Hace tiempo que desde las altas instancias de este país se pretende convertir la universidad pública española en un lugar de fantasía, o, dicho de otra forma, que solo exista en la imaginación de las mentes más inocentes. Piedra a piedra, la universidad como un centro de pensamiento se va desmantelando para convertirla en una empresa y/o una fábrica de producción de títulos. Grados, posgrados, másteres, matrículas por las nubes, horarios intensivos, ránquines, mercadotecnia para atraer a los clientes, merchandising, productividad, productividad y más productividad, y todo ello a coste cero —si es que vender el alma al diablo de los bancos (que, por ejemplo, han pasado a financiar algunos contratos) puede considerarse así— y en nombre de la excelencia.

Entre todos los frentes abiertos para acabar con ella, la política de profesorado ocupa un lugar destacado. La crisis económica ha sido la excusa perfecta para darle en la línea de flotación. Sirva de ejemplo el plan que hace años se marcó la Generalitat de CiU y Mas, y que contó con la inestimable ayuda del gobierno del PP y su restricción de la oferta de empleo público: reducir la plantilla docente funcionaria a un 49% del total e incrementar el personal con contrato laboral hasta un 51%. La cuestión es que esta política de sustitución no necesariamente se traduce en una reducción del gasto en salarios, puesto que al personal laboral se le paga sueldos similares al funcionario, así que la razón de base parecería ser otra. La más probable apuntaría a una mayor flexibilidad para poder decidir quién se queda y quién se va. Y es que, de esa forma, como quien no quiere la cosa, el grueso de la universidad estaría integrado por docentes cuya libertad de cátedra ya no sería tan libre, ya que se reduciría a menos de la mitad el personal con un estatuto que le permitiera actuar de manera independiente sin importar el color del gobierno de turno.

La última vuelta de tuerca se ha dado este otoño, con el endurecimiento de los criterios de acreditación para poder acceder a concursos de plazas de profesor/a titular y catedrático/a. Desde hace ya tiempo, el sistema de evaluación de la actividad del personal docente (que, en realidad ha pasado a ser principalmente investigador, pues es la parte de su labor que más se valora) para obtener el marchamo oficial de calidad que le permita participar en los concursos a puestos funcionariales se basa en criterios esencialmente cuantitativos. Lo que importa es tener muchas publicaciones, preferiblemente en revistas de marca, como criticara en 2013 el premio Nobel Randy Schekman; tener muchas citas (aunque sea a través del intercambio de cromos con colegas: cítame y te cito); presentar ponencias en muchos congresos (promocionando la figura del profesor turístico que Juan Ramón Capella incisivamente caracterizó en su obra El aprendizaje del aprendizaje [1995] y del que afirmaba que «los estudiantes no suelen reparar en ellos como docentes»). Las cifras ingentes de producción que se exigen para obtener una A o una B (puntuaciones con las que se puede obtener la acreditación) son tan absurdas que, por poner un ejemplo muy gráfico, Peter Higgs, descubridor del bosón que lleva su nombre, y otros premios Nobel no podrían ser catedráticos en España. Salta a la vista, entonces, que si esta es la vía para que la investigación española aspire al Nobel (premio por antonomasia en todos los ránquines internacionales para rubricar la excelencia de una universidad), las universidades locales lo llevan crudo, porque el sistema español no deja tiempo para pensar, reflexionar, innovar (si es que lo deja para respirar) gracias a su afán por confundir cantidad con calidad.

Más sangrantes son las consecuencias que esta locura excelente tiene para los/as a menudo denominados/as «investigadores/as noveles», cuando en realidad son investigadores/as precarios/as (alguien que lleva más de quince años dedicado/a a la investigación hace tiempo que dejó de ser nuevo/a en esto, aunque no tenga un contrato fijo). Sus aspiraciones son mucho más modestas que llegar a ser catedráticos/as un año de estos. Se conformarían con un puesto de trabajo fijo antes de cumplir los 40; antes de que, tras meses trabajando todos —subráyese todos— los días de la semana, sus neuronas (y con ellas todo el sistema nervioso) exploten por el sobreesfuerzo productivo; antes de que el sistema universitario les haya sacado la última gota de sangre y de sudor tratando de publicar al por mayor mientras quienes están en los primeros años de su carrera —de obstáculos— académica son víctimas de la novatada de tener que dar infinitas horas de clase para poder hacer currículum. Porque sin sacrificio docente no se llega a la gloria, aunque la gloria sea de quienes investigan. Una paradoja que, ciertamente, mañana puede cambiar, como lleva ocurriendo en los últimos diez años, en los que se ha pretendido «modernizar» la universidad española a base de cambios constantes de las condiciones para aspirar a un puesto fijo en la universidad. Aspirar a esto, sin embargo, ya es mucho pedir. De acuerdo, la inestabilidad laboral podrá ser el signo de los tiempos, pero la universidad pública española tiene algo de darwiniano, porque no necesariamente sobreviven los especímenes mejor preparados, sino los que tienen una mayor capacidad de adaptación.

En realidad, esa presunta modernización supuestamente en pos de la excelencia universitaria es una broma de mal gusto por muchas razones, aunque aquí apuntaré dos. La primera es que lograr los niveles que las agencias de calidad universitarias marcan en España para poder aspirar a un puesto fijo requiere un esfuerzo material que con demasiada frecuencia corre del bolsillo de quien trata de abrirse camino en la universidad. Con los recortes en la enseñanza superior y en la investigación, la situación presupuestaria de la universidad española es lamentable (lo que la hace mucho más dócil). Los medios puestos a disposición del personal académico para que pueda desarrollar esa carrera investigadora que lo catapulte al estrellato harían sonrojar a cualquiera en la mayoría de las universidades de nuestros vecinos, sobre todo si tuvieran que sacrificar una parte significativa del tiempo que podrían dedicar a investigar para ocuparse de resolver cuestiones burocráticas, por ejemplo. Esto lleva al menos a dos conclusiones claras: por una parte, la excelencia universitaria se consigue a costa del sacrificio personal y económico del personal académico; por otra parte, iniciar y mantenerse en la carrera universitaria empieza a ser un lujo solo al alcance de quien se lo pueda permitir. Un investigador universitario con grado de doctor que trabaje de camarero para llegar a fin de mes es una escena que nos puede sorprender, pero más vale que nos vayamos acostumbrando, porque, de seguir así, la alternativa es que solo sea personal docente universitario quien se pueda pagar el puesto.

La segunda razón que hace todo este proceso de acreditaciones, excelencia y cuantificación del trabajo del personal académico universitario aún más perverso es obvia: si para conseguir que en la universidad estén los/as mejores, se incrementa el nivel de exigencia, y el personal en precario echa el resto para conseguir cumplir esos objetivos, pero salen escasísimas plazas a concurso, ello supone que, en los últimos tiempos, la universidad española ha ido poniendo en la calle a personas mucho mejor preparadas de lo que estaban sus predecesores/as a su misma edad. Antes, con menos currículum, podías aspirar a ser catedrático/a a los 40; ahora, con mejor currículum de lo que antaño tenía un catedrático a tu edad, puede que seas camarero/a en un restaurante de comida rápida. Esa es la excelencia de la universidad española.