínimo de combustible y en un tiempo mínimo.
La «ventana de oportunidad» de cambio político y social resulta de la debilidad del poder vigente y la fuerza de la movilización que impugna dicho poder. El tiempo de debilidad del poder determina la amplitud y duración de la «ventana«, y condiciona la «oportunidad» de la fuerza para propiciar el cambio.
En la resistencia a la energía atómica tenemos un hecho y una variable temporal. La «fuerza de la movilización» es el rechazo social mayoritario y persistente a la energía atómica a causa de los impactos sobre la salud y las amenazas que encierra. Un rechazo comprobado desde sus inicios en todos los estudios de opinión, que impide a la industria nuclear desplegar toda su propaganda, e incrementado por lo que está sucediendo a causa de Chernóbil y Fukushima.
El hecho es la voluntad de la industria nuclear, de las tres compañías propietarias de los reactores nucleares (ENEL-ENDESA, IBERDROLA y GAS NATURAL-FENOSA), de disponer de permisos de funcionamiento hasta los 60 años, cosa que ya han conseguido reglamentar, y obtener garantías de incremento del margen de beneficios. Los permisos hasta los 60 años «blindan» los beneficios de esas compañías en caso de que algún gobierno decidiese proceder a un cierre de las centrales por razones de salud de la población, ambientales, o de seguridad. Disponer de esos permisos da una gran ventaja a las compañías: les permite presentar demandas judiciales (por «lucro cesante») contra decisiones políticas que consideren «perjudiciales», para aumentar aún más sus ingresos vía indemnizaciones de las finanzas públicas.
La variable es el tiempo de que disponen para obtener los permisos que, hasta el momento, corresponde al final de las autorizaciones vigentes, entre los años 2020 y 2021. Decimos «hasta el momento», porque la actual normativa les permite obtenerlos antes, y nunca hay que descartar nuevas modificaciones legales a la carta; como hemos comprobado en los cambios de la presentación de documentos para renovar las licencias, en 2017, y en todo lo relacionado con la (no) renovación del permiso de Garoña, entre 2012 y 2017.
La presentación de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático a la Unión Europea, en marzo de 2019, y el plazo máximo de renovación de permisos, condicionan el tiempo y el mecanismo para incidir desde la sociedad de manera efectiva en las negociaciones entre poder político y eléctricas desde una mayoría social contraria a la energía nuclear. Ese es el marco de la ventana.
El único mecanismo para incidir con eficacia en esa situación es la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exija al poder político un calendario ordenado y urgente de cierre de los siete reactores atómicos que aún funcionan. La ILP es necesaria por la relación de beneficio mutuo en las instituciones entre poder político y empresas eléctricas. Lo que impide a la sociedad incidir en esos temas que le interesan. También es fácil entender que una ILP verdaderamente eficaz debe presentarse antes de que el gobierno otorgue las renovaciones de licencias de funcionamiento de los reactores: tenemos un tiempo limitado.
La normativa de la ILP indica que se necesita un año para obtener resultados; ya que a los nueve meses (máximos) de recogida de firmas validadas hay que añadir el trabajo previo de creación de infraestructuras que aseguren la recogida y la entrega a la comisión promotora.
Si se mantiene el calendario de renovación de licencias y la fecha límite de presentación de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático a la Unión Europea (marzo de 2019), el plazo de los 12 meses para poder utilizar el recurso de la ILP está corriendo ya. La ventana de oportunidad para que la mayoría social pueda incidir en un tema que afecta a su salud, a la justicia ambiental y al incremento de desigualdades, se está cerrando.
Volviendo al principio: o reaccionamos rápidamente, y dedicamos parte del trabajo organizativo de partidos, sindicatos y asociaciones a formar una Comisión Promotora y lanzar una ILP, o esta decisión de futuro se tomará entre las élites habituales, como pasa en tantos otros temas.
Un cordial saludo desde el COLECTIVO 2020-LIBRE DE NUCLEARES / COL·LECTIU 2020-LLIURE DE NUCLEARS. Para cualquier aspecto a debatir sobre este llamamiento: sirenovablesnuclearno@pangea.org
LIBRO RECOMENDADO PARA ORIENTARSE EN EL CONFLICTO DE LA ENERGÍA ATÓMICA
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2018
