Destinar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo no basta para construir un mundo más justo. Sobre esta premisa, la campaña 99,3% responsable aboga por que también el 99,3% restante del presupuesto de las administraciones públicas sea socialmente responsable. Para conseguirlo, la campaña se centra en la contratación pública, proponiendo a las administraciones que eviten contratar con empresas que vulneran los derechos humanos y que promuevan el respeto a los derechos humanos a lo largo de todo el proceso de contratación. A tal fin, la web de la campaña ofrece una guía de recomendaciones y propuestas que puedan servir de orientación a las instituciones. También recoge los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en Oriente Medio y en el Norte de África sobre empresas violadoras de los derechos humanos que a menudo son contratadas por las administraciones públicas catalanas, así como otros informes sobre empresas y derechos humanos.