Dos meses en que han circulado informaciones claves, desde noticias y desmentidos sobre cierres de térmicas de carbón, hasta las aparentemente “exitosas” macrosubastas  que han acabado con la adjudicación de 8700 MW de potencia renovable (eólica y fotovoltaica esencialmente) a instalar antes del 2020, pasando por rumores de fusiones y cambios empresariales… Dos meses en que, centrándonos en las nucleares, se han producido tres acontecimientos claves.

Primero, la creación de lo que algunos han llamado la Comisión de Expertos, es decir, el grupo de 14 personas que redactará el documento inicial de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (en adelante, LCCyTE); en segundo lugar, lógicamente, la decisión de no renovar el permiso de Garoña tomada por el gobierno del PP, y las implicaciones de la forma en que se ha tomado esa decisión y, finalmente, todo lo relacionado con el alargamiento a 60 años de los siete reactores nucleares que aún funcionan en España.

La Comisión de Expertos resulta de políticas dictadas desde la Unión Europea (UE) que tienen un calendario estricto. Dicha Comisión debe presentar, con enero de 2018 como fecha límite, un borrador al Gobierno del PP para que éste lo traslade al Congreso y a la UE; ese borrador abriría el debate político sobre la LCCyTE, que se debe aprobar en el Congreso y remitir a la UE antes de marzo de 2019. Por tanto, cuatro meses escasos para el redactado inicial (se ha publicado que la Comisión comenzará a reunirse el 6 de septiembre, ver HEMEROTECA de agosto), y 15 meses posteriores para el texto definitivo. Las informaciones de la HEMEROTECA de julio muestran  que la creación de la Comisión ha seguido las prácticas habituales de improvisación, chapuza y visión a corto plazo que definen todo lo relacionado con la política energética.

El historial de los 14 miembros de la Comisión da pistas de por dónde van las cosas.

– Impone una reflexión sobre la condición de “experto”.  Una persona experta (en la Comisión no hay ni una sola mujer) puede ser definida como aquella que posee conocimientos en profundidad en un determinado campo, que es capaz de analizar variables y sugerir pautas de actuación que tengan en cuenta las implicaciones, es decir, de valorar los “pros” y los “contras” de las actuaciones. Se supone que la condición de experto implica independencia de los intereses que puedan influir en el campo en cuestión; cosa aún más necesaria en el caso del cambio climático, que afecta al conjunto de las especies vivas, incluidos los seres humanos, y cuya responsabilidad recae sobre los intereses de las industrias energéticas.

Por contra, la recién creada Comisión de Expertos está formada mayoritariamente por personas vinculadas, directamente o indirectamente, a las empresas energéticas; en ella no figuran representantes del mundo de la investigación o la ciencia, ni de la sociedad civil. El criterio de selección ha sido tan evidente que el sector del gas ha protestado por la ausencia de alguien que represente sus “intereses”.

– Siguiendo esa lógica de los intereses, podría sorprender que una Comisión que debe redactar un documento sobre Cambio Climático y Transición Energética no cuente con representantes del sector del petróleo (que supone el 44,2 % de consumo primario en 2016) ni del gas (el 20,3 % de consumo primario en 2016); pero todo apunta a que la “Transición Energética” que se va a redactar se limitará a un esbozo de “transición eléctrica”; no hay voluntad de abordar los consumos de petróleo o gas, por muy vinculados que estén al cambio climático, ni de entrar en complejidades sobre los inevitables cambios sociales. El resultado más probable será un documento de escenarios de generación eléctrica 2030 – 2050; de ahí que la Comisión cuente con un representante del sector del carbón, por las implicaciones políticas de los rumores de cierre de centrales en los territorios afectados [1], el corto plazo prima.

– Si nos centramos en la cuestión nuclear las cosas se presentan aún más claras, en el ANEXO de la HEMEROTECA de julio puede comprobarse como 8 de los 14 Expertos opinan favorablemente sobre nucleares, otros dos no se manifiestan, pero pertenecen a organizaciones que las apoyan activamente; y otros dos pertenecen a organizaciones que guardan un silencio calculado. Todo apunta a que el borrador de la LCCyTE contendrá una defensa de la continuidad nuclear, una defensa que será muy difícil que se corrija en el Congreso  dada las posturas de los partidos sobre el asunto. Por tanto, en enero de 2018 la industria nuclear ya tendrá criterios sólidos para hacer valer sus intereses ante el gobierno del PP, como veremos al tratar la tercera línea de acontecimientos.

