La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Javier de Lucas
Errantes sin derechos. Carne de esclavos
Este año, el Día Internacional de los Migrantes se celebra a pocos días de que comience 2018, año de la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pues bien, uno de los argumentos que nos obligan a pensar en el camino que queda aún por recorrer es precisamente el hecho de la reaparición visible —cada vez con mayor entidad, pues el número de los afectados no cesa de crecer— de uno de los dos fenómenos más graves de la negación de la igualdad elemental en derechos. Sí, junto a la subordiscriminación de las mujeres, la esclavitud es la expresión más clara de aquello que se ha llamado lo inaceptable universal, el negativo de ese principio de consenso universal que son los derechos humanos.
Lo cierto es que el recurso a la esclavitud parece inserto si no en los instintos básicos de la condición humana, sí en los fundamentos mismos de la organización social. No es sólo que Aristóteles –en textos como los de la Política, Libro I, cap.II– la considerase natural y necesaria y por ello teorizara que hay seres humanos –los bárbaros– destinados a ser esclavos, sino que ese recurso que consiste en tratar a otros seres humanos como herramientas de trabajo, cuya explotación está ligada a nuestra prosperidad, aparece como condición transcultural en Europa (las principales potencias coloniales, desde Grecia y Roma), en el continente americano (de los aztecas a los mayas y los incas), en África (comercio árabe y berberisco de esclavos), en India y el continente asiático, por no hablar de los orígenes de la colonización de Australia y Nueva Zelanda.
Puede decirse que no ha habido ninguna gran civilización que no esclavizara a sus enemigos derrotados. Aunque no es menos cierto que siempre existió una conciencia crítica, encarnada en las sociedades abolicionistas, como la que ayudó a fundar el inmenso William Turner, cuyo archifamoso cuadro Slave Ship, recreaba el asesinato de 142 esclavos africanos a manos de la tripulación del barco negrero Zong en 1781 se expuso en 1840 para la reunión fundacional de la sociedad abolicionista. El cuadro se titula en realidad Slave Ship. Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On y venía acompañado de unos versos del propio Turner (Fallacies of Hope) que terminaban así: “The dead and dying/ne’er heed their chains/Hope, Hope, fallacious Hope!/ Where is thy market now?”.
Pero, frente a esas excepciones, el negocio de la esclavitud ha tenido el carácter casi de constante histórica, multisecular, pues aunque la abolición formal se produjese ya en 1704, durante la Convención revolucionaria francesa, hay que esperar hasta 1803 para la primera abolición formal dictada por un país, Haití, y por ejemplo hasta 1865 para que la Enmienda 13 a la Constitución de los EEUU decretara su abolición en todo el territorio de la renacida Unión. Sólo en 1927 alcanza una dimensión universal, con la Convención sobre la esclavitud, en el marco de la Sociedad de las Naciones.
Lo cierto es que sin ese paso decisivo en el proceso de globalización del mercado que se alcanza con la Revolución Industrial no se puede explicar sin la mano de obra de los esclavos y por tanto sin el recurso a la institucionalización de la esclavitud. Y hoy tenemos que reconocer que la fase actual de ese proceso ha redescubierto el viejo recurso, esta vez en clave de las políticas migratorias.
Sin duda ya habrá algún lector sobresaltado por lo que pudiera considerar un argumento en el límite de lo demagógico a propósito de nuestros modelos de políticas migratorias y de asilo, no sólo las europeas y estadounidenses, sino en todo el mundo, incluso de forma reciente –al menos incipiente– en un país modelo por su apertura constitucional a la inmigración, como es Argentina. Como ya anticipara Adam Ferguson, el rumbo del proceso de globalización del mercado como institución eje del desarrollo de la sociedad civil (en colisión inevitable con el espacio público republicano), marcado por la ley de beneficio y competencia sin reglas ajenas como clave de la riqueza de las naciones, deviene casi inexorablemente en la institucionalización de la desigualdad y de la explotación. Lo que no pudo prever Ferguson en 1767 es que en el siglo XXI reapareciera en sus condiciones más crueles ese fenómeno, en las claves de expulsión (Sassen: Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, 2015) y de lo que Bauman llamó industria del desecho humano (Archipiélagos de excepciones, 2008): migrantes y demandantes de asilo como carne de tráfico de verdaderos esclavos. Como pretexto también para otra industria floreciente, la del negocio de la seguridad y el fortalecimiento de fronteras que con tanta pertinencia ha explicado C. Rodier.
Las políticas migratorias hoy y el retorno de la esclavitud
Habrá quien piense que se trata de una perversión reciente, a la luz del terrible reportaje emitido hace escasamente un mes, en noviembre de 2017, por la CNN y en el que se ponía ante nuestros ojos la existencia de mercados de esclavos en Libia, en los que seres humanos son vendidos por cantidades que oscilan entre 100 y 200 dinares (de 60 a 120 euros) . La OIM publicó en las mismas fechas una denuncia de ese mercado de esclavos a las puertas de Europa. En el mismo sentido se ha pronunciado la OIT.
