Una parte importante de la sociedad demanda un pacto educativo que dé estabilidad a nuestro sistema de enseñanza. Este acuerdo educativo estable sólo puede asentarse a partir de la resolución de tres ejes cruciales. El primer eje es la financiación. Debe ser la prioridad. Es más importante invertir en la educación de nuestros hijos e hijas, la cultura y el desarrollo de las futuras generaciones que, por ejemplo, en rescatar entidades bancarias. Por eso, debemos llegar a invertir el 7% del PIB en mejorar el sistema educativo y blindar ese porcentaje constitucionalmente, para que cualquier gobierno no pueda recortarlo ni rebajarlo.

El segundo eje tiene que ver con la libertad de conciencia. Debemos adoptar un modelo de educación laica que respete tanto a quienes profesan alguna religión como a quienes no lo hacen. Esto significa que cualquier religión y sus manifestaciones deben estar fuera de los centros de enseñanza, que se debe educar sin dogmas y eliminar el adoctrinamiento a través de los contenidos escolares.

Y, en tercer lugar, es imprescindible enfocar el pacto desde la base del bien común. Eso significa asumir y plasmar en él que la Educación Pública es la que asegura ese derecho universal en condiciones de igualdad y convivencia,  sin discriminación de origen social o cultural, o por razones de creencias, de sexo, de orientación sexual o cualesquiera otras características de índole personal.  Y ello exige cuestionar la doble red (pública y concertada) y avanzar hacia la progresiva supresión de la financiación pública de centros educativos privados.

A partir de estas tres bases sólidas, que garantizan la educación como derecho y bien común para toda la ciudadanía, el pacto deseable debería contar con las propuestas que ha consensuado la comunidad educativa en el  Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político. Sería una estafa un pacto sin la participación y el acuerdo de los sectores más representativos de la comunidad educativa. Es inquietante ver cómo después de casi un centenar de comparecencias en la Subcomisión de Educación para el Pacto Educativo, se está negociando exclusivamente entre los partidos políticos de forma oscurantista, con un discutible sistema de decisiones y al margen de la comunidad educativa.

Hay actualmente dos modelos de educación en disputa. Uno que la considera un derecho y un bien común público, que debe ser garantizado y promovido por los representantes de la comunidad social democráticamente elegidos, los Estados, para asegurar la equidad en el desarrollo de la población (educación pública gratuita). El otro modelo la considera una mercancía, una inversión; por lo tanto, debe ser “liberalizada”, es decir, privatizada, pues supone un negocio de cuatro billones de dólares. La derecha en este país, representada políticamente por el PP en su versión conservadora y por Ciudadanos en su versión neoliberal, con el apoyo de los sectores económicos vinculados al IBEX35 y los sectores católicos ligados a la jerarquía episcopal, ha optado claramente por este segundo modelo y pretenden un Pacto Neoliberal por la Educación.

En este contexto, el proceso seguido para alcanzar el pretendido pacto educativo está más abocado a hacer más concesiones a la derecha político-social, que a mejorar y extender el sistema educativo público. Porque la derecha muestra una y otra vez que no está dispuesta a retroceder en su ideología y su modelo. El PP está consiguiendo que se avance más bien hacia una ”contrarreforma educativa encubierta”, manteniendo lo esencial de la LOMCE, con un cierto maquillaje de acuerdo que pretenden que les facilite quienes hasta hace poco pedían su derogación atendiendo las demandas de la comunidad educativa. Introduciendo maniobras de distracción como el MIR docente, cuando lo que se necesita es el aumento de plantillas, la drástica reducción de la precariedad y fortalecer la formación inicial y permanente.

La posición del PSOE ante este pacto educativo parece limitarse a estar a la defensiva, cediendo ante las exigencias del sector conservador, tratando de no aparecer ante la opinión pública como el protagonista de la ruptura del pacto. Pero también porque una parte de la ideología neoliberal educativa ha sido asumida por dirigentes y responsables políticos del PSOE, especialmente en relación a los conciertos. El último ministro de educación del PSOE, Gabilondo, insistía en incluir en el pacto educativo que promovía, a los centros concertados como parte de la red pública, con el falaz argumento de todo lo financiado públicamente es servicio “público”.  Equiparando así la escuela privada concertada, mayoritariamente confesional y selectiva, con la de titularidad pública.

El PSOE debe decidir si juega a ser cómplice para abrir más puertas a la privatización de lo público, a mantener conciertos y subvenciones al servicio de fines privados, al refuerzo del modelo segregador ya existente (PDF). Los primeros pasos del PSOE van este sentido, al acordar el 13 de febrero, con el PP y C’s, garantizar la escolarización en el tramo 0-3 años y bachillerato por todos los centros, no solo los públicos. Lo cual implicará extender los conciertos a los tramos del sistema que hasta ahora permanecían al margen de la financiación pública de opciones privadas.

Por eso el pacto se puede convertir en una ratonera para las fuerzas progresistas de no conseguirse la derogación de la ley Wert y la reversión de los recortes, con gran riesgo de salir divididas y enfrentadas del proceso. O peor aún, divididos para nada si se adelantan las elecciones.

Realmente solo será posible un pacto educativo para el bien común si se cumplen dos requisitos:

1. Si los sectores neoconservadores y neoliberales se avienen a acordar unos mínimos, líneas rojas básicas consensuadas ya hace tiempo entre los profesionales y expertos del mundo educativo (una escuela pública gratuita, laica, democrática, participativa, que trate de asegurar el derecho a aprender con éxito de todos y compensadora de las desigualdades sociales).

2. Si hay una actitud decidida y firme de la izquierda. El ejemplo del Gobierno de Portugal es un claro ejemplo de cómo se puede apostar por la mejora del país fortaleciendo la red educativa pública, sin prácticamente conciertos, habiendo reducido el abandono escolar precoz desde el 41% en 2002 hasta el 13% en 2016.

El pacto solo será posible si se piensa en el bien común, no en el mercado. El pacto irrenunciable debe ser el que recupere el discurso de lo público y lo social, de la importancia estratégica de la educación para el futuro del país.

[Fuente: Cuartopoder.es]