– Para acabar de redondear el despropósito, el 18 de julio el gobierno del PP puso en marcha un “mecanismo participativo” paralelo a la redacción de la LCCyTE mediante una “web de participación” para recoger sugerencias. La web incluye un formulario en EXCEL con 23 preguntas clasificadas en 4 apartados

– Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
– La necesidad y oportunidad de su aprobación.
– Los objetivos de la norma.
– Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Esas 23 preguntas son una declaración de intenciones. Para no alargar el análisis, y como  botón de muestra, veamos las cuatro del apartado segundo: “2.1. ¿Considera que la Ley debe contener objetivos cuantitativos?; 2.2. En su opinión, ¿los objetivos de reducción de emisiones deben ser generales, sectoriales, o ambos?; 2.3. ¿Deben cubrir los objetivos de reducción de emisiones sólo a los sectores difusos (no incluidos en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión)?; 2.4. ¿En qué horizonte temporal deben establecerse los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero? Esta pregunta admite varias respuestas.” (los textos en negrita corresponden al formulario).

Cualquier persona que haya realizado un mínimo seguimiento de las informaciones sobre el  cambio climático podrá captar el abismo existente entre la urgencia de aplicar medidas concretas, dictadas por un proceso de degradación cada vez más acelerado, y la parsimonia implícita en las preguntas del “mecanismo participativo” del gobierno del PP.

En resumen. Que en lugar de una Comisión que trabaje con plazos suficientes, formada mayoritariamente por investigadores, científicos y representantes de la sociedad civil, en la que los sectores de la industria energética tengan una presencia razonable para exponer sus puntos de vista, pero sin que puedan determinar el resultado final; el gobierno del PP ha creado una Comisión formada casi exclusivamente por personas vinculadas a la industria energética, y para cubrir un trámite de urgencia.

Todo apunta a que la LCCyTE será una repetición de lo sucedido en Cataluña, donde el gobierno PDECAT – ERC ha presentado las bases de un Pacto Nacional para la Transición Energética (PNTE), con su correspondiente hoja de ruta. En dicho Pacto se proclama que en 2050 Cataluña dispondrá de un suministro 100% renovable. En los documentos de presentación del PTNE, las nucleares de Ascó y Vandellòs “desaparecen” en 2050, cuando habrán cumplido de sobras los 60 años de funcionamiento, y la hoja de ruta se resuelve en un compendio de recomendaciones genéricas para pasar del “escenario actual” al “escenario 2050”, sin políticas ni calendarios definidos [2].

Garoña. Aunque sea repetir una obviedad hay que recordar que Garoña cerró en 2012 por decisión de ENEL-ENDESA e IBERDROLA [3], las compañías propietarias al 50%. Lo que el gobierno del PP anunció el 1 de agosto fue la decisión de no renovar el permiso, y lo hizo por un solo motivo: porque el 21 de julio (10 días antes) en la reunión de NUCLENOR, las dos compañías no llegaron a un acuerdo. IBERDROLA se negó a presentar alegaciones y pidió renunciar ya a la renovación de licencia; mientras ENEL-ENDESA pidió presentar alegaciones reclamando retribuciones para compensar las “pérdidas”.

Garoña ha cumplido de sobras su función tras cinco años de decisiones sobre una central insignificante que han llevado a cambios de normativa que blindan al conjunto de la energía nuclear. Pese a que todas las partes sabían que Garoña no tenía futuro han seguido representando su papel hasta el final: IBERDROLA, decidida a incrementar su nivel de beneficios, ha usado Garoña para un golpe de efecto en su exigencia de reducciones fiscales a todas las nucleares; ENEL-ENDESA ha mantenido la ficción de que podía volver a funcionar con una financiación adecuada; y el PP, por su parte, ha seguido insistiendo en que era necesaria para el sistema eléctrico. Hasta el último minuto.

Pero la comedia ha finalizado; en estos momentos el único debate sobre Garoña es el del futuro laboral de sus trabajadoras y trabajadores, un colectivo cuya actitud sumisa desde el cierre patronal de 2012 contrasta con la movilización y la combatividad desarrollada entre 2006 y 2009 por el futuro de la central –y en plena sintonía con ENEL-ENDESA e IBERDROLA– cuando se debatía el “cierre a los 40 años”. Todo un caso digno de estudio sobre relaciones entre sindicalismo y política de empresa [4].