Que ese mercado es una industria floreciente se puede entender si se piensa en las cifras de inmigrantes bloqueados en Libia (3.416.556 según la OIM, a finales de septiembre de este año) y en las de solicitantes de refugio a la espera (44.306, a 1 de diciembre de 2107 según el Acnur). Pero, sin duda, lo más espantoso es el hecho de la connivencia en esas prácticas esclavistas de la Guardia Costera libia y de la Dirección General libia para la lucha contra la inmigración ilegal. Los testimonios de ONGs como MSF y Proactiva Open Arms, de las que trabajan en apoyo de los solicitantes de refugio, como CEAR y muy recientemente, el demoledor informe de Amnistía Internacional (AI) Lybia: Dark web of collusion, cuyas conclusiones resumió el representante de AI John Dalhuisen (una red terrible de colusión), muestra la relación entre las cárceles para inmigrantes irregulares y asylum seekers rechazados (y en buena medida deportados a Libia por las autoridades europeas, sobre todo italianas) y esos mercados de esclavos.
No, no es nuevo. Lo sabíamos, por ejemplo, gracias a trabajos de periodistas entre los que mencionaré al incansable Nicolás Castellano: véanse sus reportajes en la región maliense de Gao, en 2008 o, luego, en Benin, en 2014, en colaboración con las Misiones Salesianas, en el reportaje en el que nos contó el precio de un niño, 30 euros, o en su trabajo sobre los “camiones patera” que desde Níger tratan de alcanzar el Mediterráneo. Lo que sucede es que estremece pensar en que el mercado de esclavos en Libia, a nuestras puertas, se lleva a cabo con personas de cuya suerte se desentienden los gobiernos europeos y, para colmo, contribuyen a su florecimiento al negar terca y torpemente la existencia de vías legales, seguras y accesibles para los demandantes de refugio y para los inmigrantes que quieren trabajar y conseguir una vida mejor en Europa. Lo ha vuelto a denunciar Sami Nair (“Lo inmigrantes, a sorteo”, El País, 16 de diciembre de 2017). Y lo denunciaron recientemente 30 ONGs en un comunicado público, “Migración en la UE: es hora de una agenda ambiciosa basada en los derechos”. Frente a eso, al respuesta de la UE en la cumbre de Abidjan fue de nuevo la insistencia en la política de retorno, en asegurarse el blindaje frente a las rutas migratorias y la devolución de los excedentes, cediéndolos a los países de tránsito, a cambio de supuestas políticas de ayuda al desarrollo que en un alto porcentaje conducen a la corrupción y acrecientan el sufrimiento de las poblaciones.
Mapa de las rutas migratorias en el Mediterráneo central [Fuente: Unicef]
Las mujeres, la peor parte
Y como casi siempre, la peor suerte le corresponde a los niños y a las mujeres, que constituyen más del 52% de los inmigrantes que tratan de llegar a Europa. Probablemente el lector conozca el término sextorsión, un término acuñado por la investigadora Orthun Merkle (el cuerpo de la mujer como campo de batalla), una forma de corrupción que hace del cuerpo de la mujer un mero objeto para el intercambio de favores. “Mientras los hombres pagan con dinero, las mujeres pagan con su cuerpo”, explica Merkle, porque lo que las hace más vulnerables es el hecho de que la mayoría de las mujeres viajan solas y la vulnerabilidad se incrementa cuando no hay vías legales ni segura. Las fronteras son los lugares privilegiados de la sextorsión. Marwa Fatafta, de Transparencia Internacional subraya un segundo factor, la componente de autoridad de los funcionarios de fronteras, que les permite institucionalizar ese abuso sexual. De ahí la necesidad de que la Unión Europea no sólo priorice la dimensión de derechos en sus políticas migratorias, fomente las vías legales, seguras y accesibles, organice la cooperación a tres bandas en torno a la movilidad migratoria con protagonismo de los representantes de las sociedades civiles de los países concernidos y de los propios inmigrantes y luche contra todas las formas de corrupción, de trata y tráfico y explotación de los inmigrantes y de los demandantes de asilo, con especial atención a la dimensión de género, para luchar contra su vulnerabilidad y para empoderar a las mujeres como los mejores agentes del codesarrollo.
Por eso, a mi juicio, el interés de campañas como, #DJYONGA, lanzada por la cantante Fatoumata Diawara, contra la vergüenza inenarrable que supone que en pleno siglo XXI vuelva la esclavitud como negocio floreciente, a las puertas de Europa, sin que la UE haya emprendido ninguna iniciativa efectiva más allá de la retórica vacía de la cumbre de Abidjan, empecinada como están sus gobiernos y aún el propio presidente Tusk en el retorno de los desechables. Échenle, para terminar, una mirada a esta vídeo de la cantante Fatoumata Traoré: nadie tiene derecho a tomar a otro como instrumento. Empecemos por ahí.
[Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y director del Instituto de Derechos Humanos (IDH)]
[Fuente: infoLibre]
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2017