De todo esto lo que más nos afecta es la incidencia en los 60 años de funcionamiento de los siete reactores nucleares que aún quedan en España. No cabe entrar en los detalles del blindaje normativo [5], pues conseguidas todas sus reivindicaciones, las eléctricas se centran ahora en el último punto sobrevenido y controvertido: la rebaja fiscal. Esta última reivindicación se verá reforzada con el más que probable apoyo que la LCCyTE prestará a la propaganda nuclear como tecnología “amiga del clima”. Aunque el blindaje normativo también ha tenido una consecuencia inesperada sobre el gobierno del PP.

La exigencia de rebaja fiscal es compartida por toda la industria nuclear, pero hay diferencias en la forma de conseguir ese objetivo. El PP ha descubierto, aunque tarde, que poner todos los instrumentos de política nuclear en manos de las empresas tiene desagradables contrapartidas, pues la sumisión política no ha generado  buen rollo y hay reclamaciones legales por medio [6]. Así que se han abandonado las dudas y anunciado un Decreto-Ley de cierre de instalaciones energéticas (ver HEMEROTECA de agosto) en una inesperada “marcha atrás”.

Ya en junio se produjeron declaraciones del ministro que, si las hubiese hecho alguien de Unidos Podemos, o incluso del PSOE, hubiesen provocado la correspondiente campaña de acusaciones “bolivarianas-venezolanas-estalinistas-perroflautistas” desde los portavoces de los que mandan; pero claro, si es todo un señor ministro del PP quién dice cosas tan contrarias a la ortodoxia neoliberal como que las eléctricas realizan manipulaciones contables para simular pérdidas en las nucleares, o que es necesario que el gobierno autorice o deniegue el cierre de centrales al margen de lo que digan las empresas [7], sólo se producen discretos carraspeos en alguna prensa especializada y cierta burla; pues, como ya se sabe, la defensa de los dogmas neoliberales se aparca cuando los intereses de quienes mandan o gobiernan están en juego.

La discreción informativa en torno al Decreto-Ley (DL) de cierre de instalaciones energéticas, da que pensar. Para empezar, el DL afecta sólo a centrales de carbón y nucleares, es decir, a centrales muy viejas que deberían ser cerradas sin dilación; para seguir, el gobierno del PP ha establecido también aquí otro “mecanismo participativo” previo a la redacción del DL, algo inusual. El anuncio del DL puede ser un toque de advertencia a los sectores más hostiles de la industria energética, o una ayuda política a ENEL-ENDESA, la compañía con mayor sintonía con el gobierno del PP; o un recordatorio de que quién tiene el poder político tiene, en última instancia, margen de maniobra. El anuncio del partido regionalista CHA de que utilizará el “mecanismo participativo” del DL es comprensible y coherente con la defensa, ya mencionada, de la térmica de Andorra.

Estamos ante un caso de conflicto entre el poder político y el poder económico, entre los que gobiernan y los que mandan; llevado con la discreción con que se producen estos desacuerdos entre amigos. Pero un caso ilustrativo sobre formas y fondos neoliberales: después de hacer política siguiendo el compás que marcaban las maniobras contables de las compañías eléctricas sin cuestionarlas (el “déficit” de tarifa como ejemplo), después de haber legislado a su entera conveniencia durante años, el poder político no está dispuesto a pagar las consecuencias vía incrementos de tarifas. Las contradicciones afloran. Los que mandan están blindados tras su poder de imponer secreto, silencio y discreción sobre sus actividades, pero los que gobiernan tienen que presentarse a elecciones, y son tiempos políticamente convulsos.

Hasta la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según el gobierno del PP, dejará “resueltas las incógnitas” de las empresas sobre el futuro nuclear, quedan 19 meses, y es fácil imaginar que ya estará en la agenda una negociación sobre impuestos nucleares, entre eléctricas y poderes políticos, especialmente el PP, pero también C’s, PNV, PDECAT, parte del PSOE, etc..

Todo esto hace que personas y organizaciones que trabajamos para acabar cuanto antes con los peligros y el sufrimiento que impone la energía nuclear, estemos en situación subalterna. Nuestra capacidad de protesta ya está contabilizada y asumida por el poder. Aún existe la posibilidad de incidir directamente en el poder político mediante un mecanismo de gran participación social como sería una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero su eficacia disminuye a medida que pasan los meses. Si consideramos marzo de 2019 como fecha extrema de renovación de los permisos de funcionamiento de los siete reactores (consolidación definitiva de los 60 años de funcionamiento) nos movemos en una ajustada cuenta atrás. Aunque existe ya una normativa que permite que la renovación de permisos se produzca en cualquier momento a partir del acuerdo sobre la rebaja fiscal. Lo cual sería peor.

Contando a la inversa, desde marzo de 2019, los tres meses de prórroga que marca la Ley de la ILP, los nueves meses de recogida de firmas, la presentación y la admisión del texto de la ILP a trámite, y la organización de la infraestructura necesaria [8], el plazo para iniciar el trabajo para una ILP que sea eficaz, es decir, que incida en la renovación de permisos, vencería entre finales de octubre y mediados de noviembre del presente año. Tenemos poco tiempo para conseguir que la base social dispuesta a movilizarse para hacer real el rechazo a la energía nuclear crezca y adquiera consistencia organizativa. En ello estamos.

 

Notas 

[1] Datos estadísticos en http://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/consumos_e_intensidades_mensuales_2016_cierre.xlsx

Las noticias sobre el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel), considerada una de las más contaminantes de Europa, que han seguido el clásico esquema del si / no

(05/05/2017) http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel-provincia/teruel/2017/05/04… ;

(10/05/2017) http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mesa-mineria-pide-evi… ;

(12/05/2017) http://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/05/12/endesa-niega-marta-ga… ;

(27/05/2017) https://elrotativosemanal.es/la-central-de-andorra-quiza-no-tenga-los-dias-contados/

[2] Ver: http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/ 

Presentación en pdf:  http://icaen.gencat.cat/web/.content/30_Plans_programes/38_PacteNacional/arxius/20173001_PresentacioBasesPantec_HCBaiget.pdf.

[3] Ver http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/garonano.html

[4] Retrospectivamente:

(11/08/2017) http://www.energiadiario.com/publicacion/el-comite-de-garona-se-marca-como-objetivo-evitar-los-despidos-en-la-central/ 

(01/08/2017) https://www.invertia.com/es/-/ugt-tilda-de-desagradable-erronea-y-cobarde-la-decision-de-cerrar-garona

(19/07/2017) http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170719/ugt-exige-al-gobierno-la-continuidad-de-garona-y-anuncia-movilizaciones-ante-el-posible-cierre-6178424

(23/04/2015) http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZE079DE0B-C603-61B1-02ADA525D60EF0BD/20150423/nuclenor/reduce/plantilla/34/116/jubilaciones/tres/a%C3%B1os

(15/12/2012) http://www.eldiario.es/politica/presidente-empresa-Garona-cierre-reversible_0_79792220.html

(14/10/2009) http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1613123/05/17/Garona-el-comite-de-empresa-de-garona-presenta-recurso-en-la-audiencia-nacional-contra-del-cierre-en-2013.html

(02/07/2009) http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1377717/07/09/El-Comite-de-empresa-de-Garona-anuncia-que-continuaran-las-movilizaciones-.html

[5] Un síntesis de todo lo conseguido en “Siete apuntes sobre la no-reapertura de Garoña y sus implicaciones” http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2017/08/03/siete-apuntes-sobre-la-no-reapertura-de-garona-y-sus-implicaciones 

[6] (13/06/2017) El Tribunal de Luxemburgo juzgará los impuestos de la reforma eléctrica.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8425274/06/17/El-Tribunal-de-Luxemburgo-juzgara-los-impuestos-de-la-reforma-electrica.html

[7] (08/06/2017) http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-nadal-advierte-electricas-no-rebajara-impuestos-nucleares-duda-perdidas-20170608172559.html

(16/06/2017) Nadal anuncia una regulación para el cierre de las centrales eléctricas.

http://cadenaser.com/emisora/2017/06/16/radio_zaragoza/1497641341_741321.html

(04/08/2017) Nadal inicia el trámite para poder controlar la generación energética por ley.

https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-08-04/central-electrica-ministerio-de-energio-alvaro-nadal-real-decreto_1425097/

[8] http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/ilpcast.html#calendario

 

[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears – 100% Renovables, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y del MIA en Cataluña; mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org]